Los huachicoleros a la orden

Víctor Flores Olea

Todo indica que el mayor de todos, al menos desde hace dos sexenios, se alojaba en Los Pinos. Que fue además donde surgió la feliz idea de llevar a cabo unas reformas estructurales que implicaban como conditio sine qua non la desaparición de Pemex como empresa del Estado, pero ¿cómo hacerlo, ya que su existencia se ha considerado desde hace casi una centuria uno de los actos fundantes del país y uno de los actos decisivos de patriotismo del mayor de los mexicanos en el siglo XX, el general Lázaro Cárdenas del Río? No importaba, para el neoliberalismo esas consideraciones no valían más que el papel en que se escribían; de cualquier manera había que echarlas por la borda y olvidarlas.

Por supuesto, una de las ideas clave de la operación a la que muy pronto se recurrió, porque además estaba en la atmósfera de las opciones de la extrema derecha, como una tarea pendiente de cumplir, la idea de la privatización de Pemex, que implicaba además terminar una revancha pendiente. Uno de los pasos necesarios por este camino fue proporcionado por las circunstancias mismas: un sindicato que había escogido el camino de la corrupción y que con una ayuda del Estado aquello podría convertirse en un escándalo de robos y latrocinios hasta llegar al necesario desfalco indispensable para la privatización.

La mayor parte del desfalco sucedió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; aunque este negocio ilícito comenzó con Felipe Calderón, más de dos tercios del combustible fueron extraviados entre 2013 y 2018 ( Proceso, 30/12/18). En el mismo estudio se dice que el macrooperativo para desfalcar a Pemex afectó a los cuatro principales ductos de la paraestatal: Madero-Cadereyta, Cadereyta-Reynosa, Salamanca-Guadalajara y Minatitlán-México.

El 19 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el plan conjunto del gobierno contra el robo de hidrocarburos. Dijo que participarían en este ejercicio 15 dependencias federales y que, entre ellas, tendrían un papel destacado las secretarías de la Defensa y de Marina.

Si el diagnóstico detrás de este plan no tiene a las mafias de huachicoleros, ligadas al crimen organizado, como los principales perpetradores, entonces ¿tras de quién van las fuerzas armadas? Resulta obvio que tras los funcionarios y trabajadores de Pemex que han sido señalados como los verdaderos responsables del atraco.

En los días próximos es posible que veamos reventar la red de operadores que cometieron materialmente el robo, pero también a los autores intelectuales que todo este tiempo han gozado de fuero e impunidad. El Presidente anunció que otorgaría amnistía a los delitos de corrupción cometidos durante el mandato de sus antecesores, pero que, a partir del primero de diciembre, sería implacable con quien se atreviera a meterse de manera ilegal con los recursos públicos. También advirtió que daría su primer golpe contra la corrupción antes de 30 días. Todo pareciera indicar que ese golpe tiene como materia el robo de hidrocarburos, y de ahí el plan conjunto presentado con bombo y platillo hace tres semanas.

Durante el gobierno de Peña Nieto crecieron 400 por ciento las denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el hurto de combustibles. Sin embargo, esa dependencia sólo atendió uno de cada 10 expedientes presentados ante el Ministerio Público. Claramente el tema no resultó importante para el gobierno anterior.

En revancha, López Obrador aprovecharía este tema para ganar credibilidad respecto a su compromiso a la hora de enfrentar a quienes, durante años, han hecho negocios millonarios a costa del erario. El dilema obvio sería que los acusados por participar en este desvío millonario quisieran defenderse argumentando persecución política. Si la PGR los acusa de ser parte de la red de corrupción que opera en Pemex, los líderes del Revolucionario Institucional querrán salir en su auxilio.

No deja de ser paradójico que Carlos Salinas de Gortari haya legitimado plenamente su ascenso al poder cuando detuvo a Joaquín Hernández Galicia, y que 30 años después otro presidente, Andrés Manuel López Obrador, podría beneficiarse con el derrocamiento del sucesor de La Quina. Resulta obvio que, con mucha probabilidad, las autoridades correspondientes vayan tras los funcionarios y trabajadores de Pemex que han sido señalados como los principales responsables del robo.

Veamos si esta es una más de las acciones que lleva a cabo López Obrador entre el diluvio de iniciativas de los primeros días de su gobierno. (Aclaramos que este artículo fue inspirado en mucho de lo que se dice en los estudios aparecidos el 30 de diciembre último en la revista Proceso, precisamente sobre los huachicoleros).