El Gobierno de Peña Nieto aumentó sin control el uso de una partida secreta de seguridad del presupuesto

Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el último del PRI, (2012-2018), las secretarías del ramo de seguridad gastaron 52.750 millones de pesos -unos 3.000 millones de dólares- de una partida secreta del presupuesto, conocida como Gastos de Seguridad Pública y Nacional. La naturaleza de la partida dificulta su fiscalización, pero los intentos realizados por diferentes instancias del Estado señalan irregularidades e incluso posibles esquemas de desvío de fondos.

La actual Fiscalía General de la República investiga la supuesta malversación de dinero esta partida en una unidad de la extinta PGR, en tiempos del procurador Jesús Murillo Karam, en 2013 y 2014, como adelantaba este miércoles EL PAÍS. El aumento de los gastos de seguridad pública y nacional durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y la discrecionalidad y opacidad en su uso apuntan, sin embargo, a un problema mayor.

La partida presupuestaria “33701 Gastos de Seguridad Pública y Nacional” empezó a usarse durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), pero su empleo se disparó en la Administración de Peña Nieto. Si en los últimos dos años de Calderón el gasto fue de 5.500 millones de pesos, en los dos últimos de su sucesor superó los 21.500. En 2019, primer año del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, volvió a niveles de 2011.

Esta partida ampara “programas, investigaciones y actividades” en materia de “seguridad pública y nacional” cuya realización implica “riesgo, urgencia o confidencialidad”, según la nomenclatura que usa la Secretaría de Hacienda. Pero dependencias que accedieron a este dinero, caso por ejemplo de la Policía Federal o la agencia que administra las prisiones federales, lo emplearon muchas veces en asuntos distintos, que además no implicaban ninguna urgencia o confidencialidad.

Para Vidal Llerenas, que fue diputado por Morena durante la anterior legislatura y fungió de secretario de la comisión de presupuestos de la Cámara, el uso de esta partida fue siempre un misterio. “El reporte del desglose del gasto en México es muy bueno”, explica, “pero en esto todo el mundo era muy hermético”. Durante años, Llerenas pidió información al Gobierno sobre el uso de esta partida, pero nunca le hicieron caso. “Nos llamaba mucho la atención que cada año hubiera miles de millones de pesos de esta partida que no sabíamos dónde iban”, cuenta.

Alejandro García, investigador del programa de Gasto Público de la organización México Evalúa, añade que “esta partida es un reflejo de la deficiencia en el sistema presupuestario mexicano y la falta de instituciones capaces”. García argumenta que su uso responde a un mecanismo que puso en marcha el Gobierno de Calderón para evitar el bloqueo de un Congreso de signo contrario al Ejecutivo. Pero con Peña, el gasto se disparó y fue usado, explica, de forma política. “Lo que pasa al final”, matiza García, “es que el uso de esta partida y de muchas otras similares es que te da margen para hacer los gastos que necesitas, sin pasar por el Congreso y sin dar a conocer el plan de gastos del Gobierno. Eso rompe la lógica de los contrapesos institucionales”.

De 2013 a 2018, el grueso del gasto lo concentró la Secretaría de Gobernación, que dirigieron Miguel Ángel Osorio Chong de 2013 a 2017 y Alfonso Navarrete en 2018. De Gobernación dependía la Policía Federal, el centro de inteligencia federal, CISEN y la agencia que administra las prisiones, el órgano de Prevención y Readaptación Social. Entre esas tres dependencias gastaron más de 40.000 millones de pesos -2.200 millones de dólares de la época-, principalmente la Policía Federal y el órgano de Prevención y Readaptación Social.

La segunda dependencia que más gastó fue la PGR, con 6.817 millones de pesos, seguida de la Secretaría de Marina, con 5.541 millones de pesos. La Secretaría de la Defensa apenas gasto 134 millones de pesos. En la PGR, la administración de Jesús Murillo Karam elevó exponencialmente los Gastos de Seguridad Pública y Nacional. Si en 2012, antes de su llegada, la dependencia gastó 424 millones, en el primer año de Murillo, 2013, esa suma ascendió a 1.793 millones de pesos. Desde el entorno de Murillo aseguran que el dinero se gastó en compra y reparación de aeronaves, formación e investigaciones varias, como Ayotzinapa o Tlatlaya y subida de sueldos.

Auditorías

Durante el sexenio anterior y el primer año de López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano estatal que fiscaliza las cuentas de la administración, realizó al menos seis informes sobre el uso de esta partida en años de Peña Nieto. En tres estudiaron el desempeño de Prevención y Readaptación Social, en uno el de la extinta Procuraduría General de la República, en otro al CISEN y en uno más el de la Policía Federal.

El más reciente y exhaustivo es el que examina el uso que hizo la Policía Federal de estos fondos en 2018. Los auditores examinaron cuatro contratos, un convenio y varios cheques. Todo por valor de 2.031 millones de pesos, prácticamente dos tercios del total que gastó la dependencia con cargo a la partida de seguridad pública y nacional ese año. La conclusión preliminar de los auditores es que al menos 1.532 millones de pesos de los 2.031 analizados no fueron empleados en lo que dijo la dependencia.

El caso del convenio, por ejemplo. En 2018, la división de Seguridad Regional de la Policía Federal acordó pagar 801 millones de pesos a una empresa para servicios de patrullaje en sedes e infraestructuras durante 103 días. Primero, los auditores dijeron que no tenía sentido que la corporación contratara vigilancia privada, ya que la matriz de la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación, dispone de un órgano para este tipo de servicios. Y segundo, que no había pruebas de que el servicio se había prestado porque en los archivos de la dependencia no existían “bitácoras, reportes de supervisión o programas de trabajo”.

En el caso de los contratos, en tres de los cuatro analizados los auditores identificaron un posible esquema de desvío de recursos de la partida. En los tres casos, la Policía Federal contrató con un proveedor unos servicios. El proveedor subcontrató esos servicios con un tercero. Y ese tercero subcontrató de nuevo con diferentes empresas israelíes, que eran las que en realidad vendían lo que quería la Policía Federal. Cuando los auditores visitaron primero a los proveedores y luego a los intermediarios -los que supuestamente contrataban con las empresas israelíes- descubrían, primero, que los intermediarios no habían firmado nada en realidad con los proveedores y segundo, que el dinero que la Policía Federal había pagado a los proveedores acababa en empresas distintas a las israelíes, que eran en realidad las que vendían el producto.

La ASF hizo públicos estos informes en febrero y algunos medios en México publicaron parcialmente los resultados de los auditores. Es el caso de uno de los contratos descritos en el párrafo anterior. Lo firmó la División Científica de la Policía Federal con una empresa, Dizoal, para la “adquisición de una solución integral de inteligencia”. El esquema fue el descrito arriba. Dizoal contrató a un tercero y a través del tercero a una empresa israelí, que era en realidad la que vendía el software. Dizoal aseguraba tener un acuerdo con la empresa israelí para distribuir sus productos en México. Pero los auditores probaron que el dinero que la Federal pagó a Dizoal nunca llegó a la empresa israelí, sino que fue a parar a otras empresas.

Los auditores probaron además que el software en cuestión no valía los 499 millones de pesos que se pagaron por él, sino 20. Y también porque involucraba a la titular de la División Científica de la Policía Federal, Patricia Trujillo, fundadora de la unidad, muy respetada dentro del cuerpo. Con el cambio de Gobierno y la desaparición de la Policía Federal, Trujillo se incorporó a la Guardia Nacional como comisaria. Con la divulgación de esta información, Trujillo dejó su cargo, al menos temporalmente.

Fuentes de los primeros escalones de mando de la Policía Federal consultadas por EL PAÍS indican que lo sucedido con Trujillo es injusto, porque en realidad todas las compras y contrataciones de la corporación las decidía Jorge Márquez, el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Márquez llegó al puesto con el primer secretario de Gobernación de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong. Márquez y Osorio ya habían trabajado juntos: fue coordinador de asesores de Osorio Chong cuando este fue gobernador de Hidalgo.

La Secretaría de la Función Pública, que complementa el trabajo de la ASF, también ha señalado irregularidades en el uso que hizo la Policía Federal de esta partida. En su Informe de Fiscalización de 2019, le dependencia señala que “existe “falta de transparencia y certeza de que los recursos hayan sido utilizados en actividades oficiales”.

Irregularidades

Además del esquema de desvíos, el uso de la partida de gastos de seguridad estuvo marcada por irregularidades administrativas en los años de Peña Nieto. En los informes de la ASF sobre la Policía Federal y el órgano de Prevención y Readaptación Social, los auditores señalan constantemente que la urgencia, el riesgo o la confidencialidad requerida para acceder a estos fondos no está justificada y que por tanto hay contratos, convenios y cheques que se cargaron a esta partida sin motivo.

Los analistas apuntan también que ambas dependencias no buscaron las mejores opciones a la hora de contratar y que no verificaron ante la Secretaría de la Función Pública si las empresas proveedoras estaban sancionadas o inhabilitadas. Y también -y esto ocurre sobre todo con los contratos de la Policía Federal- que los titulares de unidad o división que aparecen en la firma de los contratos carecen de facultades para tal efecto.

En los informes de la ASF sobre Prevención y Readaptación Social son constantes los pagos extraños a la naturaleza de esta partida, como medicinas y productos farmaceúticos, obras, rentas de generadores eléctricos, recibos de la luz, incluso la impresión y encuadernación de manuales “en materia de capacitación penitenciaria”.

Y también hay casos de dinero perdido. Es el caso de los manuales de capacitación penitenciaria. Los auditores explican que Prevención y Readaptación Social pagó en 2014 algo más de tres millones de pesos a la empresa como parte del contrato. Cuando analizaron los pagos, se dieron cuenta de que el órgano de Gobernación carecía del material que por contrato debía tener. Los auditores concluyeron que este contrato podría suponer un “daño o perjuicio a la Hacienda Pública” de 3,1 millones de pesos.

Informes como los mencionados tienen un recorrido largo en la administración. La ASF les da seguimiento por un tiempo, esperando que las dependencias auditadas den explicaciones convincentes a sus señalamientos. En caso de que esto no ocurra, la ASF puede presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República.

Foto: Peña Nieto y a su derecha, Osorio Chong durante el sexenio anterior.

CFE: hay pérdidas de $30 mil millones por robo de electricidad

Bartlett descarta apagones

Asegura que no habrá incremento a las tarifas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) resintió pérdidas el año pasado por 30 mil millones de pesos debido a robo de energía, realizado principalmente por grandes empresas. Hay hurto por pequeños negocios, pero no se compara con el que hacen éstas, aseguró Manuel Bartlett Díaz, director de la compañía.

Descartó que el país enfrente riesgos de desabasto de electricidad, como han asegurado organizaciones empresariales y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y manifestó que no se vislumbran alzas a las tarifas.

En una conferencia de prensa encabezada por Bartlett se dio a conocer que, sumados los robos y pérdidas por fallas técnicas –que ocurren durante el proceso de transmisión y distribución–, el costo de las mermas asciende a 60 mil millones de pesos, mientras por cartera vencida el adeudo alcanzó 45 mil millones de pesos al cierre de 2018.

El director de la CFE aseguró que ya se ataca el problema de las pérdidas técnicas. En cuanto al hurto de electricidad, señaló que en esa categoría entran pequeños negocios, como taquerías y torterías, pero afirmó que lo que roban no se compara con lo de grandes empresas, como hoteles.

El costo no es que sea aceptable, que se cuelguen (los pequeños negocios). Toda una colonia no se roba lo que puede una empresa, dijo. Adelantó que ese problema se combatirá con nuevas técnicas.

En cuanto a las tarifas, recordó que son establecidas por la CRE, organismo regulador que no toma en cuenta algunos elementos del costo de producción y transmisión, lo cual daña a la empresa.

No nos pagan la tarifa adecuada. Es un hecho. No nos pagan la tarifa generación. Perdemos. No nos pagan la tarifa adecuada en transmisión. Perdemos, enfatizó.

Descartó que se vayan a incrementar las tarifas, pero indicó que es necesario encontrar mecanismos –como una redistribución de los costos– para no trasladar el costo a los usuarios sin que la CFE pague todo y se cumpla con el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador de no elevar por arriba de la inflación, aunque ello pone a la comisión en una disyuntiva.

Bartlett también desechó la idea de que pueda haber apagones, como dijo la CRE, luego de que se cancelaran licitaciones en el sector. Incluso, comentó que no están en contra de que participe la iniciativa privada, pues la empresa está respetando las reglas de la reforma energética.

Señaló que el estado actual de la CFE es incomprensible, pues con dicha reforma sufrió toda una carnicería, ya que se dividió en seis subsidiarias, las cuales tienen un criterio absurdo y antieconómico para operar. Ejemplificó: una subsidiaria ubicada en Hermosillo (norte) tiene que atender las presas del Grijalva, en el sureste.

Expresó que ya dialogó con los empresarios que están a cargo de la construcción de siete ductos de gas, cuyas obras está detenidas, para renegociar los contratos y llegar a un acuerdo en favor de la CFE. Sólo en 2018 la empresa pagó a TransCanada, Fermaca, IEnova y Carso Energy 5 mil 800 millones de pesos.

La CFE invertirá 24 mil millones de pesos en el mantenimiento de sus centrales para reactivar la generación de energía eléctrica y mediante el esquema de inversión Pidiregas solicitará 10 mil millones de pesos para competir en igualdad de condiciones con las compañías privadas.

Alejandro Alegría 

Periódico La Jornada

El crimen organizado: la anatomía profunda

Ilán Semo

Durante años, sociólogos, historiadores y politólogos se han preguntado por la mecánica profunda que, desde hace más de una década, hizo posible la multiplicación abrasiva y exponencial de lo que hoy bien podrían llamarse las industrias del crimen organizado. El término de industria no sólo alude a su extensión, masividad y febrilidad, sino a su estructura misma: conglomerados basados en una compleja división del trabajo, que requieren de miles y miles de reclutas, sicarios, especialistas y laborantes y son capaces de adaptarse a las circunstancias del robo de combustible en un ducto remoto que atraviesa la Sierra de Puebla o a la exportación masiva y cotidiana de gas líquido desde Tamaulipas para surtir a empresas de la Shell o la Texaco.

La teoría común es que su origen se remonta a los años 80 cuando los cárteles mexicanos ingresaron al mercado global del narcotráfico. A partir del sexenio de Fox sus dominios se habían extendido a la venta de protección, el derecho de piso, la extorsión y el secuestro. Hasta llegar a anclarse en territorios fijos en una simbiosis con ciertos aparatos del Estado y los cuerpos policiacos y militares. Pero si se observa con el mínimo detalle la actual campaña contra el huachicoleo, los pronósticos que se hacían sobre los alcances de la colusión entre la esfera política y el crimen organizado se quedan en las minucias. Sea cual sea la cifra inferior que se deriva del robo y venta ilegal de combustibles –¿30 mil mdp?, ¿40 mil mdp?, ¿50 mil mdp?– , se trata de estructuras criminales de proporciones gigantescas, con ingresos fijos, mercados extensivos, redes de influencias de dimensiones nacionales e incluso trasnacionales. Y todo esto tan sólo por el concepto de robo de combustibles.

Si se repasan algunas de las crónicas que periodistas y reporteros elaboraron en los pasados años, la geoeconomía de las industrias del crimen ha devenido pasmosa. Situadas ya en múltiples ramas de la producción y el consumo, sus dominios actuales alcanzan la industria energética (Pemex y CFE), la farmacéutica (robo y reventa de medicamentos destinados a la salud pública), el sistema financiero (lavado de dinero, sistemas compulsivos de préstamos, fraudes en nóminas casi siempre de trabajadores del Estado), la minería (expropiación de territorios, microestados de excepción), la expoliación de migrantes en camino hacia Estados Unidos, la construcción y la vivienda y tantas otras. La lista es ya larga y crece día a día. Ni hablar de los ingresos crecientes que provienen del propio narcotráfico, que hoy incluyen a sus versiones químicas y la exportación de heroína.

Una hipótesis inicial podría ser la siguiente: se trata de una auténtica zona negra de la economía nacional en la que se abducen capitales del Estado para transferirlos a la reproducción de un capital fantasma, en manos sobre todo de las empresas globales. Coca-Cola es un buen ejemplo de ello (es decir, Femsa).

La cruzada contra el robo de combustibles que AMLO mantiene nerviosamente en sigilo, arroja ya preguntas cuyas respuestas nadie parece tener en la mano. ¿Cómo combatir todo esto? No se trata tan sólo del capo de un cártel. Aquí están involucrados administradores de Pemex, partes del sindicato, miembros del ejército, gobernadores, gasolineras, empresas enteras, etcétera. Si a Pemex se le han extraído durante años 20 por ciento de sus ingresos, no es casual que su deuda se encuentre en la estratósfera. Todo con el fin de mantener la estabilidad y la gobernabilidad –como se vio durante la semana del desabasto.

Una parte de la opinión pública clama, con razón, por arrestos, juicios y prisión a los responsables. La pregunta es por dónde comenzar. ¿El funcionario de Pemex? ¿El delegado sindical? ¿El administrador de la empresa que adquiere el huachicol? ¿El banco que admite los depósitos del cártel negro? ¿Los capos huachicoleros? ¿El militar que se hizo de la vista gorda? ¿Los dueños de las gasolineras? No alcanzarían ni los juzgados ni las cárceles. Para erradicar una estructura social hay que modificar las bases mismas de esa estructura y sustituirla por una nueva. Esta estructura se llama hoy: los narcomercados. Ese es el legado central de los regímenes que se iniciaron con Salinas y culminaron con el de Peña Nieto. ¿Es posible transformar a un narcomercado en una sociedad de mercado en la que sus agentes y sus reglas se rijan por la mínima legalidad y transparencia?

No es la primera vez que un proceso de modernización desemboca en un abismo parecido. Sucedió en el siglo XVIII en Inglaterra y en el siglo XIX en Estados Unidos. Max Weber lo llamó un capitalismo de bucaneros. Ambas sociedades lograron sortear la desgracia.

La estrategia de AMLO persigue desfondar socialmente al crimen organizado –sin duda una innovación- y reforzar la capacidad coercitiva de la presidencia –la Guardia Nacional–. El dilema es que sin una nueva institucionalidad social, esto desemboca inevitablemente en el reforzamiento de la presidencia en sí. La más antigua y perentoria de las opciones de la política mexicana.

Los carrotanques para Pemex que se hicieron humo

Por ANA LILIA PÉREZ

* Ana Lilia Pérez : Esta compra en el Pemex administrado pro Emilio Lozoya se triángulo vía Estados Unidos. 

Desde 2017 en Newsweek en español publicamos el caso de los carros tanque que se hicieron humo

Los carrotanques para Pemex que se hicieron humo

DESDE HACE año y medio 700 carrotanques de ferrocarril deberían de operar entre refinerías y terminales de almacenamiento y reparto de Pemex. Las unidades, con un valor superior a 91 millones de dólares, garantizaban —se dijo en las justificaciones de compra expuestas por la paraestatal— la seguridad en el traslado de gasolinas, diésel y combustóleo, cuyo robo genera pérdidas anuales por 30,000 millones de pesos.

Una cantidad así de cilindros rodantes, equivalentes a 26,000 toneladas de acero, es igual de inocultable que una transacción de 1,143 millones 704,400 pesos. Sin embargo, eso ocurre: Pemex no es capaz de explicar el extravío de los carrotanques ni del dinero.

¿Qué ocurrió desde el momento de proyectarse la maniobra financiera, hace cuatro años, y la autorización concedida por las autoridades hacendarias unos meses después? La historia de esta compra es la siguiente.

En su respuesta a una primera solicitud, Pemex respondió: “No se ha recibido, ni adquirido ningún carrotanque en ese periodo, por lo mismo no se ha generado factura alguna”.

MANIOBRA DE COMPRA

En la reestructuración de la petrolera, como resultado de la reforma energética, Pemex Logística absorbió las funciones de la extinta Pemex Refinación, entre ellas, la prestación de servicios de almacenamiento, distribución, transporte y comercialización de petrolíferos.

En 2013 esa área registró ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el proyecto de inversión 1218T4M0036 para la “adquisición de 400 carrotanques para desalojo de combustóleo pesado y 300 carrotanques para transporte de hidrocarburos destilados de la Subdirección de Distribución”.

Se argumentó que era para combatir el robo de hidrocarburos y contar con un transporte terrestre eficiente que le permitiera trasladar los productos refinados, así como para el desalojo oportuno de combustóleo pesado (COPE) de las refinerías del centro del país: “De una manera menos costosa, en relación con el uso del autotanque, más segura y con menor impacto en el medioambiente”. Y para ello Pemex Logística requería de la adquisición de los 700 carrotanques.

Con tal adquisición, la flota se incrementaría de 525 a 1225 unidades. Suficientes para cubrir la demanda del transporte de destilados en las terminales que se abastecen vía ferroviaria, se dijo. Con ello también se incrementaría el transporte de petrolíferos.

Entre otras justificaciones que Pemex presentó a la SHCP para que se le autorizara el presupuesto de compra es que el carrotanque produce menos dióxido de carbono que el autotanque, además de que este último es más costoso, y existe baja disponibilidad de ellos en el mercado.

Con los carrotanques se disminuiría, además, la dependencia en el desalojo de productos de las refinerías, especialmente el COPE; se obtendrían ahorros por bonos de carbono (mecanismo internacional de descontaminación para reducir las emisiones contaminantes al medioambiente) y se reduciría el costo de operación de Pemex Refinación, hoy Pemex Logística.

El presupuesto fue aprobado, y el 30 de mayo de 2013 la dirección general de Pemex Refinación autorizó a su Subdirección de Distribución celebrar contratos por 91 millones 295,500 dólares (equivalentes a 1,143 millones 704,400 pesos) para esa compra.

Aunque el monto por ley mandata un proceso de licitación para elegir la mejor propuesta técnica y económica, la Gerencia de Coordinación de Operaciones sugirió que el proceso de contratación de la empresa que suministraría los 700 carrotanques lo realizara la filial Pemex Integrated Trade Systems, Inc. —actualmente, Pemex Procurement International, Inc. (PPI)—, una de las empresas de papel de Pemex que opera en Estados Unidos.

El procedimiento lo realizaría por “invitación restringida”, con el pretexto de que “la licitación pública para esta contratación no era la opción idónea, toda vez que se requeriría de mayor tiempo y se correría el riesgo de no realizar oportunamente la contratación y retrasar la fecha probable de recepción de los bienes”, la cual se estimó a más tardar en diciembre de 2015, puesto que se proyectó eliminar los costos por concepto de renta con dos empresas ferroviarias.

Para que el proceso de compra se hiciera de esa manera, el 7 de mayo de 2013 Pemex Refinación firmó con PPI el “Contrato de Prestación de Servicios a Precio Fijo” número 4500474724, para que PPI le proporcionara los servicios integrales de bienes, arrendamientos y servicios de importación a México, así como de obra pública y sus servicios relacionados.

En este, la dirección general de Pemex Refinación estipuló que quedaba bajo la responsabilidad del área administradora del proyecto tomar las decisiones sustantivas y de contratación, el cumplimiento de los términos y condiciones técnicas, económicas, ambientales, sociales y legales; el seguimiento de su ejecución, el cumplimiento de la norma y la necesidad de su celebración.

Para octubre del mismo 2013, en Houston, Texas, a nombre de Pemex Refinación (hoy Pemex Logística), PPI, con carácter de mandatario mercantil, llevaba a cabo la adquisición de los 700 carrotanques.

En el contrato PPI—18—3—10436 del 1 de octubre se programaron 729 días para la entrega de las primeras 300 unidades, que concluiría el 30 de septiembre de 2015. Asimismo, en el contrato PPI—18—3—10437 se programaron 760 días a partir de la fecha de su firma para la entrega de los 400 carrotanques estantes, previstos para el desalojo de combustóleo pesado. La entrega debió concluir el 31 de octubre de 2015.

En una segunda solicitud se preguntó a Pemex por el acta de entrega y recepción de los carrotanques adquiridos entre 2012 y 2017, y la respuesta fue: “Inexistencia total”.

PIFIAS AL DESCUBIERTO

La contratación, empero, comenzó a presentar irregularidades. Entre las pifias de este proceso se cuentan que las especificaciones de los carrotanques adquiridos cumplían con la Norma Internacional DOT—111, pero en mayo de 2015, en la norma DOT—117, se estableció que para el año 2020 los carrotanques precisamente con esas especificaciones no podrán circular en Estados Unidos ni en Canadá por no cumplir con los requerimientos o especificaciones de seguridad. Así que las unidades no le servirían a Pemex.

Entonces, por medio de un “memorando de entendimiento”, los representantes de la petrolera pactaron con el proveedor realizar los ajustes correspondientes en el diseño y fabricación de las unidades, para cumplir con las nuevas especificaciones (de la DOT—117), entre ellos, acero de mayor espesor y protección de válvulas y térmica.

Pero luego, de igual manera, a través de “memorandos de entendimiento”, los representantes de Pemex autorizaron al proveedor diferir la fecha de entrega una y otra vez hasta ajustarla al 30 de junio de 2016. Es decir, medio año después de lo que se había fijado como límite de entrega.

La fecha final pactada para la entrega fue junio de 2016, pero en agosto de ese año los contables adscritos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisaron la compra y detectaron que para esos momentos el proveedor aún no había entregado ninguna unidad.

La ASF calificó como irregular que a través de simples memorandos de entendimiento los funcionarios de Pemex y el proveedor fueran difiriendo la fecha de entrega, puesto que ni siquiera formalizaron convenios modificatorios para ampliar el plazo y vigencia de los contratos.

Esa misma instancia determinó que la Unidad de Responsabilidades de Pemex debía investigar e iniciar el procedimiento administrativo correspondiente en contra de los funcionarios de Pemex, “por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión celebraron memorandos de entendimiento con los que se ajustaron los plazos de los programas de entrega de los contratos de adquisición de 400 carrotanques para desalojo de combustóleo pesado y 300 carrotanques para transporte de hidrocarburos destilados y no celebraron los convenios modificatorios, que se establecen en la normativa”, señaló.

destilados y no celebraron los convenios modificatorios, que se establecen en la normativa”, señaló. Según se argumentó, la flota de carrotanques, en relación con el uso del autotanque, sería más segura y con menor impacto en el medioambiente. FOTO: CUARTOSCURO.

Fuente: https://newsweekespanol.com/2017/07/pemex-y-los-mil-millones-vueltos-humo/
Publicado por: AFP

Según se argumentó, la flota de carrotanques, en relación con el uso del autotanque,
sería más segura y con menor impacto en el medioambiente. FOTO: CUARTOSCURO.

ENTREGA INEXISTENTE

Luego de que la ASF registró en su informe de auditoría esta compra, Newsweek en Español revisó la maniobra de adquisición. Como parte de la investigación periodística, a través de transparencia, se presentó una solicitud de información a Pemex Logística para conocer el estatus de entrega y recepción de cada uno de los carrotanques adquiridos entre 2012 al 2017.

En su respuesta a una primera solicitud, Pemex respondió: “No se ha recibido, ni adquirido ningún carrotanque en ese periodo, por lo mismo no se ha generado factura alguna”.

En una segunda solicitud se preguntó a Pemex por el acta de entrega y recepción de todos y cada uno de los carrotanques adquiridos entre los años 2012 y 2017, y la respuesta fue: “Inexistencia total”. Y especificó que “del año 2012 a la fecha no ha realizado ningún acta de entrega—recepción de carrotanques”.

La respuesta de Pemex sobre la compra aporta otro elemento poco claro, ya que en su auditoría la ASF dice que, “con un escrito del 19 de julio de 2016, el proveedor de los 700 carrotanques proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación la información y documentación siguiente: escrito del 31 de marzo de 2016, donde solicitó el apoyo de la Gerencia de Transporte Terrestre de Pemex Logística para que 15 carrotanques se conservaran en el interior de la Refinería Miguel Hidalgo en Tula de Allende, Hidalgo, hasta que procediera su recepción de manera formal”.

Y que, en respuesta, el 4 de abril de 2016 la Subgerencia de Programación y Control de Pemex Logística informó al proveedor que aceptó conservar los 15 carrotanques dentro de las instalaciones de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo, “en el entendido de que esto no implicaría una recepción en términos de los contratos y que los 15 carrotanques continuarían siendo propiedad del proveedor, hasta determinar las condiciones para su formal inspección y recepción por parte de Pemex”.

También que, el 16 de mayo de 2016 el proveedor había informado a los directores generales de Pemex Procurement International, Inc., y de Pemex Logística y al director corporativo de Procura y Abastecimiento de Pemex, que 15 carrotanques se encontraban listos desde el 23 de febrero de 2016 para su inspección, “sin que a la fecha del escrito se haya presentado personal para la inspección y liberación de los carrotanques”.

Con esos antecedentes, el 19 de agosto de 2016, personal de la ASF efectuó una inspección ocular en el sitio donde se encontraban los 15 carrotanques, “con lo que se comprobó su existencia física dentro de las instalaciones de Pemex”. Las unidades, señala la ASF, se habrían recibido el 9 de abril de ese año, según la bitácora de ingreso.

Pero en la entrada de esos tanques, la ASF advierte otras irregularidades:

La entrada de los 15 carrotanques en las instalaciones de la refinería la autorizó la Subgerencia de Programación y Control de Pemex Logística, y no el área de Servicios Generales y Administración Patrimonial, dependiente de la Gerencia de Refinería de Pemex Transformación Industrial, la cual tiene dentro de sus funciones controlar la entrada y salida de trabajadores, visitantes y contratistas, así como de los vehículos, bienes y materiales del centro de trabajo.

Pero, aunque habían entrado formalmente hasta ese 19 de agosto de 2016, cuando la ASF hizo la inspección ocular, Pemex aún no había recibido en forma las unidades. Y, según la respuesta proporcionada a Newsweek en Español, sigue sin recibirlas.

En tanto, el robo de combustible, uno de los flagelos que supuestamente combatiría esta modalidad de transporte en carrotanques de ferrocarril, continúa elevándose, nutriendo los bolsillos del crimen organizado, de acuerdo con las mismas autoridades federales.

A través de su área de comunicación social, Newsweek en Español solicitó una entrevista con los directivos de la petrolera para saber el estatus de la compra, que implicó 1,143 millones 704,400 pesos. Al cierre de esta edición no se contaba aún con su respuesta.

Por Newsweek México

(@ANALILIA_PEREZM)

21, julio, 2017

Los carrotanques para Pemex que se hicieron humo Por ANA LILIA PÉREZ (@ANALILIA_PEREZM) 21, julio, 2017 505 11 minutos de lectura DESDE HACE año y medio 700 carrotanques de ferrocarril deberían de operar entre refinerías y terminales de almacenamiento y reparto de Pemex. Las unidades, con un valor superior a 91 millones de dólares, garantizaban —se dijo en las justificaciones de compra expuestas por la paraestatal— la seguridad en el traslado de gasolinas, diésel y combustóleo, cuyo robo genera pérdidas anuales por 30,000 millones de pesos. Una cantidad así de cilindros rodantes, equivalentes a 26,000 toneladas de acero, es igual de inocultable que una transacción de 1,143 millones 704,400 pesos. Sin embargo, eso ocurre: Pemex no es capaz de explicar el extravío de los carrotanques ni del dinero. ¿Qué ocurrió desde el momento de proyectarse la maniobra financiera, hace cuatro años, y la autorización concedida por las autoridades hacendarias unos meses después? La historia de esta compra es la siguiente. En su respuesta a una primera solicitud, Pemex respondió: “No se ha recibido, ni adquirido ningún carrotanque en ese periodo, por lo mismo no se ha generado factura alguna”. MANIOBRA DE COMPRA En la reestructuración de la petrolera, como resultado de la reforma energética, Pemex Logística absorbió las funciones de la extinta Pemex Refinación, entre ellas, la prestación de servicios de almacenamiento, distribución, transporte y comercialización de petrolíferos. En 2013 esa área registró ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el proyecto de inversión 1218T4M0036 para la “adquisición de 400 carrotanques para desalojo de combustóleo pesado y 300 carrotanques para transporte de hidrocarburos destilados de la Subdirección de Distribución”. Se argumentó que era para combatir el robo de hidrocarburos y contar con un transporte terrestre eficiente que le permitiera trasladar los productos refinados, así como para el desalojo oportuno de combustóleo pesado (COPE) de las refinerías del centro del país: “De una manera menos costosa, en relación con el uso del autotanque, más segura y con menor impacto en el medioambiente”. Y para ello Pemex Logística requería de la adquisición de los 700 carrotanques. Con tal adquisición, la flota se incrementaría de 525 a 1225 unidades. Suficientes para cubrir la demanda del transporte de destilados en las terminales que se abastecen vía ferroviaria, se dijo. Con ello también se incrementaría el transporte de petrolíferos. Entre otras justificaciones que Pemex presentó a la SHCP para que se le autorizara el presupuesto de compra es que el carrotanque produce menos dióxido de carbono que el autotanque, además de que este último es más costoso, y existe baja disponibilidad de ellos en el mercado. Con los carrotanques se disminuiría, además, la dependencia en el desalojo de productos de las refinerías, especialmente el COPE; se obtendrían ahorros por bonos de carbono (mecanismo internacional de descontaminación para reducir las emisiones contaminantes al medioambiente) y se reduciría el costo de operación de Pemex Refinación, hoy Pemex Logística. El presupuesto fue aprobado, y el 30 de mayo de 2013 la dirección general de Pemex Refinación autorizó a su Subdirección de Distribución celebrar contratos por 91 millones 295,500 dólares (equivalentes a 1,143 millones 704,400 pesos) para esa compra. Aunque el monto por ley mandata un proceso de licitación para elegir la mejor propuesta técnica y económica, la Gerencia de Coordinación de Operaciones sugirió que el proceso de contratación de la empresa que suministraría los 700 carrotanques lo realizara la filial Pemex Integrated Trade Systems, Inc. —actualmente, Pemex Procurement International, Inc. (PPI)—, una de las empresas de papel de Pemex que opera en Estados Unidos. El procedimiento lo realizaría por “invitación restringida”, con el pretexto de que “la licitación pública para esta contratación no era la opción idónea, toda vez que se requeriría de mayor tiempo y se correría el riesgo de no realizar oportunamente la contratación y retrasar la fecha probable de recepción de los bienes”, la cual se estimó a más tardar en diciembre de 2015, puesto que se proyectó eliminar los costos por concepto de renta con dos empresas ferroviarias. Para que el proceso de compra se hiciera de esa manera, el 7 de mayo de 2013 Pemex Refinación firmó con PPI el “Contrato de Prestación de Servicios a Precio Fijo” número 4500474724, para que PPI le proporcionara los servicios integrales de bienes, arrendamientos y servicios de importación a México, así como de obra pública y sus servicios relacionados. En este, la dirección general de Pemex Refinación estipuló que quedaba bajo la responsabilidad del área administradora del proyecto tomar las decisiones sustantivas y de contratación, el cumplimiento de los términos y condiciones técnicas, económicas, ambientales, sociales y legales; el seguimiento de su ejecución, el cumplimiento de la norma y la necesidad de su celebración. Para octubre del mismo 2013, en Houston, Texas, a nombre de Pemex Refinación (hoy Pemex Logística), PPI, con carácter de mandatario mercantil, llevaba a cabo la adquisición de los 700 carrotanques. En el contrato PPI—18—3—10436 del 1 de octubre se programaron 729 días para la entrega de las primeras 300 unidades, que concluiría el 30 de septiembre de 2015. Asimismo, en el contrato PPI—18—3—10437 se programaron 760 días a partir de la fecha de su firma para la entrega de los 400 carrotanques estantes, previstos para el desalojo de combustóleo pesado. La entrega debió concluir el 31 de octubre de 2015. En una segunda solicitud se preguntó a Pemex por el acta de entrega y recepción de los carrotanques adquiridos entre 2012 y 2017, y la respuesta fue: “Inexistencia total”. PIFIAS AL DESCUBIERTO La contratación, empero, comenzó a presentar irregularidades. Entre las pifias de este proceso se cuentan que las especificaciones de los carrotanques adquiridos cumplían con la Norma Internacional DOT—111, pero en mayo de 2015, en la norma DOT—117, se estableció que para el año 2020 los carrotanques precisamente con esas especificaciones no podrán circular en Estados Unidos ni en Canadá por no cumplir con los requerimientos o especificaciones de seguridad. Así que las unidades no le servirían a Pemex. Entonces, por medio de un “memorando de entendimiento”, los representantes de la petrolera pactaron con el proveedor realizar los ajustes correspondientes en el diseño y fabricación de las unidades, para cumplir con las nuevas especificaciones (de la DOT—117), entre ellos, acero de mayor espesor y protección de válvulas y térmica. Pero luego, de igual manera, a través de “memorandos de entendimiento”, los representantes de Pemex autorizaron al proveedor diferir la fecha de entrega una y otra vez hasta ajustarla al 30 de junio de 2016. Es decir, medio año después de lo que se había fijado como límite de entrega. La fecha final pactada para la entrega fue junio de 2016, pero en agosto de ese año los contables adscritos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisaron la compra y detectaron que para esos momentos el proveedor aún no había entregado ninguna unidad. La ASF calificó como irregular que a través de simples memorandos de entendimiento los funcionarios de Pemex y el proveedor fueran difiriendo la fecha de entrega, puesto que ni siquiera formalizaron convenios modificatorios para ampliar el plazo y vigencia de los contratos. Esa misma instancia determinó que la Unidad de Responsabilidades de Pemex debía investigar e iniciar el procedimiento administrativo correspondiente en contra de los funcionarios de Pemex, “por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión celebraron memorandos de entendimiento con los que se ajustaron los plazos de los programas de entrega de los contratos de adquisición de 400 carrotanques para desalojo de combustóleo pesado y 300 carrotanques para transporte de hidrocarburos destilados y no celebraron los convenios modificatorios, que se establecen en la normativa”, señaló. Según se argumentó, la flota de carrotanques, en relación con el uso del autotanque, sería más segura y con menor impacto en el medioambiente. FOTO: CUARTOSCURO. ENTREGA INEXISTENTE Luego de que la ASF registró en su informe de auditoría esta compra, Newsweek en Español revisó la maniobra de adquisición. Como parte de la investigación periodística, a través de transparencia, se presentó una solicitud de información a Pemex Logística para conocer el estatus de entrega y recepción de cada uno de los carrotanques adquiridos entre 2012 al 2017. En su respuesta a una primera solicitud, Pemex respondió: “No se ha recibido, ni adquirido ningún carrotanque en ese periodo, por lo mismo no se ha generado factura alguna”. En una segunda solicitud se preguntó a Pemex por el acta de entrega y recepción de todos y cada uno de los carrotanques adquiridos entre los años 2012 y 2017, y la respuesta fue: “Inexistencia total”. Y especificó que “del año 2012 a la fecha no ha realizado ningún acta de entrega—recepción de carrotanques”. La respuesta de Pemex sobre la compra aporta otro elemento poco claro, ya que en su auditoría la ASF dice que, “con un escrito del 19 de julio de 2016, el proveedor de los 700 carrotanques proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación la información y documentación siguiente: escrito del 31 de marzo de 2016, donde solicitó el apoyo de la Gerencia de Transporte Terrestre de Pemex Logística para que 15 carrotanques se conservaran en el interior de la Refinería Miguel Hidalgo en Tula de Allende, Hidalgo, hasta que procediera su recepción de manera formal”. Y que, en respuesta, el 4 de abril de 2016 la Subgerencia de Programación y Control de Pemex Logística informó al proveedor que aceptó conservar los 15 carrotanques dentro de las instalaciones de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo, “en el entendido de que esto no implicaría una recepción en términos de los contratos y que los 15 carrotanques continuarían siendo propiedad del proveedor, hasta determinar las condiciones para su formal inspección y recepción por parte de Pemex”. También que, el 16 de mayo de 2016 el proveedor había informado a los directores generales de Pemex Procurement International, Inc., y de Pemex Logística y al director corporativo de Procura y Abastecimiento de Pemex, que 15 carrotanques se encontraban listos desde el 23 de febrero de 2016 para su inspección, “sin que a la fecha del escrito se haya presentado personal para la inspección y liberación de los carrotanques”. Con esos antecedentes, el 19 de agosto de 2016, personal de la ASF efectuó una inspección ocular en el sitio donde se encontraban los 15 carrotanques, “con lo que se comprobó su existencia física dentro de las instalaciones de Pemex”. Las unidades, señala la ASF, se habrían recibido el 9 de abril de ese año, según la bitácora de ingreso. Pero en la entrada de esos tanques, la ASF advierte otras irregularidades: La entrada de los 15 carrotanques en las instalaciones de la refinería la autorizó la Subgerencia de Programación y Control de Pemex Logística, y no el área de Servicios Generales y Administración Patrimonial, dependiente de la Gerencia de Refinería de Pemex Transformación Industrial, la cual tiene dentro de sus funciones controlar la entrada y salida de trabajadores, visitantes y contratistas, así como de los vehículos, bienes y materiales del centro de trabajo. Pero, aunque habían entrado formalmente hasta ese 19 de agosto de 2016, cuando la ASF hizo la inspección ocular, Pemex aún no había recibido en forma las unidades. Y, según la respuesta proporcionada a Newsweek en Español, sigue sin recibirlas. En tanto, el robo de combustible, uno de los flagelos que supuestamente combatiría esta modalidad de transporte en carrotanques de ferrocarril, continúa elevándose, nutriendo los bolsillos del crimen organizado, de acuerdo con las mismas autoridades federales. A través de su área de comunicación social, Newsweek en Español solicitó una entrevista con los directivos de la petrolera para saber el estatus de la compra, que implicó 1,143 millones 704,400 pesos. Al cierre de esta edición no se contaba aún con su respuesta.

Fuente: https://newsweekespanol.com/2017/07/pemex-y-los-mil-millones-vueltos-humo/

Publicado por: AFP

Aumenta 635% el número de tomas clandestinas en esa entidad

Tragedia en Tlahuelilpan

Hidalgo ha tenido un incremento exponencial en la cantidad de tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los pasados tres años, ya que pasó de 344 descubiertas en 2016, a 2 mil 121 en 2018, lo que representa un aumento de 635 por ciento.

De acuerdo con datos de la empresa productiva del Estado dados a conocer ayer por su titular, Octavio Romero Oropeza, Hidalgo se colocó el año pasado como la entidad con más fugas en los ductos detectadas en el país, por arriba de Puebla y Guanajuato.

Durante la conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general de Pemex señaló que en siete estados (Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, estado de México y Tamaulipas) se concentra 80 por ciento de las tomas clandestinas detectadas desde enero de 2016 hasta el pasado fin de semana.

Hace tres años Puebla era la entidad con más fugas en ductos de Pemex, seguida de Guanajuato; mientras, Hidalgo –donde el viernes pasado explotó un ducto al momento de ser ordeñado, lo cual causó la muerte de hasta el momento 91 personas– estaba en el sexto lugar.

Fue en 2017 cuando se incrementaron en más de 300 por ciento las tomas clandestinas, para superar las mil en ese año, y para 2018 se duplicó la cifra al llegar a 2 mil 121. Ello representa más que lo registrado en los 24 estados con menor cantidad de fugas detectadas.

Incluso en los primeros 20 días de 2019 se han detectado 164, por arriba de las 72 localizadas en Guanajuato, o las 67 de Veracruz, que son las entidades que le siguen en este renglón en lo que va del año.

En Tlahuelilpan, sitio donde se presentó la explosión el viernes pasado, se han atendido 70 tomas clandestinas de 2016 a la fecha, seis de ellas con incendio.

Sin embargo, hay 19 municipios que superan dicha cifra. En 2018 se descubrieron 23 tomas en Tlahuelilpan, frente a las 479 en Tula de Allende, y para 2019 van tres en la comunidad recién afectada, ante las 83 en Tula y 33 en Cuautepec de Hinojosa.

Al informar sobre el abasto de gasolina luego de la escasez que se registró en estaciones de servicio en las semanas recientes, Romero Oropeza señaló que en Michoacán, Guanajuato y Querétaro aún se mantiene un rezago, mientras en Ciudad de México y el estado de México está cercano a normalizarse.

Ya en estos últimos días de enero hemos logrado casi el mismo nivel de ventas del mes de noviembre del año pasado y de los primeros 20 días de diciembre, antes de que diera inicio el monitoreo y el control de los ductos, explicó.

En Jalisco, donde el principal suministro es por medio del ducto Salamanca-Guadalajara, el pasado domingo se cerró la distribución en tres ocasiones por tomas clandestinas, lo que ha demorado que se normalice el servicio.

Néstor Jiménez y Alonso Urrutia 

Periódico La Jornada

Cárteles se disputan el control de territorios huachicoleros en Hidalgo

Tragedia en Tlahuelilpan

En el estado han ocurrido 21 estallidos

Cobran derecho de piso a las bandas locales dedicadas a ese ilícito

Tlahuelilpan, Hgo., Los municipios hidalguenses de Tula, Pachuca, Mineral de la Reforma, Tlahuelilpan, Ajacuba, Tepeji del Río, Tlaxcoapan, Tetepango y Tezontepec de Aldama, por los que cruzan los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), se han convertido en territorios en disputa entre bandas locales y supuestos integrantes de los cárteles de Los Zetas y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Funcionarios federales que han acudido a investigar lo sucedido en Tlahuelilpan señalaron que desde hace unos meses los grupos delictivos locales han sido presionados para pagar derecho de piso a supuestos integrantes de cárteles, y esta lucha ha derivado en al menos cinco casos de homicidio en contra de presuntos líderes de bandas dedicadas al robo de combustibles (huachicoleo).

La explosión registrada en una toma clandestina en Tlahuelilpan el pasado viernes y que hasta el momento ha dejado un saldo de 91 personas fallecidas y 49 lesionadas que siguen hospitalizadas, ha generado líneas de investigación para detectar bodegas de almacenamiento de combustible robado en municipios o colonias aledañas a San Primitivo, ya que algunos pobladores han declarado a las autoridades que en el lugar de la explosión se extraían miles de litros que eran transportados en contenedores colocados en las bateas de camiones o camionetas.

En Tlahuelilpan, de acuerdo con testimonios obtenidos por La Jornada de pobladores que perdieron a familiares a consecuencia del estallido, refirieron que el grupo que controlaba la toma clandestina vendía el litro de gasolina en tres pesos, hasta finales de noviembre, cuando se cerró el ducto y ese tramo fue reparado por trabajadores de Pemex a principios de enero.

De los estados más afectados

Hidalgo es considerado por el gobierno federal como una de las entidades donde mayor número de tomas clandestinas se han detectado y también han ocurrido incendios y explosiones en los ductos, principalmente en el tramo conocido como Tuxpan-Tula.

En los pasados 25 meses han ocurrido en Hidalgo 21 estallidos en tomas clandestinas detectadas en 13 en municipios de la región de Tula-Tepeji, en cuyo corazón se localiza la refinería Miguel Hidalgo y donde confluyen oleoductos.

Además de Tlahuelilpan han reportado incendios en los municipios de Tetepango, Tlaxcoapan, Atitalaquia, Tula, Ajacuba y Tepeji del Río.

En ese lapso, en Tetepango se contabilizaron tres incendios, dos de ellos ocurrieron en 2018 y uno en 2017; en Tlahuelilpan ocurrieron dos, uno el 17 de diciembre de 2018 y el otro el 8 de julio de 2017.

En Tlaxcoapan, según reportes de las autoridades, hubo dos incendios en tomas clandestinas los días 8 y 18 de noviembre del año pasado.

La ola de violencia

El pasado 4 de enero en el municipio de Tezontepec de Aldama la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo tomó conocimiento de cuatro asesinatos cometidos en el panteón de esa localidad.

Las autoridades reportaron que alrededor de las cinco de la tarde ocurrió una balacera y en el lugar fallecieron cuatro personas y dos más resultaron lesionadas.

Posteriormente, las autoridades reportaron que las cuatro víctimas que fallecieron estaban relacionadas con grupos dedicados a la sustracción ilegal de combustible de ductos de Pemex en la zona de Tezontepec, comunidad identificada en la actualidad por el gobierno federal como uno de los sitios donde habría bodegas de combustible robado.

A finales de diciembre en la zona de Tezontepec aparecieron mantas en las cuales presuntos integrantes del CJNG amenazaron a integrantes de las policías locales para que ya no siguieran apoyando a los grupos dedicados al robo de combustible, y advertían a los huachicoleros que operan en los municipios aledaños a Tula que tendrían que pagar derecho de piso.

El pasado 18 de enero –día en que ocurrió la explosión en la colonia San Primitivo– en los municipios de Pachuca y Mineral de la Reforma aparecieron tres mantas con amenazas de presuntos integrantes de Los Zetas Vieja Escuela contra integrantes de bandas dedicadas al huachicoleo.

El domingo pasado fue asesinado un hombre identificado como La Parka, a quien las autoridades locales y federales señalaron como uno de los líderes del grupo que controlaba la toma clandestina que explotó el viernes en el municipio de Tlahuelilpan.

Gustavo Castillo y Juan Ricardo Montoya

Enviado y Corresponsal

Periódico La Jornada

Apoyo irrestricto a víctimas del estallido, ofrece AMLO

Tragedia en Tlahuelilpan

Asciende a 85 el número de muertos

La gente ya no tendrá que ordeñar ductos por falta de oportunidades, dice

A 48 horas de la explosión ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo, el número de muertos ascendió a 85 y se reporta a 58 personas internadas en hospitales de la entidad, la capital del país y el estado de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a apoyar a los familiares de las víctimas en todo lo que necesiten.

“No quiero llamarle gasto, estamos obligados a hacerlo los dos gobiernos (federal y estatal), independientemente del proceso legal. Esto no está a discusión, todo el apoyo por razones humanitarias. Los gobiernos tienen como fin último el bienestar de los ciudadanos… Esto va más allá de lo material, tiene que ver con lo humano y no hay límite.”

Afirmó que la ayuda no está condicionada a ningún procedimiento administrativo ni material, por lo que ya instruyó a la Secretaría de Gobernación para que hable con cada una de las familias para atenderlas directamente. Este asunto se está tratando con mucha delicadeza. No puedo decir más por razones de tipo humanitario, pero no es un acontecimiento fácil de superar.

El Presidente anticipó que a partir de mañana, cuando inicie los recorridos por comunidades asentadas en zonas de ductos, se anunciará un plan integral de desarrollo que se entregará a casi un millón de personas de 80 municipios en las regiones donde se concentra el robo de combustible.

Se pretende aislar a los que han hecho “de esta actividad ilegal, riesgosa, inhumana, un lucro… Son grupos que lucran económicamente, porque estamos hablando de un robo a la nación de alrededor de 65 mil millones de pesos al año”.

López Obrador expresó que el objetivo es que las poblaciones no tengan que dedicarse a la ordeña de ductos por falta de oportunidades. “Por eso va el plan de desarrollo para que haya empleo, créditos, para que haya becas, atención a adultos mayores, a personas con discapacidad. Todo un plan integral de desarrollo.

Cuando menos hay dos tipos de actores que participan: “la gente que ha sido abandonada, marginada, empobrecida, que ve en esto la posibilidad de obtener ingresos, y los que organizadamente se dedican a cometer estos ilícitos… Lo que queremos es primero dar alternativas para aislar a los más involucrados en el comercio negro del combustible”. También tipificar como delito grave este ilícito.

–Con esta tragedia, ¿reconsidera viajar en aeronaves oficiales?

–Yo voy a seguir viajando igual. Se me hace ofensivo pare el pueblo lo que han hecho los gobernantes de México de tener aviones y helicópteros de lujo; es un cambio también radical, de raíz. No voy a usar aviones y helicópteros para mi traslado, sólo en el caso de una emergencia.

Para López Obrador, los trayectos terrestres sirven para informarse con la gente de lo que pasa, porque anteriormente sólo conocían los aeropuertos, los helipuertos y los sitios donde eran los actos oficiales. Dijo que en su traslado a Hidalgo desde Aguascalientes le permitió detectar algunas franquicias que venden la gasolina duplicando el margen de utilidad, por lo que los conminó a no abusar y vender al precio promedio el combustible.

Respaldo

Por la mañana, ratificó su respaldo a la actuación militar durante la tragedia, la cual se adecuó al protocolo establecido. Hicieron lo correcto, lo que tenían que haber hecho en una situación como la que se presentó, aunque reconoció que a raíz de la experiencia podrían adecuarse algunas acciones.

En la tarde abundó sobre el comportamiento del Ejército, y señaló que no hay ninguna contradicción entre el primer reporte telefónico que recibió del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y el comportamiento que tuvieron los soldados el día del siniestro “en el sentido de que no era posible detener a la multitud.

“Yo sostengo, de manera responsable, que fue correcta la actuación del Ejército; incluso hay videos en donde hasta la Policía Federal –que actuó en conjunto con la Marina y la Defensa– buscaban detener a la gente, pero no fue posible.”

El general explicó que antes de las 17 horas del viernes, cuando llegaron los refuerzos, fue imposible detener a las personas porque ya estaban sobre la toma donde ya se había incrementado el volumen de hidrocarburo.

Durante la conferencia matutina, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que se abrirá un espacio para captar denuncias ciudadanas que permitan combatir el robo de combustible. No descartó que en su momento pudiera haber recompensas por la información, pero bajo la más completa discreción y protección para los denunciantes.

Cuestionado sobre la posibilidad de que alguno de los hospitalizados pudiera ser imputado por robo de combustible, el fiscal rechazó que se victimice a las comunidades, pues las investigaciones van en contra de los responsables de operar el robo de hidrocarburos.

Por la noche, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, aseguró que extraoficialmente “sí sabíamos que en Tlahuelilpan, como en muchos otros municipios, eran vulnerables a la actividad huachicolera”, pues había nueve o 10 tomas clandestinas. Consideró que uno de los ayuntamientos con más problemas es Cuautepec de Hinojosa, información que ya le han compartido al gobierno federal.

Informó que del 4 de enero a la fecha han sido ejecutados tres líderes huachicoleros: Flavio Alberto (a) El Vikingo, Uriel (a) El Tornillo y Julio César (a) La Parca, este último homicidio ocurrido el sábado pasado.

En el recuento que presentó el gobernador sobre lo acontecido en San Primitivo, explicó que se encontraron en el lugar 68 restos humanos, de los cuales han sido identificado nueve, y siete de ellos ya fueron entregados a sus familias.

Además, se cuenta con 54 muestras genéticas que permitirán la identificación de cadáveres, ya sea con peritos en México o, si es necesario, del extranjero. Se han abierto 65 carpetas de investigación, y se ha atendido a más de 500 familiares.

El secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, reveló que en promedio el centro de monitoreo de Pemex recibe diariamente 484 alertas.

Alma Muñoz y Alonso Urrutia

 Periódico La Jornada

Desde hace dos años todos sabían de la toma clandestina en San Primitivo

Tragedia en Tlahuelilpan

El litro costaba tres pesos

Un mes atrás el ducto fue cerrado // No había gasolina y nadie pensó en el peligro, dice un lugareño

▲ Vista aérea del lugar donde se produjo la explosión en San Primitivo.Foto Afp

▲ Sobre estas líneas, peritos trabajan en la recuperación de cuerpos.

Tlahuelilpan, Hgo., Desde hace al menos dos años la comunidad de Tlahuelilpan y los habitantes de poblaciones cercanas conocían la existencia de la toma clandestina del kilómetro 226 del ducto Tuxpan-Tula, en la colonia San Primitivo. “El litro de gasolina lo comprábamos a tres pesos, pero hace como un mes cerraron el ducto. Cuatro de los huachicoleros que controlaban la toma fueron asesinados: los juntaron en un panteón del municipio de Tezontepec y allí los mataron”, dice un poblador del municipio.

“Ayer (el viernes) todo se juntó: no había gasolina en Tlahuelilpan, el ducto se rompió y por Face se difundió que había derrame de combustible. Al principio un chorrito, luego el chorrote, por eso vinieron de muchos pueblos. Habíamos hasta como tres mil queriendo gasolina. Nadie pensó.

Los más atrevidos se taparon la cabeza y la nariz como pudieron. Muchos no aguantaron el olor... era fuertísimo, pero muchos, muchos sí lo hicieron y hasta a sus niños llevaban con garrafas, narran habitantes de esta comunidad en la que la explosión ocurrida poco después de las siete de la noche del viernes dejó un saldo de 76 muertos –hasta ayer la cifra oficial– y los que quedaron heridos (67 hospitalizados) sufrieron quemaduras en la mayor parte del cuerpo.

Además, en menos de 12 horas, la lista de desaparecidos –con base en reportes de familiares y que fueron integrados en una base de datos por representantes de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo y del ayuntamiento de Tlahuelilpan– era de 70 personas.

El sitio exacto del estallido del ducto ocurrió en una brecha de la colonia San Primitivo, que lo mismo sirve de canal de agua para riego de un cultivo de alfalfa, que para cubrir el ducto y la extracción ilícita de combustible.

Más de la mitad, en pobreza

El municipio de Tlahuelilpan se localiza a 15 kilómetros del municipio de Tula, donde está ubicada una de las principales refinerías de combustible de la zona centro de la República Mexicana. Tiene una población cercana a los 20 mil habitantes, la mayoría varones. Cuenta con 12 escuelas prescolares, 13 primarias, cinco secundarias y una instalación universitaria. Sin embargo, a pesar de ello, 4 por ciento de la población es analfabeta.

El 53 por ciento de la población vive en niveles de pobreza moderada y 12 por ciento en pobreza extrema, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). A pesar de ser considerado un municipio urbano, muchos de sus habitantes se dedican a la agricultura. El principal cultivo es la alfalfa.

La tarde del viernes, según denuncian habitantes que pidieron no revelar sus nombres, pues algunos de sus parientes murieron en la explosión, entre los asistentes y promotores de la llegada de pobladores a la zona de la toma clandestina en la colonia San Primitivo estaba un hombre identificado como El Gasero, cuyos restos calcinados quedaron cerca de la zanja. Su chamarra, una pistola y una herramienta sirvieron para que fuera identificado.

“Nadie esperaba que esto pasara. Hace como dos semanas llegó gente del Ejército y revisó que estuviera tapada la toma. Incluso dispararon al aire cuando se acercó una de las gentes que controlaban la toma y lo ahuyentaron.

“El viernes se informó que había una fuga, pequeña, pero atrajo a muchos. No había gasolina en la zona y muchos quisieron un poco de gasolina gratis. Sacaron lo que tenían. Aquí había quienes compraban desde bidones chicos hasta envases grandes para almacenar. En una tarde sacaban miles de litros.

Todo mundo sabía de esta toma, los municipales, los estatales, los militares. No era nueva. Pero creo que algo pasó porque ya había sido cerrada y tal vez no lo hicieron bien y no aguantó la presión, relatan.

Por cientos, llegaron pobladores de distintas comunidades hasta el punto del estallido. Algunos permanecieron toda la noche y madrugada en espera de que se apagara el incendio, luego a que se terminara de controlar la fuga en las primeras horas del día. En medio de las sombras penetraron el cerco policial y militar y trataron de reconocer a sus familiares.

Al filo de las nueve de la mañana en el Centro de Cultura Regional de Tlahuelilpan decenas de vecinos esperaban a que llegaran los primeros restos a ese lugar. Sin embargo, el levantamiento pericial concluyó cerca del mediodía.

Ramón perdió a su hijo y a su nieto. “Sabemos –dice– que esto no estaba bien, pero querían un poco de gasolina. Muchos se salvaron porque el olor a gasolina los hizo retirarse. Ellos no. Creo que son los dos restos de personas que parece que una quiso cubrir a la otra, allá, junto al borde del canal”.

Con el llanto a flor de piel, Rosa, Ximena y Manuel, quienes perdieron a sus familiares en la tragedia, señalan que en la zona hay muchas tomas clandestinas; que ésta era una que todos, las autoridades y ciudadanos, conocían. En la gasolinera por mil pesos nos dieron casi 50 litros, aquí con 400 pesos se llenaban las garrafas para el tanque completo. Eso fue desde hace más de dos años, dicen.

Después de las dos de la tarde, empleados de Pemex comenzaron a reparar el ducto que se reventó.

Foto Víctor Camacho
Gustavo Castillo García
Enviado
Periódico La Jornada
Domingo 20 de enero de 2019, p. 3

Una desgracia anunciada: Ana Lilia Pérez

Tragedia en Tlahuelilpan

El huachicoleo suplantó al narcotráfico

Los fallecidos y heridos son el eslabón más débil dentro del robo de combustible, afirma la autora de 4 libros sobre corrupción en Pemex

▲ Imagen de la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo. La escritora Ana Lilia Pérez opina que debe analizarse a fondo qué circunstancias llevaron a la gente a estar en la toma clandestina, a pesar del riesgo que corrían.

Foto Afp

Sanjuana Martínez

 

Periódico La Jornada
Domingo 20 de enero de 2019, p. 8

La tragedia ocurrida en una toma clandestina de combustible en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde murieron 76 personas y 70 resultaron heridas, fue una tragedia anunciada.

Así lo afirma la periodista y escritora Ana Lilia Pérez, autora de cuatro libros sobre la corrupción en Pemex y el robo de combustibles: Los fallecidos, los heridos: esta gente es el eslabón más débil dentro de la estructura del robo de combustible.

En entrevista con La Jornada, la autora de El cártel negro: cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, advierte que en muchas comunidades de México grupos criminales obligan a los ciudadanos a participar en el robo de combustibles y se debe investigar si éste fue el caso de la tragedia de Tlahuelilpan.

“En muchas comunidades hay presión de grupos criminales para que la gente participe en el robo de combustibles. Hablé con una mujer que está pidiendo asilo político en Estados Unidos por esto: es el primer caso de asilo por huachicol. Ella va huyendo de su pareja que es un huachicolero en Guanajuato”.

Añade: Son distintos efectos sociales del crimen del robo de combustibles. Pero también se tiene que analizar en el contexto a quiénes conviene que continúe esta práctica. Quien menos gana en esto es la gente de las comunidades que va a recoger el combustible que queda.

Explica que la negligencia que hubo durante los últimos sexenios para atender el problema ha dado como resultado el aumento de víctimas: A medida que creció el robo de combustible, de ser una práctica hormiga a volverse el principal botín del crimen organizado, también se vinculó a muchas comunidades como un efecto letal. Este es el rostro más vulnerable y vulnerado de todo el espectro criminal.

Decenas de víctimas

La periodista, que ha publicado numerosos reportajes de investigación sobre la corrupción de funcionarios de Pemex y de miembros de los gobiernos recientes, afirma que antes de las de Tlahuelilpan ha habido decenas de víctimas más por el robo de combustibles.

Hay muchas otras víctimas de los últimos años, como trabajadores que denunciaron lo que estaba ocurriendo todos estos años y fueron desaparecidos; trabajadores siniestrados por negligencia y no les dieron la indemnización debida. Cuando permiten operación criminal en esta industria están jugando con la vida de los trabajadores.

Califica como injustas estas pérdidas humanas: Esta escena de Tlahuelilpan se repite en muchas zonas del país, pero ahora es más lamentable por el número de víctimas. Esto ha escalado del nivel de violencia al de tragedia por la pérdida de vidas humanas. Sin embargo, no es la primera vez.

Añade: Cuando hay manipulación de válvulas muere gente, y en esta zona de Hidalgo ya había precedentes de tomas clandestinas. Esto es el resultado del cúmulo de negligencia y encubrimiento a este delito que creció involucrando a las comunidades. Esa era una toma clandestina y manipulada. Cuando se hace una toma, primero la ordeñan y a la vez se convoca a gente de las comunidades para que participe en el robo. En Puebla, por ejemplo, se le cobra a la gente por entrar a recoger combustible, como un peaje, como un derecho de piso, para llevarse lo que queda de una toma clandestina.

Consideró que primero debe hacerse la investigación a fondo: Habrá que saber quién hizo previamente la toma y las condiciones en las cuales esta gente se suma a la sustracción ilegal de combustible. Es muy triste y descorazonador porque la gente sabe que están incurriendo en algo ilícito, pero además que es un riesgo para ellos mismos. Es una actividad de alto riesgo y los trabajadores, para acercarse a una instalación o a sellar una toma, usan equipos de protección.

–¿Quién es el responsable de esta tragedia?

–Cuando se habla de responsabilidades habría que ser muy cuidadosos en hacer juicios de valor. Primero se requiere un peritaje. Eso dará la causa de raíz. El opinar sin esos resultados es irresponsable. Lo que hay que ver son los escenarios, las circunstancias. El resultado determinará el nivel de responsabilidad de cada uno, desde quienes hacen la toma, en las circunstancias que se hizo y lo que provocó el siniestro.

–Algunos culpan a las personas que estaban robando.

–Tampoco es así. Tenemos las condiciones en que estaba esta gente, que en muchas zonas está obligada a trabajar para grupos del crimen organizado. Es una realidad. Y también el tema de la pobreza.

–Se responsabiliza al Ejército, que ahí estaba y no actuó.

–No se puede hacer un juicio tan reduccionista y señalarlos porque no actuaron: se tienen que analizar las circunstancias. Y el gran problema es todo el contexto que se tiene en esas comunidades. El huachicolero llegó a suplantar al narcotraficante. En muchos casos es lo mismo. En Guanajuato, por ejemplo, las drogas las controlan los mismos huachicoleros. Se requieren estrategias integrales dentro de la cultura de la legalidad. Ésta no se puede exigir cuando el ciudadano tampoco está dispuesto a ser legal.

Era una tragedia anunciada, tan anunciada que previamente en ordeñas y tomas mal manipuladas ya había habido muertos. Un ducto es una instalación de alto riesgo. Por eso está prohibido construir, manipular o excavar en torno a ductos. Si están manipulando la toma mientras sale el chorro y están ahí, por supuesto que se corre un riesgo tremendo. ¿Qué circunstancias llevaron a la gente a estar ahí? Eso es lo que debe analizarse a fondo. ¿Fue su propia circunstancia de pobreza a pesar de saber que se corre riesgo, o bien, participaron por presión del crimen?

Afirma que todas las tomas clandestinas son coordinadas: Todo está perfectamente coordinado. Se llama y dicen que van a cargar, y se organiza todo porque se sabe que habrá una sustracción y que va a llegar la gente. Hacen el anuncio. En este caso no sé si fue así.

–¿Pudo ser accidente o atentado?

–Se tendría que revisar. Eso le tocará a las autoridades y los peritajes. Nadie puede descartar nada en estos momentos, hasta que ofrezcan las pruebas de la investigación.

–¿A los propios huachicoleros les convenía que hubiera una tragedia?

–No puedo opinar al respecto. Es muy delicado. Lo que sí creo es que hay una resistencia muy grande para abandonar este negocio, porque les resultó más redituable que el de las drogas.

Huachicoleros de cuello blanco

La periodista, que lleva más de 20 años investigando la corrupción interna de Pemex, publicó su primer libro sobre este tema en 2010: Camisas azules, manos negras. El saqueo de Pemex desde Los Pinos, y fue tirando del hilo de la investigación en los siguientes sexenios.

“El robo de combustible viene desde Carlos Salinas de Gortari, y luego, con Ernesto Zedillo, en una intensidad mayor empieza a crecer dentro de la industria petrolera. El ordeñar barcos, pipas, era algo del entorno petrolero. Pero con Vicente Fox empieza la modalidad de toma clandestina, con Felipe Calderón ésta crece más, pero empieza la incorporación de cárteles de la droga en el negocio”.

Añade: “Es cuando los Zetas empiezan a operar mucho en la sustracción de la cuenca de Burgos y en el golfo, en tomas clandestinas. Y hay una mayor penetración desde las estructuras de sustracción y distribución de combustible. Se fortalece el mercado negro. Y siguen las tomas al alza; ya con Enrique Peña Nieto empieza la incorporación de gente de las comunidades en estas actividades. A medida que crece la participación de la sociedad, el mercado crece y demanda más mano de obra”.

–¿Por qué el mercado negro fue creciendo afuera cada vez más?

–Porque había empresarios del sector que estaban entrando como compradores del mercado criminal. Transportistas, contratistas que eran copartícipes de estas actividades, y en vez de que Pemex investigara se les permitían estas prácticas. Todo fue creciendo porque se podía hacer, por la impunidad.

–¿Y los huachicoleros de cuello blanco?

–Eso es muy importante. El problema tiene que solucionarse y para ello es necesario investigar, detener y atender el delito de cuello blanco, porque es parte de esta estructura criminal, y que se les detenga, que sea ejemplar la justicia. Que no se mire a los eslabones débiles sino a las estructuras de raíz, y eso incluye la criminalidad de cuello blanco. Tenemos que asumir que este es un problema de Estado y cada uno de nosotros debemos ser parte de la cruzada contra el huachicol, es una tarea de toda la sociedad. Sin tintes políticos y necesariamente atendiendo el delito de cuello blanco”.

La solución, de todos

La periodista que hizo la revelación de los contratos que el ex secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño recibía de Pemex mediante prácticas de tráfico de influencias y conflicto de intereses, considera que la solución al robo de combustibles involucra a toda la sociedad.

El ciudadano necesariamente tiene que ser parte de la solución a un problema que afecta a todo el país y a la economía. La gente puede pensar que llena su garrafón y tiene un extra, pero al hacerlo están poniendo en riesgo su vida y están afectando a todo el país. El delito del robo de combustible nos impacta a todos socialmente, afirma.

Su libro más reciente es Pemex RIP. Vida y asesinato de la principal empresa mexicana, y advierte que este negocio se convirtió en más redituable para el crimen organizado: Tienen a gente del sector oficial. Saben que desde dentro de Pemex hay esta participación y hay un mercado negro que está conformado también dentro del mercado formal. Saben que las drogas son ilegales y venderlas también. En el combustible pueden disfrazar este robo con el mercado legal, esto lo vuelve más redituable. Es un Pemex paralelo. Es la criminalidad organizada con la mejor organización que se puede tener.

Y concluye: Hoy, México está de duelo por estas 76 personas que murieron en circunstancias injustas; injusticia, en el contexto social de cómo se dejó que se llegara a esto. ¿Cómo se permitió que la gente otorgue prioridad a llenar un garrafón de gasolina en lugar de pensar en su propia integridad? ¿Cuándo llegamos a esto?: cuando desde los gobiernos se permitió que la criminalidad se apoderara de las estructuras gubernamentales.

Bajo investigación, al menos 114 firmas ligadas al robo de combustibles

En Tamaulipas, 13 personas con franquicias de Pemex nada le compraron en 2016 y 2017

Al menos 114 empresas son investigadas por el gobierno federal, de las cuales, en 37 casos se ha llegado al congelamiento de cuentas al corroborarse su vinculación con el robo de combustible y delitos asociados, como lavado de dinero.

Destaca que nueve firmas reportaron ingresos netos por 86 mil millones de pesos, con una utilidad marginal de 6 mil 758 millones que no fueron enterados al fisco.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda identificó a 13 personas morales que aun cuando operaban con franquicias de Pemex –todas ellas en Tamaulipas–, paradójicamente no le compraron gasolina a la empresa productiva del Estado en 2016 y 2017. Ante esta situación, ya se integran las denuncias por lavado de dinero y otros delitos federales.

▲ El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, 

y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, acompañan 

al Presidente en la conferencia de ayer.

Foto Roberto García Ortiz

Al dar a conocer los avances de las acciones judiciales del gobierno federal en el combate al huachicoleo, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, informó que ya se interpusieron cinco denuncias ante el Ministerio Público Federal que involucran a 15 personas morales, cuyas cuentas se encuentran bloqueadas por estar directamente vinculadas al robo de combustible.

En conferencia de prensa conjunta en Palacio Nacional, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, Roberto Ochoa Romero, manifestó que desde el inicio de la administración se han iniciado mil 831 carpetas de investigación relacionadas con ese delito, de las cuales se desprendió la aprehensión de 435 personas en este periodo, 110 de ellas en el estado de México.

Mencionó que judicializaron 97 de esas carpetas de investigación y se puso a disposición de la autoridad judicial a 165 personas, de las cuales 124 están vinculadas a proceso y 45 cumplen medida cautelar de prisión preventiva.

Asimismo, dijo que se han detectado y neutralizado mil 21 tomas clandestinas, al tiempo que se incautaron 4 millones 321 mil 88 litros de hidrocarburo, 465 mil 121 litros de gas licuado de petróleo, 955 vehículos, 32 pipas; 41 remolques, 66 cisternas o tanques, 4 mil 749 bidones, 29 inmuebles y 11 armas de fuego de distintos calibres.

Ante la insistencia de reporteros sobre los alcances de las investigaciones y la posibilidad de citar a declarar a ex presidentes de la República y ex directores de Pemex, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, señaló: si en su momento se encuentran delitos de cualquier persona, como refirió el Presidente, se llamará a declarar a quien se deba. No creo que haya impunidad en ninguno de los casos.

A partir de una operación conjunta del gabinete de seguridad en las 114 empresas que se investigan, 25 fueron reportadas por Pemex; 50 por medio del SAT, 16 del Centro Nacional de Inteligencia y 23 se desprendieron del modelo de riesgo de la UIF.

Sin embargo, Nieto señaló que al momento de instruir a las instituciones financieras para el congelamiento de cuentas, esto las obliga a reportar todos los movimientos realizados, lo que implica “que los números van a cambiar; seguramente tendremos una ampliación que se estará informando de manera periódica respecto a las personas bloqueadas y las que van a ser denunciadas ante el Ministerio Público de la Federación en su momento.

Al seguir la ruta del dinero como parte al robo de combustible, esta instancia detectó 14 mil operaciones inusuales superiores a 10 mil dólares, por una suma de 10 mil millones de pesos. Descubrió además casos donde se vendieron más litros que los que habían sido adquiridos o importados por parte de las estaciones de servicio, obteniendo porcentajes de utilidad que oscilan entre seis y 11 puntos porcentuales, señaló el titular de la UIF, Santiago Nieto.

Alonso Urrutia y Alma Muñoz

 Periódico La Jornada