Prohibición total del aborto pone en riesgo vida de mujeres: HRW
En
República Dominicana la prohibición absoluta del aborto tiene
consecuencias devastadoras en la vida de las mujeres y niñas con
embarazos no deseados pues se ven obligadas a elegir entre continuarlo o
acudir a un aborto inseguro, razón que causa 8 por ciento de las
muertes maternas en este país, alertó Human Rights Watch (HRW).
En el informe “Es tu decisión, es tu vida. La criminalización total
del aborto en República Dominicana”, la organización internacional
defensora de los Derechos Humanos recupera testimonios de mujeres, niñas
y proveedores de servicios de salud para exponer las consecuencias que
tiene en la vida de las mujeres la prohibición absoluta del aborto en
este país.
El Código Penal de República Dominicana prevé hasta 2 años de prisión
para las mujeres que se practiquen un aborto y hasta 20 años para el
personal médico que induzca una interrupción del embarazo. HRW señala
que aunque son infrecuentes en este país los casos en que se inician
acciones penales contra las mujeres por abortar, esta ley crea un temor
generalizado.
El Ministerio de Salud Pública sugiere que la mitad de los embarazos
en República Dominicana no son planeados, al respecto HRW entrevistó a
50 mujeres en edad reproductiva, 47 de ellas confirmaron haber tenido un
embarazo no deseado, porque enfrentaron obstáculos para acceder a
métodos anticonceptivos, fallas de los mismos y hechos de violencia
sexual.
En varios casos las mujeres que presentaron un embarazo por una
violación sexual no tuvieron la opción de interrumpirlo de manera
segura. Por ejemplo, una médica compartió su experiencia para el
informe, dijo que asesoró a una niña de 11 años de edad con un embarazo
de 15 semanas, había sido violada por su padrastro. Como en República
Dominicana la prohibición del aborto es absoluta, tuvo que derivarla a
atención prenatal.
Human Rights Watch expone que negar la posibilidad del aborto seguro a
víctimas de violación sexual es equivalente a la tortura o trato cruel,
inhumano o degradante. En este país según datos oficiales
aproximadamente una de cada 10 mujeres y niñas han sido víctimas de
violencia sexual en algún momento de su vida.
En los casos de mujeres víctimas de violencia sexual que se someten a
abortos inseguros, debido a la criminalización de esta práctica, les es
imposible acceder a servicios de apoyo para denunciar el abuso que
enfrentaron. En otra entrevista que realizó HRW, una médica lamentó que
no pudo derivar a una paciente víctima de violencia sexual para una
denuncia, debido a que la conoció por atenderle un aborto inseguro.
Se estima que en República Dominicana cada año 25 mil mujeres y niñas
son atendidas en el sistema de salud público por complicaciones en
abortos inducidos. Un ginecólogo que entrevistó la HRW aseguró que en un
hospital de Santo Domingo atienden entre 10 a 12 mujeres que se
presentan cada día con abortos incompletos, estos casos si no son
tratados implica un riesgo para la vida de las mujeres.
De acuerdo al Ministerio de Salud las complicaciones vinculadas a
abortos inducidos causan ocho por ciento de las muertes maternas en
República Dominicana, que tiene un índice de 70 muertes maternas por
cada 100 mil nacimientos.
Sin embargo, las mujeres que se practicaron un aborto de manera
clandestina y acuden a los servicios médicos porque tuvieron
complicaciones, e incluso aquellas que perdieron un embarazo, tienen que
lidiar con las negligencias, maltratos o abusos por parte del personal
de salud.
En dos experiencias de este tipo que recolectó HRW, las entrevistadas
describieron los abusos que vivieron por el personal médico: demoras
extremas en la atención médica, las dieron de alta sin un examen
suficiente hasta el punto de que sus vidas estuvieron en peligro;
suministro insuficiente o nulo anestesia para el alivio del dolor cuando
les retiraron el tejido del útero, y preguntar o comentarios hostiles,
amenazadores e irrespetuosos.
Estas situaciones de violencia obstétrica se presentan a pesar que el
sistema de salud del país cuenta con protocolos sobre la atención
obstétrica y ginecológica, que incluyen el tratamiento de abortos
incompletos o partos fortuitos, recalca HRW en su informe.
INTENTOS POR DESPENALIZAR EL ABORTO
El presidente de República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, ha
instado al poder legislativo del país a despenalizar el aborto mínimo en
tres circunstancias: cuando la vida de las mujeres esté en riesgo,
cuando el embarazo sea resultado de una violación sexual, o cuando el
feto presente condiciones severas incompatibles con la vida.
Pero las y los legisladores dominicanos se han negado a realizar
estas modificaciones al nuevo Código Penal el cual llevan debatiendo
desde hace más de dos décadas. Según el informe, en dos oportunidades,
2014 y 2016, el presidente vetó las reformas al Código Penal que
plantearon los legisladores porque mantenían la prohibición absoluta del
aborto.
Con este informe Human Rights Watch hace un llamado al gobierno de
República Dominicana a despenalizar el aborto. Recordó que en los
últimos años muchos países han modificado las restricciones entorno a
esta práctica. De acuerdo con el Instituto Guttmacher (de salud sexual y
reproductiva) entre 2000 y 2017, unos 27 países ampliaron el acceso
legal al aborto.
República Dominicana es uno de los ocho países del mundo que prohíbe
totalmente el aborto, los demás son Nicaragua, El Salvador, Honduras,
Haití, Suriname, Malta y el Vaticano.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 
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