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9/21/2020

El lavado de dinero como negocio bancario

 

Una filtración reciente de documentos secretos del gobierno de Estados Unidos sobre el uso de los servicios bancarios para lavar dinero procedente de organizaciones criminales sirvió de base para que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) elaborara y diera a conocer un fundamentado trabajo acerca del tema.

El examen y síntesis de más de 2 mil 100 documentos provenientes de la unidad antilavado estadunidense (FinCEN) da una idea no sólo de los volúmenes de capital que circulan en ese brumoso universo financiero, sino también de la permisividad que las grandes instituciones bancarias muestran al respecto, más o menos amparadas en la ambigüedad de una legislación que sobre el particular contiene suficientes lagunas como para que en ellas naveguen a sus anchas estafadores y delincuentes de diversa ralea y procedencia.

El llamado lavado de dinero no es otra cosa que la puesta en circulación legal de utilidades financieras resultado de actividades ilegales, y por lo mismo, al margen de los sistemas de control fiscal y hacendario.

La transformación de las ganancias monetarias ilícitas en fondos producidos por una fuente en apariencia legal permite a las personas u organizaciones criminales comprometidas en el proceso disponer de dinero limpio (de ahí la expresión lavado de dinero) para operar como cualquier usuario o empresa en regla con las autoridades.

El propósito último del lavado en cualquiera de sus diferentes variantes es, por supuesto, ocultar la procedencia ilegal de los fondos.

El estudio denominado FinCEN Files identifica a cinco grandes entidades financieras que, aunque no son las únicas, han permitido operaciones millonarias que en el mejor de los casos pueden calificarse de sospechosas y en el peor de ilícitas.

Las organizaciones son JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Nellon, muy conocidas por cierto, con excepción, quizá, de la última, por todos en el mundo de los negocios y de la simple información. De acuerdo con el reporte comentado, esas y otras instituciones conocieron –y aprobaron– transacciones con fondos ilegales por la nada desdeñable suma de 2 billones de dólares; y en todas ellas obtuvieron las comisiones que por lo regular cobran por su gestión administrativa. Así resulta menos sorprendente la elevada tasa de utilidades que al año logran algunas grandes corporaciones bancarias, aun cuando la actual pandemia haya aminorado el crecimiento de aquélla.

El amplio rango de acción de los bancos citados en FinCEN Files explica que las transacciones ilícitas tuvieran como destino países de distintos puntos del globo. En el caso concreto de México –señala el documento del ICIJ– fueron detectadas 57 operaciones sospechosas efectuadas hacia o desde bancos que tienen sucursales en nuestro país.

La mayor filtración de datos financieros registrada en la historia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no permite, además, alegar inocencia o desconocimiento: en algunos casos, las instituciones bancarias siguieron gestionando con alegría los fondos ilegales, aun después de que las autoridades estadunidenses de control financiero les advirtieran que si seguían en ese plan iban a terminar en una corte penal.

Megabancos han cobijado masivos negocios de lavado


Filtran movimientos irregulares de 1999 a 2017 

Permitieron blanquear 2 billones de dólares entre 1999 y 2017 

Revela consorcio internacional de periodistas datos del gobierno de EU 

Mencionan a JPMorgan, HSBC y Deutsche Bank entre involucrados 

Personajes y grupos del crimen organizado, en las operaciones 

En México identificaron 57 transacciones sospechosas 

Bancos globales permiten lavar 2 billones de dólares

En México, 57 transacciones sospechosas; se involucra a Peña Nieto // Las instituciones financieras siguieron moviendo el dinero, pese a ser descubiertas

Grandes bancos del mundo han permitido operaciones con recursos procedentes de lavado de dinero a personas y grupos criminales, revela la investigación FinCEL Files, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Documentos secretos del gobierno estadunidense detallan que cinco instituciones de gran escala se han beneficiado de personajes poderosos y peligrosos aun cuando han sido señalados y sancionados por incumplir con la regulación en contra de este tipo de recursos en Estados Unidos.

Además, expone que existen 57 transacciones sospechosas realizadas hacia o desde bancos que operan en México y que han estado involucrados en este tipo de acciones.

En algunos casos, precisa la investigación, los bancos siguieron moviendo fondos ilícitos incluso después de que funcionarios estadunidenses les advirtieron que enfrentarían procesos penales si no dejaban de hacer negocios con mafiosos, estafadores o regímenes corruptos.

La investigación es una serie de reportes de actividad sospechosa (RAS) que han sido expuestas e indican cómo instituciones bancarias han tenido conocimiento y han permitido hacer transacciones con recursos ilícitos a diversas personas, por un monto que supera 2 billones de dólares, incluidos 514 mil millones de JPMorgan y 1.3 billones de Deutsche Bank.

Las principales entidades financieras involucradas son JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon.

En el caso mexicano se hicieron 57 transacciones por un monto enviado de 5 millones 75 mil 970 dólares, y recibido 338 mil 730 dólares. Se ven involucrados entidades financieras como BBVA, Banorte, Citibanamex, Banco del Bajío, Actinver, Santander, Banco Base y CIBanco.

Incluso hay un movimiento sospechoso que puede involucrar al ex presidente Enrique Peña Nieto, y podría relacionarlo con el venezolano Juan José Rendón Delgado, quien fue asesor de campañas relacionadas con sobornos entre capos colombianos y delitos en contra de mujeres.

Explica que un RAS enviado por la oficina antilavado del banco Deutsche Bank en Estados Unidos detectó que Rendón Delgado hizo seis transferencias sospechosas por 180 mil 20 dólares entre 2016 y 2017.

El caso internacional

JPMorgan, el banco más grande con sede en Estados Unidos, movió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, revelan los documentos filtrados por poco más de mil millones de dólares.

Según la investigación, esta institución también procesó más de 50 millones de dólares en pagos durante una década para Paul Manafort, ex gerente de campaña del presidente Donald Trump. El banco transfirió al menos 6.9 millones en transacciones de Manafort en los 14 meses posteriores a su renuncia a la campaña.

A su vez, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon también continuaron con la realización de pagos sospechosos, pese a que éstos habían hecho promesas de no caer en este tipo de acciones.

La investigación que filtra documentos incluye más de 2 mil 100 informes de actividades sospechosas presentados por bancos y otras firmas financieras en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Estos documentos identifican transacciones realizadas entre 1999 y 2017 que fueron marcadas por ejecutivos de cumplimiento interno de las instituciones financieras como posible lavado de dinero u otra actividad criminal. Los datos fueron obtenidos por el portal Buzz Feed.

Julio Gutiérrez 

Periódico La Jornada

9/01/2020

Un alto funcionario de SRE cayó en las garras de NXIVM y Rainere. “Fue un amargo episodio”, cuentaDolia Estévez

“En el minuto 40 del primer episodio del documental que empezó a transmitirse el domingo 23 de agosto por HBO, Javier Jileta sonríe a Raniere en un ambiente festivo de camaradería”, escribe la periodista Dolia Estévez en el siguiente texto. El alto funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores calificó como un “amargo episodio” su experiencia con el culto sexual Nxivm, de donde fue miembro.
Washington, D.C., 31 de agosto — Javier Jileta Verduzco, alto funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de promover la inversión extranjera en México, fue miembro del infame “culto sexual” Nxivm. Así lo revela la nueva docuserie The Vow (El Juramento), en la que Jileta aparece con Keith Raniere, el líder de la secta que fue condenado por esclavitud y tráfico sexual en 2019. Si bien el polémico pasado de Jileta, actual director general de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, se conoce y justifica en la alta jerarquía de la SRE, es la primera vez que trascienden públicamente.
En el minuto 40 del primer episodio del documental, que empezó a transmitirse el domingo 23 de agosto por HBO, Jileta sonríe a Raniere en un ambiente festivo de camaradería. La imagen fue captada durante la partida del pastel de cumpleaños para Raniere en el resort Silver Bay YMCA, un enorme complejo de conferencias y retiros en Lake George, cerca de Albany, Nueva York, sede de la secta, en agosto de 2016. Era una celebración anual llamada
“Semana V” en honor del natalicio del “supremo maestro”, conocido entre ellos como “Vanguardia”.

    “Amargo episodio”, me dijo Jileta sobre su “experiencia” con Nxivm, en una declaración escrita. Niega haber sabido de alguna “actividad irregular” y dice sentirse “decepcionado” y “engañado” por la organización en la cual buscó “superación personal” (ver correo electrónico 08/28/2020).
El funcionario de la SRE lo calificó como “amargo episodio”. Imagen vía Dolia Estévez.
En coincidencia con la serie en HBO, los fiscales pidieron al juez cadena perpetua para Raniere en la corte del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn la semana pasada. Reiteraron la gravedad de los crímenes y la falta de arrepentimiento del preso. La sentencia está programada para el 27 de octubre (The New York Times 28/08/2020).
The Vow no es la única constancia pública del vínculo de Jileta con el culto criminal. El año pasado, se difundió en redes sociales un video donde bailan juntos Jileta, Emiliano y Cecilia Salinas Occelli, hijos de Carlos Salinas de Gortari, Rosa Laura Junco, hija del dueño de Grupo Reforma, y el resto del llamado “México City team”. Jineta me dijo que el show fue durante las celebraciones del cumpleaños de Raniere en Lake George en 2016.
El show de salsa del llamado “México City team” para festejar el cumpleaños de Keith Raniere, convicto en EU de esclavitud sexual. Foto: Twitter, @M_enMexico.
Liderados por Emiliano Salinas, los bailarines de salsa visten camisetas de colores blanco, amarillo, naranja y verde. The Vow explica que los colores eran un sistema de ranking jerárquico creado por Raniere para indicar nivel de adoctrinamiento y donaciones financieras de los miembros.
Amarillo, el color de la camiseta de Jileta, significaba “coach”, el segundo en la pirámide; el verde de Emiliano quería decir que era “procurador senior”, cuarto nivel jerárquico. Los “coach” y “procuradores senior” estaban facultados para impartir clases en México. Ascender implicaba donar millones de dólares o contribuir a reclutar a otras personas u ofrecer algo de valor estratégico para Raniere (reuniones con potentados, estrellas de cine, etc.).
Javier Jileta, alto funcionario de la SRE, participó en la celebración del cumpleaños del encarcelado líder de la secta Nxivm, la lado den Emiliano y Cecilia Salinas Occelli y Rosa Laura Junco. Imagen vía Twitter, @M_enMexico.
Otra muestra de la cercanía de Jileta con Raniere es el “tributo” que le rinde en Twitter, “por la inspiración” en su vida, con motivo de sus 35 años, el 1 de diciembre de 2016. El 2 de febrero de 2017, también en Twitter, agradece a “Keith y Nancy” (Salzman, número dos en la secta) por “haber hecho posible disfrutar mi vida” y “construir relaciones significativas”.
Jileta se vinculó a Nxivm en 2011, pero en 2015 “tomó distancia” cuando salió al extranjero para realizar estudios de posgrado. Pese al distanciamiento, en agosto de 2016 viajó para participar en el festejo de cumpleaños de Raniere. “Era un convivio anual donde nos veíamos los que habíamos tomado el curso, y decidí ir a ver a mis amigos”, me dijo. Hizo estudios doctorales en la University College London, pero no se graduó. Es egresado del ITAM.
En el minuto 45 de The Vow, que consta de 10 episodios, el hijo de Carlos Salinas mira a la cámara y dice: “Hola, mi nombre es Emiliano Salinas, vengo de una familia política, mi padre fue presidente de México de 1988 a 1994, una época de grandes transformaciones para mi país, lo que me inspiró a buscar un entendimiento más profundo de la transformación humana y social”. El video se usaba para reclutar cuadros.
Con la incorporación de Emilio Salinas Occelli, la secta se posicionó entre la élite política mexicana. Abrió “centros ESP” (Programa de Éxito Ejecutivo) en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y León. Salinas fue el encargado de construir Nxivm en México y de reclutar a un número desconocido de sectarios. Jileta aclaró que no fue Emiliano Salinas quien lo introdujo a Nxivm, sino un “amigo de la infancia” al que no identificó.
No parece haber habido “Semana V” en 2017. Ese año, The New York Times reveló la existencia de una hermandad secreta de mujeres Nxivm que eran marcadas con un fierro caliente con las letras “KR”, las iniciales del venerado (The New York Times 17/10/2017). Varias eran mexicanas. Para entonces, Nxivm estaba en la mira del FBI. Raniere salió huyendo a México tras la publicación. Fue detenido para efectos de deportación en marzo de 2018 en Puerto Vallarta, después de cinco meses de clandestinidad arropado por sus seguidores mexicanos.
Raniere y cinco mujeres incondicionales, incluida Clare Bronfman, heredera del imperio licorero Seagram, fueron acusados de dirigir la subsecta clandestina de mujeres “esclavas” en Nxivm, conocida como DOS (Dominus Obsequious Sororium o Señor de las Compañeras Obedientes). Con la excepción de Ranieri, quien a la fecha mantiene su inocencia, el resto se declaró culpable.
Tras siete semanas de juicio, Raniere fue hallado culpable de siete cargos: crimen organizado, tráfico sexual y fraude, pornografía infantil, extorsión, lavado de dinero y robo de identidad (Boletín de Prensa Eastern District of New York, 19/06/2019).
El Fiscal federal Richard Donoghue declaró que el juicio reveló que Raniere no era ningún “sabio y genio, como se pintaba, sino un maestro de la manipulación, un estafador y un capo criminal de una organización tipo culto implicada en tráfico sexual, pornografía infantil, extorsión, abortos forzados, branding, degradación y humillación. La evidencia probó que Raniere era un verdadero Svengali moderno” (CBS News, YouTube, 19/06/2020).
El funcionario de la SRE. Foto vía Dolia Estévez.
Donoghue está a cargo del caso criminal contra Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño García e Iván Reyes Arzate en la corte de Brooklyn, donde fue condenado El Chapo Guzmán y habría tomado lugar el juicio contra el también depravado sexual Jeffrey Epstein, de no haberse suicidado.
El 23 de mayo de 2019, cuando el juicio contra Rainere en el que fue mencionado se hallaba en su tercera semana, Emiliano Salinas finalmente se deslindó de Nxivm vía Twitter. En lenguaje similar al que hoy usa Jileta, alegó haberse enterado de las “atrocidades” del DOS Nxivm principios de 2018. No explica porque se tardó más de un año en cortar con la secta. Negó todo involucramiento en las actividades criminales. Ninguno de los mexicanos fue acusado en el proceso judicial.
Salinas y Jileta cortaron nexos con Raniere después de que reventó la presa. En los años que militaron en Nxivm ignoraron versiones publicadas sobre la fama de estafador y manipulador que precedió su llegada a México. En octubre de 2003, por ejemplo, Forbes USA dedicó su portada a los programas de presunta superación del falso instructor que, alertó, en realidad buscaban quebrar psicológicamente a sus sujetos. “Creo que es un culto”, declaró a la revista Edgar Bronfman, padre de Sara y Clare, que donaron millones de dólares a Raniere. ¿No sabían Salinas y Jileta o no querían saber?
En la reunión de embajadores y cónsules en enero pasado, Martha Delgado, jefa inmediata de Jileta, anunció la creación de la Dirección General de Impulso Económico Global en substitución de ProMéxico. Puso a cargo de la nueva responsabilidad a Jileta.
La explicación que ofrece el protegido de Delgado no sólo es tardía sino insuficiente. Deja muchas interrogantes. ¿Qué tan cercana fue su relación con Raniere? ¿Cuántas veces se reunió con él? ¿Le ayudó a fugarse a México? ¿Hay más ex militantes de Nxivm en el gobierno o es el único?
Muchos encontrarán poco creíble el desconocimiento que alega. Si tiene más qué decir sobre su “amargo episodio”, ahora es el momento. No se trata de estigmatizar a nadie sino de conocer la verdad sobre un asunto de interés público: el alcance de la conexión y penetración en México del Nxivm. No es cualquier cosa que un alto funcionario de la SRE salga en un documental sobre un culto sexual criminal. El estándar de medición ética y de honestidad de un funcionario es, o debe ser, más alto al de cualquier hijo de expresidente.
Twitter: @DoliaEstevez
https://www.sinembargo.mx/31-08-2020/3851819

6/28/2020

Desafío al Estado

Editorial La Jornada 


La madrugada de ayer, alrededor de 20 hombres emboscaron el convoy en que viajaba el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. El funcionario recibió tres impactos de bala y varias heridas de esquirla, de los cuales se recuperó tras una cirugía realizada en un hospital del sur de la capital; sin embargo, dos de sus escoltas y una transeúnte fallecieron como resultado de la agresión. Horas después, se informó que al menos 12 personas fueron detenidas por su participación en el atentado que tuvo lugar en la colonia Lomas de Chapultepec, de la alcaldía Miguel Hidalgo.
Aunque la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, pidió no especular acerca de la autoría del atentado y esperar los resultados de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia, a través de su cuenta de Twitter, el propio García Harfuch atribuyó el ataque en su contra al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Además de resultar alarmante en sí mismo, el atentado contra García Harfuch da la puntilla a la construcción discursiva que buscaba presentar a la capital del país como una suerte de zona blindada, a prueba de la penetra­ción de los grupos del crimen organizado que desde hace más de una década controlan extensas porciones del territorio nacional. En efecto, mientras los ciudadanos de las entidades del norte del país se veían obligados a desarrollar sus vidas cotidianas en medio de manifestaciones extremas de violencia y de la inoperancia palpable de las autoridades, el entonces Distrito Federal –Ciudad de México a partir de 2016– gozaba de una aparente calma, pese a la persistencia de ilícitos del fuero común.
La evidente distancia entre el carácter acotado de la violencia delictiva que tenía lugar en la capital, y las exhibiciones de poder de fuego que el crimen organizado desplegaba en otras entidades, permitió a los gobernantes mantener la versión según la cual podía hablarse de bandas delictivas locales, pero ni cabía calificar a éstas como cárteles ni había indicios de que las grandes organizaciones delictivas nacionales operasen aquí. Este discurso de excepcionalidad se mantuvo imperturbable pese a los constantes y crecientes avisos de que, si tal inmunidad existió alguna vez, se había perdido.
Ayer, autoridades y ciudadanos capitalinos se vieron obligados a confrontar la realidad ante lo que fue un abierto desafío al Estado, pues no cabe otra interpretación frente al intento de asesinato de un personaje clave de las instituciones de seguridad, perpetrado además en un punto emblemático de la metrópoli.
Más allá de las conclusiones a las que llegue la Fiscalía, y de la imperativa aprehensión del conjunto de los autores materiales e intelectuales del atentado, estos sucesos deben llevar a las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como a la sociedad –local y nacional–, a emprender una seria reflexión sobre la gangrena delictiva que se ha extendido por todo el país. La resignación o, peor, la normalización, de este tipo de hechos supondrían una derrota intolerable para el Estado y para todos los ciudadanos que apuestan por construir un futuro de justicia y equidad.

5/03/2020

El Gobierno de Calderón sabía de los nexos entre García Luna y el narco, dice Jacobson a Proceso


Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna,
 en 2011. Foto: Cuartoscuro.

García Luna, el todopoderoso Secretario de Seguridad Pública federal en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, está acusado en Nueva York de tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio.

Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).– El Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa contaba con información sobre la relación entre Genaro García Luna y el narcotráfico, reveló la ex Embajadora estadounidense Roberta Jacobson a la revista Proceso.
“Culpar a Estados Unidos por datos que poseía y sugerir que el Gobierno de México no tenía la información sobre la corrupción o problemas de un funcionario, probablemente es tan inocente y peor, francamente, que una dupilicidad”, dijo la ex Embajadora de Estados Unidos en México a la la revista mexicana.
Además, Jacobson le reveló a Proceso: “La información que obteníamos –en el Departamento de Estado– era por conducto de funcionarios estadounidenses, pero venía de parte de mexicanos, ellos era los que más información recibían y tenían sobre la corrupción de García Luna”.
La entrevista, firmada por el periodista J. Jesús Esquivel, expone que Roberta Jacobson supo de los manejos de García Luna incluso desde el sexenio de Vicente Fox Quesada, considerando que de diciembre de 2002 a junio de 2007 ella fue titular del llamado “Mexican Desk” en el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El texto de Esquivel afirma que, sin embargo, las nuevas revelaciones de Jacobson se enfocan en los seis años de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando ella, aclara el periodista, se hizo cargo de la Iniciativa Mérida y de otros temas en la relación con México y Canadá.
El periodista destaca también que “pocos funcionarios o ex funcionarios del Departamento de Estado conocen al detalle, como Jacobson, la relación con México, en especial la que hubo con Calderón, lo que le da autoridad a su voz”.


¿QUIÉN ES ROBERTA JACOBSON?

“Roberta S. Jacobson llegó a México el 20 de junio de 2016. El hecho marcó un hito histórico: por primera vez en casi 200 años de relaciones diplomáticas, Estados Unidos enviaba a una mujer como Embajadora. Designada por el Presidente Barack Obama, Jacobson conocía cabalmente los temas y a los interlocutores mexicanos.
Como Secretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, había estado a cargo del trato cotidiano con México y de la implementación de la Iniciativa Mérida, a la que Washington consideraba prioritaria.A diferencia de muchos de sus antecesores, Jacobson fue bien recibida.
“Destaca por una notable carrera diplomática en el servicio exterior y la administración pública de su país”, observó la Cancillería. Con excepción quizá del Embajador Jeffrey Davidow, Washington no había enviado a México a un profesional de la diplomacia con credenciales tan sólidas como las de Jacobson”, dice una entrevista de Dolia Estévez, publicada en exclusiva para SinEmbargo.
En esa pieza, Estévez, periodista especializada en la relación de México y Estados Unidos hace décadas, describió los avatares que la ahora ex Embajadora enfrentó cuando fue nombrada por el entonces Presidente Barack Obama y, luego, ratificada por el Gobierno de Donald Trump.

“A sabiendas de que Jacobson no tenía el sello de aprobación de Trump, Videgaray disminuyó sus atribuciones. Constriñó el trato con Washington a sus componendas con Kushner. La relación giró en torno a lo que ambos convenían. Entre febrero de 2017 y noviembre de 2018, Videgaray visitó Washington 29 veces. Un récord histórico. Por un tiempo, Jacobson no tuvo interlocutores de alto nivel en Washington. El Departamento de Estado y la oficina de Kushner no siempre le informaban sobre las reuniones con Videgaray. El secretario de Estado no le tomaba las llamadas. Su asesoría profesional no era tomada en cuenta. Cuando Kushner visitó la Ciudad de México en marzo de 2018, deliberadamente excluyó a Jacobson de los encuentros con Peña Nieto y Videgaray”, dice el texto publicado por SinEmbargo el 27 de septiembre de 2019.
“Viajó a los estados, admirando su geografía, arte culinario, artesanías, tradiciones y, sobre todo, el talento y valor del pueblo mexicano. Protestó por los asesinatos de periodistas y por la violencia contra las mujeres, denunció la violación de los derechos humanos e impulsó la educación. Participó dos veces en marchas por el orgullo LGBTTTI. Acompañó a los rescatistas estadounidenses que asistieron en el terremoto de 2017. Usó su cuenta de Twitter para comunicarse con los mexicanos. Fue tal su éxito en las redes sociales que el subsecretario para América del Norte y un gobernador estatal le llamaron para quejarse. El cariño por México y los mexicanos fue correspondido. Cuando anunció que se iba “a buscar otras oportunidades”, muchos usuarios lamentaron su despedida y otros tantos la llamaron “la mejor embajadora de Estados Unidos en México”. Los libros de historia quizá la recuerden como la embajadora de Trump que, paradójicamente, se ganó el cariño de los mexicanos”, expone el perfil de la periodista mexicana que es parte de su libro Así nos ven. Entrevistas inéditas con embajadores estadounidenses en México.

¿DÓNDE ESTÁ HOY GARCÍA LUNA?
García Luna diseñó y condujo la “estrategia” de Calderón Hinojosa supuestamente contra los cárteles mexicanos. De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, lo que el ex Secretario de Seguridad Pública federal hizo en esos años fue favorecer al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más sanguinarias de todos los tiempos; también se cree que cuidó los intereses de Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera; de Ismael “El Mayo” Zambada y de Héctor Beltrán Leyva.
García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 bajo el Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón, está acusado en Nueva York de tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio.
Se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán a cambio de permitir que éste traficara cocaína a sus anchas.
Durante el juicio a “El Chapo” celebrado a fines de 2018 e inicios de 2019 en Nueva York, el jurado escuchó al ex miembro del Cártel de Sinaloa, Jesús Zambada, testificar que entregó personalmente por lo menos seis millones de dólares a García Luna en pagos clandestinos a nombre de su hermano mayor, el jefe del cártel, Ismael “El Mayo” Zambada.
El testigo dijo que se reunió con García Luna en un restaurante entre 2005 y 2006. Jesús Zambada declaró que le dio una maleta con tres millones de dólares en el lugar. En ese momento García Luna estaba a cargo de la agencia federal de investigación de México. En una segunda reunión en 2007, cuando García Luna ya era Secretario de Seguridad Pública, Zambada dijo que le dio otra maleta con entre tres y cinco millones de dólares.

12/12/2019

García Luna, el topo de El Chapo



Genaro García Luna consiguió, a lo largo de décadas, las más altas credenciales de reconocimiento policial en nuestro país y en el mundo. Ayudó a construir instituciones y trabajó con ahínco para darle dignidad al trabajo de seguridad. Lo terrible es que era un topo, un infiltrado del cártel de Sinaloa, en el corazón mismo de la policía mexicana.
De acuerdo a la fiscalía de Nueva York, García Luna trabajó para Joaquín El Chapo Guzmán, recibiendo sobornos millonarios y permitiendo el tráfico de cocaína a Estados Unidos.
La detención es un golpe que hace estallar por los aires el legado, en seguridad, del gobierno de Felipe Calderón y pone en entredicho muchas de sus acciones.
Se reactivan muchas de las teorías conspirativas y se mancha el esfuerzo genuino de cientos, de miles de policías y militares que enfrentaron al narcotráfico con decisión y entereza durante esos años duros.
Pero además, es una suerte de derrota, porque García Luna proviene de una idea de seguridad pública basada en la obtención de inteligencia y en la utilización de recursos tecnológicos para combatir al crimen y así lo hizo desde el propio Cisen, en donde uno de los logros más notables fue la detención del secuestrador Daniel Arizmendi El Mochaorejas.
Pero García Luna, al fin y al cabo, era un policía que respondía a tradiciones profundas, a ideas sobre la vida y el prestigio, que modulan la forma de enfrentarse de modo cotidiano a la muerte y que despiertan apetitos muchas veces voraces.
Quienes empuñan las armas, al hacerlo en condiciones de muy bajo reconocimiento social, buscan alicientes en el poder y el dinero, dos sustancias que tiene la peculiaridad de crear adicción y de nunca ser suficientes.
De comprobarse las acusaciones, porque tendrá que desarrollarse un juicio, sería importante tener una idea de cuándo pactó con los mafiosos y cuál fue el precio para hacerlo. Ese tipo de acuerdos se van madurando con los años. ¿Desde el Cisen, en la Policía Federal, en la AFI o ya en la Secretaría de de Seguridad Pública?
Esto es relevante, porque quizá tuvimos enfrente al maestro del engaño, y durante décadas, que dio avisos que nunca se escucharon y que dejó pistas que las autoridades no recolectaron, hasta ahora.
Alguna vez dijo que la AFI era a prueba de corrupción, porque sólo él tenía la información completa de los asuntos relevantes. También expresó que admiraba a los guerrilleros que habían secuestrado a un gran empresario porque, a pesar de las condiciones de miseria en que se encontraban, no habían tomado un solo dólar del rescate, porque ello implicaría robar a la causa y convertirse en delincuentes comunes.
Siempre dejó claro que despreciaba a los viejos comandantes de la Policía Judicial Federal (PJF), porque los consideraba incapaces de adaptarse a nuevos tiempos, en los que se requería de habilidades técnicas y de preparación y no sólo de ese conocimiento intuitivo y hasta básico que desarrollan los oficiales a lo largo de los años.
Es por eso que realizó una reingeniería de la PJF, con nuevas formas de control y una política anticorrupción férrea y desde arriba. En su presentación en la Procuraduría General de la República, en diciembre de 2000, a sus subordinados les dijo que dio a conocer su patrimonio con la intención de que se abstuvieran de intentar corromper u ofrecer dinero o cualquier otra forma de soborno porque serían detenidos y consignados con toda contundencia. Una gran paradoja.
¿Quién es en realidad García Luna? Pronto lo sabremos y es probable que lo que vamos a presenciar no le guste a nadie, inclusive ni a sus críticos más constantes y consistentes.
Periodista. Coautor, con Jorge Carpizo, de Asesinato de un cardenal

Desde 2015 opera en el país empresa de seguridad creada por García Luna

Glac Consulting, empresa creada por Genaro García Luna con el fin de brindar asesoría en materia de seguridad, mantiene desde su creación, en 2015, una oficina en México y uno de sus primeros clientes fue el Partido Acción Nacional (PAN). Sus oficinas en la Ciudad de México se ubican en el edificio Espacio Santa Fe, en la alcaldía de Cuajimalpa, tiene un sitio de Internet y cuentas en varias redes sociales.
El directorio de Glac señala que García Luna es el director general, y entre los integrantes del consejo directivo se menciona a José A. Rodríguez Jr., ex jefe de operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), donde se desempeñó como director del Centro de contraterrorismo, director adjunto del Centro contra el narcotráfico y jefe de la división de América Latina.
También aparecen Raúl Roldán, quien se identifica como miembro de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), especializado en el combate al lavado de dinero y los delitos contra la propiedad industrial; Luis Enrique Montenegro, general de la Policía Nacional de Colombia, donde llegó a ser titular de la Dirección de Investigación Criminal, y Jesús de la Morena, comisionado general de la Policía Nacional de España.
Una de las redes sociales de Glac es Linkedin, donde se encuentra como uno de sus colaboradores a Facundo Rosas, ex comisionado de la Policía Federal cuando García Luna era titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
Glac tiene registrados unos 12 productos, entre ellos uno denominado “programas informáticos y software”, que incluye software grabado en soportes magnéticos o descargado de una red remota.
Entre los primeros clientes de Glac está el PAN: el 24 de abril de 2015 firmó un contrato con esa empresa por asesoría y análisis en procedimientos de recursos humanos. El monto a pagar fue de un millón 160 mil pesos.
Funcionarios federales señalaron que durante la gestión de García Luna hubo empresas con las cuales se vincularon sus colaboradores y que presuntamente beneficiaron al ex secretario de Seguridad Pública, como Obses de México, a la cual el gobierno de Felipe Calderón benefició con contratos directos con un monto superior a 650 millones de pesos por la entrega de equipo táctico (chalecos antibalas y otros insumos para las áreas de reacción y antimotines) destinado a los agentes de la Policía Federal y el pago de servicios.
En los registros de Compranet aparecen las referencias de los servicios contratados por la SSP federal con Obses de México, la cual mantiene su operación de distribución de equipo táctico y venta de software utilizado para el seguimiento e intervención telefónica.
Periódico La Jornada

12/11/2019

García Luna, detenido en Dallas por corrupción y narcotráfico

Solicita fiscal se le juzgue en Nueva York
Richard Donoghue lo acusa de conspiración para traficar cocaína a EU y mentir a las autoridades Recibió sobornos millonarios del cártel de Sinaloa cuando era titular de la SSP
En el juicio de El Chapo Guzmán El Rey Zambada lo acusó de esos delitos
Enfrentará una condena de 10 años de cárcel hasta cadena perpetua

Foto
▲ Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, durante el Consejo Nacional de Seguridad celebrado el 21 de agosto de 2008 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Nueva York. Genaro García Luna, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública de México entre 2006 y 2012 –uno de los guerreros oficiales antidrogas más destacados y elogiados por Washington durante ese periodo–, fue arrestado en Estados Unidos bajo cargos federales de narcotráfico, corrupción y mentir a las autoridades estadunidenses.
García Luna fue detenido el lunes en Dallas, Texas, por agentes federales bajo los cargos emitidos por la fiscalía federal en Nueva York el 4 de diciembre, que lo acusa de conspiración para traficar cocaína y mentir ante autoridades estadunidenses.
Un juez en Dallas, ante el cual se presentó ayer por primera vez el acusado, citó para el próximo martes a audiencia sobre su detención. Los fiscales encargados del caso solicitan el traslado del detenido a Nueva York con la finalidad de que enfrente los cargos ante el mismo tribunal federal donde su enjuició a Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
“El acusado abusó de sus puestos oficiales… para ayudar al cártel de Sinaloa a traficar cocaína a Estados Unidos, incluida la ciudad de Nueva York. A cambio de sobornos multimillonarios, permitió que el cártel de Sinaloa –una de las organizaciones criminales más grandes y violentas del mundo– operara con impunidad en México. Hasta hoy lucra de sus delitos y ha mentido sobre ello a Estados Unidos en su intento de obtener la ciudadanía estadunidense”, resumió el fiscal federal Richard Donoghue al solicitar ante tribunales el encarcelamiento de García Luna hasta la fecha en que se dé inicio a su juicio.
Donoghue anunció este martes públicamente los cargos. Detalló que “García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa de El Chapo Guzmán mientras controlaba la fuerza de la Policía Federal y era el responsable de la seguridad pública en México”.
De acuerdo con la acusación formal y otros documentos registrados ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, García Luna, mientras ocupaba altos puestos de gobierno entre 2001 y 2012, recibió decenas de millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de otorgar protección a sus actividades, entre ellas el traslado de drogas, información de agencias de seguridad pública sobre sus investigaciones, así como de otros cárteles rivales.
En dos ocasiones, afirma el gobierno estadunidense, el cártel de Sinaloa entregó personalmente pagos de soborno a García Luna en maletines que contenían entre 3 y 5 millones de dólares en efectivo. Según documentos financieros obtenidos por el gobierno de Was-hington, cuando el acusado se mudó a Estados Unidos en 2012 tenía una fortuna personal millonaria.
De acuerdo con pruebas en poder de las autoridades estadunidenses, con la asistencia corrupta de García Luna el cártel de Sinaloa condujo su actividad criminal en México sin interferencia significativa de las fuerzas de seguridad pública mexicanas e importó cantidades de multi-toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos, escribe el fiscal Donoghue en los documentos presentados al tribunal en Nueva York.
Gran cantidad de la evidencia en el caso proviene o se reveló durante el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán que se realizó a finales de 2018 y principios del año en curso en el mismo tribunal en que ahora se presentaron los cargos contra García Luna, revela la fiscalía.
Por ejemplo, el testimonio de Jesús El Rey Zambada –hermano del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada–, quien detalló los sobornos multimillonarios que pagaron a García Luna a mediados de la década de 2000, incluyendo dos pagos específicos de entre 3 y 5 millones de dólares en efectivo personalmente entregados al acusado.
Más aún, los cargos señalan que García Luna, al mentir sobre su actividad corrupta al solicitar la naturalización en Estados Unidos en 2018, cometió otro delito grave.
García Luna, de 51 años de edad, y recientemente residente en Florida, enfrenta condenas potenciales de un mínimo de 10 años de prisión a un máximo de cadena perpetua por los cargos de conspiración por narcotráfico.
El fiscal Donoghue elogió a las autoridades federales al señalar que el arresto de García Luna “demuestra nuestra determinación para llevar a la justicia a aquellos que ayudan a los cárteles a infligir daño devastador sobre Estados Unidos y México, sin importar los puestos que tenían cuando cometieron sus delitos”.

Foto José Carlo González
Corresponsal, Periódico La Jornada

12/05/2019

Narcotráfico: la responsabilidad de Washington

Editorial La Jornada


El presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard se reunirán hoy con William Barr, secretario de Justicia de Estados Unidos, quien arribó ayer a México para abordar cuestiones de seguridad. El fiscal general estadunidense también sostendrá conversaciones con su homólogo Alejandro Gertz Manero y con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, durante una visita enmarcada de manera inevitable por la intención del presidente Donald Trump de incluir a los cárteles mexicanos de las drogas en la lista de organizaciones terroristas elaborada por su país.
Si se considera que el titular del Ejecutivo se pronunció ayer en contra del regreso de las políticas de seguridad supeditadas a Washing-ton, y que el martes el canciller hizo lo propio con respecto a la pretensión de Trump de convertir la compleja problemática del narcotráfico en una cruzada antiterrorista, parece claro que el encuentro de hoy ocurre entre posturas confrontadas.
Como se ha sostenido en este espacio, la amenaza del político republicano supone un disparate y una perversidad: más allá de las distintas definiciones de terrorismo que pueda haber en juego, el incluir en esta categoría a los grupos mexicanos del crimen organizado conlleva graves amenazas para el país.
No debe olvidarse que esa clasificación por parte de Washington para cualquier grupo político o delictivo implica una inmediata desestabilización de la nación en la que opere, detona masivas violaciones a los derechos humanos, propicia el inicio o el recrudecimiento de conflictos armados y crea las condiciones para intervenir de manera violenta en otros países. Aunque el nefasto papel de Estados Unidos en Medio Oriente es bien conocido, también puede recordarse el más cercano caso colombiano, donde la declaratoria de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como grupo terrorista constituyó uno de los mayores obstáculos para el logro de la paz, a la vez que sustentó la barbarie del paramilitarismo de ultraderecha.
Por otra parte, el dislate de Trump supone un intento de ocultar el preponderante rol de su país en el fenómeno de violencia que padece México. En este sentido, el tráfico de armas hacia el sur de su frontera es sin duda preocupante, pero dista mucho de ser la única vinculación causal entre Estados Unidos y el fortalecimento de la delincuencia organizada mexicana: el vasto mercado estadunidense es asimismo el principal cliente del narcotráfico mexicano (y latinoamericano) y de las redes de explotación sexual; asimismo, los circuitos financieros de Wall Street y el sector inmobiliario de plazas como Miami encabezan el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Todo esto ocurre bajo la mirada del mismo gobierno que pretende imponer al resto de las naciones una estrategia de combate al narcotráfico que nunca ha implementado en su propio territorio, en el cual permanecen intactas las grandes estructuras de distribución de estupefacientes.
En suma, es fundamental que las autoridades mexicanas expongan a su visitante las realidades descritas, y que insten a la Casa Blanca a asumir sus responsabilidades en el tratamiento de sus ciudadanos adictos, el combate al lavado de dinero, el desmantelamiento de las redes de narcotráfico de su lado de la frontera y, por supuesto, la restricción del envío de armas a México. Asimismo, resulta imperativo desmontar el maniqueo retrato de Estados Unidos como víctima del narcotráfico latino, y poner en su justa dimensión los ingentes beneficios económicos y políticos que sus empresas, bancos, casas de bolsa y autoridades extraen de una actividad ilegal a la que oficialmente dicen oponerse.

11/28/2019

Conviene que Trump designe a cárteles mexicanos como terroristas



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Evan Vucci/AP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Foto: Evan Vucci/AP
 (apro) – La posibilidad de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump designe como grupos terroristas a los cárteles del narcotráfico de México es conveniente para la sociedad mexicana y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este martes en entrevista con el conductor de la cadena de televisión Fox News, Bill O’Reilly, el mandatario estadunidense dejó entrever que está ponderando la designación de los cárteles del narcotráfico mexicano como organizaciones del terrorismo internacional.
“Serán designados” respondió tajante Trump a la pregunta que le hizo el conductor del programa televisivo para luego agregar: “He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días (…) la designación no es tan fácil, tienes que pasar por un proceso, y estamos bien en ese proceso”.
El cuestionamiento de O’Reilly fue en referencia a la carta que mandó la semana pasada a la Casa Blanca la familia LeBarón, en la que solicita a Trump la designación a causa del asesinato de tres mujeres y seis menores de edad de dicha familia mormona el pasado 4 de noviembre.
Las ambiguas declaraciones de Trump sobre la designación como grupos terroristas de los cárteles mexicanos, provocó inmediatamente una reacción de preocupación por parte del gobierno de López Obrador frente a la posible designación de los grupos criminales.
“Respecto de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hechas en entrevista con Bill O’Reilly, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que ha entrado en comunicación con las distintas autoridades correspondientes de ese país para conocer el contenido y los alcances de lo enunciado en ese espacio”, informó la cancillería mexicana en su comunicado de prensa número 417.
La declaración de Trump sobre la posible designación como grupos terroristas internacionales a los cárteles mexicanos, no es el primer intento que se hace en este sentido en los Estados Unidos.
Durante el sexenio de la muerte de Felipe Calderón, y luego de las constantes aseveraciones de Janet Napolitano (quien fuera secretaria de Seguridad Interior en la presidencia de Barack Obama) de establecer que ante los azotes del narcotráfico México era un “Estado fallido”, en el Congreso estadunidense se llevaron a cabo varios intentos infructuosos por designar como terroristas a los narcos mexicanos.
Frente a la cruda realidad de inseguridad y luego de más de una década con un saldo de decenas de miles de muertos y desaparecidos en relación a la violencia relacionada al narcotráfico, a México le convendría que Trump designara como terroristas a los traficantes de drogas ilícitas.
Bajo dicha nominación, el gobierno federal de Estados Unidos estaría obligado a combatir fehacientemente el tráfico de armas a México e investigar su sistema bancario para evitar su involucramiento en el lavado de dinero y financiamiento del narco mexicano; por ejemplo.
La fase para el procedimiento formal de la designación en Estados Unidos empieza con la notificación al Congreso estadunidense por parte del Secretario de Estado (en este caso Mike Pompeo) y en cumplimiento con el Acta de Inmigración y Nacionalidad de 1965, de informar que a los cárteles mexicanos se les etiqueta como Organizaciones Terroristas Internacionales.
Pompeo tendría que especificar al Capitolio qué tipo de actividades terroristas llevan a cabo los cárteles mexicanos, como en las que incurren los grupos terroristas islámicos, separatistas y marxistas como los de las naciones árabes y asiáticas que integran la lista de Organizaciones Terroristas Internacionales del Departamento de Estado.
En concordancia con el Departamento de Estado, el del Tesoro; y en cumplimiento con la Orden Ejecutiva 13224 puede designar como Organización Terrorista Internacional a grupos narcotraficantes extranjeros que con ello quedan sujetos a las sanciones de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
La acción del Departamento del Tesoro permite la confiscación de bienes y congelamiento de cuentas bancarias de las entidades designadas y sus miembros, dentro las jurisdicciones donde se apliquen las leyes de Estados Unidos, no en el extranjero.
En consulta con el Procurador General de Justicia de los Estados Unidos, el Secretario de Estado y el del Tesoro le informan al Congreso la decisión de la designación de la entidad o agrupación extranjera como Grupo Terrorista Internacional.
El Capitolio tiene un periodo de siete días para canalizar la propuesta y si no hay objeción debido a las pruebas que les presente el gobierno federal para asumir dicha designación, esta se instrumenta cuando se cumple el periodo de gracia al publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Al catalogar a los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Internacionales (OTI), el gobierno federal estadunidense está obligado a evitar que estos reciban armamento y financiamiento de cualquier lado.
El mismo Trump, como lo han hecho sus antecesores, admite que las armas que han empoderado a los cárteles del narcotráfico de México son fabricadas en Estados Unidos.
Esto, sin necesidad de que el gobierno de López Obrador insista en la cooperación para detener el flujo de armas de norte a sur, obligaría a Trump a contener el ingreso de arsenal de alto poder y municiones a México a través de la frontera sur estadunidense.
En paralelo, y como también lo admite el gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro estaría obligado a cambiar las leyes bancarias domésticas, empezando con la modificación del secreto bancario y los límites para el envío de las remesas a México.
Está comprobado que por medio de las transferencias electrónicas de dinero de hasta nueve mil 999 dólares, los cárteles mexicanos aprovechan esta deferencia bancaria por parte del Departamento del Tesoro, para enviar dinero a México procedente de la venta de todo tipo de drogas en Estados Unidos.
Las transferencias electrónicas de dinero de Estados Unidos a México menores a los 10 mil dólares están exentas de investigación para determinar su procedencia, lo cual es aprovechado por el narcotráfico mexicano para lavar miles de millones de dólares anualmente.
Con el argumento de que estas transferencias de dinero se permiten por las remesas que mandan a sus familiares a México los inmigrantes de ese país, el Departamento del Tesoro evita investigar a sus bancos y determinar su involucramiento en el lavado de dinero de la venta de narcóticos y armas que lleva a cabo el mercado negro.
Analistas insisten en que el Departamento del Tesoro se niega a investigar a sus bancos y su relación indirecta o directa con el narcotráfico, porque el resultado de dicha pesquisa provocaría el desplome de su mercado financiero y el de otros países.
A México sin duda le convendría que Estados Unidos combatiera por su propia cuenta el tráfico de armas y el lavado de dinero por narcotráfico porque disminuiría la violencia y obviamente los asesinatos y desapariciones en la sociedad mexicana.
Otra implicación de la designación como OTI a los cárteles mexicanos, es la prohibición irrevocable a todas las entidades del gobierno federal de Estados Unidos de tener relación y negociaciones con las entidades extrajeras que implican peligro y riesgos a su seguridad nacional.
Esta medida obligaría de alguna forma a que Trump ordenara la salida del territorio mexicano de agentes de agencias federales de su país como la DEA, FBI, CIA, ICE y del Pentágono, entre otras.
Aunque oficialmente lo niegue, el gobierno de Estados Unidos negocia acuerdos con los narcotraficantes mexicanos, tal y como quedó demostrado con documentos y testimonios presentados por el Departamento de Justicia durante el juicio el año pasado en Nueva York en contra del narco mexicano, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.
En pleno proceso electoral y por sus ambiciones de reelegirse en los comicios del 3 de noviembre de 2020, sería contraproducente para Trump designar como OTI a los cárteles mexicanos.
Combatir al tráfico de armas a México le causaría a Trump enemistarse con la Asociación Nacional del Rifle que con cientos de millones de dólares anuales financia campañas políticas en Estados Unidos.
La investigación a la banca privada estadunidense por su posible participación en el lavado de dinero procedente del narcotráfico suscitaría una contracción a la economía de Estados Unidos que no convendría a los intereses electorales de Trump.
El hecho de que el presidente de Estados Unidos se maneja de manera impredecible genera ruido en que pueda también por interés electoral hacer la designación a los cárteles mexicanos; una apuesta complicada.
En su comunicado de prensa la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a cargo de Marcelo Ebrard Casaubón, se informó que se buscará discutir el tema como el Secretario de Estado.
“En virtud de las buenas relaciones que existen entre ambos países, el gobierno buscará tener un encuentro de alto nivel a la brevedad posible para presentar la posición de México y conocer los puntos de vista de las autoridades de Estados Unidos”, subrayó la cancillería mexicana.
Conforme a las leyes estadunidenses para la designación de OTI, las entidades afectadas tienen un plazo de 30 días, después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, para apelar la acción en la Corte Federal de Apelaciones en el Distrito de Columbia (Washington, D.C.)

Llamar terroristas a cárteles es concederles un nivel superior: Fasci


Luciano Campos Garza
Aldo Fasci, titular de la SSP de Nuevo León. Foto: Twitter @aldo_fasci Aldo Fasci, titular de la SSP de Nuevo León. Foto: Twitter @aldo_fasci(apro).- El interés de Estados Unidos de denominar organizaciones terroristas a los cárteles de la droga es darle nivel superior a unos asesinos, afirmó el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua.
Afirmó que aunque el presidente Donald Trump quiere acabar con los grupos criminales mexicanos, en realidad ni él ha podido controlarlos en su país, porque la industria de los estupefacientes es imbatible, incluso en su territorio, dijo el funcionario estatal.
“Jurídicamente no son terroristas. Creo que les estamos dando un nivel superior al que tienen. Son asesinos, macuarros y no encontré otra palabra en el diccionario más que una que decía una maldición para describirlos. Les estamos dando mucha categoría”, afirmó.
Luego de que Trump planteara que considera darle estatus de terroristas a los narcos mexicanos, Fasci dijo que las Fuerzas Armadas estadunidenses tampoco han podido contener los envíos de narcóticos que llegan de países donde se supone que tienen presencia.
“No hemos podido, nadie en el mundo ha podido con ellos. Ese es el problema. Estados Unidos tampoco ha podido. ¿De qué fue la queja de Estados Unidos? Que los cárteles nuestros controlan el mercado de las drogas allá, entonces ellos tampoco pudieron. ¿Y de dónde viene la droga? De China, Colombia, Afganistán, donde está el Ejército de Estados Unidos. Los adictos los ponemos todos. Y la violencia acá está con armas gringas”, expuso.
Ante la prolongada amenaza que, durante años, ha representado para el mundo la operación de los cárteles, Fasci dijo que es necesario detenerlos ya, y que estaría de acuerdo que Trump les cambiara la denominación si eso sirviera para erradicarlos.
“Si eso es necesario para aplastarlos, no me importa cómo se les designe, porque ya es momento de pararlos. Ya es demasiado. Ellos no son dueños de México y no van a hacer lo que les dé su gana y para eso les tenemos que llamar como sea, así les llamamos”.
“Pero vamos a verle lo positivo: si con eso los vamos a aplastar, qué bueno, pero si no nos va a servir para nada, entonces no sé para qué les llamamos terroristas. La postura oficial de mi parte es que con discursos no vamos a arreglar esto”, aseveró.
Mientras los países produzcan adictos, la lucha contra los narcotraficantes será insuficiente, afirmó.
“Trabajamos de la mano con Estados Unidos pero el asunto con los cárteles es que mientras haya gente que consuma, nadie va a poder. Los podemos controlar (a los cárteles) podemos deshacer a uno y va a surgir otro. Estamos produciendo muchos consumidores, muchos violentos, delincuentes. Eso es lo que tenemos qué atacar”.
“El problema es que siguen y siguen. Los cárteles de hoy no son los mismos de hace 10 años. ¿Dónde está el Cártel del Pacífico? Ya no existe. Y les puedo poner otro. ¿Qué pasó con los Templarios? Van cambiando, escisiones, nuevos grupos y grupos criminales que no son cárteles. Al hablar de delincuencia organizada hay que cambiar el lenguaje. Son asesinos y hay que tratarlos como tales”, puntualizó.

11/27/2019

Trump calificará de terroristas a cárteles de México

Tendrá más poder contra la delincuencia
Insiste en su propuesta de entrar al país con la finalidad de limpiarlo todo
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▲ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en designar como terroristas internacionales a los cárteles de la droga mexicanos.

Nueva York. El presidente Donald Trump afirmó ayer que calificará a los cárteles del narcotráfico mexicanos de organizaciones extranjeras terroristas, al indicar que lo ha evaluado durante meses aunque nadie en su gobierno, incluso ayer, había comentado que se estaba contemplando esa medida. Más aún, dijo que sigue en pie su ofrecimiento al gobierno mexicano de entrar y limpiarlo todo.
Serán designados, absolutamente, manifestó Trump en entrevista con el comentarista conservador Bill O’Reilly en relación con los cárteles mexicanos, y agregó: he estado trabajando sobre eso durante los últimos 90 días.
Trump sostuvo que esa designación dará más poder a Estados Unidos para enfrentar de manera efectiva el narcotráfico y los homicidios en este país. Estamos perdiendo a 100 mil personas al año con lo que está ocurriendo y lo que está llegando a través de México, respondió ante la afirmación de O’Reilly de que las drogas que provienen de México matan a más de 100 mil estadunidenses al año.
Cuando le preguntó si al designarlos terroristas los atacará con drones, Trump respondió: No voy a decir lo que voy hacer, pero insistió en que serán designados así próximamente.
Comentó que le había ofrecido al presidente mexicano que entráramos para limpiarlo todo, pero hasta ahora ha rechazado el ofrecimiento. Pero en algún momento algo tiene que hacerse.
Aclaró que la designación no está tan fácil; uno tiene que pasar por un proceso y ya estamos muy avanzados en ese proceso. La noticia pareció tomar a muchos por sorpresa ya que ningún otro funcionario de su gobierno comentó hoy o en días recientes al respecto.
Con todo, no es la primera vez que Trump considera esa medida. En marzo, declaró que su gobierno estaba pensando seriamente en designar a los cárteles como organizaciones terroristas. En esa entrevista con el medio conservador Breitbart, dijo también: Lo hemos estado pensando durante mucho tiempo y afirmó que esos grupos criminales deben ser caracterizados como organizaciones terroristas, porque lo son.
Entonces agregó que “México, desafortunadamente, ha perdido el control de los cárteles”. Esos comentarios se dieron semanas después de que Trump declaró una emergencia nacional en la frontera con México en una maniobra con el fin de canalizar más recursos para sus medidas de control fronterizo, incluido su muro.
El Departamento de Estado es la entidad que designa a una organización extranjera como terrorista. La define como un grupo que practica o tiene capacidad para practicar el terrorismo, de tal manera que amenaza la seguridad de nacionales estadunidenses o la seguridad nacional de Estados Unidos.
Una vez designados como organizaciones terroristas, es ilegal para cualquier persona en Estados Unidos brindarles apoyo y toda institución financiera debe bloquear cuentas y transacciones que podrían pertenecer o ser controlados por dichos grupos, cuyos integrantes tienen prohibido ingresar a Estados Unidos.
Al parecer, Trump resucitó esta idea –que había sido promovida antes por varios legisladores republicanos y comentaristas conservadores a principios de este año– en días recientes a partir de la tragedia de la familia LeBarón, luego de que uno de los integrantes de esa familia se reunió con políticos aquí.
En la entrevista con O’Reilly difundida ayer, Trump afirmó: “Me gusta mucho el Presidente (mexicano)… me llevo mucho más bien con este Presidente que con el previo”. Agregó: En teoría este Presidente tiene tendencias socialistas, pero creo que es un hombre muy bueno.

Foto Afp
Corresponsal
Periódico La Jornada

10/24/2019

Culiacán: ¿Operativo diplo-militar?



En la conferencia de prensa de la mañana del 21 de octubre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reveló urbe et orbi que “no sabía del operativo para detener a Ovidio Guzmán en Culiacán. Sinaloa. Así lo informó el noticiero de Televisa a las 9:24 am (tiempo del centro). La nota agrega que AMLO indicó que tiene mucha confianza en el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y recordó que su recomendación siempre es cuidar las vidas y que no se violen los derechos humanos durante los operativos.
Y concluyó: Lo que más importa es mi autoridad moral, porque si no tengo autoridad moral, no tengo autoridad política. No tengo nada, soy la nada, sin autoridad moral no sin adelantar, aun antes del inicio de cualquier investigación detallada e imprescindible ante una operación tipo regime change, que el gobernador de Sinaloa no tuvo responsabilidad en lo ocurrido porque fue operado por la Sedena. Entonces, ¿por qué no fue informado AMLO tratándose de un operativo de alto calibre, equivalente a una declaratoria de “guerra al narco”, basada en ataques, capturas y/o deportaciones de altos capos o, peor aún, de sus familiares?
Ese modus operandi, se sabe en México y en EU, genera alta violencia dentro y entre cárteles. Al fracturarlos la violencia se disemina e intensifica. Es fuente de más violencia. Pone en riesgo la vida de cientos a miles. ¿De dónde la orden de captura a Ovidio y peor, en Culiacán, cuna del narcotráfico, como señalaron analistas varios? ¿Por qué si se impulsa otra estrategia se insiste en detener, en este caso, al hijo del Chapo, aunque sin derramamiento de sangre?
Ya Ríodoce había informado el 16 de septiembre de una reunión del gobernador de Sinaloa con altos cargos de la DEA, de la embajada de EU y de la Sedena y otros cargos de seguridad. En relación con esa nota, el 29 de septiembre, en la misma fuente se publicó La Insólita Reunión de la DEA con el gobierno de Sinaloa de Ismael Bojórquez. En ese artículo, se indica que: “Hace dos semanas publicamos en Ríodoce una nota que en principio parecía extraña. A hurtadillas, sin que casi nadie se enterara, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, se reunió con Uttam Dhillon, director interino de la Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés)”. Fue, se lo dijeron al reportero, por invitación del gobierno estatal.
De haber continuado el operativo como exigieron en las horas más álgidas los panistas, quienes además se apresuraron a levantar querella judicial contra AMLO por haber detenido la operación, la masacre habría sido el principio del fin de la gesta histórica en curso de la 4T: después de 36 años de saqueo prianista avalado por el fondomonetarismo y su programa de empréstitos de ajuste estructural, centrado desde 1982, en la privatización de los beneficios y la socialización de los costos. Fue una brutal guerra de clase del mal llamado neoliberalismo que debilita los fundamentos sociales y económicos de la paz social y que estalla en la masacre calderonista, la “guerra al narco” y la diplomacia militar de facto de la Iniciativa Mérida (IM), eje de la ampliación territorial que acarreó el TLCAN y sigue en el T-MEC negociado por Peña Nieto.
Los riesgos diplo-militares de la 4T, un rescate de activos y recursos naturales estratégicos, no cesa, sigue en curso por mandato del electorado en las presidenciales de 2018 y del alto nivel de aprobación de AMLO ahora de 67.5 por ciento, aun después de esa intentona golpista. Son riesgos que merecen atención no sólo en los detalles. También en los contextos geo-económicos y geopolíticos de la madeja a deshilvanar. Los medios locales de Sinaloa y Yucatán, por cierto ambas localidades con índices a la baja en violencia, resaltaron la Reunión secreta del gobernador priísta de Sinaloa y la DEA, días antes del operativo/intentona en Culiacán.
López Obrador hace bien en lanzar una investigación sobre esa aparente madeja bajo el principio esencial de la presunción de inocencia, sin dejar de tener presente las animosidades que se cultivan, en nombramientos o expresiones de bajeza, como aquella en voz de Fox de darle en la madre a la 4T. Eso es lo que escupió al cielo la bárbara insensatez que se anida en ese ex presidente. No importa lo gracioso o payaso que parezca a algunos: se relaciona con gente que sabe de fortalezas y desestabilizaciones, que han operado bajo principios como todo de todo con EU, nada de nada con América Latina y andan fuera de sí luego del patente hundimiento político del prianismo y su bancarrota. Es un enloquecimiento riesgoso para México, bajo un cielo plagado de aves de rapiña, que observan atentas al menor fallo para entrarle al golpismo.
Sólo téngase presente que para EU la guerra al narco, además de negocio sirve para desgastar y exportar a México conceptos y legitimaciones territoriales de la homeland security.
Facebook: JohnSaxeF

Culiacán: arrebatar el territorio a la delincuencia



En una batalla, en una confrontación armada, una de las partes en conflicto gana y la otra pierde; en ocasiones se puede dar una especie de empate. En Culiacán, el pasado 17 de octubre, una fuerza superior en táctica y/o en armamento se impuso a otra. Valorando consecuencias, las partes tomaron las decisiones que hoy medio conocemos.
Dos cuestiones, desde mi punto de vista, importan en este caso: una, saber quién fue el mando más alto que dio instrucciones o autorizó que el operativo para la detención de una persona con fines de extradición, se diera como se dio. La otra, qué solución puede plantearse para la erradicación de la delincuencia en el país.
Respecto a quién fue la persona que ordenó el operativo del 17 de octubre, la autoridad tiene la palabra. Hay obligación de hacerlo conocer a la opinión pública y quien o quienes tengan responsabilidades, que las asuman con las correspondientes consecuencias.
Sobre la erradicación de la delincuencia, me parece que la sola persecución y el enfrentamiento directo con cuerpos policiaco-militares y la aprehensión o abatimiento de capos ha resultado, ya por varios lustros, insuficiente y finalmente ineficaz.
La delincuencia organizada, el narcotráfico, que son hoy azote mundial, no son delitos autónomos, esto es, tienen raíces que les dan origen y han desarrollado vínculos con muchos otros elementos económicos, políticos, culturales y sociales. Y la problemática que actualmente plantea la delincuencia debe enfrentarse tomando en cuenta las causas de su surgimiento y la diversidad de los vínculos que han desarrollado con otras áreas de la vida nacional e internacional.
Un paso importante será diseñar una política en la que el combate judicial-policiaco contra la delincuencia considerara las convergencias que debe haber con las políticas educativa, de salud, de reducción de la desigualdad social, cultural, de creación de empleos y elevación del ingreso del trabajador y la familia, internacional (sobre todo en la relación con Estados Unidos, principalmente para la aplicación de políticas equivalentes y coordinadas en ambos lados de la frontera), de abrir oportunidades de progreso a los jóvenes y de manera particular para ir arrebatando y recuperando para el Estado y la sociedad los territorios que domina la delincuencia.
No se trata de abandonar lo que hasta ahora se ha estado haciendo, pero debiera complementarse con otras actividades que no sean sólo de la competencia policiaco-militar.
¿Cómo desplazar a la delincuencia de los territorios que controla? Estimulando el llamado efecto cucaracha y sustituyendo la presencia nociva con presencias (en plural) productivas y creativas del Estado. Se tendrán que diseñar políticas de desarrollo regional y, valga la expresión, en muchos casos microrregional, dentro del marco de las políticas nacionales.
La ausencia del Estado, los vacíos que éste ha venido dejando en municipios y comunidades, en colonias urbanas, en el campo, las sierras y los puertos, los ocupa la delincuencia. Al final de cuentas no hay vacíos, no quedan huecos sin llenar. La delincuencia se va a erradicar en la medida que el Estado esté presente con escuelas de calidad y maestros bien capacitados y bien pagados; clínicas y hospitales; actividades culturales y artísticas; proyectos productivos (agrícolas, industriales, forestales, pesqueros, ganaderos, de artesanías, energéticos, etcétera.); policía de cercanía debidamente capacitada y pagada, será lo que desplace a la delincuencia. Si para cada microrregión del país, según sus vocaciones productivas y sociales se ponen en marcha programas y proyectos, serán las presencias del Estado, acompañadas necesariamente por la sociedad que busca seguridades, paz y progreso, las que vaya asentándose, recuperando y ganando territorio para la actividad lícita y productiva en contra de la delincuencia.
La anterior parece una propuesta utópica, pero las utopías llegan a convertirse en realidades. Para que así suceda, en nuestro caso actual, se requerirá inteligencia (investigación sobre las condiciones en cada caso prevalecientes y lo que puede y debe hacerse; e inteligencia en las cabezas que toman decisiones), continuidad y acción responsable.
Lanzarse a recuperar el territorio que hoy controla la delincuencia con presencias del Estado exigirá recursos financieros y humanos. Contar con los necesarios demanda, sin duda, una profunda reforma hacendaria-fiscal-tributaria. Sin recursos suficientes, sin crecimiento sostenido de la economía en el largo plazo, no habrá posibilidades de un combate eficaz contra la delincuencia que hoy asola a la sociedad y a la nación.
Habrá que empezar por el principio y sentar bases sólidas para alcanzar el éxito.

Cambio de estrategia



Los sucesos ocurridos la semana pasada en Culiacán evidenciaron de manera alarmante la fragilidad del Estado mexicano a la hora de enfrentar al crimen organizado.
No sólo eso. Las fallas, las precipitaciones y la falta de coordinación en el operativo para la detención de Ovidio Guzmán, uno de los herederos de El Chapo, dejan al descubierto la ausencia de una estrategia clara, precisa, bien definida, por parte del gobierno lopezobradorista.
El Presidente de México ha sido insistente en que la guerra contra el narcotráfico se acabó, que no habrá más persecuciones ni más muertos. Pero eso no basta. La estrategia de López Obrador para poner fin a la violencia no termina de entenderse. No es clara ni se sabe con precisión en qué consiste.
La inseguridad no se ha frenado y se siguen sumando cadáveres, descuartizados y desaparecidos. La lastimosa experiencia en la materia ha demostrado una y otra vez que el descabezamiento de los cárteles no es la mejor estrategia. Ante la falta del líder, los subalternos pelean por el liderazgo, provocando aún más confrontaciones y violencia.
Lo sucedido en la capital de Sinaloa no es más que la consecuencia de años de mala gestión en la lucha contra el crimen organizado, pero también de las redes de corrupción y complicidades que han sido tendidas durante años a lo largo y ancho del país y que nadie sabe a ciencia cierta de sus verdaderas dimensiones y alcances.
Es evidente que el país requiere con urgencia de un cambio radical en su política de seguridad. México ha pagado un alto costo al empeñarse en una absurda política prohibicionista de las drogas, así como en una irracional guerra.
El asunto requiere, desde luego, de la mayor atención del gobierno y de las instituciones nacionales. El Estado debe hacerse presente y buscar los apoyos no sólo de Estados Unidos –el principal consumidor de drogas en el mundo y corresponsable en el problema que nos aqueja como nación–, sino de otros países.
La petición formal del gobierno mexicano a Donald Trump para que ponga mayor atención al control y trasiego clandestino de armas hacia México pareciera ser un intento, al menos, de poner ese delicadísimo tema sobre la mesa, pero no resulta difícil adivinar que será desatendido. Las autoridades de nuestro país deben iniciar y llevar hasta sus últimas consecuencias una investigación a fondo sobre el tráfico de armamento que, todos sabemos, existe desde Estados Unidos hacia territorio mexicano y, fundamentalmente, conocer cómo es que va a parar a manos del crimen organizado.
En el contexto de la reciente 74 Asamblea General de la ONU se llevó a cabo un foro donde fueron revisadas las políticas internacionales sobre drogas. La discusión fue particularmente relevante para nuestro país. La primera gran conclusión consistió en que ningún país por sí solo podrá resolver ese flagelo y que, en este contexto, el multilateralismo representa la mejor opción de la que se dispone para hacer frente a las múltiples facetas del fenómeno de las drogas en el planeta.
Las políticas más imaginativas e innovadoras impulsan hoy la idea de una regulación responsable, contraria a la despenalización indiscriminada. Desde luego no se trata de promover el consumo de drogas, sino de regularlo sobre dos vertientes fundamentales: los derechos humanos y la salud pública. México apoya esta propuesta en el concierto internacional.
Ampliar el abanico de opciones permitiría tener una visión más general de la venta de drogas y, hasta ahora, se han consolidado tres ejes fundamentales para alcanzar una más razonable política internacional: equilibrio, integralidad y responsabilidad global compartida.
En cuanto al primero de los ejes, el equilibrio, resultaría importante recuperar el balance, es decir, dar el mismo valor y el mismo empuje a los compromisos para reducir la oferta que para disminuir la demanda. Respecto a la integralidad se subraya la importancia de no continuar con acciones fragmentadas, que de poco o nada han servido.
Y sobre el tercer eje, se plantea tratar de sumar a todos los Estados en la búsqueda de soluciones más allá del papel que ocupen en la cadena del mercado ilícito de las drogas.
El reto, se establece a modo de conclusión, es pasar del discurso a la instrumentación de las recomendaciones, a fin de evitar que continúen las políticas que han generado muchos más daños que las sustancias mismas.
La gravedad de los recientes acontecimientos, la respuesta fallida de la autoridad y los históricos saldos negativos de una lucha sangrienta –que ahora sabemos– también desigual, muestran la urgencia de un golpe de timón que modifique el rumbo. Pareciera ser ésta la hora, pues, de seguir la receta, buscar aliados en el mundo y cambiar en los hechos, ya no en el discurso, esta estrategia equivocada contra las drogas.