Un informe del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (órgano de inteligencia al
que le cambiaron el nombre a Agencia Nacional de Seguridad) revela que
la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) había sido
infiltrada para emplear camiones privados propiedad del crimen
organizado en el robo de productos petrolíferos.
El documento, elaborado por el extinto
Cisen en el sexenio de Enrique Peña Nieto, precisa que en el gobierno
priísta se utilizó el Convenio Marco firmado entre Pemex Refinación y la
Canacar para que grupos criminales de El Golfo y Los Zetas metieran sus
tractocamiones, como parte de dicho convenio, para robar combustible
ante la anuencia y complicidad de la Dirección General de Petróleos
Mexicanos (Pemex) y la Dirección General de Pemex Refinación.
En la investigación de ese órgano de
inteligencia se descubrió esta red de complicidad entre funcionarios
petroleros, líderes sindicales del grupo de Carlos Romero Deschamps,
empresarios y delincuentes que operaban una amplia red de vehículos,
almacenes de depósito y una base comercial que les dejaba miles de
millones de pesos de utilidades por el combustible robado.
En la amplia investigación de esta red
delincuencial intervinieron también la Procuraduría General de la
República (PGR), las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Hacienda a
través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el expediente le
fue entregado al entonces presidente de la República; sin embargo, el
robo de combustible lejos de disminuir se incrementó hasta llevarnos a
un punto de quiebre como el que ahora enfrenta el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Por ello el gobierno federal debe
verificar que todas las unidades de doble remolque que ofrece la Canacar
como una medida emergente para abastecer de combustible a las
gasolineras no pertenezcan a bandas criminales y sus propietarios sean
realmente los dueños y no prestanombres.
Las 150 empresas que integran la Canacar
ofrecen a Pemex sus 7 mil unidades para transportar petrolíferos (60
mil litros cada una) a las gasolineras de todo el país como una medida
emergente, con lo cual se elevaría de 35 a 50 por ciento la
transportación por autotanques.
De acuerdo con el reporte confidencial
del Cisen, el robo de combustibles petrolíferos está clasificado como un
asunto de seguridad nacional, pero los órganos de inteligencia del
Estado fueron frenados para que continuara esta fuga de recursos
públicos.
En el gobierno de Peña Nieto, el Cisen y
la UIF descubrieron a los funcionarios, empresarios y transportistas
que estaban involucrados directamente en el robo de combustibles
refinados en ductos y plantas de Pemex, pero más allá de los reportes no
ocurrió nada y los delincuentes de cuello blanco siguieron operando sin
problemas.
Información de inteligencia revela cómo
una red de la delincuencia organizada utilizó a la Canacar para
introducir en el Convenio Marco firmado con Pemex desde diciembre de
2008, camiones para transportar combustibles sin que fueran descubiertos
y, al mismo tiempo, robar productos petrolíferos, trasladarlos a
grandes almacenes y después venderlos clandestinamente.
El documento entregado por el Cisen al
entonces director general de Pemex señala que el grupo de delincuentes
pertenecientes a los cárteles de Los Zetas y de El Golfo era liderado
por Fabián Rodríguez Moreno; y precisa que dirigentes del sindicato
petrolero habían participado para facilitar el acceso de tractocamiones
de grupos delincuenciales para que la Canacar les otorgara los permisos
correspondientes y no fueran detenidos por autoridad alguna.
Para simular que el gobierno anterior
actuaba en el combate al robo de combustibles, la PGR les aseguró 22
camiones, 15 tractocamiones, 44 semirremolques, cuatro vehículos, tres
contenedores con capacidad para 32 mil litros de combustible (diésel),
los cuales contenían 16 mil litros de combustible aproximadamente, y 19
mil 773 litros de gasolina Magna, valuados en más de 210 mil pesos; 20
mil 976 litros de Pemex diésel, con un valor de 230 mil 526 pesos, entre
otros productos.
De acuerdo con fuentes de inteligencia,
el secretario general de la Sección 34 del Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana, Héctor Sosa Rodríguez, fue quien
solicitaba a funcionarios petroleros que los camiones de transporte de
combustibles de Fabián Rodríguez fueran autorizados por la paraestatal
dentro de su red de servicio, mediante lo cual obtenían permisos
oficiales de Pemex y evitaban ser detenidos cuando trasladaran
petrolíferos robados de la misma paraestatal.
Según las investigaciones oficiales en
el gobierno peñista, el dirigente petrolero Héctor Sosa, segundo en la
estructura del sindicato petrolero que dirige el investigado Romero
Deschamps (quien se habría amparado en los últimos días, de acuerdo con
una publicación del diario Reforma), es primo de uno de los jefes de esa banda delincuencial que fue capturado a finales de noviembre de 2012.
Entrevistado en sus oficinas de la
Sección 34, ubicadas en el Distrito Federal –por el rumbo de
Azcapotzalco– el líder petrolero negó en la administración anterior
cualquier parentesco con el líder mafioso capturado y aseguró que
tampoco lo recomendó para que sus tractocamiones recibieran permisos
oficiales de Pemex.
Según la información gubernamental, en
la red de contrabando de combustibles hay funcionarios petroleros,
empresarios, transportistas, exdirectivos de Pemex, trabajadores
petroleros y cárteles de las drogas.
Miguel Badillo[Oficio de papel]
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