Juan Carlos Ruiz Guadalajara*
El primero de diciembre
pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró en el
Zócalo una de sus promesas de mayor crédito entre los votantes:
No se permitirá ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afecte el medio ambiente. Lo dijo tras confirmar la negativa de su gobierno a permitir métodos extractivos
que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua. En medio de alusiones al papel que deberemos asumir los ciudadanos en la declarada Cuarta Transformación (4T), cerró su intervención con una sentida petición:
No me dejen solo, porque sin ustedes no valgo nada. Si bien el llamado a gobernar con y para el pueblo se ha traducido en el cumplimiento de importantes promesas de campaña, lo cierto es que muchos poderes fácticos han logrado infiltrar al nuevo gobierno para intentar detener el cambio verdadero. De ahí que en resonancia con su demanda de no dejarlo solo, es urgente alertar a AMLO desde la ciudadanía para impedir que sus antiguos detractores terminen por controlar áreas clave de la política pública. Uno de los casos más alarmantes es la Secretaría de Economía (SE), cuya titular, Graciela Márquez, entregó importantes sectores de esa dependencia a los corporativos mineros mexicanos e internacionales.
Márquez, con desprecio absoluto hacia las luchas socioambientales
surgidas en los 20 años recientes para defender el territorio y
enfrentar los despojos, ilegalidades y amenazas que las mineras han
practicado al amparo de una inconstitucional ley minera, instaló en la
Subsecretaría de Minería a operadores de los corporativos mineros. Bajo
un mediocre discurso sobre crear riqueza, Márquez convenció a AMLO para
entregar dicha subsecretaría a Francisco Quiroga, funcionario de la SE
en los gobiernos de Zedillo y Fox, y posteriormente empleado de las
mineras y comercializadoras de hierro Grupo Villacero,
Coutinho&Ferrostaal y ArcelorMittal, esta última con un historial de
abusos laborales, despojo a comunidades indígenas y daños al ambiente.
El papel de Quiroga al servicio del capital minero quedó evidenciado el 9
de diciembre, cuando fue llevado por la minera canadiense Almaden
Minerals a Sotoltepec, en Ixtacamaxtitlán, Sierra Norte de Puebla, para
mostrar a los pobladores el supuesto apoyo de AMLO al depredador
proyecto de megaminería a cielo abierto que dicha trasnacional pretende
imponer en la región. En una junta informativa patrocinada por la
minera, Quiroga se manejó como fiel empleado de los canadienses, fustigó
a los opositores al proyecto e ignoró que la comunidad nahua de
Tecoltemi mantiene una exitosa lucha jurídica contra la SE para cancelar
las concesiones de la empresa y evitar el ecocidio. A pesar de haber
sido informada de la conducta de Quiroga, la secretaria Márquez no lo ha
destituido.
Otra prueba inobjetable de cómo los corporativos mineros se han hecho
con parte de la SE lo tenemos en la Dirección General de Minas. En
noviembre, durante una reunión en Saltillo ante representantes del
sector minero, el senador por Morena y empresario minero Armando
Guadiana anunció que la próxima directora de minas sería Laura Díaz Nieves,
experta en derecho minero y socia fundadora de Díaz, Bouchot y Raya
Abogados (DBR). Díaz, quien asumió el cargo el primero de diciembre, ha
trabajado por muchos años en la defensa de corporativos mineros
canadienses. Ha sido desde 2013 integrante del consejo directivo de la
minera canadiense Goldplay Exploration, posición que presuntamente
habría dejado el 30 de noviembre, pero en la que sigue apareciendo hasta
hoy, incurriendo en un conflicto de intereses por el que debería ser
destituida e investigada. En reciente entrevista, Díaz informó haber
renunciado a su posición en DBR; sin embargo, todas sus declaraciones de
funcionaria la muestran como gestora de los intereses mineros. En 2016
la misma Díaz declaró que la Dirección de Minas del gobierno de México
debería estar en manos de promotores de la industria minera, además de
afirmar que en la próxima administración, sin importar el resultado
electoral, el sector minero no se vería afectado,
porque eso sería como matar al ganso que pone los huevos de oro.
El papel de Quiroga y Díaz como caballos de Troya de los corporativos
mineros no se explica sin la participación del senador Guadiana,
priísta por décadas, empresario de cuestionada reputación, amigo de los
Moreira y un oportunista que se subió al barco de Morena. Defensor del
aeropuerto en Texcoco, Guadiana bloqueó la iniciativa de reforma a la
ley minera presentada en noviembre por la senadora Angélica García, que
incluía, entre otras propuestas, la declaratoria de zonas inviables de
explotación por impacto social negativo. Guadiana no dudó en confesar
que las mineras, aun las canadienses, lo llamaron para
que pusiera orden, reconociendo su labor como operador político de los capitales mineros, tal como ocurría en tiempos de lo que AMLO llama
el viejo régimen.
Si la 4T aspira a trascender como epíteto de una época históricamente
destacable, debe erradicar el actual modelo extractivo sustentado en
megaminería devastadora de territorios, patrimonios bioculturales y
comunidades, y dejar de ser el
ganso de los huevos de orode los operadores de los capitales mineros.
* Investigador de El Colegio de San Luis.
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