Una filtración reciente de
documentos secretos del gobierno de Estados Unidos sobre el uso de los
servicios bancarios para lavar dinero procedente de organizaciones
criminales sirvió de base para que el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) elaborara y
diera a conocer un fundamentado trabajo acerca del tema.
El examen y síntesis de más de 2 mil 100 documentos provenientes de
la unidad antilavado estadunidense (FinCEN) da una idea no sólo de los
volúmenes de capital que circulan en ese brumoso universo financiero,
sino también de la permisividad que las grandes instituciones bancarias
muestran al respecto, más o menos amparadas en la ambigüedad de una
legislación que sobre el particular contiene suficientes lagunas como
para que en ellas naveguen a sus anchas estafadores y delincuentes de
diversa ralea y procedencia.
El llamado lavado de dinero no es otra cosa que la puesta en
circulación legal de utilidades financieras resultado de actividades
ilegales, y por lo mismo, al margen de los sistemas de control fiscal y
hacendario.
La transformación de las ganancias monetarias ilícitas en fondos
producidos por una fuente en apariencia legal permite a las personas u
organizaciones criminales comprometidas en el proceso disponer de dinero
limpio (de ahí la expresión lavado de dinero) para operar como cualquier usuario o empresa en regla con las autoridades.
El propósito último del lavado en cualquiera de sus diferentes
variantes es, por supuesto, ocultar la procedencia ilegal de los fondos.
El estudio denominado FinCEN Files identifica a cinco
grandes entidades financieras que, aunque no son las únicas, han
permitido operaciones millonarias que en el mejor de los casos pueden
calificarse de sospechosas y en el peor de ilícitas.
Las organizaciones son JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank,
Deutsche Bank y Bank of New York Nellon, muy conocidas por cierto, con
excepción, quizá, de la última, por todos en el mundo de los negocios y
de la simple información. De acuerdo con el reporte comentado, esas y
otras instituciones conocieron –y aprobaron– transacciones con fondos
ilegales por la nada desdeñable suma de 2 billones de dólares; y en
todas ellas obtuvieron las comisiones que por lo regular cobran por su
gestión administrativa. Así resulta menos sorprendente la elevada tasa
de utilidades que al año logran algunas grandes corporaciones bancarias,
aun cuando la actual pandemia haya aminorado el crecimiento de aquélla.
El amplio rango de acción de los bancos citados en FinCEN Files explica
que las transacciones ilícitas tuvieran como destino países de
distintos puntos del globo. En el caso concreto de México –señala el
documento del ICIJ– fueron detectadas 57 operaciones sospechosas efectuadas hacia o desde bancos que tienen sucursales en nuestro país.
La mayor filtración de datos financieros registrada en la historia
del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no permite, además, alegar
inocencia o desconocimiento: en algunos casos, las instituciones
bancarias siguieron gestionando con alegría los fondos ilegales, aun
después de que las autoridades estadunidenses de control financiero les
advirtieran que si seguían en ese plan iban a terminar en una corte
penal.
Permitieron blanquear 2 billones de dólares entre 1999 y 2017
Revela consorcio internacional de periodistas datos del gobierno de EU
Mencionan a JPMorgan, HSBC y Deutsche Bank entre involucrados
Personajes y grupos del crimen organizado, en las operaciones
En México identificaron 57 transacciones sospechosas
Bancos globales permiten lavar 2 billones de dólares
En México, 57 transacciones sospechosas; se
involucra a Peña Nieto // Las instituciones financieras siguieron
moviendo el dinero, pese a ser descubiertas
Grandes bancos del mundo han permitido operaciones con
recursos procedentes de lavado de dinero a personas y grupos criminales,
revela la investigación FinCEL Files, realizada por el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en
inglés).
Documentos secretos del gobierno estadunidense detallan que cinco
instituciones de gran escala se han beneficiado de personajes poderosos y
peligrosos aun cuando han sido señalados y sancionados por incumplir
con la regulación en contra de este tipo de recursos en Estados Unidos.
Además, expone que existen 57 transacciones sospechosas realizadas
hacia o desde bancos que operan en México y que han estado involucrados
en este tipo de acciones.
En algunos casos, precisa la investigación, los bancos siguieron
moviendo fondos ilícitos incluso después de que funcionarios
estadunidenses les advirtieron que enfrentarían procesos penales si no
dejaban de hacer negocios con mafiosos, estafadores o regímenes
corruptos.
La investigación es una serie de reportes de actividad sospechosa
(RAS) que han sido expuestas e indican cómo instituciones bancarias han
tenido conocimiento y han permitido hacer transacciones con recursos
ilícitos a diversas personas, por un monto que supera 2 billones de
dólares, incluidos 514 mil millones de JPMorgan y 1.3 billones de
Deutsche Bank.
Las principales entidades financieras involucradas son JPMorgan,
HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon.
En el caso mexicano se hicieron 57 transacciones por un monto enviado
de 5 millones 75 mil 970 dólares, y recibido 338 mil 730 dólares. Se
ven involucrados entidades financieras como BBVA, Banorte, Citibanamex,
Banco del Bajío, Actinver, Santander, Banco Base y CIBanco.
Incluso hay un movimiento sospechoso que puede involucrar al ex
presidente Enrique Peña Nieto, y podría relacionarlo con el venezolano
Juan José Rendón Delgado, quien fue asesor de campañas relacionadas con
sobornos entre capos colombianos y delitos en contra de mujeres.
Explica que un RAS enviado por la oficina antilavado del banco
Deutsche Bank en Estados Unidos detectó que Rendón Delgado hizo seis
transferencias sospechosas por 180 mil 20 dólares entre 2016 y 2017.
El caso internacional
JPMorgan, el banco más grande con sede en Estados Unidos,
movió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de
fondos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, revelan los documentos
filtrados por poco más de mil millones de dólares.
Según la investigación, esta institución también procesó más de 50
millones de dólares en pagos durante una década para Paul Manafort, ex
gerente de campaña del presidente Donald Trump. El banco transfirió al
menos 6.9 millones en transacciones de Manafort en los 14 meses
posteriores a su renuncia a la campaña.
A su vez, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New
York Mellon también continuaron con la realización de pagos sospechosos,
pese a que éstos habían hecho promesas de no caer en este tipo de
acciones.
La investigación que filtra documentos incluye más de 2 mil 100
informes de actividades sospechosas presentados por bancos y otras
firmas financieras en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Estos documentos identifican transacciones realizadas entre 1999 y
2017 que fueron marcadas por ejecutivos de cumplimiento interno de las
instituciones financieras como posible lavado de dinero u otra actividad
criminal. Los datos fueron obtenidos por el portal Buzz Feed.
“En el minuto 40 del primer episodio del documental que empezó a transmitirse el domingo 23 de agosto por HBO, Javier Jileta sonríe a Raniere en un ambiente festivo de camaradería”, escribe la periodista Dolia Estévez en el siguiente texto. El alto funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores calificó como un “amargo episodio” su experiencia con el culto sexual Nxivm, de donde fue miembro.
Washington, D.C., 31 de agosto — Javier Jileta Verduzco, alto funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de promover la inversión extranjera en México, fue miembro del infame “culto sexual” Nxivm. Así lo revela la nueva docuserie The Vow (El Juramento), en la que Jileta aparece con Keith Raniere, el líder de la secta que fue condenado por esclavitud y tráfico sexual en 2019. Si bien el polémico pasado de Jileta, actual director general de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, se conoce y justifica en la alta jerarquía de la SRE, es la primera vez que trascienden públicamente.
En el minuto 40 del primer episodio del documental, que empezó a transmitirse el domingo 23 de agosto por HBO, Jileta sonríe a Raniere en un ambiente festivo de camaradería. La imagen fue captada durante la partida del pastel de cumpleaños para Raniere en el resort Silver Bay YMCA, un enorme complejo de conferencias y retiros en Lake George, cerca de Albany, Nueva York, sede de la secta, en agosto de 2016. Era una celebración anual llamada
“Semana V” en honor del natalicio del “supremo maestro”, conocido entre ellos como “Vanguardia”.
“Amargo episodio”, me dijo Jileta sobre su “experiencia” con Nxivm, en una declaración escrita. Niega haber sabido de alguna “actividad irregular” y dice sentirse “decepcionado” y “engañado” por la organización en la cual buscó “superación personal” (ver correo electrónico 08/28/2020).
El funcionario de la SRE lo calificó como “amargo episodio”. Imagen vía Dolia Estévez.
En coincidencia con la serie en HBO, los fiscales pidieron al juez cadena perpetua para Raniere en la corte del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn la semana pasada. Reiteraron la gravedad de los crímenes y la falta de arrepentimiento del preso. La sentencia está programada para el 27 de octubre (The New York Times 28/08/2020).
The Vow no es la única constancia pública del vínculo de Jileta con el culto criminal. El año pasado, se difundió en redes sociales un video donde bailan juntos Jileta, Emiliano y Cecilia Salinas Occelli, hijos de Carlos Salinas de Gortari, Rosa Laura Junco, hija del dueño de Grupo Reforma, y el resto del llamado “México City team”. Jineta me dijo que el show fue durante las celebraciones del cumpleaños de Raniere en Lake George en 2016.
El show de salsa del llamado “México City team” para festejar el cumpleaños de Keith Raniere, convicto en EU de esclavitud sexual. Foto: Twitter, @M_enMexico.
Liderados por Emiliano Salinas, los bailarines de salsa visten camisetas de colores blanco, amarillo, naranja y verde. The Vow explica que los colores eran un sistema de ranking jerárquico creado por Raniere para indicar nivel de adoctrinamiento y donaciones financieras de los miembros.
Amarillo, el color de la camiseta de Jileta, significaba “coach”, el segundo en la pirámide; el verde de Emiliano quería decir que era “procurador senior”, cuarto nivel jerárquico. Los “coach” y “procuradores senior” estaban facultados para impartir clases en México. Ascender implicaba donar millones de dólares o contribuir a reclutar a otras personas u ofrecer algo de valor estratégico para Raniere (reuniones con potentados, estrellas de cine, etc.).
Javier Jileta, alto funcionario de la SRE, participó en la celebración del cumpleaños del encarcelado líder de la secta Nxivm, la lado den Emiliano y Cecilia Salinas Occelli y Rosa Laura Junco. Imagen vía Twitter, @M_enMexico.
Otra muestra de la cercanía de Jileta con Raniere es el “tributo” que le rinde en Twitter, “por la inspiración” en su vida, con motivo de sus 35 años, el 1 de diciembre de 2016. El 2 de febrero de 2017, también en Twitter, agradece a “Keith y Nancy” (Salzman, número dos en la secta) por “haber hecho posible disfrutar mi vida” y “construir relaciones significativas”.
Jileta se vinculó a Nxivm en 2011, pero en 2015 “tomó distancia” cuando salió al extranjero para realizar estudios de posgrado. Pese al distanciamiento, en agosto de 2016 viajó para participar en el festejo de cumpleaños de Raniere. “Era un convivio anual donde nos veíamos los que habíamos tomado el curso, y decidí ir a ver a mis amigos”, me dijo. Hizo estudios doctorales en la University College London, pero no se graduó. Es egresado del ITAM.
En el minuto 45 de The Vow, que consta de 10 episodios, el hijo de Carlos Salinas mira a la cámara y dice: “Hola, mi nombre es Emiliano Salinas, vengo de una familia política, mi padre fue presidente de México de 1988 a 1994, una época de grandes transformaciones para mi país, lo que me inspiró a buscar un entendimiento más profundo de la transformación humana y social”. El video se usaba para reclutar cuadros.
Con la incorporación de Emilio Salinas Occelli, la secta se posicionó entre la élite política mexicana. Abrió “centros ESP” (Programa de Éxito Ejecutivo) en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y León. Salinas fue el encargado de construir Nxivm en México y de reclutar a un número desconocido de sectarios. Jileta aclaró que no fue Emiliano Salinas quien lo introdujo a Nxivm, sino un “amigo de la infancia” al que no identificó.
No parece haber habido “Semana V” en 2017. Ese año, The New York Times reveló la existencia de una hermandad secreta de mujeres Nxivm que eran marcadas con un fierro caliente con las letras “KR”, las iniciales del venerado (The New York Times 17/10/2017). Varias eran mexicanas. Para entonces, Nxivm estaba en la mira del FBI. Raniere salió huyendo a México tras la publicación. Fue detenido para efectos de deportación en marzo de 2018 en Puerto Vallarta, después de cinco meses de clandestinidad arropado por sus seguidores mexicanos.
Raniere y cinco mujeres incondicionales, incluida Clare Bronfman, heredera del imperio licorero Seagram, fueron acusados de dirigir la subsecta clandestina de mujeres “esclavas” en Nxivm, conocida como DOS (Dominus Obsequious Sororium o Señor de las Compañeras Obedientes). Con la excepción de Ranieri, quien a la fecha mantiene su inocencia, el resto se declaró culpable.
Tras siete semanas de juicio, Raniere fue hallado culpable de siete cargos: crimen organizado, tráfico sexual y fraude, pornografía infantil, extorsión, lavado de dinero y robo de identidad (Boletín de Prensa Eastern District of New York, 19/06/2019).
El Fiscal federal Richard Donoghue declaró que el juicio reveló que Raniere no era ningún “sabio y genio, como se pintaba, sino un maestro de la manipulación, un estafador y un capo criminal de una organización tipo culto implicada en tráfico sexual, pornografía infantil, extorsión, abortos forzados, branding, degradación y humillación. La evidencia probó que Raniere era un verdadero Svengali moderno” (CBS News, YouTube, 19/06/2020).
El funcionario de la SRE. Foto vía Dolia Estévez.
Donoghue está a cargo del caso criminal contra Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño García e Iván Reyes Arzate en la corte de Brooklyn, donde fue condenado El Chapo Guzmán y habría tomado lugar el juicio contra el también depravado sexual Jeffrey Epstein, de no haberse suicidado.
El 23 de mayo de 2019, cuando el juicio contra Rainere en el que fue mencionado se hallaba en su tercera semana, Emiliano Salinas finalmente se deslindó de Nxivm vía Twitter. En lenguaje similar al que hoy usa Jileta, alegó haberse enterado de las “atrocidades” del DOS Nxivm principios de 2018. No explica porque se tardó más de un año en cortar con la secta. Negó todo involucramiento en las actividades criminales. Ninguno de los mexicanos fue acusado en el proceso judicial.
Salinas y Jileta cortaron nexos con Raniere después de que reventó la presa. En los años que militaron en Nxivm ignoraron versiones publicadas sobre la fama de estafador y manipulador que precedió su llegada a México. En octubre de 2003, por ejemplo, Forbes USA dedicó su portada a los programas de presunta superación del falso instructor que, alertó, en realidad buscaban quebrar psicológicamente a sus sujetos. “Creo que es un culto”, declaró a la revista Edgar Bronfman, padre de Sara y Clare, que donaron millones de dólares a Raniere. ¿No sabían Salinas y Jileta o no querían saber?
En la reunión de embajadores y cónsules en enero pasado, Martha Delgado, jefa inmediata de Jileta, anunció la creación de la Dirección General de Impulso Económico Global en substitución de ProMéxico. Puso a cargo de la nueva responsabilidad a Jileta.
La explicación que ofrece el protegido de Delgado no sólo es tardía sino insuficiente. Deja muchas interrogantes. ¿Qué tan cercana fue su relación con Raniere? ¿Cuántas veces se reunió con él? ¿Le ayudó a fugarse a México? ¿Hay más ex militantes de Nxivm en el gobierno o es el único?
Muchos encontrarán poco creíble el desconocimiento que alega. Si tiene más qué decir sobre su “amargo episodio”, ahora es el momento. No se trata de estigmatizar a nadie sino de conocer la verdad sobre un asunto de interés público: el alcance de la conexión y penetración en México del Nxivm. No es cualquier cosa que un alto funcionario de la SRE salga en un documental sobre un culto sexual criminal. El estándar de medición ética y de honestidad de un funcionario es, o debe ser, más alto al de cualquier hijo de expresidente.
La madrugada de ayer,
alrededor de 20 hombres emboscaron el convoy en que viajaba el
secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García
Harfuch. El funcionario recibió tres impactos de bala y varias heridas
de esquirla, de los cuales se recuperó tras una cirugía realizada en un
hospital del sur de la capital; sin embargo, dos de sus escoltas y una
transeúnte fallecieron como resultado de la agresión. Horas después, se
informó que al menos 12 personas fueron detenidas por su participación
en el atentado que tuvo lugar en la colonia Lomas de Chapultepec, de la
alcaldía Miguel Hidalgo.
Aunque la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, pidió no
especular acerca de la autoría del atentado y esperar los resultados de
las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia, a
través de su cuenta de Twitter, el propio García Harfuch atribuyó el
ataque en su contra al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Además de resultar alarmante en sí mismo, el atentado contra García
Harfuch da la puntilla a la construcción discursiva que buscaba
presentar a la capital del país como una suerte de zona blindada, a
prueba de la penetración de los grupos del crimen organizado que desde
hace más de una década controlan extensas porciones del territorio
nacional. En efecto, mientras los ciudadanos de las entidades del norte
del país se veían obligados a desarrollar sus vidas cotidianas en medio
de manifestaciones extremas de violencia y de la inoperancia palpable de
las autoridades, el entonces Distrito Federal –Ciudad de México a
partir de 2016– gozaba de una aparente calma, pese a la persistencia de
ilícitos del fuero común.
La evidente distancia entre el carácter acotado de la violencia
delictiva que tenía lugar en la capital, y las exhibiciones de poder de
fuego que el crimen organizado desplegaba en otras entidades, permitió a
los gobernantes mantener la versión según la cual podía hablarse de
bandas delictivas locales, pero ni cabía calificar a éstas como cárteles
ni había indicios de que las grandes organizaciones delictivas
nacionales operasen aquí. Este discurso de excepcionalidad se mantuvo
imperturbable pese a los constantes y crecientes avisos de que, si tal inmunidad existió alguna vez, se había perdido.
Ayer, autoridades y ciudadanos capitalinos se vieron obligados a
confrontar la realidad ante lo que fue un abierto desafío al Estado,
pues no cabe otra interpretación frente al intento de asesinato de un
personaje clave de las instituciones de seguridad, perpetrado además en
un punto emblemático de la metrópoli.
Más allá de las conclusiones a las que llegue la Fiscalía, y de la
imperativa aprehensión del conjunto de los autores materiales e
intelectuales del atentado, estos sucesos deben llevar a las autoridades
de los tres niveles de gobierno, así como a la sociedad –local y
nacional–, a emprender una seria reflexión sobre la gangrena delictiva
que se ha extendido por todo el país. La resignación o, peor, la
normalización, de este tipo de hechos supondrían una derrota intolerable
para el Estado y para todos los ciudadanos que apuestan por construir
un futuro de justicia y equidad.
García Luna, el todopoderoso Secretario de Seguridad Pública federal en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, está acusado en Nueva York de tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio.
Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).– El Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa contaba con información sobre la relación entre Genaro García Luna y el narcotráfico, reveló la ex Embajadora estadounidense Roberta Jacobson a la revista Proceso.
“Culpar a Estados Unidos por datos que poseía y sugerir
que el Gobierno de México no tenía la información sobre la corrupción o
problemas de un funcionario, probablemente es tan inocente y peor,
francamente, que una dupilicidad”, dijo la ex Embajadora de Estados
Unidos en México a la la revista mexicana.
Además, Jacobson le reveló a Proceso: “La información que
obteníamos –en el Departamento de Estado– era por conducto de
funcionarios estadounidenses, pero venía de parte de mexicanos, ellos
era los que más información recibían y tenían sobre la corrupción de
García Luna”.
La entrevista, firmada por el periodista J. Jesús
Esquivel, expone que Roberta Jacobson supo de los manejos de García Luna
incluso desde el sexenio de Vicente Fox Quesada, considerando que de
diciembre de 2002 a junio de 2007 ella fue titular del llamado “Mexican
Desk” en el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El texto de Esquivel afirma que, sin embargo, las nuevas revelaciones
de Jacobson se enfocan en los seis años de García Luna en la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP) federal, en el sexenio de Felipe Calderón
Hinojosa, cuando ella, aclara el periodista, se hizo cargo de la
Iniciativa Mérida y de otros temas en la relación con México y Canadá.
El periodista destaca también que “pocos funcionarios o ex
funcionarios del Departamento de Estado conocen al detalle, como
Jacobson, la relación con México, en especial la que hubo con Calderón,
lo que le da autoridad a su voz”.
¿QUIÉN ES ROBERTA JACOBSON?
“Roberta S. Jacobson llegó a México el 20 de junio de 2016. El hecho
marcó un hito histórico: por primera vez en casi 200 años de relaciones
diplomáticas, Estados Unidos enviaba a una mujer como Embajadora.
Designada por el Presidente Barack Obama, Jacobson conocía cabalmente
los temas y a los interlocutores mexicanos.
Como Secretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, había
estado a cargo del trato cotidiano con México y de la implementación de
la Iniciativa Mérida, a la que Washington consideraba prioritaria.A
diferencia de muchos de sus antecesores, Jacobson fue bien recibida.
“Destaca por una notable carrera diplomática en el servicio exterior y
la administración pública de su país”, observó la Cancillería. Con
excepción quizá del Embajador Jeffrey Davidow, Washington no había
enviado a México a un profesional de la diplomacia con credenciales tan
sólidas como las de Jacobson”, dice una entrevista de Dolia Estévez,
publicada en exclusiva para SinEmbargo.
En esa pieza, Estévez, periodista especializada en la relación de
México y Estados Unidos hace décadas, describió los avatares que la
ahora ex Embajadora enfrentó cuando fue nombrada por el entonces
Presidente Barack Obama y, luego, ratificada por el Gobierno de Donald
Trump.
“A sabiendas de que Jacobson no tenía el sello de aprobación de
Trump, Videgaray disminuyó sus atribuciones. Constriñó el trato con
Washington a sus componendas con Kushner. La relación giró en torno a lo
que ambos convenían. Entre febrero de 2017 y noviembre de 2018,
Videgaray visitó Washington 29 veces. Un récord histórico. Por un
tiempo, Jacobson no tuvo interlocutores de alto nivel en Washington. El
Departamento de Estado y la oficina de Kushner no siempre le informaban
sobre las reuniones con Videgaray. El secretario de Estado no le tomaba
las llamadas. Su asesoría profesional no era tomada en cuenta. Cuando
Kushner visitó la Ciudad de México en marzo de 2018, deliberadamente
excluyó a Jacobson de los encuentros con Peña Nieto y Videgaray”, dice
el texto publicado por SinEmbargo el 27 de septiembre de 2019.
“Viajó a los estados, admirando su geografía, arte culinario,
artesanías, tradiciones y, sobre todo, el talento y valor del pueblo
mexicano. Protestó por los asesinatos de periodistas y por la violencia
contra las mujeres, denunció la violación de los derechos humanos e
impulsó la educación. Participó dos veces en marchas por el orgullo
LGBTTTI. Acompañó a los rescatistas estadounidenses que asistieron en el
terremoto de 2017. Usó su cuenta de Twitter para comunicarse con los
mexicanos. Fue tal su éxito en las redes sociales que el subsecretario
para América del Norte y un gobernador estatal le llamaron para
quejarse. El cariño por México y los mexicanos fue correspondido. Cuando
anunció que se iba “a buscar otras oportunidades”, muchos usuarios
lamentaron su despedida y otros tantos la llamaron “la mejor embajadora
de Estados Unidos en México”. Los libros de historia quizá la recuerden
como la embajadora de Trump que, paradójicamente, se ganó el cariño de
los mexicanos”, expone el perfil de la periodista mexicana que es parte
de su libro Así nos ven. Entrevistas inéditas con embajadores estadounidenses en México.
¿DÓNDE ESTÁ HOY GARCÍA LUNA?
García Luna diseñó y condujo la “estrategia” de Calderón Hinojosa
supuestamente contra los cárteles mexicanos. De acuerdo con la Fiscalía
de Estados Unidos, lo que el ex Secretario de Seguridad Pública federal
hizo en esos años fue favorecer al Cártel de Sinaloa, una de las
organizaciones criminales más sanguinarias de todos los tiempos; también
se cree que cuidó los intereses de Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán
Loera; de Ismael “El Mayo” Zambada y de Héctor Beltrán Leyva.
García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012
bajo el Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón, está acusado en
Nueva York de tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de
cocaína y de falso testimonio.
Se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes
alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del cártel de
Joaquín “El Chapo” Guzmán a cambio de permitir que éste traficara
cocaína a sus anchas.
Durante el juicio a “El Chapo” celebrado a fines de 2018 e inicios de
2019 en Nueva York, el jurado escuchó al ex miembro del Cártel de
Sinaloa, Jesús Zambada, testificar que entregó personalmente por lo
menos seis millones de dólares a García Luna en pagos clandestinos a
nombre de su hermano mayor, el jefe del cártel, Ismael “El Mayo”
Zambada.
El testigo dijo que se reunió con García Luna en un restaurante entre
2005 y 2006. Jesús Zambada declaró que le dio una maleta con tres
millones de dólares en el lugar. En ese momento García Luna estaba a
cargo de la agencia federal de investigación de México. En una segunda
reunión en 2007, cuando García Luna ya era Secretario de Seguridad
Pública, Zambada dijo que le dio otra maleta con entre tres y cinco
millones de dólares.
Genaro García Luna consiguió, a
lo largo de décadas, las más altas credenciales de reconocimiento
policial en nuestro país y en el mundo. Ayudó a construir instituciones y
trabajó con ahínco para darle dignidad al trabajo de seguridad. Lo
terrible es que era un topo, un infiltrado del cártel de Sinaloa, en el corazón mismo de la policía mexicana.
De acuerdo a la fiscalía de Nueva York, García Luna trabajó para Joaquín El Chapo Guzmán, recibiendo sobornos millonarios y permitiendo el tráfico de cocaína a Estados Unidos.
La detención es un golpe que hace estallar por los aires el legado,
en seguridad, del gobierno de Felipe Calderón y pone en entredicho
muchas de sus acciones.
Se reactivan muchas de las teorías conspirativas y se mancha el
esfuerzo genuino de cientos, de miles de policías y militares que
enfrentaron al narcotráfico con decisión y entereza durante esos años
duros.
Pero además, es una suerte de derrota, porque García Luna proviene de
una idea de seguridad pública basada en la obtención de inteligencia y
en la utilización de recursos tecnológicos para combatir al crimen y así
lo hizo desde el propio Cisen, en donde uno de los logros más notables
fue la detención del secuestrador Daniel Arizmendi El Mochaorejas.
Pero García Luna, al fin y al cabo, era un policía que respondía a
tradiciones profundas, a ideas sobre la vida y el prestigio, que modulan
la forma de enfrentarse de modo cotidiano a la muerte y que despiertan
apetitos muchas veces voraces.
Quienes empuñan las armas, al hacerlo en condiciones de muy bajo
reconocimiento social, buscan alicientes en el poder y el dinero, dos
sustancias que tiene la peculiaridad de crear adicción y de nunca ser
suficientes.
De comprobarse las acusaciones, porque tendrá que desarrollarse un
juicio, sería importante tener una idea de cuándo pactó con los mafiosos
y cuál fue el precio para hacerlo. Ese tipo de acuerdos se van
madurando con los años. ¿Desde el Cisen, en la Policía Federal, en la
AFI o ya en la Secretaría de de Seguridad Pública?
Esto es relevante, porque quizá tuvimos enfrente al maestro del
engaño, y durante décadas, que dio avisos que nunca se escucharon y que
dejó pistas que las autoridades no recolectaron, hasta ahora.
Alguna vez dijo que la AFI era a prueba de corrupción, porque sólo él
tenía la información completa de los asuntos relevantes. También
expresó que admiraba a los guerrilleros que habían secuestrado a un gran
empresario porque, a pesar de las condiciones de miseria en que se
encontraban, no habían tomado un solo dólar del rescate, porque ello
implicaría robar a la causa y convertirse en delincuentes comunes.
Siempre dejó claro que despreciaba a los viejos comandantes de la
Policía Judicial Federal (PJF), porque los consideraba incapaces de
adaptarse a nuevos tiempos, en los que se requería de habilidades
técnicas y de preparación y no sólo de ese conocimiento intuitivo y
hasta básico que desarrollan los oficiales a lo largo de los años.
Es por eso que realizó una reingeniería de la PJF, con nuevas formas de control y una política anticorrupción férrea y desde arriba.
En su presentación en la Procuraduría General de la República, en
diciembre de 2000, a sus subordinados les dijo que dio a conocer su
patrimonio con la intención de que se abstuvieran de intentar corromper u
ofrecer dinero o cualquier otra forma de soborno porque serían
detenidos y consignados con toda contundencia. Una gran paradoja.
¿Quién es en realidad García Luna? Pronto lo sabremos y es probable
que lo que vamos a presenciar no le guste a nadie, inclusive ni a sus
críticos más constantes y consistentes.
Periodista. Coautor, con Jorge Carpizo, de Asesinato de un cardenal
Glac Consulting, empresa creada por Genaro García Luna
con el fin de brindar asesoría en materia de seguridad, mantiene desde
su creación, en 2015, una oficina en México y uno de sus primeros
clientes fue el Partido Acción Nacional (PAN). Sus oficinas en la Ciudad
de México se ubican en el edificio Espacio Santa Fe, en la alcaldía de
Cuajimalpa, tiene un sitio de Internet y cuentas en varias redes
sociales.
El directorio de Glac señala que García Luna es el director general, y
entre los integrantes del consejo directivo se menciona a José A.
Rodríguez Jr., ex jefe de operaciones de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA), donde se desempeñó como director del Centro de
contraterrorismo, director adjunto del Centro contra el narcotráfico y
jefe de la división de América Latina.
También aparecen Raúl Roldán, quien se identifica como miembro de la
Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés),
especializado en el combate al lavado de dinero y los delitos contra la
propiedad industrial; Luis Enrique Montenegro, general de la Policía
Nacional de Colombia, donde llegó a ser titular de la Dirección de
Investigación Criminal, y Jesús de la Morena, comisionado general de la
Policía Nacional de España.
Una de las redes sociales de Glac es Linkedin, donde se encuentra
como uno de sus colaboradores a Facundo Rosas, ex comisionado de la
Policía Federal cuando García Luna era titular de la Secretaría de
Seguridad Pública.
Glac tiene registrados unos 12 productos, entre ellos uno denominado “programas informáticos y software”, que incluye software grabado en soportes magnéticos o descargado de una red remota.
Entre los primeros clientes de Glac está el PAN: el 24 de abril de 2015 firmó un contrato con esa empresa por asesoría y análisis en procedimientos de recursos humanos. El monto a pagar fue de un millón 160 mil pesos.
Funcionarios federales señalaron que durante la gestión de García
Luna hubo empresas con las cuales se vincularon sus colaboradores y que
presuntamente beneficiaron al ex secretario de Seguridad Pública, como
Obses de México, a la cual el gobierno de Felipe Calderón benefició con
contratos directos con un monto superior a 650 millones de pesos por la
entrega de equipo táctico (chalecos antibalas y otros insumos para las
áreas de reacción y antimotines) destinado a los agentes de la Policía
Federal y el pago de servicios.
En los registros de Compranet aparecen las referencias de los
servicios contratados por la SSP federal con Obses de México, la cual
mantiene su operación de distribución de equipo táctico y venta de software utilizado para el seguimiento e intervención telefónica.
Richard Donoghue lo acusa de conspiración para
traficar cocaína a EU y mentir a las autoridades Recibió sobornos
millonarios del cártel de Sinaloa cuando era titular de la SSP
En el juicio de El Chapo Guzmán El Rey Zambada lo acusó de esos delitos
Enfrentará una condena de 10 años de cárcel hasta cadena perpetua
▲ Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en
el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, durante el Consejo Nacional de
Seguridad celebrado el 21 de agosto de 2008 en el Salón Tesorería de
Palacio Nacional.
Nueva York. Genaro García Luna, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública de México entre 2006 y 2012 –uno de los guerreros
oficiales antidrogas más destacados y elogiados por Washington durante
ese periodo–, fue arrestado en Estados Unidos bajo cargos federales de
narcotráfico, corrupción y mentir a las autoridades estadunidenses.
García Luna fue detenido el lunes en Dallas, Texas, por agentes
federales bajo los cargos emitidos por la fiscalía federal en Nueva York
el 4 de diciembre, que lo acusa de conspiración para traficar cocaína y
mentir ante autoridades estadunidenses.
Un juez en Dallas, ante el cual se presentó ayer por primera vez el
acusado, citó para el próximo martes a audiencia sobre su detención. Los
fiscales encargados del caso solicitan el traslado del detenido a Nueva
York con la finalidad de que enfrente los cargos ante el mismo tribunal
federal donde su enjuició a Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
“El acusado abusó de sus puestos oficiales… para ayudar al cártel
de Sinaloa a traficar cocaína a Estados Unidos, incluida la ciudad de
Nueva York. A cambio de sobornos multimillonarios, permitió que el cártel
de Sinaloa –una de las organizaciones criminales más grandes y
violentas del mundo– operara con impunidad en México. Hasta hoy lucra de
sus delitos y ha mentido sobre ello a Estados Unidos en su intento de
obtener la ciudadanía estadunidense”, resumió el fiscal federal Richard
Donoghue al solicitar ante tribunales el encarcelamiento de García Luna
hasta la fecha en que se dé inicio a su juicio.
Donoghue anunció este martes públicamente los cargos. Detalló que
“García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del
cártel de Sinaloa de El Chapo Guzmán mientras controlaba la fuerza de la Policía Federal y era el responsable de la seguridad pública en México”.
De acuerdo con la acusación formal y otros documentos registrados
ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, García Luna,
mientras ocupaba altos puestos de gobierno entre 2001 y 2012, recibió decenas de millones de dólares en sobornos del cártel
de Sinaloa a cambio de otorgar protección a sus actividades, entre
ellas el traslado de drogas, información de agencias de seguridad
pública sobre sus investigaciones, así como de otros cárteles rivales.
En dos ocasiones, afirma el gobierno estadunidense, el cártel
de Sinaloa entregó personalmente pagos de soborno a García Luna en
maletines que contenían entre 3 y 5 millones de dólares en efectivo.
Según documentos financieros obtenidos por el gobierno de Was-hington,
cuando el acusado se mudó a Estados Unidos en 2012 tenía una fortuna
personal millonaria.
De acuerdo con pruebas en poder de las autoridades estadunidenses, con la asistencia corrupta de García Luna el cártel de Sinaloa condujo
su actividad criminal en México sin interferencia significativa de las
fuerzas de seguridad pública mexicanas e importó cantidades de
multi-toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos, escribe el fiscal Donoghue en los documentos presentados al tribunal en Nueva York.
Gran cantidad de la evidencia en el caso proviene o se reveló durante el juicio contra Joaquín El Chapo
Guzmán que se realizó a finales de 2018 y principios del año en curso
en el mismo tribunal en que ahora se presentaron los cargos contra
García Luna, revela la fiscalía.
Por ejemplo, el testimonio de Jesús El Rey Zambada –hermano del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo
Zambada–, quien detalló los sobornos multimillonarios que pagaron a
García Luna a mediados de la década de 2000, incluyendo dos pagos
específicos de entre 3 y 5 millones de dólares en efectivo personalmente
entregados al acusado.
Más aún, los cargos señalan que García Luna, al mentir sobre su
actividad corrupta al solicitar la naturalización en Estados Unidos en
2018, cometió otro delito grave.
García Luna, de 51 años de edad, y recientemente residente en
Florida, enfrenta condenas potenciales de un mínimo de 10 años de
prisión a un máximo de cadena perpetua por los cargos de conspiración
por narcotráfico.
El fiscal Donoghue elogió a las autoridades federales al señalar que
el arresto de García Luna “demuestra nuestra determinación para llevar a
la justicia a aquellos que ayudan a los cárteles a infligir daño devastador sobre Estados Unidos y México, sin importar los puestos que tenían cuando cometieron sus delitos”.
El presidente Andrés Manuel
López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard se reunirán hoy con William
Barr, secretario de Justicia de Estados Unidos, quien arribó ayer a
México para abordar cuestiones de seguridad. El fiscal general
estadunidense también sostendrá conversaciones con su homólogo Alejandro
Gertz Manero y con el titular de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, durante una visita enmarcada de
manera inevitable por la intención del presidente Donald Trump de
incluir a los cárteles mexicanos de las drogas en la lista de organizaciones terroristas elaborada por su país.
Si se considera que el titular del Ejecutivo se pronunció ayer en
contra del regreso de las políticas de seguridad supeditadas a
Washing-ton, y que el martes el canciller hizo lo propio con respecto a
la pretensión de Trump de convertir la compleja problemática del
narcotráfico en una cruzada antiterrorista, parece claro que el encuentro de hoy ocurre entre posturas confrontadas.
Como se ha sostenido en este espacio, la amenaza del político
republicano supone un disparate y una perversidad: más allá de las
distintas definiciones de terrorismo que pueda haber en juego, el
incluir en esta categoría a los grupos mexicanos del crimen organizado
conlleva graves amenazas para el país.
No debe olvidarse que esa clasificación por parte de Washington para
cualquier grupo político o delictivo implica una inmediata
desestabilización de la nación en la que opere, detona masivas
violaciones a los derechos humanos, propicia el inicio o el
recrudecimiento de conflictos armados y crea las condiciones para
intervenir de manera violenta en otros países. Aunque el nefasto papel
de Estados Unidos en Medio Oriente es bien conocido, también puede
recordarse el más cercano caso colombiano, donde la declaratoria de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como grupo terrorista
constituyó uno de los mayores obstáculos para el logro de la paz, a la
vez que sustentó la barbarie del paramilitarismo de ultraderecha.
Por otra parte, el dislate de Trump supone un intento de ocultar el
preponderante rol de su país en el fenómeno de violencia que padece
México. En este sentido, el tráfico de armas hacia el sur de su frontera
es sin duda preocupante, pero dista mucho de ser la única vinculación
causal entre Estados Unidos y el fortalecimento de la delincuencia
organizada mexicana: el vasto mercado estadunidense es asimismo el
principal cliente del narcotráfico mexicano (y latinoamericano) y de las
redes de explotación sexual; asimismo, los circuitos financieros de
Wall Street y el sector inmobiliario de plazas como Miami encabezan el
lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Todo esto ocurre
bajo la mirada del mismo gobierno que pretende imponer al resto de las
naciones una estrategia de combate al narcotráfico que nunca ha
implementado en su propio territorio, en el cual permanecen intactas
las grandes estructuras de distribución de estupefacientes.
En suma, es fundamental que las autoridades mexicanas expongan a su
visitante las realidades descritas, y que insten a la Casa Blanca a
asumir sus responsabilidades en el tratamiento de sus ciudadanos
adictos, el combate al lavado de dinero, el desmantelamiento de las
redes de narcotráfico de su lado de la frontera y, por
supuesto, la restricción del envío de armas a México. Asimismo, resulta
imperativo desmontar el maniqueo retrato de Estados Unidos como víctima
del narcotráfico latino, y poner en su justa dimensión los
ingentes beneficios económicos y políticos que sus empresas, bancos,
casas de bolsa y autoridades extraen de una actividad ilegal a la que
oficialmente dicen oponerse.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Evan Vucci/AP
(apro) – La posibilidad de que el
presidente de Estados Unidos Donald Trump designe como grupos
terroristas a los cárteles del narcotráfico de México es conveniente
para la sociedad mexicana y el gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Este martes en entrevista con el conductor de la cadena de televisión
Fox News, Bill O’Reilly, el mandatario estadunidense dejó entrever que
está ponderando la designación de los cárteles del narcotráfico mexicano
como organizaciones del terrorismo internacional.
“Serán designados” respondió tajante Trump a la pregunta que le hizo
el conductor del programa televisivo para luego agregar: “He estado
trabajando en eso durante los últimos 90 días (…) la designación no es
tan fácil, tienes que pasar por un proceso, y estamos bien en ese
proceso”.
El cuestionamiento de O’Reilly fue en referencia a la carta que mandó
la semana pasada a la Casa Blanca la familia LeBarón, en la que
solicita a Trump la designación a causa del asesinato de tres mujeres y
seis menores de edad de dicha familia mormona el pasado 4 de noviembre.
Las ambiguas declaraciones de Trump sobre la designación como grupos
terroristas de los cárteles mexicanos, provocó inmediatamente una
reacción de preocupación por parte del gobierno de López Obrador frente a
la posible designación de los grupos criminales.
“Respecto de las declaraciones del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, hechas en entrevista con Bill O’Reilly, la Secretaría de
Relaciones Exteriores informa que ha entrado en comunicación con las
distintas autoridades correspondientes de ese país para conocer el
contenido y los alcances de lo enunciado en ese espacio”, informó la
cancillería mexicana en su comunicado de prensa número 417.
La declaración de Trump sobre la posible designación como grupos
terroristas internacionales a los cárteles mexicanos, no es el primer
intento que se hace en este sentido en los Estados Unidos.
Durante el sexenio de la muerte de Felipe Calderón, y luego de las
constantes aseveraciones de Janet Napolitano (quien fuera secretaria de
Seguridad Interior en la presidencia de Barack Obama) de establecer que
ante los azotes del narcotráfico México era un “Estado fallido”, en el
Congreso estadunidense se llevaron a cabo varios intentos infructuosos
por designar como terroristas a los narcos mexicanos.
Frente a la cruda realidad de inseguridad y luego de más de una
década con un saldo de decenas de miles de muertos y desaparecidos en
relación a la violencia relacionada al narcotráfico, a México le
convendría que Trump designara como terroristas a los traficantes de
drogas ilícitas.
Bajo dicha nominación, el gobierno federal de Estados Unidos estaría
obligado a combatir fehacientemente el tráfico de armas a México e
investigar su sistema bancario para evitar su involucramiento en el
lavado de dinero y financiamiento del narco mexicano; por ejemplo.
La fase para el procedimiento formal de la designación en Estados
Unidos empieza con la notificación al Congreso estadunidense por parte
del Secretario de Estado (en este caso Mike Pompeo) y en cumplimiento
con el Acta de Inmigración y Nacionalidad de 1965, de informar que a los
cárteles mexicanos se les etiqueta como Organizaciones Terroristas
Internacionales.
Pompeo tendría que especificar al Capitolio qué tipo de actividades
terroristas llevan a cabo los cárteles mexicanos, como en las que
incurren los grupos terroristas islámicos, separatistas y marxistas como
los de las naciones árabes y asiáticas que integran la lista de
Organizaciones Terroristas Internacionales del Departamento de Estado.
En concordancia con el Departamento de Estado, el del Tesoro; y en
cumplimiento con la Orden Ejecutiva 13224 puede designar como
Organización Terrorista Internacional a grupos narcotraficantes
extranjeros que con ello quedan sujetos a las sanciones de la Oficina
para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
La acción del Departamento del Tesoro permite la confiscación de
bienes y congelamiento de cuentas bancarias de las entidades designadas y
sus miembros, dentro las jurisdicciones donde se apliquen las leyes de
Estados Unidos, no en el extranjero.
En consulta con el Procurador General de Justicia de los Estados
Unidos, el Secretario de Estado y el del Tesoro le informan al Congreso
la decisión de la designación de la entidad o agrupación extranjera como
Grupo Terrorista Internacional.
El Capitolio tiene un periodo de siete días para canalizar la
propuesta y si no hay objeción debido a las pruebas que les presente el
gobierno federal para asumir dicha designación, esta se instrumenta
cuando se cumple el periodo de gracia al publicarse en el Diario Oficial
de la Federación.
Al catalogar a los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas
Internacionales (OTI), el gobierno federal estadunidense está obligado a
evitar que estos reciban armamento y financiamiento de cualquier lado.
El mismo Trump, como lo han hecho sus antecesores, admite que las
armas que han empoderado a los cárteles del narcotráfico de México son
fabricadas en Estados Unidos.
Esto, sin necesidad de que el gobierno de López Obrador insista en la
cooperación para detener el flujo de armas de norte a sur, obligaría a
Trump a contener el ingreso de arsenal de alto poder y municiones a
México a través de la frontera sur estadunidense.
En paralelo, y como también lo admite el gobierno de Estados Unidos,
el Departamento del Tesoro estaría obligado a cambiar las leyes
bancarias domésticas, empezando con la modificación del secreto bancario
y los límites para el envío de las remesas a México.
Está comprobado que por medio de las transferencias electrónicas de
dinero de hasta nueve mil 999 dólares, los cárteles mexicanos aprovechan
esta deferencia bancaria por parte del Departamento del Tesoro, para
enviar dinero a México procedente de la venta de todo tipo de drogas en
Estados Unidos.
Las transferencias electrónicas de dinero de Estados Unidos a México
menores a los 10 mil dólares están exentas de investigación para
determinar su procedencia, lo cual es aprovechado por el narcotráfico
mexicano para lavar miles de millones de dólares anualmente.
Con el argumento de que estas transferencias de dinero se permiten
por las remesas que mandan a sus familiares a México los inmigrantes de
ese país, el Departamento del Tesoro evita investigar a sus bancos y
determinar su involucramiento en el lavado de dinero de la venta de
narcóticos y armas que lleva a cabo el mercado negro.
Analistas insisten en que el Departamento del Tesoro se niega a
investigar a sus bancos y su relación indirecta o directa con el
narcotráfico, porque el resultado de dicha pesquisa provocaría el
desplome de su mercado financiero y el de otros países.
A México sin duda le convendría que Estados Unidos combatiera por su
propia cuenta el tráfico de armas y el lavado de dinero por narcotráfico
porque disminuiría la violencia y obviamente los asesinatos y
desapariciones en la sociedad mexicana.
Otra implicación de la designación como OTI a los cárteles mexicanos,
es la prohibición irrevocable a todas las entidades del gobierno
federal de Estados Unidos de tener relación y negociaciones con las
entidades extrajeras que implican peligro y riesgos a su seguridad
nacional.
Esta medida obligaría de alguna forma a que Trump ordenara la salida
del territorio mexicano de agentes de agencias federales de su país como
la DEA, FBI, CIA, ICE y del Pentágono, entre otras.
Aunque oficialmente lo niegue, el gobierno de Estados Unidos negocia
acuerdos con los narcotraficantes mexicanos, tal y como quedó demostrado
con documentos y testimonios presentados por el Departamento de
Justicia durante el juicio el año pasado en Nueva York en contra del
narco mexicano, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.
En pleno proceso electoral y por sus ambiciones de reelegirse en los
comicios del 3 de noviembre de 2020, sería contraproducente para Trump
designar como OTI a los cárteles mexicanos.
Combatir al tráfico de armas a México le causaría a Trump enemistarse
con la Asociación Nacional del Rifle que con cientos de millones de
dólares anuales financia campañas políticas en Estados Unidos.
La investigación a la banca privada estadunidense por su posible
participación en el lavado de dinero procedente del narcotráfico
suscitaría una contracción a la economía de Estados Unidos que no
convendría a los intereses electorales de Trump.
El hecho de que el presidente de Estados Unidos se maneja de manera
impredecible genera ruido en que pueda también por interés electoral
hacer la designación a los cárteles mexicanos; una apuesta complicada.
En su comunicado de prensa la Secretaría de Relaciones Exteriores de
México a cargo de Marcelo Ebrard Casaubón, se informó que se buscará
discutir el tema como el Secretario de Estado.
“En virtud de las buenas relaciones que existen entre ambos países,
el gobierno buscará tener un encuentro de alto nivel a la brevedad
posible para presentar la posición de México y conocer los puntos de
vista de las autoridades de Estados Unidos”, subrayó la cancillería
mexicana.
Conforme a las leyes estadunidenses para la designación de OTI, las
entidades afectadas tienen un plazo de 30 días, después de la
publicación en el Diario Oficial de la Federación, para apelar la acción
en la Corte Federal de Apelaciones en el Distrito de Columbia
(Washington, D.C.)
Aldo Fasci, titular de la SSP de Nuevo León. Foto: Twitter @aldo_fasci(apro).- El interés de
Estados Unidos de denominar organizaciones terroristas a los cárteles de
la droga es darle nivel superior a unos asesinos, afirmó el secretario
de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua.
Afirmó que aunque el presidente Donald Trump quiere acabar con los
grupos criminales mexicanos, en realidad ni él ha podido controlarlos en
su país, porque la industria de los estupefacientes es imbatible,
incluso en su territorio, dijo el funcionario estatal.
“Jurídicamente no son terroristas. Creo que les estamos dando un
nivel superior al que tienen. Son asesinos, macuarros y no encontré otra
palabra en el diccionario más que una que decía una maldición para
describirlos. Les estamos dando mucha categoría”, afirmó.
Luego de que Trump planteara que considera darle estatus de
terroristas a los narcos mexicanos, Fasci dijo que las Fuerzas Armadas
estadunidenses tampoco han podido contener los envíos de narcóticos que
llegan de países donde se supone que tienen presencia.
“No hemos podido, nadie en el mundo ha podido con ellos. Ese es el
problema. Estados Unidos tampoco ha podido. ¿De qué fue la queja de
Estados Unidos? Que los cárteles nuestros controlan el mercado de las
drogas allá, entonces ellos tampoco pudieron. ¿Y de dónde viene la
droga? De China, Colombia, Afganistán, donde está el Ejército de Estados
Unidos. Los adictos los ponemos todos. Y la violencia acá está con
armas gringas”, expuso.
Ante la prolongada amenaza que, durante años, ha representado para el
mundo la operación de los cárteles, Fasci dijo que es necesario
detenerlos ya, y que estaría de acuerdo que Trump les cambiara la
denominación si eso sirviera para erradicarlos.
“Si eso es necesario para aplastarlos, no me importa cómo se les
designe, porque ya es momento de pararlos. Ya es demasiado. Ellos no son
dueños de México y no van a hacer lo que les dé su gana y para eso les
tenemos que llamar como sea, así les llamamos”.
“Pero vamos a verle lo positivo: si con eso los vamos a aplastar, qué
bueno, pero si no nos va a servir para nada, entonces no sé para qué
les llamamos terroristas. La postura oficial de mi parte es que con
discursos no vamos a arreglar esto”, aseveró.
Mientras los países produzcan adictos, la lucha contra los narcotraficantes será insuficiente, afirmó.
“Trabajamos de la mano con Estados Unidos pero el asunto con los
cárteles es que mientras haya gente que consuma, nadie va a poder. Los
podemos controlar (a los cárteles) podemos deshacer a uno y va a surgir
otro. Estamos produciendo muchos consumidores, muchos violentos,
delincuentes. Eso es lo que tenemos qué atacar”.
“El problema es que siguen y siguen. Los cárteles de hoy no son los
mismos de hace 10 años. ¿Dónde está el Cártel del Pacífico? Ya no
existe. Y les puedo poner otro. ¿Qué pasó con los Templarios? Van
cambiando, escisiones, nuevos grupos y grupos criminales que no son
cárteles. Al hablar de delincuencia organizada hay que cambiar el
lenguaje. Son asesinos y hay que tratarlos como tales”, puntualizó.
Insiste en su propuesta de entrar al país con la finalidad de limpiarlo todo
▲ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en designar como terroristas internacionales a los cárteles de la droga mexicanos.
Nueva York. El presidente Donald Trump afirmó ayer que calificará a los cárteles del narcotráfico mexicanos de organizaciones extranjeras terroristas, al indicar que lo ha evaluado durante meses aunque nadie en su gobierno, incluso ayer, había comentado que se estaba contemplando esa medida. Más aún, dijo que sigue en pie su ofrecimiento al gobierno mexicano de entrar y limpiarlo todo.
Serán designados, absolutamente, manifestó Trump en entrevista con el comentarista conservador Bill O’Reilly en relación con los cárteles mexicanos, y agregó: he estado trabajando sobre eso durante los últimos 90 días.
Trump sostuvo que esa designación dará más poder a Estados Unidos para enfrentar de manera efectiva el narcotráfico y los homicidios en este país. Estamos perdiendo a 100 mil personas al año con lo que está ocurriendo y lo que está llegando a través de México, respondió ante la afirmación de O’Reilly de que las drogas que provienen de México matan a más de 100 mil estadunidenses al año.
Cuando le preguntó si al designarlos terroristas los atacará con drones, Trump respondió: No voy a decir lo que voy hacer, pero insistió en que serán designados así próximamente.
Comentó que le había ofrecido al presidente mexicano que entráramos para limpiarlo todo, pero hasta ahora ha rechazado el ofrecimiento. Pero en algún momento algo tiene que hacerse.
Aclaró que la designación no está tan fácil; uno tiene que pasar por un proceso y ya estamos muy avanzados en ese proceso. La noticia pareció tomar a muchos por sorpresa ya que ningún otro funcionario de su gobierno comentó hoy o en días recientes al respecto.
Con todo, no es la primera vez que Trump considera esa medida. En marzo, declaró que su gobierno estaba pensando seriamente en designar a los cárteles como organizaciones terroristas. En esa entrevista con el medio conservador Breitbart, dijo también: Lo hemos estado pensando durante mucho tiempo y afirmó que esos grupos criminales deben ser caracterizados como organizaciones terroristas, porque lo son.
Entonces agregó que “México, desafortunadamente, ha perdido el control de los cárteles”. Esos comentarios se dieron semanas después de que Trump declaró una emergencia nacional en la frontera con México en una maniobra con el fin de canalizar más recursos para sus medidas de control fronterizo, incluido su muro.
El Departamento de Estado es la entidad que designa a una organización extranjera como terrorista. La define como un grupo que practica o tiene capacidad para practicar el terrorismo, de tal manera que amenaza la seguridad de nacionales estadunidenses o la seguridad nacional de Estados Unidos.
Una vez designados como organizaciones terroristas, es ilegal para cualquier persona en Estados Unidos brindarles apoyo y toda institución financiera debe bloquear cuentas y transacciones que podrían pertenecer o ser controlados por dichos grupos, cuyos integrantes tienen prohibido ingresar a Estados Unidos.
Al parecer, Trump resucitó esta idea –que había sido promovida antes por varios legisladores republicanos y comentaristas conservadores a principios de este año– en días recientes a partir de la tragedia de la familia LeBarón, luego de que uno de los integrantes de esa familia se reunió con políticos aquí.
En la entrevista con O’Reilly difundida ayer, Trump afirmó: “Me gusta mucho el Presidente (mexicano)… me llevo mucho más bien con este Presidente que con el previo”. Agregó: En teoría este Presidente tiene tendencias socialistas, pero creo que es un hombre muy bueno.
En la conferencia de prensa de la mañana del 21 de octubre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reveló urbe et orbi
que “no sabía del operativo para detener a Ovidio Guzmán en Culiacán.
Sinaloa. Así lo informó el noticiero de Televisa a las 9:24 am (tiempo
del centro). La nota agrega que AMLO indicó que tiene mucha confianza en el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y recordó que su recomendación siempre es cuidar las vidas y que no se violen los derechos humanos durante los operativos.
Y concluyó: Lo que más importa es mi autoridad moral, porque si no
tengo autoridad moral, no tengo autoridad política. No tengo nada, soy
la nada, sin autoridad moral no sin adelantar, aun antes del inicio de cualquier investigación detallada e imprescindible ante una operación tipo regime change, que el gobernador de Sinaloa no tuvo responsabilidad en lo ocurrido porque fue operado por la Sedena.
Entonces, ¿por qué no fue informado AMLO tratándose de un operativo de
alto calibre, equivalente a una declaratoria de “guerra al narco”, basada en ataques, capturas y/o deportaciones de altos capos o, peor aún, de sus familiares?
Ese modus operandi, se sabe en México y en EU, genera alta violencia dentro y entre cárteles.
Al fracturarlos la violencia se disemina e intensifica. Es fuente de
más violencia. Pone en riesgo la vida de cientos a miles. ¿De dónde la
orden de captura a Ovidio y peor, en Culiacán, cuna del narcotráfico,
como señalaron analistas varios? ¿Por qué si se impulsa otra estrategia
se insiste en detener, en este caso, al hijo del Chapo, aunque sin derramamiento de sangre?
Ya Ríodoce había informado el 16 de septiembre de una
reunión del gobernador de Sinaloa con altos cargos de la DEA, de la
embajada de EU y de la Sedena y otros cargos de seguridad. En relación
con esa nota, el 29 de septiembre, en la misma fuente se publicó La Insólita Reunión de la DEA con el gobierno de Sinaloa de Ismael Bojórquez. En ese artículo, se indica que: “Hace dos semanas publicamos en Ríodoce
una nota que en principio parecía extraña. A hurtadillas, sin que casi
nadie se enterara, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, se
reunió con Uttam Dhillon, director interino de la Administración para el
Control de Drogas en Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés)”.
Fue, se lo dijeron al reportero, por invitación del gobierno estatal.
De haber continuado el operativo como exigieron en las horas más
álgidas los panistas, quienes además se apresuraron a levantar querella
judicial contra AMLO por haber detenido la operación, la masacre
habría sido el principio del fin de la gesta histórica en curso de la
4T: después de 36 años de saqueo prianista avalado por el
fondomonetarismo y su programa de empréstitos de ajuste estructural,
centrado desde 1982, en la privatización de los beneficios y la
socialización de los costos. Fue una brutal guerra de clase del mal
llamado neoliberalismo que debilita los fundamentos sociales y económicos de la paz social y que estalla en la masacre calderonista, la “guerra al narco” y la diplomacia militar de facto
de la Iniciativa Mérida (IM), eje de la ampliación territorial que
acarreó el TLCAN y sigue en el T-MEC negociado por Peña Nieto.
Los riesgos diplo-militares de la 4T, un rescate de activos y
recursos naturales estratégicos, no cesa, sigue en curso por mandato del
electorado en las presidenciales de 2018 y del alto nivel de aprobación
de AMLO ahora de 67.5 por ciento, aun después de esa intentona
golpista. Son riesgos que merecen atención no sólo en los detalles.
También en los contextos geo-económicos y geopolíticos de la madeja a
deshilvanar. Los medios locales de Sinaloa y Yucatán, por cierto ambas
localidades con índices a la baja en violencia, resaltaron la Reunión secreta del gobernador priísta de Sinaloa y la DEA, días antes del operativo/intentona en Culiacán.
López Obrador hace bien en lanzar una investigación sobre esa aparente madeja
bajo el principio esencial de la presunción de inocencia, sin dejar de
tener presente las animosidades que se cultivan, en nombramientos o
expresiones de bajeza, como aquella en voz de Fox de darle en la madre a la 4T.
Eso es lo que escupió al cielo la bárbara insensatez que se anida en
ese ex presidente. No importa lo gracioso o payaso que parezca a
algunos: se relaciona con gente que sabe de fortalezas y
desestabilizaciones, que han operado bajo principios como todo de todo con EU, nada de nada con América Latina
y andan fuera de sí luego del patente hundimiento político del
prianismo y su bancarrota. Es un enloquecimiento riesgoso para México,
bajo un cielo plagado de aves de rapiña, que observan atentas al menor
fallo para entrarle al golpismo.
Sólo téngase presente que para EU la guerra al narco, además de negocio sirve para desgastar y exportar a México conceptos y legitimaciones territoriales de la homeland security.
En una batalla, en una
confrontación armada, una de las partes en conflicto gana y la otra
pierde; en ocasiones se puede dar una especie de empate. En Culiacán, el
pasado 17 de octubre, una fuerza superior en táctica y/o en armamento
se impuso a otra. Valorando consecuencias, las partes tomaron las
decisiones que hoy medio conocemos.
Dos cuestiones, desde mi punto de vista, importan en este caso: una,
saber quién fue el mando más alto que dio instrucciones o autorizó que
el operativo para la detención de una persona con fines de extradición,
se diera como se dio. La otra, qué solución puede plantearse para la
erradicación de la delincuencia en el país.
Respecto a quién fue la persona que ordenó el operativo del 17 de
octubre, la autoridad tiene la palabra. Hay obligación de hacerlo
conocer a la opinión pública y quien o quienes tengan responsabilidades,
que las asuman con las correspondientes consecuencias.
Sobre la erradicación de la delincuencia, me parece que la sola
persecución y el enfrentamiento directo con cuerpos policiaco-militares y
la aprehensión o abatimiento de capos ha resultado, ya por varios lustros, insuficiente y finalmente ineficaz.
La delincuencia organizada, el narcotráfico, que son hoy azote
mundial, no son delitos autónomos, esto es, tienen raíces que les dan
origen y han desarrollado vínculos con muchos otros elementos
económicos, políticos, culturales y sociales. Y la problemática que
actualmente plantea la delincuencia debe enfrentarse tomando en cuenta
las causas de su surgimiento y la diversidad de los vínculos que han
desarrollado con otras áreas de la vida nacional e internacional.
Un paso importante será diseñar una política en la que el combate
judicial-policiaco contra la delincuencia considerara las convergencias
que debe haber con las políticas educativa, de salud, de reducción de la
desigualdad social, cultural, de creación de empleos y elevación del
ingreso del trabajador y la familia, internacional (sobre todo en la
relación con Estados Unidos, principalmente para la aplicación de
políticas equivalentes y coordinadas en ambos lados de la frontera), de
abrir oportunidades de progreso a los jóvenes y de manera particular
para ir arrebatando y recuperando para el Estado y la sociedad los
territorios que domina la delincuencia.
No se trata de abandonar lo que hasta ahora se ha estado haciendo,
pero debiera complementarse con otras actividades que no sean sólo de la
competencia policiaco-militar.
¿Cómo desplazar a la delincuencia de los territorios que controla? Estimulando el llamado efecto cucaracha
y sustituyendo la presencia nociva con presencias (en plural)
productivas y creativas del Estado. Se tendrán que diseñar políticas de
desarrollo regional y, valga la expresión, en muchos casos
microrregional, dentro del marco de las políticas nacionales.
La ausencia del Estado, los vacíos que éste ha venido dejando en
municipios y comunidades, en colonias urbanas, en el campo, las sierras y
los puertos, los ocupa la delincuencia. Al final de cuentas no hay
vacíos, no quedan huecos sin llenar. La delincuencia se va a erradicar
en la medida que el Estado esté presente con escuelas de calidad y
maestros bien capacitados y bien pagados; clínicas y hospitales;
actividades culturales y artísticas; proyectos productivos (agrícolas,
industriales, forestales, pesqueros, ganaderos, de artesanías,
energéticos, etcétera.); policía de cercanía debidamente capacitada y
pagada, será lo que desplace a la delincuencia. Si para cada
microrregión del país, según sus vocaciones productivas y sociales se
ponen en marcha programas y proyectos, serán las presencias del Estado,
acompañadas necesariamente por la sociedad que busca seguridades, paz y
progreso, las que vaya asentándose, recuperando y ganando territorio
para la actividad lícita y productiva en contra de la delincuencia.
La anterior parece una propuesta utópica, pero las utopías llegan a
convertirse en realidades. Para que así suceda, en nuestro caso actual,
se requerirá inteligencia (investigación sobre las condiciones en cada
caso prevalecientes y lo que puede y debe hacerse; e inteligencia en las
cabezas que toman decisiones), continuidad y acción responsable.
Lanzarse a recuperar el territorio que hoy controla la delincuencia
con presencias del Estado exigirá recursos financieros y humanos. Contar
con los necesarios demanda, sin duda, una profunda reforma
hacendaria-fiscal-tributaria. Sin recursos suficientes, sin crecimiento
sostenido de la economía en el largo plazo, no habrá posibilidades de un
combate eficaz contra la delincuencia que hoy asola a la sociedad y a
la nación.
Habrá que empezar por el principio y sentar bases sólidas para alcanzar el éxito.
Los sucesos ocurridos la
semana pasada en Culiacán evidenciaron de manera alarmante la fragilidad
del Estado mexicano a la hora de enfrentar al crimen organizado.
No sólo eso. Las fallas, las precipitaciones y la falta de
coordinación en el operativo para la detención de Ovidio Guzmán, uno de
los herederos de El Chapo, dejan al descubierto la ausencia de una estrategia clara, precisa, bien definida, por parte del gobierno lopezobradorista.
El Presidente de México ha sido insistente en que la guerra contra el
narcotráfico se acabó, que no habrá más persecuciones ni más muertos.
Pero eso no basta. La estrategia de López Obrador para poner fin a la
violencia no termina de entenderse. No es clara ni se sabe con precisión
en qué consiste.
La inseguridad no se ha frenado y se siguen sumando cadáveres,
descuartizados y desaparecidos. La lastimosa experiencia en la materia
ha demostrado una y otra vez que el descabezamiento de los cárteles no
es la mejor estrategia. Ante la falta del líder, los subalternos pelean
por el liderazgo, provocando aún más confrontaciones y violencia.
Lo sucedido en la capital de Sinaloa no es más que la consecuencia de
años de mala gestión en la lucha contra el crimen organizado, pero
también de las redes de corrupción y complicidades que han sido tendidas
durante años a lo largo y ancho del país y que nadie sabe a ciencia
cierta de sus verdaderas dimensiones y alcances.
Es evidente que el país requiere con urgencia de un cambio radical en
su política de seguridad. México ha pagado un alto costo al empeñarse
en una absurda política prohibicionista de las drogas, así como en una
irracional guerra.
El asunto requiere, desde luego, de la mayor atención del gobierno y
de las instituciones nacionales. El Estado debe hacerse presente y
buscar los apoyos no sólo de Estados Unidos –el principal consumidor de
drogas en el mundo y corresponsable en el problema que nos aqueja como
nación–, sino de otros países.
La petición formal del gobierno mexicano a Donald Trump para que
ponga mayor atención al control y trasiego clandestino de armas hacia
México pareciera ser un intento, al menos, de poner ese delicadísimo
tema sobre la mesa, pero no resulta difícil adivinar que será
desatendido. Las autoridades de nuestro país deben iniciar y llevar
hasta sus últimas consecuencias una investigación a fondo sobre el
tráfico de armamento que, todos sabemos, existe desde Estados Unidos
hacia territorio mexicano y, fundamentalmente, conocer cómo es que va a
parar a manos del crimen organizado.
En el contexto de la reciente 74 Asamblea General de la ONU se llevó a
cabo un foro donde fueron revisadas las políticas internacionales sobre
drogas. La discusión fue particularmente relevante para nuestro país.
La primera gran conclusión consistió en que ningún país por sí solo
podrá resolver ese flagelo y que, en este contexto, el multilateralismo
representa la mejor opción de la que se dispone para hacer frente a las
múltiples facetas del fenómeno de las drogas en el planeta.
Las políticas más imaginativas e innovadoras impulsan hoy la idea de
una regulación responsable, contraria a la despenalización
indiscriminada. Desde luego no se trata de promover el consumo de
drogas, sino de regularlo sobre dos vertientes fundamentales: los
derechos humanos y la salud pública. México apoya esta propuesta en el
concierto internacional.
Ampliar el abanico de opciones permitiría tener una visión más
general de la venta de drogas y, hasta ahora, se han consolidado tres
ejes fundamentales para alcanzar una más razonable política
internacional: equilibrio, integralidad y responsabilidad global
compartida.
En cuanto al primero de los ejes, el equilibrio, resultaría
importante recuperar el balance, es decir, dar el mismo valor y el mismo
empuje a los compromisos para reducir la oferta que para disminuir la
demanda. Respecto a la integralidad se subraya la importancia de no
continuar con acciones fragmentadas, que de poco o nada han servido.
Y sobre el tercer eje, se plantea tratar de sumar a todos los Estados
en la búsqueda de soluciones más allá del papel que ocupen en la cadena
del mercado ilícito de las drogas.
El reto, se establece a modo de conclusión, es pasar del discurso a
la instrumentación de las recomendaciones, a fin de evitar que continúen
las políticas que han generado muchos más daños que las sustancias
mismas.
La gravedad de los recientes acontecimientos, la respuesta fallida de
la autoridad y los históricos saldos negativos de una lucha sangrienta
–que ahora sabemos– también desigual, muestran la urgencia de un golpe
de timón que modifique el rumbo. Pareciera ser ésta la hora, pues, de
seguir la receta, buscar aliados en el mundo y cambiar en los hechos, ya
no en el discurso, esta estrategia equivocada contra las drogas.