En julio de 2020 se publicó un desplegado titulado La deriva autoritaria,
donde académicos firmaron un diagnóstico que, en esencia, acusó al
gobierno de López Obrador de encaminar el país a una concentración de
poder que socavaba al pluralismo mediante la destrucción de
instituciones. Quizá sin proponérselo ese texto fue una especie de
documento fundacional que articuló la alianza PAN-PRI-PRD.
Tras el fracaso electoral que ha padecido esa alianza desde 2021
–donde sus dos partidos principales perdieron 18 gubernaturas (11 el
PRI, siete el PAN); y permanecen como minorías en congresos locales, en
la cámara federal y el Senado, y donde perdieron la Presidencia de la
República en 2024–, es de señalar que parte de la crisis de los dos
sobrevivientes de la alianza PRIANRD se debe a la debilidad y tono
apocalíptico que implicó su tesis de la deriva autoritaria.
Ese diagnóstico partía de premisas erróneas, como acusar riesgos en
la libertad de expresión sin mencionar casos de periodistas censurados
por la voluntad presidencial; en un entorno donde el grueso del
ecosistema mediático enfocó sus baterías contra la 4T. Esa oquedad no
sólo es falsa, sino una falta de respeto contra voces que sí lidiaron
con la venalidad censora de Peña o Calderón.
Adoptar la proclama de la deriva autoritaria significó para el
PAN un descuadre ideológico. El partido dio indicios el sexenio pasado
de no saber cuál identidad confirmar como protagónica. Dos ejemplos: en
2021, senadores panistas, con Lilly Téllez a la cabeza, firmaron la Carta de Madrid para ligarse a extremas derechas como Vox; asumirse como fuerza política retardataria y refreír los prejuicios de la guerra fría.
Sin embargo, poco después sería el PAN el partido que, sin democracia
interna, postuló como candidata presidencial a Xóchitl Gálvez, a quien
abanderaron no sólo esperanzados en que fuera una suerte de producto
milagro, sino porque pretendían que, con su supuesto perfil alivianado y
progresista, le arrebatara votos al electorado obradorista, bajo el
compromiso de mantener la política social de la 4T.
Esa dualidad refleja un dilema identitario. ¿Qué hacer? ¿Adoptar una
pose intransigente que desde la derecha más oscurantista interpelara al
voto conservador? ¿O mejor dotarse de una fachada moderna, capaz de
incluir derechos sociales e inclusión en su agenda, para así interpelar a
un sector más amplio del electorado? La salida no fue acertada: el PAN
adoptó un discurso intransigente, pero acciones zigzagueantes, donde,
verbigracia, un día juraban mantener programas sociales, mientras
diputados habían votado contra ellos y muchos de sus voceros acusaban de
ninis a sus beneficiarios.
Con la débil consigna de la deriva autoritaria a
cuestas, hay que señalar que la crisis de resultados electorales del PAN
viene de lejos: en 2012, convertido en apéndice de la sevicia
calderonista, se tornó en el primer partido que, como entidad
gobernante, se fue al tercer lugar en una elección presidencial. Pero
desde entonces su autocrítica ha sido escasa y sus autocríticos
ninguneados.
El PAN se ha evidenciado en los últimos años como aparato que ve el
gobierno como plataforma de lucro personal. De ahí que aliarse con
rivales históricos como el PRI o el PRD fuera más producto de
desesperación que de pragmatismo. Su discurso contra la deriva
autoritaria, sus salmodias antipopulistas y su llamado a articularse sin
chistar en causas inasequibles (la marea rosa) fueron una
mascarada evidenciada por sus dirigentes: al mismo tiempo que el PAN
alertaba contra una presunta democracia en riesgo, su dirigente Marko
Cortés se repartía con el priísta Alito –en un modo más
gansteril que antimeritocrático–, notarías, órganos autónomos o
direcciones de universidades en Coahuila, acto ilegítimo que, para
colmo, el PRI no acató, en un acto que eximió al tricolor no por la ingenuidad inepta de Cortés, sino por lo de que ladrón que roba a ladrón.
Hoy el PAN renovó dirigencia. Cortés dejó un instituto debilitado en
manos de Jorge Romero, quien simboliza sin cortapisas la crisis del
partido. Líder central de un cacicazgo gestor de corruptelas en la
construcción, cuyo entorno se encuentra hoy preso, prófugo o confeso,
Romero significa el ascenso en el PAN de un grupúsculo que ha hecho del
partido en la Ciudad de México un coto y de los gobiernos locales
ganados un nido de transas: el llamado cártel inmobiliario.
En la elección pasada parecía cinismo terminal que postulara en la
alcaldía Benito Juárez, matriz del cacicazgo inmobiliario, al hermano de
un panista preso, y como candidato a jefe de Gobierno a otro miembro
del cártel. La asunción de Romero parece indicar que el partido pretende
expandir esa iniquidad local a escala nacional. De la farsa de la
deriva autoritaria el PAN pasa a la real deriva inmobiliaria, encabezado
por un grupo para quien el gobierno es negocio y cuya renovación es
cosmética: atrás quedan las barbas virreinales del Jefe Diego y las suplen los usos de los mirreyes en el poder.
*Autor del libro Las raíces del Movimiento Regeneración Nacional
Según la Comisión
Organizadora del proceso interno para la elección del titular del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), el
diputado con licencia Jorge Romero Herrera obtuvo 80 por ciento de los
votos para ocupar ese cargo. Su única contrincante, la ex diputada
Adriana Dávila Fernández, reiteró las denuncias que se han repetido
desde el inicio de la contienda: no se tuvo certeza, se violó la legalidad y fue una elección inequitativa; así, de esa manera, hoy ganaron.
Asimismo, llamó a la nueva dirigencia a reconocer que el modelo de
partido construido desde hace una década no funciona, y se preguntó si
habrá la voluntad para hacer del PAN una institución que merezca ser heredera del legado demócrata y liberal de Manuel Gómez Morín.
Más allá de los vicios que hayan podido enturbiar el proceso, el hecho es que el blanquiazul
tendrá de dirigente nacional a un político salpicado de escándalos e
investigado por las autoridades debido a los sólidos indicios de que
creó y se benefició del esquema corrupto conocido como cártel
inmobiliario: la explotación del ininterrumpido control panista sobre la
alcaldía Benito Juárez, de la que fue jefe delegacional entre 2012 y
2015, para apoderarse de cientos de inmuebles a cambio de otorgar
permisos de construcción ilegales.
A Romero Herrera se le considera el jefe del grupo político que controla la vida interna del blanquiazul
en toda la Ciudad de México. La naturaleza mafiosa de su poder, que
comenzó a construir desde 2007 gracias a su cercanía con la familia del
ex presidente Felipe Calderón, ha sido denunciada a lo largo de los años
por sus propios correligionarios. Tras abandonar el PAN, Calderón y su
esposa, la actual diputada federal Margarita Zavala, señalaron varias
veces su cacicazgo: en 2018, el michoacano lo acusó de manipular el
padrón interno del PAN capitalino y de encabezar la corrupción en la
Benito Juárez; en 2020, publicó un libro donde afirma que Romero es
famoso por extorsionar a empresas y que asociaciones de ambulantes y
otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al
mes.
Por añadidura, como legislador local Romero Herrera integró
con los perredistas Mauricio Toledo (prófugo) y Leonel Luna (fallecido)
la Comisión para la Reconstrucción tras el devastador sismo del 19 de
septiembre de 2017, encargo en el que manejaron 8 mil millones de pesos
de los cuales no rindieron cuentas.
Está claro que los militantes de Acción Nacional pueden elegir a
quien prefieran para conducir su partido, incluso si ello redunda en
acelerar la descomposición, el desprestigio y la pérdida de votos de su
organización partidista. Sin embargo, esta decisión no afecta sólo a los
300 mil afiliados que le quedan al organismo político más emblemático
de la derecha mexicana, sino también al conjunto del régimen de partidos
y al mismo país. Dado que los institutos partidistas forman parte del
Estado, mantener al frente de ellos a quienes practican el uso de los
cargos públicos para el enriquecimiento personal degrada la vida
institucional e introduce un elemento de desconfianza en la democracia.
También es lamentable que la principal formación opositora se coloque
en una posición de extrema debilidad al ser dirigida por un individuo
desacreditado por su historial de corruptelas, ya que una democracia
funcional requiere de instituciones competentes para representar el
sentir de los ciudadanos que no comulgan con los grupos gobernantes. Con
la elección de Romero Herrera, el PAN se excluye a sí mismo de esa
función.
Una de las políticas de Alejandro Moreno Cárdenas, como Presidente
Nacional del PRI, ha sido la de pagar millones de pesos en cursos para
“formación académica” de los militantes de ese partido. Pero una
Diputada del tricolor acusó que se trata de un mecanismo para únicamente
etiquetar el recurso y quedárselo.
Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- La Diputada Monserrat Arcos, quien fungía como Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), presentó una denuncia penal ante la Fiscalía en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR), contra Alejandro Moreno Cárdenas, Presidente Nacional de ese partido, por anomalías en el manejo de recursos públicos.
La militante del PRI sostuvo que Moreno Cárdenas buscó quedarse con
32 millones de pesos del dinero del partido que estaban etiquetados para
usarse en “cursos en línea”.
La diputada Arcos luego de interponer la denuncia contra Moreno Cárdenas. Foto: Twitter @MonseArcosV
“Me pidieron que aceptara un esquema por medio del cual
ellos iban a simular el uso del recurso para quedarse con la mitad de 32
millones de pesos: el esquema consistía en hacer o fingir hacer cursos
en línea, cada uno con un valor de 11 millones de pesos, y en el momento
en que me niego, empieza la intimidación”, detalló a Abel Barajas, del
periódico Reforma.
La contratación de cientos de cursos es una realidad en la
administración de Moreno Cárdenas al frente del PRI: de acuerdo con los
datos del Partido, ubicados en la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT), de 2020 a 2023, por un total de 105 cursos el PRI erogó 180
millones 737 mil 769 pesos.
Año con año, el monto para cursos fue en aumento: en 2020, de 19
cursos el PRI pagó 27 millones 413 mil pesos; en 2021 se contrataron
otros 27 por 42 millones 810 mil pesos; en 2022, por 35 cursos, 45
millones 077 mil pesos y para 2023, aunque la cifra de cursos bajó a 24,
el monto pagado fue el más alto: 65 millones 436 pesos.
La mayoría de los contratos, otorgados por adjudicación directa, el
PRI los celebró con el Instituto de Comunicación Política, A.C.,
organismo fundado por Francisco Javier Sánchez Galicia, quien fuera el
vocero del exgobernador Mario Marín Torres, preso por la tortura contra
la periodista Lydia Cacho.
SinEmbargo documentó en mayo de 2022, que la entrega
de contratos a ese Instituto inició en 2020, con la llegada a la
presidencia del Instituto Jesús Reyes Heroles —la escuela de formación
de cuadros priistas— de otro funcionario de Mario Marín y presunto
operador político de Alejandro Moreno, el priista Lázaro Jiménez Aquino.
Los cursos de los que se tiene registro no son de bajo costo; salvo
unos pocos de medio millón de pesos, la mayoría están en un rango de
entre 1 millón hasta los 10 millones de pesos.
El mecanismo de contratación es a través del Instituto Jesús Reyes
Heroles o del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, bajo el argumento
de brindar a sus militantes una adecuada formación política y
capacitarlos en materia de equidad de género.
En
el centro, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, y Lázaro
Jiménez, director del Instituto Jesús Reyes Heroles, durante la firma de
la convocatoria de la Escuela de Cuadros Generación 2022. Foto: @alitomorenoc, Twitter
Con base en los datos, 2023 es el año en que se pagó por los cursos
más costosos. Resaltan los cursos de “Empoderamiento de las mujeres
desde lo individual hasta lo colectivo” y el de “La violencia política
contra las mujeres en razón de género antes de campaña, en la campaña y
después de la campaña, contexto y manifestaciones”, que costaron 10
millones 875 mil pesos cada uno.
Ambos fueron impartidos por el Instituto de Investigación, Análisis y
Formación Política S.C., que también ha sido contratista del Partido
Verde Ecologista de México para la impartición de un curso de 18
millones 536 mil pesos para sus militantes.
En el PRI, en 2023 hay registro de otros dos cursos, de 4 millones
650 mil pesos titulados “Curso Especializado en Democracia, Liderazgo y
Comunicación Política” y “Liderazgo, Nuevas Narrativas y Tecnología
Política”.
Los 16 contratos restantes, cada uno por 1 millón de pesos, fueron
para educar sobre liderazgo, “rol del ciudadano”, “neuromarketing”,
tácticas innovadoras en redes, comunicación digital y retos del Gobierno
de coalición.
En 2022 se rompió récord de contratos con 35 en total. El de más alto
valor –5 millones 018 mil pesos– fue el de “Curso Especializado en
Comunicación Política”, modalidad en línea, impartido por los marinistas
del Instituto de Comunicación Política, A.C.
En este año fueron 32 contratos de 1 millón 200 mil pesos
cada uno y los títulos de éstos se registraron como “Entrenamiento para
el discurso y el debate político”, “Movilización y emociones políticas
del ciudadano en el nuevo siglo”, “Nuevas formas de propaganda en
tiempos de pandemia”, “De la Comunicación Análoga a la Comunicación
Digital”, “Curso Imagen Pública y marca personal”, “Discurso y
estrategia de persuasión política.
La mayoría únicamente duraron un día.
En 2020 y 2021, la estrella de los contratos fue el Instituto de
Comunicación Política, A.C. Ese primer año el PRI le pagó cantidades de
los 432 mil 700 pesos y hasta 1 millón 186 mil 100 pesos.
Los servicios más “baratos” fueron investigaciones de los “Problemas
actuales de la democracia”, “Partidos Políticos al descubierto:
transparencia y rendición de cuentas” y sobre “Representaciones de la
cultura política del mexicano”.
Los más costosos fueron los cursos de “Oratoria y Debate”,
“Construcción de Imagen Pública”, “Comunicación y Marketing Político” y
“Formación de nuevos líderes políticos”.
Para 2021, todos los servicios requeridos al IPC fueron por 1 millón
200 mil pesos, excepto uno que costó 5 millones 610 mil 180 pesos, que
fue un curso “Especializado en Comunicación Política y Liderazgo
Público” que tuvo una duración de cuatro días y fue en línea.
El resto de los cursos tuvieron títulos como “Emociones y Política”,
“Tecnología y Política: El Nuevo Paradigma”, “Los medios: censura o
libertad”, “Psicología y emociones en la comunicación política”, “Del
templete y el atril a las plataformas digitales” o “Imagen pública: de
lo verbal a lo visual.
Esos 19 cursos sólo duraron un día y también fueron en línea.
LA LIGA CON LOS MARINISTAS
De acuerdo con los contratos firmados entre el PRI y el Instituto de
Comunicación Política, la mayoría fueron solicitados por el Instituto de
Formación Política Jesús Reyes Heroles que es, oficialmente, la escuela
encargada de la formación ideológica y política del Partido a través de
capacitación permanente de los militantes.
Según los estatutos del Instituto, éste es el encargado de dirigir
las actividades del Centro Nacional de Capacitación Política del PRI y
los cursos de capacitación y formación política son para generar futuros
candidatos a puestos de elección popular o para dirigencia interna.
Y se establece que para cumplir esos fines, puede “organizar,
impartir, dar y recibir toda clase de servicios de consultoría,
asesorías, cursos, seminarios, congresos, coloquios, conferencias, mesas
redondas o cualquier otra clase de actividad relacionada con el
cumplimiento de sus fines sociales”.
Del Instituto se desprenden la Escuela Nacional de Cuadros, que tiene
representación en todos los estados de la República y una Escuela
Nacional de Mujeres Priistas que da “capacitación para el
fortalecimiento del liderazgo, a través de competencias y habilidades,
en favor de las causas de las mujeres”.
Firmas de los contratos celebrados entre el Instituto del PRI y el ICP. Foto: PNT
El Instituto Jesús Reyes Heroles es actualmente dirigido por Lázaro
Jiménez Aquino, considerado “ahijado político” de Mario Marín. De
acuerdo con información del periódico Central de Puebla, Lázaro
Jiménez es un priista consumado que obtuvo la diputación plurinominal
del Revolucionario Institucional en la Cuarta Circunscripción, debido a
su estrecha relación con el dirigente nacional tricolor y exgobernador
de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del priismo desde
el 18 de agosto de 2019 a la fecha.
“Fue uno de los tantos priistas fieles al ex gobernador de Puebla
Mario Marín Torres”, se puede leer en el texto publicado por Bryan
Rivera en Central y en el que agrega que en el Gobierno de Marín,
Jiménez Aquino fue subsecretario de Comunicaciones Transporte y, al
final del sexenio, asumió la titularidad de la dependencia, periodo en
que se le acusó de entregar de manera irregular un exceso de concesiones
a mototaxistas; en esa ocasión fue señalado de cobrar entre 7 mil y 12
mil pesos por unidad. También cobró supuestos “moches” a transportistas e
hizo otros negocios al interior de la dependencia.
Así, el actual titular del Instituto Reyes Heroles le ha entregado
millones de pesos en contratos a quien fuera su compañero en el Gobierno
de Mario Marín en Puebla.
LOS MILLONES EN LIBROS Y ASESORÍAS
Los gastos excesivos del PRI no se limitan a los cursos.
En octubre de 2023, SinEmbargo documentó la contratación de asesorías y por impresión de libros, algunos escritos por el propio Moreno Cárdenas.
Al igual que los cursos, los contratos por asesorías o libros, también han sido solicitados por el Instituto Reyes Heroles.
El 17 de abril de 2023, el PRI celebró tres contratos para la
realización e impresión de tres libros. Los tres fueron para la empresa
“Gabinete de Investigación y Asesoramiento, S.A. de C.V.”. Sólo ese día,
por 3 mil libros, la compañía ganó 346 mil 548 pesos del presupuesto
público que se otorga al tricolor. En los últimos tres años, hay
registro de un gasto de 3 millones 353 mil 348 pesos en publicaciones
ordenadas por el propio partido.
Las obras fueron “La construcción de Va por México”, sobre la alianza
que el PRI tiene con los partidos Acción Nacional (PAN) y de la
Revolución Democrática (PRD); “¿Qué es y para qué sirve un Gobierno de
Coalición?” y “¿Las instituciones públicas en México están en riesgo?”.
Se encargaron mil ejemplares de cada uno, de 50 páginas aproximadamente.
Cada uno de los contratos tuvo un costo de 115 mil 516 pesos y los
libros tienen lo que resta de este año para ser publicados, pues hasta
el momento en el apartado de la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT) no están disponibles.
El que sí aparece es uno que el mismo centro de formación política
para priistas pagó y que costó 1 millón 624 mil pesos. Se trata del
libro “PRI, 93 años trabajando por México”. El Partido pagó esa cantidad
por mil ejemplares de 350 páginas, es decir con un costo unitario de
mil 624 pesos.
En la portada luce una fotografía de Alejandro Moreno Cárdenas,
dirigente nacional del tricolor; incluso, en las especificaciones del
contrato el también exgobernador campechano fue registrado como el
“autor intelectual”.
Contrato del libro por los 93 años del PRI, con un costo de 1 millón 624 mil pesos por mil ejemplares. Foto: PNT
Finalmente, sobre las asesorías, únicamente en 2023, el PRI gastó n
tan solo 12 contratos 39 millones 836 mil 652 pesos, el equivalente a
145 mil 921 pesos diarios.
¿Quiénes son esos asesores? En la lista hay nombres como el de Luis
Carlos Ugalde, exconsejero Presidente del entonces Instituto Federal
Electoral (IFE); expriistas que prepararon diagnósticos sobre los
procesos electorales y también figuran nombres de empresas consideradas
favoritas del actual Presidente Nacional del PRI, Alejandro Moreno
Cárdenas.
Incluso el PRI ha pagado por estas asesorías al propio PRI, ya que
hay contratos otorgados al actual Coordinador General de las Escuelas de
Cuadros del Instituto Jesús Reyes Heroles y a la Fundación Colosio.
Los servicios de las asesorías, de acuerdo con los contratos ubicados
en la PNT tienen títulos diversos, como “asesorías en temas
educativos”; en “riesgo político”; “para la construcción de un concepto
basado en un modelo antropológico para construir una narrativa de
comunicación institucional”, “asesorías en fines sociales del Partido”;
“sobre la elección extraordinaria de senaduría en Tamaulipas” y para
mejorar los contenidos de comunicación; hay otros conceptos poco
especificados como asesoría en “materia electoral de diversos temas” o
simplemente “asesorías a la Presidencia del CEN”.
Daniela Barragán
Es periodista por la UNAM, con especialidad en política por la Carlos
Septién. Los últimos años los ha dedicado al periodismo de datos, con
énfasis en temas de pobreza, desigualdad, transparencia y género.
Desde 2018, el PRI mantiene una caída en picada que, de acuerdo con las encuestas, no encuentra freno. Las mediciones lo ubican como el que más rechazo provoca entre la población ante la pregunta de ¿por qué partido definitivamente no votaría? Sin embargo, las dinámicas dentro del tricolor parecen no advertir ese clima como muestran los contratos millonarios que ha dado la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas a cercanos y a asociaciones con la fachada de “asesorías”.
Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- Durante los 9 meses de este 2023, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha gastado en tan solo 12 contratos 39 millones 836 mil 652 pesos en asesorías para distintos temas políticos. Es decir: en lo que va de este año, los asesores del PRI le han costado al país 145 mil 921 pesos diarios.
¿Quiénes son esos asesores? En la lista hay nombres como el de Luis Carlos Ugalde, exconsejero Presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE); expriistas que prepararon diagnósticos sobre los procesos electorales y también figuran nombres de empresas consideradas favoritas del actual Presidente Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
Incluso el PRI ha pagado por estas asesorías al propio PRI, ya que hay contratos otorgados al actual Coordinador General de las Escuelas de Cuadros del Instituto Jesús Reyes Heroles y a la Fundación Colosio. Alejandro Moreno Cárdenas, Presidente Nacional del PRI. Foto: Twitter vía @alitomorenoc
Los servicios de las asesorías, de acuerdo con los contratos ubicados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), tienen títulos diversos, como “asesorías en temas educativos”; en “riesgo político”; “para la construcción de un concepto basado en un modelo antropológico para construir una narrativa de comunicación institucional”, “asesorías en fines sociales del Partido”; “sobre la elección extraordinaria de senaduría en Tamaulipas” y para mejorar los contenidos de comunicación; hay otros conceptos poco especificados como asesoría en “materia electoral de diversos temas” o simplemente “asesorías a la Presidencia del CEN”.
Los contratos corresponden al ejercicio fiscal de 2023 y se firmaron en los meses de febrero, abril y mayo.
LAS MENTES DETRÁS DEL PRI
Luis Carlos Ugalde Ramírez, a través de su empresa Integralia Consultores, que tiene como razón social Información y Tecnología para Asuntos Públicos S. C., es un contratista importante para los partidos del Frente Amplio por México, integrado por el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD). En este año, el PRI le pagó 840 mil pesos por “Servicios consistentes en consultoría de riesgo político”.
Los servicios de Ugalde corresponden a la elaboración de reportes sobre acontecimientos relevantes, monitoreo de comunicados y proyecciones de riesgos políticos. El material derivado de todo eso se envió a correos electrónicos y cuentas de WhatsApp. Imagen del contrato entre el PRI y Luis Carlos Ugalde. Foto: Captura de pantalla
Este es el tercer año en que el PRI ha pagado por los servicios de la empresa de Luis Carlos Ugalde.
En la PNT hay otros tres contratos –de 2021 y 2022– que suman pagos de 2 millones 932 mil 800 pesos. Serían en total cuatro contratos que tienen exactamente el mismo concepto: “Servicios profesionales especializados en Consultoría en materia de riesgo político”.
Hay otros contratos que muestran que el negocio de las asesorías no es solo para externos sino que el PRI paga a oficinas del PRI por este servicio.
En 2023 hay dos casos. El primero es el contrato entregado a Martín Javier Vargas Flores, quien ostenta el puesto de Coordinador General de las Escuelas de Cuadros del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, que es célula del PRI. En el contrato se especifica que es el propio Instituto Reyes Heroles el que solicita ese servicio de “Asesoría especializada en temas educativos” y le pagó 214 mil 922 pesos a su propio empleado.
El Instituto Jesús Reyes Heroles es un organismo del PRI que es “la instancia rectora y coordinadora responsable de la formación ideológica y política” de simpatizantes, militantes y dirigentes del PRI, de acuerdo con su desplegado. Es el órgano que brinda capacitación a los priistas.
El otro caso es el contrato que se le da a la Fundación Colosio A.C., otro órgano priista. Se le pagaron 700 mil pesos por el siguiente concepto:
“Servicios consistentes en la realización, promoción y difusión de estudios e investigaciones vinculadas con la cultura política y la democracia; llevar a cabo programas de capacitación, organizar e impartir cursos, seminarios, congresos, coloquios, plataformas electorales y conferencias sobre temas vinculados con políticas y democracias; brindar asesoría y consultoría en todo lo referente a los fines sociales del partido”.
Los pagos más altos han sido para un entramado de empresas relacionadas con Alejandro Moreno Cárdenas y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Se trata del contrato de 8 millones 825 mil pesos otorgado a Grupo MGDK S.A. de C.V. para “Asesoría y Fiscalización sobre la elección extraordinaria de senaduría en Tamaulipas y su impacto” —que el bloque opositor perdió frente a Morena— y el pagado a APS Soluciones S.C. por “Asesoría legal en materia electoral de diversos temas” solicitado por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que costó 5 millones 182 mil pesos.
En octubre de 2022, el periodista Mario Maldonado publicó en El Universal, que Moreno Cárdenas había entregado, a través del partido, contratos por más de 50 millones de pesos a empresas relacionadas con el Verde y por servicios de asesorías.
El columnista dio cuenta sobre un contrato de 2021 por 6 millones 496 mil pesos a APS Soluciones para una asesoría y otro con APS Estrategia por 10 millones de pesos. Las dos razones sociales, detalla, tienen el mismo domicilio fiscal. En las actas constitutivas y como representante legal, figuran nombres de militantes de dicho partido.
Sobre Grupo MGDK, señala que el monto de los contratos asciende a 33 millones 500 mil pesos también etiquetados como servicios de asesorías. Esta empresa antes tuvo el nombre de “Party in a box S.A. de C.V” que fue quien vendió insumos, ya característicos del Verde, en temporada electoral.
También en 2023, aparece otro nombre de un militante del Verde: Javier Orozco Gómez, quien a través de la firma Especialista en Multimedia S.C. recibió 5 millones 568 mil pesos por “Servicios de Asesorías incluyendo planeación y consultoría general”. El pago fue mensual, por lo que recibió 12 pagos de 464 mil pesos. Los dirigentes del PRI, PAN y PRD con Xóchitl Gálvez. Los servicios solicitados por PRI están relacionados con su alianza con el PRD y el PAN y la elección de 2024. Foto: PRI / Cuartoscuro
Otro de los contratos más costosos del año actual fue asignado a Kamikaze Negocios S.A.P.I de C.V. Se le pagaron 9 millones 615 mil 707 pesos y mejorar procesos de comunicación. De acuerdo con el contrato, este servicio podría ayudar para recabar información analítica de perfiles para perfilar candidatos.
En la entrega de contratos también se benefició Martín Felipe Valenzuela Rivera, priista sonorense que en 2019 fue nombrado Secretario de Acción Electoral en esa entidad. A él se le pagaron directamente 1 millón 722 mil 600 pesos por un “Diagnóstico y prospectiva para el proceso electoral de 2024″.
Daniela Barragán
Es periodista por la UNAM, con especialidad en política por la Carlos Septién. Los últimos años los ha dedicado al periodismo de datos, con énfasis en temas de pobreza, desigualdad, transparencia y género.
El 3 de septiembre de 2023, el día en que se había programado una
consulta para que ciudadanos eligieran a la candidata presidencial del
Frente Amplio por México, se le entregó la constancia a Xóchitl Gálvez
como la elegida y la denominaron “candidata ciudadana” por las firmas de
personas que recolectaron en el proceso y quienes al final no pudieron
votar.
Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- En los últimos meses, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) no sólo se hicieron de una alianza y una candidata, sino también de los datos personales de 2 millones 297 mil 529 personas
que los entregaron bajo la promesa de participar en una consulta para
elegir a quien los representara en las elecciones presidenciales de
2024, algo que no ocurrió.
La consulta no se realizó porque los aspirantes se fueron bajando de
la contienda. Eso sí, dejaron sus firmas recolectadas. Luego, los
partidos y el Comité Organizador del Frente anunciaron
que la candidata fue definida por una encuesta, por lo que el proceso de
votación ya no fue necesario aunque la recolección de firmas continuó.
Así se eligió en un acuerdo cupular a la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz en un proceso que los organizadores insistieron en señalar como ciudadano pese a que no hubo una votación de por medio.
SinEmbargo buscó una postura del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) sobre si había una irregularidad o un uso indebido de
estos datos personales, pero la dependencia respondió que para poder
indagar tiene que haber antes una denuncia de alguna de las personas que
se haya registrado en la plataforma de la empresa contratada por el
Frente.
Xóchitl
Gálvez, Senadora del Partido Acción Nacional (PAN), arropada por los
líderes de los partidos que conforman el Frente Amplio por México antes
de la entrega de la constancia en el Ángel de la Independencia. Foto:
PRI Nacional
En total, fueron 2 millones 297 mil 529 personas quienes entregaron su información a los partidos y a la empresa Hubox S de RL de CV.
Hoy, la plataforma del Frente Amplio por México ya no está activa, pero
de acuerdo con el Aviso de Privacidad, se le regalaron a la Alianza y a
la empresa los derechos para hacer lo que deseen con toda la
información que los aspirantes les solicitaron a los participantes para
cumplir con el requisito que buscó darle el toque “ciudadano” a la
elección de su candidato presidencial.
El Comité Organizador del proceso del Frente Amplio por México puso
unas reglas claras para las firmas que los aspirantes debían presentar
para pasar a una siguiente etapa: no serían aceptadas firmas en hojas de
papel sino que estuvieron sujetas a una “prueba de vida”, es decir con
foto de la persona. La información se subiría a una plataforma en la que
también se daría de alta la credencial de elector del ciudadano y los
datos biométricos de su rostro.
Así, se conformó un padrón en el que solo se eliminaron 600 mil registros por anomalías.
La empresa encargada de poner en marcha la aplicación se llama Hubox S
de RL de CV, que de acuerdo con su página de internet, es una compañía
mexicana dedicada a la implementación de “Inteligencia Estrategia
Institucional”, especializada en la certificación de correo
electrónicos, cumplimiento con Ley de Firma Electrónica Avanzada, manejo
de oficios electrónicos, automatización de mensajería, uso de
herramientas Big Data, así como a los datos abiertos.
¿Qué fue lo que firmaron los ciudadanos que confiaron en el proceso del Frente?
En pocas palabras, regalaron sus datos a los partidos para lo que ellos quieran, incluso, para publicidad.
De acuerdo con el Aviso de Privacidad, PRI, PAN y PRD poseen de los
firmantes los “Datos Generales” que son “nombre completo o denominación o
razón social, correo electrónico, teléfono fijo y/o teléfono móvil,
Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), domicilio completo (calle, número exterior, número
interior, colonia, alcaldía o municipio, estado o ciudad, código postal
y país) y redes sociales”.
El
Comité Organizador del Frente Amplio por México decidió no llevar a
cabo la jornada prevista para el domingo 3 de septiembre; ese día se
entregará la constancia a Xóchitl Gálvez como la próxima candidata
presidencial. Foto: Twitter @PRDMexico
También son dueños de los “Datos sensibles”, que son el “origen
racial, étnico, estados de salud, información genética, creencias,
filiación política, preferencias sexuales, información patrimonial,
datos laborales, académicos y/o profesionales, entre otros”.
Y los “Datos biométricos” que son los que se obtienen a partir de un
tratamiento técnico específico, “relativos a las características
físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que permitan o
confirmen la identificación única de dicha persona, tales como
fotografías e imágenes faciales y/o corporales, reconocimiento de voz,
así como datos dactiloscópicos y huellas dactilares”.
Sobre la finalidad de los datos se establecen distintas cuestiones
que se vuelven relevantes ya que luego de que se eligiera a Xóchitl
Gálvez como la candidata, el fin público de los registros que era la
consulta no se concretó, sin embargo, Hubox estableció que para cumplir
con ello, podía transferir los datos a terceros.
Pero pasada la elección, PRI, PAN y PRD solicitaron “integrar
expedientes y bases de datos y dar tratamiento a los mismos, ya sea
directamente o a través de terceros para participar en las etapas del
proceso […] o cuando así se requiera”.
Esos otros fines, llamados secundarios, pueden ser para publicidad y estudios estadísticos.
En cuanto a los datos biométricos, que fue el registro de huellas
dactilares y del reconocimiento facial, la empresa y los partidos, como
dueños de los datos, fueron una forma de autorización “expresa y
comprobable” para integrar expedientes y resguardar los datos para los
fines que se deseen, ya que también hay una cláusula en la que
establecieron que PRI, PAN, PRD y Hubox “podrán modificar y actualizar”
lo aceptado por los usuarios, “en cualquier tiempo, derivado de
requerimientos legales; nuestras propias necesidades; nuestras prácticas
de privacidad; por cualesquiera otras causas cuando así lo consideremos
conveniente y/o necesario”.
La recolección de firmas fue el requisito principal en el proceso del Frente Amplio. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro
Desde el pasado 22 de agosto, SinEmbargo consultó Rodrigo Morales
Manzanares, integrante del Comité Organizador del Proceso del Frente
sobre los puntos anteriores.
Se le hicieron las siguientes preguntas:
–Ya con el proceso avanzado, casi por concluir, ¿los partidos les
compartieron el contrato que se pagó a la empresa Hubox S de RL de CV?
¿Será posible conocer el costo?
–Sobre la recolección de firmas, ¿todos los ciudadanos que dieron sus
datos firmaron el Acuerdo de Privacidad que elaboraron tanto Hubox como
los partidos? ¿Ustedes como Comité estuvieron al tanto de esos
lineamientos?
–Hay un punto del Aviso de Privacidad que estipula que los datos
personales (los generales, los sensibles y los biométricos), “podrán ser
transferidos a terceros”. ¿Como Comité ustedes saben qué o quiénes son
esos “terceros?
–Otro punto del mismo Aviso agrega que éste podrá ser modificado
“derivado de requerimientos legales; nuestras propias necesidades;
nuestras prácticas de privacidad; por cualesquiera otras causas cuando
así lo consideremos conveniente y/o necesario”.
–¿Eso no supondría un riesgo para la información de las personas?
Ninguna tuvo respuesta.
Sobre el costo del proceso, el Comité informó que los gastos serían a
cuenta de los partidos políticos que integran el Frente Amplio, pero de
acuerdo con los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, ni
PRI, ni PAN ni PRD han dado a conocer cifras al respecto ni el contrato
celebrado con Hubox.
Daniela Barragán
Es periodista por la UNAM, con especialidad en política por la Carlos
Septién. Los últimos años los ha dedicado al periodismo de datos, con
énfasis en temas de pobreza, desigualdad, transparencia y género.
“El único consuelo que le quedaría al PRI, algo que también sería muy cuestionable, por la pobreza real de su significado, sería la gubernatura de Durango”.
Si el PRI compite solo, sin alianzas, en los comicios para gobernador del 2023 en el Estado de México, tendrá un altísimo riesgo de perder. Pero lo mismo le sucedería si quisiera jugar individualmente en la disputa por la gubernatura de Coahuila. Las dos estarán en riesgo el primer domingo del próximo mes de junio.
Pero aún en los supuestos de que el PRI contendiera en alianza con PAN y PRD en esa dos entidades, si las coaliciones partidistas ganaran, el PRI perdería, pues obtendría victorias pírricas, compartidas, en dos entidades en las cuales nunca ha conocido la derrota.
Y el único consuelo que le quedaría al PRI, algo que también sería muy cuestionable, por la pobreza real de su significado, sería la gubernatura de Durango, que en el 2022 ganó el priista Esteban Alejandro Villegas Villarreal, quien llegó al cargo respaldado por los sufragios de la alianza con PAN y PRD.
El 2023 podría ser el año de la muerte final por inanición del PRI, que durante más de 70 años fue el partido hegemónico, el brazo electoral de los gobiernos que se presumían como herederos de la Revolución Mexicana.
Y en su epitafio, junto a las emblemáticas siglas RIP, de la elocución latina Requiescat in pace, con la que se les desea un plácido reposo a los muertos, podría aparecer también el nombre de su enterrador: Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido con el alias de ”Alito”.
Personaje que encajaría con singular mérito en la historia de la picaresca mexicana, atado a las desmesuras de su actuación pública, Moreno Cárdenas llegó a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional el 18 de agosto de 2019.
En este corto periodo de poco más de tres años en la presidencia del PRI, “Alito” Moreno ha llevado a su partido a la derrota en 10 estados del país, en los cuales ha perdido igual número de gubernaturas.
Fueron ocho derrotas del tricolor en 2021, en los estados de Guerrero, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Tlaxcala, Campeche y Colima.
A las que se sumaron otros dos descalabros en el 2022 con la pérdida de las gubernaturas de Oaxaca e Hidalgo.
Moreno Cárdenas podría cerrar su gestión en el 2023 con la pérdida de 12 gubernaturas, si sumamos los hundimientos electorales en Estado de México y Coahuila, en donde, aún ganando como parte de una coalición opositora, perdería la tan preciada hegemonía que se extravió cuando el tricolor traicionó su presunta herencia revolucionaria y se inclinó por las políticas neoliberales que le fueron impuesta al país desde principio de la década de los años 80.
En Estado de México, una encuesta de la consultora Enkoll, publicada el pasado 14 de diciembre del 2022, atribuía al partido Morena una preferencia del 53 por ciento, contra un 27 por ciento del PRI. Además, el 49 por ciento de los potenciales sufragantes dijo que nunca votaría por el PRI y sólo 16 por ciento expresó rechazo por Morena.
En Coahuila, la consultora Massive Caller atribuía el pasado martes 3 de enero del 2023 un 34.4 por ciento de las preferencias electorales al priista Manolo Jiménez Salinas, con el respaldo de una coalición que incluiría a PAN y PRI, frente al 28.2 por ciento del morenista Armando Guadiana.
Ya se los había advertido el destacado ideólogo, historiador y político, Jesús Reyes Heroles, en el aniversario de la Constitución Política del País, el 5 de febrero de 1979, siendo entonces Secretario de Gobernación durante el régimen de José López Portillo y Pacheco, al pronunciar un discurso profético.
Dijo Reyes Heroles: “Cuando la sociedad civil sea cada vez más sociedad política, se impide que la administración supla al Gobierno, que los administradores sustituyan a los políticos y que la Administración, convertida en Gobierno, se independice o separe del votante”.
Dos décadas después, durante los trabajos de su Asamblea Nacional 18, realizada en noviembre del 2001, un año después de que el PRI perdiera por primera vez en su historia la Presidencia de la República, los priistas descubrieron que los ex Mandatarios Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) habían traicionado los principios de la Revolución Mexicana.
En las Consideraciones de su nueva Declaración de Principios juzgaron con severidad a los dos ex Mandatarios.
“Hacía 1989 se reemplazó el modelo económico del nacionalismo revolucionario por otro de marcada tendencia neoliberal, en el que se otorgó mayor espacio al capital extranjero y al redimensionamiento del Estado, así como a un pragmatismo carente de fines sociales. Estos agentes generaron reducciones en el proceso económico y sobre todo en el bienestar social, ampliando aún más la brecha entre los pocos muy ricos y los muchos muy pobres en nuestro país”, decía el documento priista.
“El modelo neoliberal ha hecho mucho daño a México”, concluía.
El PRI fue secuestrado por la tecnocracia desde el arribo de Miguel de la Madrid Hurtado a la presidencia de la República en 1982, donde se fortaleció la figura política y el proyecto económico impulsado por Carlos Salinas de Gortari, su poderoso secretario de Programación.
“Bajo la Administración de Salinas (de 1988 a 1994) se aceleró la campaña de privatizaciones comenzada en 1982, viéndose afectadas ahora todas las grandes empresas del Estado. Así, fueron entregados al capital privado la telefonía (Telmex, una compañía plagada de denuncias por negligencia en el servicio que en diciembre de 1990 fue adjudicada en pública subasta a un consorcio encabezado por el magnate Carlos Slim Helú), las comunicaciones viales y las aerolíneas, el sector químico, el siderúrgico (Altos Hornos de México), los seguros, las cadenas hoteleras, los medios de radiodifusión (Imevisión, que dio lugar a la TV Azteca) y, finalmente, la banca”, advierte un informe publicado por el Centro Barcelona de Asuntos Internacionales, conocido por sus siglas de CIDOB, actualizado hasta el pasado 13 de mayo del 2022.
Agrega el referido estudio: “Al final del mandato de Salinas, más del 90% del parque empresarial del país tenía dueños privados, quedando como únicas excepciones relevantes la Comisión Federal de electricidad (CFE) y el emblemático monopolio Pemex”, empresas que fueron abiertas y quedaron supeditadas a la inversión extranjera luego de la reforma energética promovida por el también priista Enrique Peña Nieto.
“El segundo florón del ‘liberalismo social’ pregonado por Salinas fue la modificación, en diciembre de 1991, del régimen minifundista del ejido, perpetuado como la principal conquista social de la Revolución pero que, según el Gobierno, dificultaba la mecanización y la capitalización del agro mexicano por la reducida extensión de las parcelas comunitarias. La enmienda del artículo 27 de la Constitución suprimió el marco jurídico de la reforma agraria realizada en el período cardenista, poniendo fin al reparto de terrenos, convirtiendo a los tres millones de ejidatarios en propietarios formales y autorizando a las sociedades con capital privado la adquisición, reventa o arriendo de los ejidales con determinados límites de superficie. En círculos izquierdistas no hubo ambages en hablar de verdadera contrarreforma agraria”, agrega el referido texto de CIDOB, un laboratorio de ideas independiente y plural con sede en Barcelona, dedicado al estudio, la investigación y el análisis de temas internacionales.
“En principio, Salinas no contemplaba menoscabar la supremacía política del PRI en aras de la depuración democrática del sistema mexicano, pero su perfil técnico, su distanciamiento del lenguaje populista y nacionalista, y su determinación reformista en lo económico le granjearon desde el principio la hostilidad apenas contenida de sectores tradicionalistas de su partido así como de la vieja burocracia sindical priista presente en la Confederación de Trabajadores de México (CTM), guardiana de las conquistas sociales y laborales de la Revolución. Los temores de estos poderes fácticos no eran caprichosos”, agrega el estudio de CIDOB, una fundación privada creada en 1973 como Centro de Documentación Internacional de Barcelona.
“En efecto, la ofensiva desreguladora y liberalizadora lanzada por Salinas iba a conseguir desmantelar, salvo en el sector petrolero, la estructura estatal-corporativista del PRI, el cual, debilitado, ya nunca sería el mismo, cayendo, tras una última muestra de arraigo electoral, en una crisis irreversible. Retrospectivamente, cabe situar en el sexenio de Salinas la semilla del histórico desalojo del PRI del poder federal en las elecciones del año 2000”, advierte el Centro Barcelona de Asuntos Internacionales, conocido por sus siglas de CIDOB.
El problema fue que los priistas no aprendieron la lección y cuando regresaron al poder en el 2012, profundizaron los vicios del modelo neoliberal que los dejó, electoralmente, en la orilla del abismo.
Pedro Mellado Rodríguez
Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace más de tres décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Es profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.
Los siete partidos políticos con registro a nivel nacional –Morena,
PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y MC– ejercieron más de mil millones de pesos a
través de contratos públicos entre enero y septiembre de este año. La
mayor parte del gasto (43 por ciento) se concentró en bienes y servicios
de comunicación social y propaganda. Otra buena parte del dinero (15
por ciento) se fue en alimentos, eventos, transporte y viáticos.
Estos gastos son necesarios; pero hay partidas en que podría ser
aplicada una política de austeridad. Ello en un contexto en que Morena
busca reducir –hasta en un 50 por ciento– el financiamiento a partidos y
en que organizaciones como el PRI tienen números rojos, incluso
viéndose obligado a solicitar créditos bancarios para sostener su
operación ordinaria.
Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y del Trabajo (PT) tienen créditos bancarios a largo plazo por 196.4, 63.4 y 29.7 millones de pesos cada uno.
Los datos del Sistema Integral de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral (INE) también indican que al segundo trimestre de
2019, el PRI fue el único partido con un déficit financiero por más de 225.4 millones de pesos. Ello después de que sufriera un descalabro electoral el 1 de julio de 2018 que causó que su financiamiento público para 2019 fuera inferior a la mitad de lo que recibió el año pasado.
La situación económica de los partidos políticos nacionales –con la excepción de Morena– es más apretada que en años anteriores.
Una investigación de SinEmbargo arrojó que, por
ejemplo, el presupuesto del PAN para este año fue 20 por ciento menor al
del año 2000, como proporción del presupuesto anual total aprobado por
el INE, para partidos políticos. En ese mismo periodo, los ingresos
federales del PRI y del PRD fueron a la baja en 43.1 y 60.3 por ciento
respectivamente, mientras Morena tuvo 30 veces más presupuesto entre
2014 y 2019.
Pese a las caídas presupuestarias, muchos de los bienes y servicios
contratados por los partidos políticos no reflejan una política de
austeridad e implican una oportunidad de ahorro.
En
junio el PRI registró una deuda de 196 millones 373 mil pesos, de
acuerdo con el Formato “IT” del INE. Meses antes, en febrero, el partido
aprobó un crédito por “problemas financieros”. Foto: Enrique Ordóñez,
Cuartoscuro
El gasto en comunicación social y propaganda se comió
cuatro de cada 10 pesos gastados, en promedio, de acuerdo con datos de
la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Los partidos destinaron un total de 313.9 millones de pesos en
servicios de difusión y propaganda, entre los que se cuentan la
producción de carteles, flyers, revistas, videos, spots, entre otros.
Asimismo, los partidos gastaron 5.5 millones de pesos en anuncios espectaculares, además de 133.3 millones en artículos de propaganda como banderas, gorras, mandiles, playeras y tortilleros.
Como proporción del gasto total en contratos públicos celebrados en
los primeros nueve meses de este año, el partido que más recursos
destinó a su promoción fue el Verde Ecologista de México (o PVEM, con 88
por ciento del gasto). Le siguieron Morena (52 por ciento), PT (37 por
ciento), Movimiento Ciudadano (o MC, con 36 por ciento), PRI (33 por
ciento), PRD (30.5 por ciento) y PAN (26 por ciento).
Los servicios profesionales –que incluyen consultorías,
capacitaciones, encuestas, estudios e investigaciones, por mencionar
algunos ejemplos– fueron el segundo rubro de gasto más importante, con
erogaciones totales por 301.2 millones de pesos. En promedio, tres de
cada 10 pesos contratados por los partidos fueron destinados a esta
partida.
PAN (51 por ciento) y MC (50 por ciento) registraron la mayor
proporción de gasto en el rubro. En el extremo opuesto estuvieron PT
(nueve por ciento) y PVEM (0.2 por ciento).
El tercer gasto más contratado por los siete partidos con
registro nacional estuvo relacionado con bienes y servicios para
oficina. Casi dos de cada 10 pesos erogados fueron utilizados en
papelería, compra y/o mantenimiento de bienes muebles e inmuebles,
materiales, vigilancia, entre otros.
Morena (32 por ciento) y PRI (31 por ciento) destinaron la mayor
proporción del monto contratado en sostener sus oficinas. El PRD (nueve
por ciento) y el PT (siete por ciento) fueron los que menos dinero
destinaron al rubro.
El resto de los contratos –uno de cada 10 pesos erogados– de los partidos políticos implicó 50.9 millones de pesos en eventos oficiales y alimentos, así como 71.3 millones en transportes y viáticos.
Destaca el gasto de 1 millón 183 mil 200 pesos de MC para contratar a
cinco grupos musicales para “cierres de campaña”, además de 410 mil 060
pesos que el PAN le pagó a Playa Limbo, derivado de un evento celebrado el 21 de septiembre de este año.
En el caso de los 2 mil 771 viajes de representación de los partidos
políticos destacan 17 viajes internacionales de Morena y del PAN.
La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz,
hizo viajes a Cuba, Estados Unidos e Italia por cuestiones de
“relaciones públicas y políticas”. Otros funcionarios de Morena viajaron
a Cuba, Guatemala, Italia y Venezuela. En total, el partido erogó 197
mil 259 pesos en pasajes.
El PAN también registró viajes al extranjero. Los viáticos para la
asistencia de funcionarios a congresos, reuniones y/o seminarios en
Bélgica, Chile y Costa Rica ascendieron a 96 mil 227 pesos.
LA BALANZA FINANCIERA
Los informes ante el INE indican que, al segundo trimestre de este
año, los partidos políticos erogaron 1.5 mil millones de pesos.
En promedio, el gasto neto se concentró en el pago de
servicios generales (44 por ciento), el salario de dirigentes,
funcionarios y trabajadores (26 por ciento), así como en las
transferencias de los partidos a sus respectivos comités y órganos
partidarios (16 por ciento).
También hubo erogaciones en materiales y suministros (cinco por
ciento), propaganda (tres por ciento), actividades partidarias y
liderazgo político de las mujeres (dos por ciento por rubro).
Hasta entonces, el único partido con un saldo negativo (-225.4 mdp)
fue el PRI. Sus gastos en los primeros seis meses de 2019 fueron 51.4
por ciento superiores a sus ingresos durante el periodo. En total, el
partido gastó 664 millones de pesos, mientras sus ingresos ascendieron a
438.6 millones.
El resto de los partidos tuvo saldos positivos. Sin embargo, el partido con menores gastos fue Morena.
Hasta junio de 2019, el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había gastado el 16.3 por ciento de sus ingresos, o bien, casi 159.5 de los 976.3 millones con los que contaba.
De ahí en fuera, el gasto de los partidos se disparó. A mediados de
este año, el PAN había gastado el 41 por ciento de su presupuesto. Le
siguieron el PVEM (54 por ciento), MC (56 por ciento), PT (61 por
ciento) y PRD (64 por ciento).
TRANSPARENCIA Y GASTO
Las cifras de la PNT no coinciden con la información de los partidos
ante el INE y tampoco permiten saber, a cabalidad, el conjunto de
ingresos y gastos de cada una de las organizaciones políticas.
Por ejemplo, los ingresos registrados en la PNT del PRD y PT, al
tercer trimestre de 2019, son inferiores a los registrados en los
informes del INE al segundo trimestre de este año. Algo similar ocurre
con los registros de egresos en la PNT de Morena y del PRD, que son
menores a los de los informes ante el INE.
Para obtener mayor información con respecto al gasto de los partidos hasta septiembre de este año, SinEmbargo
solicitó a cada una de las organizaciones políticas que esclareciera su
presupuesto total, así como los gastos y concepto de gasto al momento
de la solicitud (noviembre de 2019).
Además, este medio digital pidió “los contratos, recibos o cualquier
otro documento disponible que refiera cada uno de los gastos del partido
entre el 01 de enero de 2019 y la fecha de esta solicitud.”
Al momento de esta publicación, PRI y Morena no habían dado respuesta
a las solicitudes de información con folio 2237000039119 y
2230000072119.
El PVEM mandó un documento inaccesible que indica que “usted no tiene
permisos para acceder al módulo”; y el PT respondió de manera parcial
con las tablas del presupuesto asignado por tabulador del INE, sin dar
mayores referencias al desglose de ingresos y de gastos.
PAN, PRD y MC respondieron, ya fuera con el reenvío de la información
de la PNT o de los tabuladores del INE, haciendo hincapié en que la ley
no los obliga a generar respuestas ad hoc a la solicitud y
que, de requerirse mayor información relativa a los gastos de 2019,
“puede consultarla a través de los informes trimestrales que este
partido político ha rendido ante el INE”.
Pese a que el artículo 235 del Reglamento de
Fiscalización del INE establece que los informes financieros de los
partidos deben ser presentados “dentro de los 30 días siguientes a la
conclusión del trimestre correspondiente”, en el portal de transparencia
del INE sólo aparecen los informes al segundo trimestre de este año.
Acerca de la solicitud de documentos que comprueben los gastos, más
allá de las ligas disponibles en la PNT, sólo el PAN indicó que “los
documentos en los cuales obra la información que es de su interés y que
atienden su solicitud, se encuentran disponible en los archivos del
Comité Ejecutivo Nacional y de los 32 Comités Directivos Estatales del
Partido Acción Nacional, en más de 250 mil fojas” que, aunque pueden ser
consultadas, tienen un costo de reproducción –por normatividad– de
entre 0.50 y 10 pesos “por pieza”.
Pretenden reasignar a salud y educación 2 mil 500 millones de pesos
▲ Antes de pasar al pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa para
reducir 50% el financiamiento a partidos políticos tratará de lograr el
consenso, afirmó Mario Delgado, coordinador de Morena.
La iniciativa para reducir 50 por ciento el
financiamiento público a los partidos políticos avanzó ayer en la Cámara
de Diputados al ser aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales
con una apretada votación. A favor, Morena y Encuentro Social sumaron 17
votos, mientras los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario
Institucional (PRI), del Trabajo (PT), de la Revolución Democrática
(PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) alcanzaron 14 en contra.
Mario Delgado, coordinador de Morena, dijo que tratarán de construir
un consenso con partidos políticos que están en contra de la reforma
constitucional durante la semana y hasta la siguiente, pero si no se
logra, se llevará el dictamen al pleno para que cada partido dé la cara y
le responda a sus votantes si están a favor de reducir los recursos
económicos que se asignan a las fuerzas políticas.
El propósito es que la iniciativa se apruebe antes del Presupuesto de
Egresos, lo cual sucederá el 15 de noviembre, para poder reasignar a
sectores como salud y educación los 2 mil 500 millones de pesos que se
quitarían a los partidos.
Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, dijo que se debe
buscar que esta reforma no debilite el sistema de partidos, al reconocer
que el reto es acabar con los excesos.
La reforma al artículo 41 Constitucional avalada indica que la
asignación de recursos públicos a los partidos políticos se fijará
multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral
por 32.5 por ciento del valor de la unidad de medida y actualización, en
lugar de 65 por ciento vigente. De la bolsa lograda, 30 por ciento se
distribuirá de manera equitativa entre las fuerzas políticas y 70 por
ciento de acuerdo a su porcentaje de votación.
En la comisión, los aliados de Morena (PT, MC y PVEM) votaron en
contra, debido a que han argumentado que la merma en el financiamiento
público los dejaría en una apretada situación financiera y, por lo
tanto, electoral.
Pablo Gómez (Morena) insistió en que aun después de aprobado el dictamen, se puede seguir hablando de qué manera podría ajustarse esto a efecto de tener un acuerdo suficiente.
Sin embargo, acotó que necesita partirse de la idea de que debe ser reducido, porque actualmente es demasiado alto. La gente critica, con razón, esto, y es necesario dar ya el paso en esa dirección, sostuvo.
Pablo Gómez acotó que el financiamiento público no debe desaparecer
por completo, para evitar la injerencia de grupos de poder en los
institutos políticos.
En agosto pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el
proyecto de presupuesto para los partidos, el cual asciende a 5 mil 239
millones de pesos.
De ellos, a Morena le corresponderían de no ser aprobada la reforma,
mil 710 millones, al PAN 943.2 millones de pesos y al PRI 882.5. Muy
debajo, casi con la mitad, se encuentran el PRD, que tendría 438.5, PVEM
419 y Movimiento Ciudadano 403 millones. Al PT le tocarían 384.4
millones de pesos.
El PRD sigue vivo, afirman los dirigentes al presentar el padrón de un millón 316 mil afiliados
Tras la elección de 2018, cuatro de cada cinco militantes dejaron ese partido
De la elección presidencial de 2018 a la fecha, cuatro de
cada cinco militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
decidieron no refrendar su permanencia en ese instituto político. Ayer,
horas antes de cerrar su proceso de reafiliación, la dirigencia nacional
extraordinaria anunció que su nuevo padrón es de un millón 316 mil 847
afiliados.
El año pasado el PRD presentó al Instituto Nacional Electoral (INE)
una lista de 5 millones 254 mil 778 de militantes. Al concluir la
reafiliación –que comenzó hace tres meses–, casi 4 millones (3 millones
937 mil 931) dejaron de ser perredistas y parte activa de este partido.
Al presentar ayer los resultados del proceso de reafiliación, Ángel Ávila, de la dirigencia nacional extraordinaria, sostuvo: El
PRD sigue vivo. Estamos muy contentos, porque va a cerrar su afiliación
de casi tres meses con poco más de un millón 300 mil afiliados; eso
quiere decir que el PRD está vivo. Hay más de un millón de personas que
quieren ser parte de nuestro partido, indicó en conferencia de prensa en la sede de la colonia Roma.
Con el padrón actualizado, el PRD cubre el requisito mínimo de 300
mil afiliados que exige el INE con el fin de organizar el proceso
interno para la renovación de las dirigencias estatales y nacional en
septiembre.
Durante la conferencia, varios perredistas acusaron al gobierno federal de buscar aniquilar al PRD y arrebatarles militancia.
Carlos Estrada, de la dirección estatal extraordinaria del PRD en la
Ciudad de México, aseveró que se buscará mantener las conquistas de
derechos impulsados por este partido. El reconocimiento a la población
de la diversidad sexual fue el tema que enarbolaron como una de sus
conquistas.
Los que hoy gobiernan el país, que no es la izquierda, sino un
híbrido de autoritarismo y mesianismo, le apostaban a que no pudiéramos
cumplir con esta meta y se van a quedar con las ganas, porque vamos a
dar la batalla, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, señaló Estrada.
Insistió en que su incorporación al proyecto Futuro 21 –que integra a
opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador– no
representa que el PRD cambie de nombre en automático, eso se valorará
con base en encuestas de opinión con el fin de analizar si es viable.
Asegura que Presidencia redujo su gasto 83 por ciento
▲ Los partidos no pueden recibir tanto dinero, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.´
El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los
dirigentes de los distintos partidos políticos a regresar 50 por ciento
de los recursos públicos que reciben, aunque recalcó que no es una
orden.
Tras ofrecer cifras sobre los gastos de la oficina presidencial que
muestran una reducción de 83 por ciento con relación al año pasado, lo
que, dijo, le da autoridad moral para hacer la propuesta, sostuvo que,
por honestidad, los articulistas y expertos que lo cuestionaron por los
presuntos gastos suntuosos en comida deben ofrecer una disculpa.
Además, afirmó que llueva o truene se subastará la casa de Zhenli Ye Gon para otorgar los apoyos a deportistas.
Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que
solicitará para el próximo año 5 mil 239 millones de pesos para
financiamiento de los partidos, el mandatario llamó a los dirigentes a
ser consecuentes, y confió en que las fuerzas políticas progresistas sean los primeras en definirse.
No pueden estar recibiendo tanto dinero los partidos políticos;
tienen que reducir sus gastos y devolver el dinero a la hacienda
pública, un porcentaje de esas prerrogativas. Es un llamado respetuoso,
no es una orden, no es por la fuerza, agregó.
Por medio de gráficas presentadas ayer en su conferencia de prensa en
Palacio Nacional, explicó que mientras el gobierno anterior había
gastado de enero a julio 2 mil 360.9 millones de pesos para la oficina
del Presidente, en el presente año su oficina ha erogado 385.9 millones,
83 por ciento menos.
Detalló que la mayor cantidad de ahorro se debe a los gastos que
implicaba la presencia del Estado Mayor Presidencial, ahora extinto.
El jefe del Ejecutivo federal se refirió a la subasta de inmuebles
anunciada para el próximo fin de semana, en la que se incluye la venta
de la casa del empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, por la
que el gobierno espera obtener 150 millones de pesos, que se destinarán
a los atletas que compiten en los Juegos Panamericanos.
Ante los recursos legales que promovió la defensa del empresario para
evitar la subasta, afirmó que el proceso no viola ninguna ley y no lo van a detener.
Ricardo Rodríguez Vargas, director del Instituto para Devolver al
Pueblo lo Robado, precisó que desde 2007, cuando Ye Gon fue detenido, se
le notificó al empresario y a su esposa que la propiedad quedaba
confiscada.
Luego de transcurrir los 90 días de ley sin respuesta, esa propiedad
fue declarada en abandono, situación en la que se encuentra desde hace
12 años; sin embargo, sus abogados pretenden realizar una estrategia legal carente de sustento jurídico con el objeto de entorpecer la venta del inmueble, señaló el funcionario, quien consideró que la subasta es legal.
Al preguntar al Presidente si esa residencia perteneció, antes de Ye
Gon, al ex senador priísta Germán Corona del Rosal, el mandatario no
confirmó ni desmintió la información: No me quiero meter en eso, les pido que me comprendan, pero si ya hicieron la investigación, ya.
Por su parte, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira
Sandoval, anunció la puesta en marcha de la plataforma Ciudadanos
Alertadores, por medio del sitio www.alertadores.funcionpublica.gob.mx, en el que se podrán realizar denuncias anónimas sobre actos graves de corrupción.
Foto Cristina Rodríguez
Néstor Jiménez y Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
A disminuir el costo de la democracia
Viable, recorte a partidos, pero sin presiones, dicen legisladores de oposición
Es un intento de asfixiarnos, afirma la directiva del PRD
La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador
de que los partidos políticos renuncien a 50 por ciento de los fondos
públicos que reciben –en el contexto de la política de austeridad que
impulsa su gobierno– generó reacciones diversas, pues mientras algunos
sectores apoyaron la iniciativa, otros se opusieron al afirmar que de
esta manera se pretende afectar el trabajo de la oposición.
Entre los que se manifestaron a favor se encuentra el coordinador de
la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, quien
afirmó que nadie se debe salvar de la austeridad, incluidos los
partidos. Hay que disminuir el costo de la política. Estamos convencidos
de que esto (el recorte) es absolutamente viable y debe ocurrir. Vamos a
impulsar la iniciativa, para lograr un ahorro significativo en el
presupuesto.
De igual forma, la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, respaldó la propuesta de López Obrador, porque, dijo, es inaceptable que los partidos dispongan de tanto dinero cuando existen tantas áreas a las que les hacen falta,
al tiempo que aseguró que su instituto político no ha podido hacer la
devolución que anunció para este año ya que no encontró la forma de
regresarlo directamente a la Secretaría de Hacienda.
Por su parte, senadores y diputados de Morena, PRI, PAN y PRD se
pronunciaron en favor de la reducción del financiamiento a los partidos
políticos, y que se valore la posibilidad de regresar parte de los
recursos, pero sin presiones desde el Ejecutivo.
Señal importante
Un ejemplo fue el senador priísta Manuel Añorve, quien manifestó que el recorte al presupuesto de los partidos sería una señal importante para la sociedad civil, y por supuesto que se puede hacer más con menos.
Vía Twitter, el PRI dijo que la austeridad debe abarcar de manera racional a todo el sistema electoral y no sólo a los partidos, al tiempo que propuso conjugar la austeridad con la equidad:
reducir en 50 por ciento el financiamiento, repartir con mayor igualdad
el porcentaje restante y fortalecer los mecanismos de financiamiento
privado.
En contraposición, Ángel Ávila, integrante de la dirección nacional
extraordinaria del PRD, dijo que la propuesta del Presidente es un
intento de asfixiar a la oposición, para que no tenga lo mínimo
indispensable para trabajar políticamente.
Jorge Alvarez Maynez, secretario general de Movimiento Ciudadano,
dijo que Morena ofreció regresar 50 por ciento de su financiamiento
publico para ayudar a los damnificados por los sismos de 2017, y a la
fecha no tiene un documento que compruebe el cumplimiento de esa
promesa.
(Con información de Víctor Ballinas, Andrea Becerril, Georgina
Saldierna, Roberto Garduño, Enrique Méndez, Fabiola Martínez y Néstor
Jiménez)
Periódico La Jornada
Cerrar demasiado la llave a los institutos políticos, un riesgo: INE
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador
pidió a los partidos renunciar a 50 por ciento de sus prerrogativas –que
para 2020 serán de 5 mil 230 millones de pesos–, el titular del
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, consideró ayer que
esa es una decisión que toca resolver a las fuerzas políticas, aunque
vale la pena revisar el monto de financiamiento público al que tienen
acceso, sin afectar las necesidades reales de gasto que tienen.
Advirtió que una reducción sin sustento de las prerrogativas podría
abrir la puerta al dinero ilícito en las campañas electorales. Si se cierra demasiado la llave a los partidos, se les puede colocar en una posición de buscar recursos donde no nos conviene a nadie, agregó.
El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales, José Agustín Ortíz Pinchetti, dijo que debe encontrarse una
fórmula para calcular el financiamiento que sea operativa y justa. Pero
es urgente la reducción del costo de la democracia, pues éste no se justifica.
La ciudadanía está en contra del exceso de gasto de los partidos,
puntualizó al participar en un seminario sobre reforma electoral en el
Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Entrevistado en el Senado y también en el IIJ, Córdova resaltó que en el pasado los partidos han renunciado a prerrogativas.
Tras los sismos de 2017, recordó que diversas fuerzas políticas
notificaron al instituto su decisión de dejar de recibir parte o la
totalidad de las ministraciones mensuales. En ese caso, el INE lo que
hace es regresarlas a la Tesorería de la Federación.
El titular del INE resaltó que esta es la única vía legal existente
para renunciar al financiamiento público, y agregó que hubo partidos que
optaron por rutas distintas, no establecidas por el órgano electoral.
Córdova ratificó que el instituto no define de manera arbitraria o a
su gusto las prerrogativas que reciben las fuerzas políticas, sino que
depende de un mandato constitucional, por lo que en todo caso también se
requeriría un cambio a la Carta Magna para llevar a cabo una reducción.
Indicó que otra vía es cambiar la Ley General de Partidos Políticos,
para reducir el financiamiento local que reciben los institutos
políticos y cuyo monto es similar al federal.