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1/26/2020

Adicciones: cuestión de salud

Editorial La Jornada


El enorme problema de violencia vinculada con las actividades del crimen organizado que padece México tiene, además de todos los conocidos, el lamentable efecto de desviar el interés mediático, ciudadano y político del otro gran tema relacionado con los estupefacientes: a saber, el de la atención y el acompañamiento que requieren no sólo las personas adictas, sino también sus seres queridos, quienes suelen cargar con todas las angustias y los riesgos presentes cuando un familiar o amigo cae en el abuso de sustancias –complicaciones que aumentan de manera exponencial cuando se trata de estupefacientes ilegales.
De acuerdo con los últimos datos fuertes que se encuentran disponibles, durante las dos primeras décadas del siglo, el uso de drogas ilícitas tuvo un sensible incremento entre la población mexicana, con cifras particularmente alarmantes en el caso de los jóvenes y las mujeres: mientras el incremento total de quienes consumieron estas sustancias alguna vez en la vida fue de poco más de 100 por ciento, se disparó más de 400 por ciento entre la población femenina, con un repunte significativo a partir de 2011 en ambos géneros. El mismo estudio (Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017) estimó que más de medio millón de personas se encuentran en una situación de dependencia hacia uno o varios estupefacientes.
Debe remarcarse que el uso y, ante todo, la dependencia de sustancias son en primer lugar un problema de salud pública que debe abordarse desde esta perspectiva tanto por el derecho de toda persona a la protección de su salud, como por los inmensos costos –materiales, pero también humanos y éticos– que acarrea al país la pérdida de su fuerza de trabajo debido al deterioro de las facultades físicas y cognitivas que acarrean las adicciones. En este sentido, queda claro que la estrategia punitiva de combate a la farmacodependencia, implementada durante los más recientes sexenios y en buena parte vigente hasta hoy, fue inútil e incluso contraproducente. En efecto, además de arrojar nulos resultados en la prevención del consumo de drogas ilícitas, la penalización motivó que las personas usuarias fueran revictimizadas por la doble vía del estigma social y de la caída en un sistema judicial que propiciaba la confusión entre enfermos y criminales.
Cabe esperar que la Estrategia de Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas presentada ayer por el gobierno de la Ciudad de México cumpla con su propósito manifiesto de abordar esta problemática de manera incluyente, a partir de políticas de salud y con garantías plenas para los derechos humanos de la población objetivo. El despliegue humano y material anunciado para la implementación del plan puede ser una señal positiva, pero será indispensable un seguimiento estrecho de autoridades, medios y sociedad para evitar que este esfuerzo se convierta en una declaratoria de buenas intenciones.

12/05/2019

Narcotráfico: la responsabilidad de Washington

Editorial La Jornada


El presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard se reunirán hoy con William Barr, secretario de Justicia de Estados Unidos, quien arribó ayer a México para abordar cuestiones de seguridad. El fiscal general estadunidense también sostendrá conversaciones con su homólogo Alejandro Gertz Manero y con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, durante una visita enmarcada de manera inevitable por la intención del presidente Donald Trump de incluir a los cárteles mexicanos de las drogas en la lista de organizaciones terroristas elaborada por su país.
Si se considera que el titular del Ejecutivo se pronunció ayer en contra del regreso de las políticas de seguridad supeditadas a Washing-ton, y que el martes el canciller hizo lo propio con respecto a la pretensión de Trump de convertir la compleja problemática del narcotráfico en una cruzada antiterrorista, parece claro que el encuentro de hoy ocurre entre posturas confrontadas.
Como se ha sostenido en este espacio, la amenaza del político republicano supone un disparate y una perversidad: más allá de las distintas definiciones de terrorismo que pueda haber en juego, el incluir en esta categoría a los grupos mexicanos del crimen organizado conlleva graves amenazas para el país.
No debe olvidarse que esa clasificación por parte de Washington para cualquier grupo político o delictivo implica una inmediata desestabilización de la nación en la que opere, detona masivas violaciones a los derechos humanos, propicia el inicio o el recrudecimiento de conflictos armados y crea las condiciones para intervenir de manera violenta en otros países. Aunque el nefasto papel de Estados Unidos en Medio Oriente es bien conocido, también puede recordarse el más cercano caso colombiano, donde la declaratoria de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como grupo terrorista constituyó uno de los mayores obstáculos para el logro de la paz, a la vez que sustentó la barbarie del paramilitarismo de ultraderecha.
Por otra parte, el dislate de Trump supone un intento de ocultar el preponderante rol de su país en el fenómeno de violencia que padece México. En este sentido, el tráfico de armas hacia el sur de su frontera es sin duda preocupante, pero dista mucho de ser la única vinculación causal entre Estados Unidos y el fortalecimento de la delincuencia organizada mexicana: el vasto mercado estadunidense es asimismo el principal cliente del narcotráfico mexicano (y latinoamericano) y de las redes de explotación sexual; asimismo, los circuitos financieros de Wall Street y el sector inmobiliario de plazas como Miami encabezan el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Todo esto ocurre bajo la mirada del mismo gobierno que pretende imponer al resto de las naciones una estrategia de combate al narcotráfico que nunca ha implementado en su propio territorio, en el cual permanecen intactas las grandes estructuras de distribución de estupefacientes.
En suma, es fundamental que las autoridades mexicanas expongan a su visitante las realidades descritas, y que insten a la Casa Blanca a asumir sus responsabilidades en el tratamiento de sus ciudadanos adictos, el combate al lavado de dinero, el desmantelamiento de las redes de narcotráfico de su lado de la frontera y, por supuesto, la restricción del envío de armas a México. Asimismo, resulta imperativo desmontar el maniqueo retrato de Estados Unidos como víctima del narcotráfico latino, y poner en su justa dimensión los ingentes beneficios económicos y políticos que sus empresas, bancos, casas de bolsa y autoridades extraen de una actividad ilegal a la que oficialmente dicen oponerse.

11/28/2019

Conviene que Trump designe a cárteles mexicanos como terroristas



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Evan Vucci/AP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Foto: Evan Vucci/AP
 (apro) – La posibilidad de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump designe como grupos terroristas a los cárteles del narcotráfico de México es conveniente para la sociedad mexicana y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este martes en entrevista con el conductor de la cadena de televisión Fox News, Bill O’Reilly, el mandatario estadunidense dejó entrever que está ponderando la designación de los cárteles del narcotráfico mexicano como organizaciones del terrorismo internacional.
“Serán designados” respondió tajante Trump a la pregunta que le hizo el conductor del programa televisivo para luego agregar: “He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días (…) la designación no es tan fácil, tienes que pasar por un proceso, y estamos bien en ese proceso”.
El cuestionamiento de O’Reilly fue en referencia a la carta que mandó la semana pasada a la Casa Blanca la familia LeBarón, en la que solicita a Trump la designación a causa del asesinato de tres mujeres y seis menores de edad de dicha familia mormona el pasado 4 de noviembre.
Las ambiguas declaraciones de Trump sobre la designación como grupos terroristas de los cárteles mexicanos, provocó inmediatamente una reacción de preocupación por parte del gobierno de López Obrador frente a la posible designación de los grupos criminales.
“Respecto de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hechas en entrevista con Bill O’Reilly, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que ha entrado en comunicación con las distintas autoridades correspondientes de ese país para conocer el contenido y los alcances de lo enunciado en ese espacio”, informó la cancillería mexicana en su comunicado de prensa número 417.
La declaración de Trump sobre la posible designación como grupos terroristas internacionales a los cárteles mexicanos, no es el primer intento que se hace en este sentido en los Estados Unidos.
Durante el sexenio de la muerte de Felipe Calderón, y luego de las constantes aseveraciones de Janet Napolitano (quien fuera secretaria de Seguridad Interior en la presidencia de Barack Obama) de establecer que ante los azotes del narcotráfico México era un “Estado fallido”, en el Congreso estadunidense se llevaron a cabo varios intentos infructuosos por designar como terroristas a los narcos mexicanos.
Frente a la cruda realidad de inseguridad y luego de más de una década con un saldo de decenas de miles de muertos y desaparecidos en relación a la violencia relacionada al narcotráfico, a México le convendría que Trump designara como terroristas a los traficantes de drogas ilícitas.
Bajo dicha nominación, el gobierno federal de Estados Unidos estaría obligado a combatir fehacientemente el tráfico de armas a México e investigar su sistema bancario para evitar su involucramiento en el lavado de dinero y financiamiento del narco mexicano; por ejemplo.
La fase para el procedimiento formal de la designación en Estados Unidos empieza con la notificación al Congreso estadunidense por parte del Secretario de Estado (en este caso Mike Pompeo) y en cumplimiento con el Acta de Inmigración y Nacionalidad de 1965, de informar que a los cárteles mexicanos se les etiqueta como Organizaciones Terroristas Internacionales.
Pompeo tendría que especificar al Capitolio qué tipo de actividades terroristas llevan a cabo los cárteles mexicanos, como en las que incurren los grupos terroristas islámicos, separatistas y marxistas como los de las naciones árabes y asiáticas que integran la lista de Organizaciones Terroristas Internacionales del Departamento de Estado.
En concordancia con el Departamento de Estado, el del Tesoro; y en cumplimiento con la Orden Ejecutiva 13224 puede designar como Organización Terrorista Internacional a grupos narcotraficantes extranjeros que con ello quedan sujetos a las sanciones de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
La acción del Departamento del Tesoro permite la confiscación de bienes y congelamiento de cuentas bancarias de las entidades designadas y sus miembros, dentro las jurisdicciones donde se apliquen las leyes de Estados Unidos, no en el extranjero.
En consulta con el Procurador General de Justicia de los Estados Unidos, el Secretario de Estado y el del Tesoro le informan al Congreso la decisión de la designación de la entidad o agrupación extranjera como Grupo Terrorista Internacional.
El Capitolio tiene un periodo de siete días para canalizar la propuesta y si no hay objeción debido a las pruebas que les presente el gobierno federal para asumir dicha designación, esta se instrumenta cuando se cumple el periodo de gracia al publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Al catalogar a los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Internacionales (OTI), el gobierno federal estadunidense está obligado a evitar que estos reciban armamento y financiamiento de cualquier lado.
El mismo Trump, como lo han hecho sus antecesores, admite que las armas que han empoderado a los cárteles del narcotráfico de México son fabricadas en Estados Unidos.
Esto, sin necesidad de que el gobierno de López Obrador insista en la cooperación para detener el flujo de armas de norte a sur, obligaría a Trump a contener el ingreso de arsenal de alto poder y municiones a México a través de la frontera sur estadunidense.
En paralelo, y como también lo admite el gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro estaría obligado a cambiar las leyes bancarias domésticas, empezando con la modificación del secreto bancario y los límites para el envío de las remesas a México.
Está comprobado que por medio de las transferencias electrónicas de dinero de hasta nueve mil 999 dólares, los cárteles mexicanos aprovechan esta deferencia bancaria por parte del Departamento del Tesoro, para enviar dinero a México procedente de la venta de todo tipo de drogas en Estados Unidos.
Las transferencias electrónicas de dinero de Estados Unidos a México menores a los 10 mil dólares están exentas de investigación para determinar su procedencia, lo cual es aprovechado por el narcotráfico mexicano para lavar miles de millones de dólares anualmente.
Con el argumento de que estas transferencias de dinero se permiten por las remesas que mandan a sus familiares a México los inmigrantes de ese país, el Departamento del Tesoro evita investigar a sus bancos y determinar su involucramiento en el lavado de dinero de la venta de narcóticos y armas que lleva a cabo el mercado negro.
Analistas insisten en que el Departamento del Tesoro se niega a investigar a sus bancos y su relación indirecta o directa con el narcotráfico, porque el resultado de dicha pesquisa provocaría el desplome de su mercado financiero y el de otros países.
A México sin duda le convendría que Estados Unidos combatiera por su propia cuenta el tráfico de armas y el lavado de dinero por narcotráfico porque disminuiría la violencia y obviamente los asesinatos y desapariciones en la sociedad mexicana.
Otra implicación de la designación como OTI a los cárteles mexicanos, es la prohibición irrevocable a todas las entidades del gobierno federal de Estados Unidos de tener relación y negociaciones con las entidades extrajeras que implican peligro y riesgos a su seguridad nacional.
Esta medida obligaría de alguna forma a que Trump ordenara la salida del territorio mexicano de agentes de agencias federales de su país como la DEA, FBI, CIA, ICE y del Pentágono, entre otras.
Aunque oficialmente lo niegue, el gobierno de Estados Unidos negocia acuerdos con los narcotraficantes mexicanos, tal y como quedó demostrado con documentos y testimonios presentados por el Departamento de Justicia durante el juicio el año pasado en Nueva York en contra del narco mexicano, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.
En pleno proceso electoral y por sus ambiciones de reelegirse en los comicios del 3 de noviembre de 2020, sería contraproducente para Trump designar como OTI a los cárteles mexicanos.
Combatir al tráfico de armas a México le causaría a Trump enemistarse con la Asociación Nacional del Rifle que con cientos de millones de dólares anuales financia campañas políticas en Estados Unidos.
La investigación a la banca privada estadunidense por su posible participación en el lavado de dinero procedente del narcotráfico suscitaría una contracción a la economía de Estados Unidos que no convendría a los intereses electorales de Trump.
El hecho de que el presidente de Estados Unidos se maneja de manera impredecible genera ruido en que pueda también por interés electoral hacer la designación a los cárteles mexicanos; una apuesta complicada.
En su comunicado de prensa la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a cargo de Marcelo Ebrard Casaubón, se informó que se buscará discutir el tema como el Secretario de Estado.
“En virtud de las buenas relaciones que existen entre ambos países, el gobierno buscará tener un encuentro de alto nivel a la brevedad posible para presentar la posición de México y conocer los puntos de vista de las autoridades de Estados Unidos”, subrayó la cancillería mexicana.
Conforme a las leyes estadunidenses para la designación de OTI, las entidades afectadas tienen un plazo de 30 días, después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, para apelar la acción en la Corte Federal de Apelaciones en el Distrito de Columbia (Washington, D.C.)

Llamar terroristas a cárteles es concederles un nivel superior: Fasci


Luciano Campos Garza
Aldo Fasci, titular de la SSP de Nuevo León. Foto: Twitter @aldo_fasci Aldo Fasci, titular de la SSP de Nuevo León. Foto: Twitter @aldo_fasci(apro).- El interés de Estados Unidos de denominar organizaciones terroristas a los cárteles de la droga es darle nivel superior a unos asesinos, afirmó el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua.
Afirmó que aunque el presidente Donald Trump quiere acabar con los grupos criminales mexicanos, en realidad ni él ha podido controlarlos en su país, porque la industria de los estupefacientes es imbatible, incluso en su territorio, dijo el funcionario estatal.
“Jurídicamente no son terroristas. Creo que les estamos dando un nivel superior al que tienen. Son asesinos, macuarros y no encontré otra palabra en el diccionario más que una que decía una maldición para describirlos. Les estamos dando mucha categoría”, afirmó.
Luego de que Trump planteara que considera darle estatus de terroristas a los narcos mexicanos, Fasci dijo que las Fuerzas Armadas estadunidenses tampoco han podido contener los envíos de narcóticos que llegan de países donde se supone que tienen presencia.
“No hemos podido, nadie en el mundo ha podido con ellos. Ese es el problema. Estados Unidos tampoco ha podido. ¿De qué fue la queja de Estados Unidos? Que los cárteles nuestros controlan el mercado de las drogas allá, entonces ellos tampoco pudieron. ¿Y de dónde viene la droga? De China, Colombia, Afganistán, donde está el Ejército de Estados Unidos. Los adictos los ponemos todos. Y la violencia acá está con armas gringas”, expuso.
Ante la prolongada amenaza que, durante años, ha representado para el mundo la operación de los cárteles, Fasci dijo que es necesario detenerlos ya, y que estaría de acuerdo que Trump les cambiara la denominación si eso sirviera para erradicarlos.
“Si eso es necesario para aplastarlos, no me importa cómo se les designe, porque ya es momento de pararlos. Ya es demasiado. Ellos no son dueños de México y no van a hacer lo que les dé su gana y para eso les tenemos que llamar como sea, así les llamamos”.
“Pero vamos a verle lo positivo: si con eso los vamos a aplastar, qué bueno, pero si no nos va a servir para nada, entonces no sé para qué les llamamos terroristas. La postura oficial de mi parte es que con discursos no vamos a arreglar esto”, aseveró.
Mientras los países produzcan adictos, la lucha contra los narcotraficantes será insuficiente, afirmó.
“Trabajamos de la mano con Estados Unidos pero el asunto con los cárteles es que mientras haya gente que consuma, nadie va a poder. Los podemos controlar (a los cárteles) podemos deshacer a uno y va a surgir otro. Estamos produciendo muchos consumidores, muchos violentos, delincuentes. Eso es lo que tenemos qué atacar”.
“El problema es que siguen y siguen. Los cárteles de hoy no son los mismos de hace 10 años. ¿Dónde está el Cártel del Pacífico? Ya no existe. Y les puedo poner otro. ¿Qué pasó con los Templarios? Van cambiando, escisiones, nuevos grupos y grupos criminales que no son cárteles. Al hablar de delincuencia organizada hay que cambiar el lenguaje. Son asesinos y hay que tratarlos como tales”, puntualizó.

11/27/2019

Trump calificará de terroristas a cárteles de México

Tendrá más poder contra la delincuencia
Insiste en su propuesta de entrar al país con la finalidad de limpiarlo todo
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▲ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en designar como terroristas internacionales a los cárteles de la droga mexicanos.

Nueva York. El presidente Donald Trump afirmó ayer que calificará a los cárteles del narcotráfico mexicanos de organizaciones extranjeras terroristas, al indicar que lo ha evaluado durante meses aunque nadie en su gobierno, incluso ayer, había comentado que se estaba contemplando esa medida. Más aún, dijo que sigue en pie su ofrecimiento al gobierno mexicano de entrar y limpiarlo todo.
Serán designados, absolutamente, manifestó Trump en entrevista con el comentarista conservador Bill O’Reilly en relación con los cárteles mexicanos, y agregó: he estado trabajando sobre eso durante los últimos 90 días.
Trump sostuvo que esa designación dará más poder a Estados Unidos para enfrentar de manera efectiva el narcotráfico y los homicidios en este país. Estamos perdiendo a 100 mil personas al año con lo que está ocurriendo y lo que está llegando a través de México, respondió ante la afirmación de O’Reilly de que las drogas que provienen de México matan a más de 100 mil estadunidenses al año.
Cuando le preguntó si al designarlos terroristas los atacará con drones, Trump respondió: No voy a decir lo que voy hacer, pero insistió en que serán designados así próximamente.
Comentó que le había ofrecido al presidente mexicano que entráramos para limpiarlo todo, pero hasta ahora ha rechazado el ofrecimiento. Pero en algún momento algo tiene que hacerse.
Aclaró que la designación no está tan fácil; uno tiene que pasar por un proceso y ya estamos muy avanzados en ese proceso. La noticia pareció tomar a muchos por sorpresa ya que ningún otro funcionario de su gobierno comentó hoy o en días recientes al respecto.
Con todo, no es la primera vez que Trump considera esa medida. En marzo, declaró que su gobierno estaba pensando seriamente en designar a los cárteles como organizaciones terroristas. En esa entrevista con el medio conservador Breitbart, dijo también: Lo hemos estado pensando durante mucho tiempo y afirmó que esos grupos criminales deben ser caracterizados como organizaciones terroristas, porque lo son.
Entonces agregó que “México, desafortunadamente, ha perdido el control de los cárteles”. Esos comentarios se dieron semanas después de que Trump declaró una emergencia nacional en la frontera con México en una maniobra con el fin de canalizar más recursos para sus medidas de control fronterizo, incluido su muro.
El Departamento de Estado es la entidad que designa a una organización extranjera como terrorista. La define como un grupo que practica o tiene capacidad para practicar el terrorismo, de tal manera que amenaza la seguridad de nacionales estadunidenses o la seguridad nacional de Estados Unidos.
Una vez designados como organizaciones terroristas, es ilegal para cualquier persona en Estados Unidos brindarles apoyo y toda institución financiera debe bloquear cuentas y transacciones que podrían pertenecer o ser controlados por dichos grupos, cuyos integrantes tienen prohibido ingresar a Estados Unidos.
Al parecer, Trump resucitó esta idea –que había sido promovida antes por varios legisladores republicanos y comentaristas conservadores a principios de este año– en días recientes a partir de la tragedia de la familia LeBarón, luego de que uno de los integrantes de esa familia se reunió con políticos aquí.
En la entrevista con O’Reilly difundida ayer, Trump afirmó: “Me gusta mucho el Presidente (mexicano)… me llevo mucho más bien con este Presidente que con el previo”. Agregó: En teoría este Presidente tiene tendencias socialistas, pero creo que es un hombre muy bueno.

Foto Afp
Corresponsal
Periódico La Jornada

10/06/2019

Capitalismo antidrogas



El 9 de octubre de 2014 envié un correo a mis editores en Oakland para preguntarles si podría agregar una dedicatoria a mi libro Drug War Capitalism. El texto ya estaba por entrar a imprenta y no se podían hacer más cambios, pero quería incluir los nombres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que habían sido desaparecidos semanas antes. En eso quedamos y finalmente la versión en inglés del libro lleva los 43 nombres entre las primeras páginas, junto con el de Ali Mustafa, periodista canadiense independiente, asesinado por el régimen sirio el 9 de marzo del mismo año.
El libro fue publicado en noviembre de 2014. En las semanas y los meses siguientes las acciones y protestas tanto contra la desaparición forzada de los 43 como contra la masacre y tortura de otras personas más esa noche trascendió a escala global. Fue el Estado se hizo lema, junto a vivos se los llevaron, vivos los queremos.
El libro se tradujo al español y se publicó el año pasado bajo el título Capitalismo antidrogas: una guerra contra el pueblo. Entre muchos y muchas, luchamos para contribuir con entender, con dar sentido a los actos de la noche de Iguala el 26-27 de septiembre de 2014. Y, a pesar de que el texto fue escrito antes de la desaparición de los 43, propone algunas claves para interpretar la guerra en México que nos sirven a la hora de reflexionar sobre esa violencia.
El libro propone entender la guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón a través de una mirada larga sobre el control de las sustancias, y en específico desde el inicio de Plan Colombia en 2000. Además, en lugar de enfocarnos en los cárteles y los criminales, la publicación ofrece una lectura que centra a los Estados como actores principales en el despliegue de violencia. Son los Estados, bajo el mando poderoso de Estados Unidos, los que han creado y mantienen el sistema de prohibición de ciertas sustancias sicoactivas.
Plan Colombia, la Iniciativa Mérida en México y otros planes similares en el Caribe y América Central han sido importantes vehículos para la injerencia de Estados Unidos en prácticamente toda América Latina. El inicio de la Iniciativa Mérida en 2008 marcó un aumento importante en el presupuesto de Washington para hacer la guerra en México. El gasto gringo subió de un promedio de 43 millones de dólares al año entre 2000 y 2007, a un rango de 235 millones de dólares por año entre 2008 y 2018. En México, el gasto federal en seguridad pública y defensa también ha subido en conjunto con el creciente presupuesto estadunidiense.
Cada vez hay más evidencia que nos indica que las inversiones en seguridad –en más marinos, soldados, policías y ahora más efectivos de la Guardia Nacional– hacen que las comunidades urbanas y rurales sean militarizadas. Y lo que provoca esa militarización es más inseguridad, evidenciada en el incremento de extorciones, desapariciones y desplazamientos forzados y homicidios.
Capitalismo antidrogas propone entender el incremento de los procesos paramilitares, es decir, el despliegue de grupos armados formalmente no del Estado, pero con fuertes vínculos con fuerzas de éste, como algo que crece en sintonía con el incremento de la militarización. La estrategia de descabezar a los llamados cárteles de la droga ha dado como resultado un aumento importante en la cantidad de grupos armados. Es que estos grupos y sus aliados en las fuerzas del Estado luego dependen de la extorsión, e incluso del secuestro, para poder seguir lucrando.
Pero también los juicios internacionales por parte de campesinos y trabajadores colombianos desde 2000 contra empresas mineras trasnacionales como Glencore, petroleras como la BP, la Coca Cola y la bananera Chiquita Brands nos enseñaron que las empresas también se aprovechan del paramilitarismo para eliminar oposición u organizaciones sindicales.
Desde el periodismo, es hora de dejar a un lado los discursos de la guerra contra las drogas o el crimen organizado. Más bien, nos toca intentar interpretar las violencias en México en un contexto económico y político más amplio. No cabe duda que en México hay intereses económicos fuertes, sean en zonas ricas en petróleo y gas, como en regiones estratégicas para la manufactura.
Han pasado un poco más de cinco años desde la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Los jóvenes fueron detenidos por policías, con la participación de las fuerzas armadas, y fueron entregados a un grupo paramilitar que los desapareció, en un país donde el aparato estatal ha garantizado la impunidad de los responsables.
Estamos muy lejos de vivir en un México en paz. Hay más de 40 mil desapariciones denunciadas en la nación; hay fosas clandestinas en ejidos, en casas, en pozos, en camiones, y tasas de homicidio que siguen siendo muy altas. Si salimos del discurso oficial, podemos entender que la guerra contra el narco en México es una guerra contra el pueblo. Eso también nos obliga a dejar de criminalizar a las víctimas de violencia, dejar de justificar que andaba en algo y considerar seriamente los demás factores presentes en los territorios militarizados y paramilitarizados. Es decir, es urgente analizar esta militarización como contrainsurgencia e interpretar la violencia en otras claves. Esa es la invitación que Capitalismo antidrogas deja abierta.

* Socióloga y periodista canadiense. Su libro más reciente: Capitalismo antidrogas: una guerra contra el pueblo

Niños, jóvenes y drogas en Chihuahua

Editorial La Jornada


Inscrito en el contexto de un incidente producido ayer en Chihuahua mientras reporteros de la publicación National Geographic realizaban una entrevista banquetera a un narcomenudista, el nuevo episodio de violencia acaecido en la capital de ese estado engrosa las alarmantes cifras que registra la violencia ligada al narcotráfico. Pero también obliga a alertar sobre un problema que se está volviendo apremiante: el progresivo y constante aumento en los índices de consumo de drogas en esa entidad norteña.
Chihuahua es, en efecto, un estado donde el número de usuarios de sustancias prohibidas crece sin pausa. La cantidad de personas que admiten haber consumido alguna droga de ese tipo (mariguana, cocaína, cristal o heroína, en ese orden) registra un alza periódica casi constante, el porcentaje de jóvenes mujeres de secundaria y preparatoria que consumen regularmente crece a un ritmo de 10 por ciento anual, y algo parecido ocurre en la franja de edad que va de 12 a 17 años, que agrupa al mayor número de consumidores. Pero hay todavía un dato más preocupante: el segundo grupo está compuesto por niños menores de 11 años. Eso es lo que se desprende de informes difundidos por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, así como por el Centro de Integración Juvenil local, que registra regularmente los patrones de consumo en el estado.
Tiende a bajar, también de manera consistente, la edad mínima en que niños y adolescentes se inician en el consumo de drogas: mientras que hace un lustro era de 13 años, actualmente ha descendido a 12. Además, los estudios disponibles indican que los jóvenes ya iniciados no consumen una sola droga: a la mariguana (que por su costo y disponibilidad es la más accesible) no tardan en sumarle benzodiacepinas –distintos fármacos que trabajan sobre el sistema nervioso central– y posteriormente cristal , que se caracteriza por generar una rápida adicción.
Coinciden los estudiosos en señalar que el número de personas adictas en la capital estatal ronda los 120 mil, lo que habida cuenta del número de habitantes que tiene, representa ocho veces más que el promedio nacional. Y en cuanto al consumo de heroína, la proporción es de seis a uno.
No es éste el lugar para documentar de manera exhaustiva el hecho de que en Chihuahua las tasas de crecimiento en el consumo de estupefacientes supera con creces a las del resto de la República; tampoco se pretende discernir los orígenes del fenómeno (lo que exige un trabajo complejo y de largo alcance) y mucho menos estigmatizar una ciudad y una entidad donde más de 3 millones y medio de compatriotas viven y aportan esforzadamente al desarrollo propio y al del país.
Se trata de enfatizar el hecho de que las drogas no se producen ni se distribuyen mágicamente sin que las autoridades correspondientes estén enteradas de ambos procesos y en consecuencia no sean capaces de actuar. A este respecto, el gobierno chihuahuense no se ha distinguido por su diligencia para hacer frente al grave problema. De hecho, la administración encabezada por Javier Corral Jurado tiene una innegable deuda con su propia ciudadanía (incluidos, naturalmente, quienes no viven en las ciudades), consistente en ajustar los mecanismos para desalentar la producción y distribución de las drogas, así como su consumo, especialmente en el vulnerable sector que involucra a la niñez y a la juventud.

10/02/2019

Estatizar la mariguana: pros y contras

La Jornada:

La fracción de Morena en la Cámara de Diputados presentó ayer una iniciativa de su coordinador, Mario Delgado, para regular el mercado de la mariguana a través de una empresa de propiedad estatal que se denominaría Cannsalud. De acuerdo con el documento, esta empresa pública tendría el monopolio de la compra de la cannabis y sus derivados a los productores, pero no se encargaría de la venta al público, la cual se realizaría a través de una red de franquiciatarios. Asimismo, se contempla el cultivo, cosecha, preparación o procesamiento hasta de seis plantas de mariguana para el consumo personal o doméstico no comercializable. Tanto la adquisición a través de las franquicias mencionadas como el cultivo se encontrarían restringidos, como resulta obvio, a los mayores de edad.


Por la complejidad del tema y los múltiples aspectos en que se despliega, la presentación de esta iniciativa requiere plantear varias consideraciones. En primer lugar, si bien resulta insuficiente al carecer de un abordaje integral de los enervantes que vaya más allá de la mariguana, cabe saludarla porque, de aprobarse, obligaría a todos los actores políticos y sociales a abordar el asunto de los estupefacientes de manera directa, abierta y frontal.

En lo jurídico, la propuesta Ley General para el Control de Cannabis sería un primer paso para resolver las paradojas y contradicciones existentes en la legislación actual, como es el sinsentido de que la Comisión Federal de Protección a Riesgos Sanitarios (Cofepris) se encuentre impedida por la Ley General de Salud a negar cualquier permiso para el uso lúdico de la mariguana, al mismo tiempo que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la obliga a otorgarlos. Otra contradicción es que la ley prohíbe su producción, distribución y uso, pero establece el no ejercicio de la acción penal contra quienes posean dosis consideradas deconsumo personal; es decir, que alguien puede tener una pequeña cantidad de drogas, pero es ilegal la cadena de intercambios para que lleguen a sus manos.

Otro aspecto positivo de la iniciativa es sacar a la mariguana de la lógica arbitraria empleada para justificar la prohibición de todas las sustancias referidas, a saber, el de los daños que éstas causan, a la salud física y mental de quien las consume, a su entorno inmediato y al conjunto de la sociedad: tal argumentación cae por sí misma, no porque los efectos adversos no existan, sino porque supone una incongruencia, al contrastarse con el carácter legal y normalizado de otras sustancias y actividades adictivas, cuyo consumo en grado de dependencia es lesivo para el organismo o para el entorno familiar y social.

Con todo, el mérito más importante del texto presentado ayer es que saca el asunto de la lógica mercantil con que lo han abordado los intereses corporativos y las derechas mundiales que hoy pretenden seguir lucrando con la despenalización de la cannabis: si se cediera a la lógica mercantil de estos agentes, la legalización de la mariguana o de cualquier otra sustancia daría paso a perversas presiones hacia un aumento sostenido de la demanda, elemento intrínseco a cualquier emprendimiento mercantil que de ninguna manera debería naturalizarse en el caso de estupefacientes cuyos daños son, como se dijo, innegables.

En el insoslayable ámbito de lo delictivo, la iniciativa aborda el beneficio que supondría para los esfuerzos de pacificación emprendidos por el actual gobierno despojar a la delincuencia organizada de esta fuente de ingresos, pero falla al desatender el riesgo de que tal golpe financiero a la criminalidad no redunde en su debilitamiento, sino en su migración hacia delitos de mayor impacto en la sociedad. En efecto, ya ha sucedido antes que, al perder su control sobre el trasiego de enervantes un grupo criminal seespecialiceen extorsiones, secuestros, robo a transporte de mercancías, entre otros, por lo que parece imprescindible abordar esta eventualidad y ofrecer respuestas antes de que se presenten consecuencias indeseadas e indeseables.

9/22/2019

México presentará ante la ONU un proyecto sobre el problema mundial de las drogas




México presentará en la cita anual de la diplomacia internacional que se desarrolla durante una semana en la sede de la ONU en Nueva York, un proyecto de resolución para abordar el problema de las drogas desde la cooperación mundial con enfoque en la salud pública y con una visión preventiva.

De acuerdo con el documento de la posición mexicana en el 74 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, se presentará el proyecto de resolución ómnibus Cooperación Internacional para abordar y contrarrestar el problema mundial de las drogas.

En el texto se precisa la posición del Estado mexicano en relación con los temas que serían debatidos en el seno de la ONU. A su vez se informa que será presentado este proyecto de resolución, reafirmando la importancia de transitar hacia una política de drogas más integral, que priorice el enfoque de salud pública y la visión preventiva, que sea respetuosa de los derechos humanos, y que atienda las causas y consecuencias del mercado ilícito de drogas, la violencia y el delito.

Es de mencionar que en noviembre de 2018, durante el 73 periodo ordinario de sesiones de la ONU, la Misión Permanente ante las Naciones Unidas ya había hecho uso de la tribuna para presentar este texto.

Frente al creciente consumo de estupefacientes, nuevos desafíos y las divergentes formas en que los Estados Miembros atendemos el problema de las drogas, buscamos enfatizar en esta resolución la cooperación internacional, el intercambio de buenas prácticas y afianzar los compromisos multilaterales que hemos alcanzado, expuso en aquella ocasión.

Vale reportar que México, Colombia y Guatemala impulsaron en 2016, en el contexto de la 71 de la Asamblea General, un texto que marca un cambio de paradigma en el abordaje de los narcóticos ilícitos poniendo al centro de las discusiones a las personas y no a las sustancias.

El posicionamiento de México para la 74 Asamblea General abarca otros temas que se dividen en los bloques: paz y seguridad internacionales, desafíos trasnacionales, desarme, desarrollo sostenible, derechos humanos, reforma de Organización de las Naciones Unidas y temas regionales.

Ana Langner

Periódico La Jornada
Domingo 22 de septiembre de 2019, p. 12

8/10/2019

Organización llama a crear una Ley de Amnistía para mujeres


Beneficiaría a reclusas por delitos de drogas y aborto
   
La organización AsiLEGAL llamó al Ejecutivo federal a elaborar una Ley de Amnistía que beneficie a mujeres procesadas y sentenciadas por ser dependientes del consumo de drogas o acusadas de homicidio en razón de parentesco, delito que en muchas ocasiones se refiere al aborto.

En un posicionamiento público, la organización señaló que México es un país donde las mujeres pagan con cárcel el haber sufrido partos o abortos fortuitos. Como ejemplo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que de enero a junio de este año se registraron 320 carpetas de investigación por el delito de aborto.

Las mujeres que abortan también son condenadas por el delito de homicidio, y enfrentan penas excesivas de hasta 40 años de prisión. En opinión de AsiLEGAL, el Estado no cumple su papel de garante en materia de salud sexual y reproductiva, por el contrario, criminaliza a las mujeres que sufren emergencias obstétricas o que han sido víctimas de actos u omisiones que se traducen en violencia obstétrica por parte del personal de salud.
Los procesos penales de estas mujeres reflejan las excesivas y desproporcionadas cargas que la sociedad, y los operadores del sistema de justicia imponen sobre ellas. Los reproches de fiscales, jueces y defensores por no haber otorgado el cuidado “debido”, por no haber llevado su embarazo a término, o por falta de conocimiento de sus propios estados de embarazo, son argumentos comunes en los procesos llevados en su contra.
Para la agrupación la normalización de la violencia estructural e institucional contra las mujeres agrava su situación, ya que socialmente persiste la visión naturalizada de la maternidad. La concepción de la maternidad como “deber natural” ha implicado que su “incumplimiento” sea una fuente de criminalización que al trascender al ámbito jurisdiccional se ha proyectado en el hecho de la imposición de penalidades severas, como las previstas para el homicidio.

El pasado 31 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que pidió a la ministra en retiro y actual secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero y al consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, analizar la posibilidad de presentar una iniciativa para crear una ley de amnistía durante el próximo periodo de sesiones del Congreso, que comienza en septiembre.
La idea de crear una ley de amnistía surgió en la campaña presidencial de Obrador, enfocada en presos políticos, pero el mandatario ha reconocido la necesidad de ampliar a personas en contextos de pobreza, de la tercera edad, enfermas o mujeres presas por delitos menores. “Me hicieron llegar un expediente de más de tres mil mujeres presas que no tienen por qué estar en la cárcel”, explicó la semana pasada.
En el Senado, por otra parte, el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Manuel Zepeda Hernández, presentó una propuesta de Ley de Amnistía en favor de las mujeres presas por el delito de aborto.

CRIMINALIZACIÓN DE LAS ADICCIONES

AsiLEGAL explicó que la mayoría de los casos que acompaña son de mujeres que enfrentan severos problemas de adicciones y que se encuentran en contextos graves de violencia. El problema comienza desde que las autoridades estatales no conciben a la adicción como una enfermedad, a pesar de que ya es reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La situación empeora si se considera la falta de políticas públicas en materia de salud que reconozcan esta situación como un problema de salud pública, pues en lugar de otorgar la atención para enfrentar este tipo de enfermedades, se implementa una política punitiva de encarcelamiento masivo.
Lo anterior, añadió la organización, se agrava cuando se trata de mujeres. Esto en virtud de que ellas deben enfrentar estigmas por tener problemas de adicciones, rompiendo con la concepción social imperante de que las mujeres son “buenas” y “puras”. Todo esto crea las condiciones idóneas para crear un sistema de justicia que criminaliza de forma sistemática y generalizada a estas mujeres.

En el marco del programa Juntos por la Paz, anunciado el 2 de agosto por el presidente López Obrador, que pretende desde la Subsecretaría de Salud la resignificación de las adicciones como un tema de salud pública en aras de acabar con la criminalización de la drogodependencia, AsiLEGAL consideró pertinente una Ley de Amnistía que contemple devolver la justicia a las mujeres que ya están privadas de libertad criminalizadas por enfrentar esta enfermedad.
De acuerdo con la agrupación, en México 41 por ciento de los hombres acusados de delitos del fuero federal están en espera de juicio, esta situación afecta al 58 por ciento de las mujeres acusadas de delitos del fuero federal. Además, a pesar de que el límite constitucional es de máximo dos años bajo esta medida cautelar, muchas de las mujeres que enfrentan procesos en el fuero federal llevan más de dos años bajo en prisión y sin sentencia.

Otras agrupaciones, como Equis, Justicia para las Mujeres, señalan que en México existen 3 mil 18 mujeres investigadas, procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud, pero además de 2016 a 2018, el número de mujeres presas por delitos contra la salud aumentó 103 por ciento en el fuero común.
Ante ello AsiLEGAL llamó a articular acciones entre las y los actores de gobierno responsables de crear la Ley de Amnistía, con el objetivo de compartir información y experiencias en aras de lograr la transformación que México necesita en materia de justicia, que garantice el respeto a los Derechos Humanos de todas y todos.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.

8/04/2019

Sin prevención de adicciones es difícil garantizar la seguridad: AMLO

Emprenden la campaña en la zona de tierra caliente michoacana

Al presentar avances de la campaña para erradicar el consumo de drogas, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si no se actúa para frenar las adicciones será muy difícil, complicado, garantizar la seguridad pública.
A pregunta directa acerca de la despenalización de sustancias, el mandatario subrayó que no se va a descartar nada para enfrentar este grave problema de salud, pero subrayó que la estrategia tiene como base la no criminalización, prevención y una visión humanista.
En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Presidente estuvo acompañado del subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, quien anunció el inicio de la campaña en la región de tierra caliente de Michoacán.
Enseguida presentó al titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), Gady Zabicky Sirot; el doctor dijo que trabajará por llevar, ante el consumo de sustancias, a su mínima expresión el uso de la fuerza pública.
La campaña Juntos por la Paz es una tarea conjunta de distintas dependencias y busca rescatar los espacios públicos.
La campaña va más allá de los mensajes publicitarios. Se trata de hacer conciencia de que el tema de las adicciones, de salud emocional, salud mental, la cultura de la paz, es una responsabilidad colectiva, destacó Jesús Ramírez, coordinador general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia.
El mandatario señaló la importancia de mostrar la otra realidad amarga de las adicciones, no aquella del paraíso que se presenta en las series de televisión, sino el sufrimiento que significa tomar el camino de las drogas.
Igualmente comentó que no se trata de declarar a las escuelas y a los hogares como santuarios libres de adicciones, porque no son suficientes las buenas intenciones, sino de trabajar duro, además de fomentar la unión familiar.
Si no fuese por esa solidaridad familiar, que es una de las características de nuestra cultura, sería un infierno el país con la aplicación de lo que fue la llamada política económica neoliberal.
El plan se enfoca en atender las causas de las adicciones y dejar de verlo sólo como un asunto de seguridad pública.
¿Qué sucede si un joven es enganchado, cae en la drogadicción?, para adquirir la droga tiene que dedicarse a actividades ilícitas; entonces, tenemos que prevenir por todos los medios.
Destacó que actualmente se dan oportunidades a los jóvenes y no se limitan, como se hizo en gobiernos anteriores, a etiquetarlos como ninis, a quienes se les dio la espalda, se les dejó en estado de indefensión y fueron enganchados para tomar el camino de las conductas antisociales.
Resaltó que ahora hay opciones de trabajo y, por ejemplo, ya casi se llega a la meta de un millón de integrantes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
El subsecretario López-Gatell subrayó que se dejará el eje prohibicionista, represivo, de la seguridad y de la fuerza pública por uno de carácter humanista, de vinculación institucional.
Recordó que los jóvenes encuentran en las sustancias una puerta falsa ante un vacío emocional.
Luego viene la criminalización, privación de la libertad de los usuarios. Entonces, sólo estamos echando más gasolina al fuego, advirtió.
El nuevo titular del Conadic destacó la importancia de aplicar el enfoque médico para definir quién es un usuario y quién un criminal, así como borrar la línea entre las drogas y el alcohol y el tabaco, dos de las sustancias que más muertes causan en el país y el mundo.
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada

7/15/2019

Apuesta López Obrador a rescatar a los jóvenes de la delincuencia organizada

A ver quién puede más

Hay que darles opciones para que no se los lleven

Buenavista, Mich., Al reconocer que no se ha podido resolver el problema de inseguridad y violencia en la región de Tierra Caliente en esta entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que competirá con la delincuencia organizada para darle opciones a los jóvenes, a fin de que no se los lleve.
También anunció que junto con las iglesias evangélica y católica, así como libres pensadores, impulsará una campaña nacional contra las drogas –en radio y televisión–, después de que por la descomposición social entre los jóvenes hubo un aumento en el consumo de las peores drogas, veneno, destructivas, que los matan.
Aseguró que tras el abandono en que se dejó al campo y la falta de actividades productivas, como consecuencia de la política neoliberal, no hay estudios para medir el grado de desintegración de las familias. Y “cómo se afectó el tejido social, cómo avanzó la idea de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole; cómo fue avanzando esa idea individualista que lo importante era obtener bienes materiales, la ropa de marca, ‘la Cheyenne apá’; el lujo barato, las alhajas, las trocas, los carros último modelo, se olvidó la verdadera felicidad y se afectaron los valores culturales, morales, espirituales”.
En el último día de una intensa gira de tres días por hospitales rurales de Nayarit (Tepic) y Michoacán –en este último estado incluso bajo la lluvia–, el mandatario –quien resaltó que viaja sin guardaespaldas– visitó dos municipios de Tierra Caliente –además Coalcomán–, que tuvieron vigilancia de elementos del Ejército, algunos con insignias de la Guardia Nacional.
Es una de las regiones con más violencia en el país, admitió, al recordar que en julio del año pasado asesinaron a balazos a Eliseo Delgado Sánchez, presidente municipal electo de Buenavista.
En Coalcomán, el Presidente resaltó que como la corrupción ya es un delito grave, el que robe en el gobierno, el que utilice los cargos públicos para sacar provecho personal, el que se enriquezca en el gobierno va para al bote sin derecho a fianza. Al tambo sin derecho a fianza.

Por el camino del bien
Por la mañana, tras hacer un recorrido por el Hospital Rural de Buenavista, el titular del Ejecutivo federal –acompañado de su gabinete de salud y del gobernador Silvano Aureoles, entre otros– manifestó que para que no los enganchen, se tiene que atender a los los jóvenes para llevarlos por el camino del bien.
Destacó los programas Sembrando vida, para todos los productores de la región, y Jóvenes Construyendo el futuro, que ha sido muy cuestionado, dicen que es populismo, no me importa. Si apoyar a los pobres, a los jóvenes es ser populista, que me apunten en la lista.
Criticó el abandono en que se tenía a los jóvenes, quienes “por la descomposición social se deprimieron, se sintieron frustrados y siguieron el mal ejemplo... Y cuando agarraban el camino de las conductas antisociales se les masacraba. Eso ya no. Las cárceles están llenas de jóvenes, los que pierden la vida son jóvenes.

Nada de echarlos a perder
“Los tenemos que atender y competir en este terreno con la delincuencia organizada, decir: ‘A ver, tú te llevas a los jóvenes, vamos a ver quién puede más, porque yo les voy a dar opciones, porque no quiero que te los lleves, no quiero que se echen a perder’”.
Además, mencionó que si no enfrentamos el problema del consumo, ¿cuándo vamos a resolver el problema de inseguridad, de violencia? Nunca.
El Presidente sostuvo que tiene que cambiar la estrategia, para ir serenando a Buenavista, a Apatzingán, a la Tierra Caliente, a Michoacán, al país. Nada de ir apostando sólo a la fuerza.
Ayer, de Coalcomán viajó a Colima –casi tres horas de trayecto terrestre– para tomar el vuelo comercial que lo regresó a la Ciudad de México.

Enviada, Periódico La Jornada

7/11/2019

México adicto


A lo largo y ancho del país cada vez hay más personas que sufren de alguna adicción por el consumo de sustancias tanto legales como ilegales, un problema que la actual administración busca atender cuanto antes pues, de acuerdo con el presidente, mientras esta crisis continúe difícilmente se podrá acabar con la violencia y la inseguridad.

El consumo de drogas en México va en aumento. Y no solo de las sustancias consideradas legales como el alcohol o el tabaco, también de las ilegales como la marihuana, la cocaína y las metanfetaminas.Además, este incremento se está dando en todos los sectores poblacionales, es decir, entre los menores de edad y en aquellos que tienen 18 años o más.

De acuerdo con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), se ha registrado un aumento del 6 por ciento en la prevalencia del consumo de drogas ilegales en México en los jóvenes, una realidad que en días recientes el propio presidente dijo era fundamental atender, de lo contrario acabar con la violencia será casi imposible.“Necesitamos atender y orientar mucho a los jóvenes, porque está por iniciar una campaña para reducir el consumo de drogas, porque si no bajamos el consumo, será muy difícil resolver el problema de la violencia”, reconoció Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su gira por hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas.

Los últimos datos con los que cuenta la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) revelan esta tendencia alcista y la gravedad del problema a enfrentar.En la población total el consumo de cualquier droga alguna vez en la vida aumentó significativamente en el país entre el 2011 y el 2016 —últimos datos oficiales del Gobierno federal— al pasar de 7.8 por ciento a 10.3 en el 2014 y finalmente quedando en 8.6 por ciento hace tres años.En adolescentes específicamente, el consumo de drogas entre el 2011 y el 2016 pasó de 3.3 por ciento a 6.4 para cualquier droga y de 2.9 a 6.2 en drogas ilegales.

Para el grupo poblacional que tiene entre 18 y 35 años, durante el mismo periodo el incremento en el consumo de algún estupefaciente pasó de 11.3 a 15 por ciento y en sustancias no permitidas por la ley de 10.6 a 14.5 por ciento.En el caso de quienes tienen entre 35 y 65 años lo único que incrementó fue el consumo de mariguana de 4.8 a 6.1 por ciento. Sin embargo, estudios como La Encuesta Mundial Sobre Drogas 2019 demuestran que esta tendencia aún se mantiene en crecimiento.Pues hasta marzo de este año, el 42 por ciento de los mexicanos que viven en ciudades han sido testigos de venta o de consumo de drogas alrededor de su vivienda

Juan Francisco Torres Landa, secretario del Consejo Directivo de la organización Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia, explica que uno de los motivos por los cuales no se ha podido atacar el problema de las drogas de fondo durante los últimos sexenios se debe a que se le ha dado un enfoque de seguridad al tema en lugar de uno de salud, como debería de ser.Y aunque ve como una buena señal el reconocimiento de este diagnóstico por parte del nuevo gobierno, asegura que a pesar de ello aún no hay un camino o una estrategia clara establecida para revertir esta problemática.“Uno de los aciertos al interior del PND es el reconocimiento que se hace al fracaso en relación a la política prohibicionista de drogas en el país.“Sin embargo, a pesar del acierto, no hay ni una sola referencia de cómo este apartado va a trascender en la toma de decisiones para beneficiar a los mexicanos”.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante de la secretaría de la Comisión de Salud, también reconoce la gravedad del problema y recuerda que el cambio de concepción en el consumo de las drogas para verlo como un tema de salud se dio en el 2006, sin embargo, de poco ha servido para atacar la problemática.Yo no veo en el presupuesto que se aprobó para el 2019 que se le esté dando prioridad a la atención de las adicciones y consumo de drogas, ya sean legales o ilegales

- Éctor Jaime Ramírez Barba
Diputado e integrante de la Comisión de Salud

“Lo que dice el presidente es una cosa y lo que demuestra el presupuesto es otra muy distinta. Los recursos que se le dieron a la Conadic no sólo fueron mínimos, también se ha ejercido muy poco del dinero.“Además, la Conadic es tan importante para el presidente que ni siquiera tiene titular, está Nora Leticia Frías Mendoza como encargada de despacho y no tiene el perfil para operar la institución”, acusa Ramírez Barba.

La entrega de recursos para combatir las adicciones en México nunca ha sido muy abundante.De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda, al segundo trimestre de 2019 tan solo se habían ejercido 215 millones 455 mil pesos de los 705 millones 836 mil pesos aprobados para el programa ‘Prevención y atención contra las adicciones”.Al comparar los recursos de 2019 con los que se dieron en años anteriores se observa que, aunque no hay mucha diferencia, si hubo una disminución.

En el 2012 el monto autorizado para atender esta realidad fue de mil 42 millones 932 mil pesos, pero únicamente se ejercieron 758 millones 770 mil pesos. En el 2013, el monto aprobado fue de 749 millones 272 mil pesos y se utilizaron 665 millones 720 mil pesos.Un año más tarde, el presupuesto fue de 780 millones 52 mil pesos y se ejercieron 635 millones 616 mil pesos; en 2015 el monto aprobado aumentó a 801 millones 18 mil pesos de los cuales se invirtieron 601 millones 845 mil pesos únicamente.

Para el 2016, se dio luz verde a 788 millones 137 mil pesos pero se usaron 554 millones 210 mil pesos. En 2017 se autorizaron 665 millones 613 mil pesos y se accedió a 586 millones 368 mil pesos. El año pasado el monto que se brindó para tratar las adicciones en México fue de 719 millones 291 mil pesos de los cuales se ejercieron 641 millones 714 mil pesos.

La nueva estrategia contra el consumo de drogas

Como parte de su plan para acabar con la violencia que se vive en el país y para recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la nueva Estrategia Nacional Contra las Adicciones, la cual está basada en el reconocimiento de los derechos de las personas que usan drogas y en el ofrecimiento de información y servicios de tratamiento.Al dar inicio a este plan el pasado 5 de junio, el presidente de México explicó que fue muy complejo coordinar todas las áreas del gobierno y conseguir los recursos.

El Gobierno federal ya echó a andar el plan que utilizará para combatir el consumo de drogas y atender las adicciones en el país pues, para López Obrador, no es posible acabar con la violencia si no se atiende a los jóvenes que enfrentan este problema“Llevó tiempo la presentación de este programa porque no era nada más un asunto de iniciar una campaña en contra del consumo de las drogas, sino, cómo curamos, cómo atendemos si no hay clínicas para atender desde la visión de salud, además de que es evidente y preocupante de que fue creciendo el consumo sin detenerlo”.

Por su parte, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, señaló que buena parte de lo que se busca es cambiar la narrativa, la idea y, sobre todo, el prejuicio que existe socialmente construido a partir de la guerra con el narcotráfico contra quienes consumen estas sustancias.Las dependencias federales involucradas en esta acción emprendida por el gobierno son Gobernación, Educación, Salud, Economía, Trabajo, Bienestar y Seguridad Pública, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el ISSSTE.

Además, la estrategia tiene cuatro ejes fundamentales que componen lo que será el programa llamado “Juntos por la paz”: salud, bienestar, cultura y educación.En educación se incluirán contenidos sobre cómo evitar las adicciones, y cómo llevar una vida sana en el entorno familiar y comunitario.De igual forma se dará atención especial en salud mental a quienes consuman drogas y se expandirán las unidades de adicción primaria para que no haya escasez en los servicios.“No tenemos los suficientes espacios, tenemos que contar con la atención primaria contra las adicciones, ya que ahí empieza la atención de este problema con la familia y con la comunidad”, reconoció el secretario de Salud federal Jorge Alcocer.

Datos de la secretaría que encabeza revelan que hasta el mes de junio del año en curso había un total de 708 mil 592 personas de entre 12 y 17 años en actividades de prevención en los Centros de Atención Primaria en adicciones, de los cuales 349 mil 715 son hombres y 358 mil 877 mujeres.En cultura y comunicación se intentará que los jóvenes se apropien del espacio público y desde el programa también se atenderá la oferta de drogas con un enfoque de seguridad pública y la demanda con el enfoque de salud.Por último el presidente también enfatizó en que se darán opciones de trabajo, deporte y fortalecimiento de autoestima para que los jóvenes sean felices sin necesidad de consumir drogas.

“Nunca más se le va a dar la espalda a los jóvenes; los vamos a abrazar, a proteger para que no tengan vacíos, que no se sientan solos y los enganchen y terminen formando parte de la delincuencia, de las bandas y que no se confundan, que no apuesten a la felicidad efímera, al lujo barato, de la ropa de marca, los carros último modelo, las joyas”.

Un problema mundial

Las personas víctimas de alguna adicción son cada vez más, lo único que varía es el tipo de droga que consumen.De acuerdo con el Informe Mundial de Drogas 2018 publicado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), actualmente el abuso de opioides y medicamentos es una de las mayores amenazas para la salud pública. “El uso de fármacos sin prescripción médica se está convirtiendo en una gran amenaza para la salud pública y para la aplicación de la ley en todo el mundo. Los opiáceos causan el mayor daño y representan el 76 por ciento de las muertes asociadas a consumo de sustancias psicoactivas” revela el informe.

Además, la UNDOC informa que la producción mundial de cocaína alcanzó el nivel más alto jamás reportado, con un estimado de mil 410 toneladas.“La mayor parte de la producción proviene de Colombia. No obstante, África y Asia están emergiendo como centros de tráfico y consumo de cocaína”, indica el documento.Otro de los estudios que dan cuenta del grave problema que enfrenta el mundo en materia de drogas y adiciones es el recién publicado Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2019, el cual es creado entre la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la cual pertenece México.

Uno de los datos más destacados y relevantes de este documento está relacionado al consumo del alcohol, pues el informe señala que su consumo es especialmente preocupante para las Américas. “Se estima que el consumo total de alcohol per cápita es superior al promedio mundial. En los últimos cinco años se ha incrementado la tasa de episodios de consumo excesivo, tanto en hombres como en mujeres.

“La última información disponible a nivel internacional indica que el alcohol estuvo relacionado con más de 300 mil muertes en las Américas y en 80 mil de ellas el consumo de alcohol fue determinante”.Por su parte, la Encuesta Mundial sobre Drogas 2019, informa que las tres drogas más usadas a nivel mundial, sin contar el alcohol y el tabaco, son el cannabis, el MDMA y la cocaína. Siendo la marihuana la sustancia que más aumento ha tenido en su consumo después del alcohol.

Cuando se preguntó a los mexicanos sobre el número de días que habían usado la planta en cualquiera de sus presentaciones en el último año (2018), el 27.2 por ciento dijo que la consumieron más de 301 días en el año (39 por ciento mujeres y 29.3 hombres).En el mundo, el promedio de días que se usa la cannabis es de 151, la mitad. En relación al tipo de cannabis que consumen en México, 79.2 por ciento de los encuestados dijo fumar marihuana ‘normal’, 72.1 por ciento utiliza la de alta potencia y el 49.6 por ciento prefiere los productos comestibles.

El consumo irresponsable de sustancias tanto legales como ilegales no es una cuestión exclusiva de México, es una situación que actualmente está causando mucha preocupación en distintos países y regiones del planeta. Las resinas (hash) y los concentrados solo fueron respondidos por un 38 por ciento de hombres y 34 por ciento de mujeres. Y a diferencia de los europeos, sólo el 8.8 por ciento de los mexicanos suelen usar cannabis combinado con tabaco.

En cuanto a la cantidad de consumo, el 7 por ciento de los participantes en el estudio dijo no saber cuántos gramos utiliza en un día normal, mientras que el 29.6 por ciento dijo utilizar alrededor de 0.1 o 0.2 gramos.


7/07/2019

El programa, incompleto; debe incluir rehabilitación y atender daños: experto


Los jóvenes también son víctimas de la violencia criminal

La existencia de un programa para evitar que los jóvenes caigan en las adicciones y puedan ser enganchados por grupos criminales es una acción positiva, pero tiene un enfoque incompleto, ya que sólo se concentra en aspectos preventivos, pero no en la atención de los daños ya existentes y en la rehabilitación de las víctimas.
Así lo afirmó Carlos Cruz, experto en temas de adolescencia, juventud y prevención social de la violencia, quien llamó a abordar el fenómeno de la inseguridad de manera integral, focalizada y territorializada en los barrios y comunidades más afectados.
Es un programa que atiende a los jóvenes desde la perspectiva de la salud pública, lo cual está bien y es correcto, pero sólo ve la promoción de hábitos de vida saludable y prevención de riesgos, y debería complementarse con otras miradas y acciones, particularmente las que tienen que ver con la atención del daño y la rehabilitación, indicó.
En ese sentido, Cruz afirmó que es indispensable no sólo atender a los jóvenes que ya son víctimas de las adicciones, sino también de la violencia criminal, pues en muchos lugares existe una grave naturalización de este fenómeno, frente a la cual prácticamente no hay políticas públicas para tratar de contenerlo.
Cuando el Presidente dice que hay que abrazar, arropar y acompañar a los jóvenes, atina en términos filosóficos y humanos, pero habría que ver el desdoblamiento de carácter social y político de este programa y ver de qué forma se complementa con otros puntos de la estrategia gubernamental de seguridad, como el propio despliegue de la Guardia Nacional.
Luego de afirmar que más que portarse bien el programa debe enfocarse en cuidarnos bien, el especialista en juventudes también destacó la necesidad de no reproducir la idea de que la violencia es producto de los consumidores de sustancias ilícitas, pues no hay una correlación entre ambos factores.

Periódico La Jornada

Seguridad, bienestar y orientación, bases del plan contra adicciones

Presentan la campaña juntos por la paz

Al presentar el programa nacional contra las adicciones y la campaña Juntos por la Paz, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que nunca más se dará la espalda a jóvenes y se les atenderá para evitar que sean enganchados en las filas del crimen o en el ejército de reserva de la delincuencia.
El mandatario dijo que tampoco se le dará la espalda a los pobres, como ocurrió en el periodo neoliberal.
Se dedicaron nada más a saquear con la patraña de que si le iba bien a los de arriba, les iría bien a los de abajo; si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, cuando todos sabemos que la riqueza no es contagiosa, no permea, expresó en conferencia de prensa.
El plan contra las drogas se basa en tres acciones fundamentales: bienestar, seguridad –con la operación de la Guardia Nacional (para perseguir a los narcotraficantes)– y orientación. A diferencia de lo aplicado en décadas anteriores, indicó el mandatario, la estrategia incluye el bienestar del alma, la inclusión y el fortalecimiento de la autoestima.
Confió en que el pueblo de México tiene una gran reserva de valores culturales, morales y espirituales que harán posible detener las adicciones y restarle importancia a los bienes materiales, a la “felicidad efímera, al ojo barato de la ropa de marca, de los carros último modelo, de las alhajas.
¿Por qué te vas a sentir menos, por qué te vas a deprimir si no tienes la posibilidad de tener un carro, un automóvil de lujo? Tienes otras cosas más importantes, el afecto de tus padres, de tus amigos, la posibilidad de desarrollarte como una persona de bien, indicó.
A la par se busca ofrecer opciones a los jóvenes para que sean felices sin recurrir a las drogas y, sobre todo, recuperar los espacios públicos y la integración familiar.
Les tenemos mucha confianza y nunca más se les dará la espalda. Los abrazaremos y protegeremos para que no se sientan solos, no tengan vacíos y no tomen el camino de las conductas antisociales o terminen formando parte de la delincuencia, subrayó.
Para detener el flagelo de la violencia, agregó, es indispensable atender las causas: saqueo, corrupción, desigualdad, empobrecimiento, abandono del campo, de los jóvenes.
Luego dijo que los recursos para financiar la estrategia saldrán de los ahorros en el gasto público. Les dimos a conocer que en lo que llevamos en el gobierno se han ahorrado en compras 113 mil millones de pesos. Entonces, alcanza, aseguró.
En Palacio Nacional, el Presidente estuvo acompañado de los secretarios de Salud, Jorge Alcocer, y de Educación Pública, Esteban Moctezuma, entre otros funcionarios.
El secretario Alcocer admitió que el sistema de salud tiene sus propios retos. “No tenemos los suficientes espacios (para atender a todos las personas afectadas por las adicciones), pero más que espacios –dijo– el objetivo es contar con la integración desde la familia, en la atención muy primaria.
A nivel institucional, el secretario comentó que se requiere dar la terapéutica necesaria, de desintoxicarlos, por ejemplo, y caminar en su rehabilitación.
En el mismo punto, Hugo López-Gatell, subsecrtario de Prevención y Promoción de la Salud, indicó que el problema no debe ser visto sólo desde el ámbito de la seguridad (distribución de drogas), sino como un efecto de la exclusión social.
Destacó que el problema de las adiciones ha crecido más rápidamente en las mujeres y afecta, de manera prioritaria, a las juventudes y la niñez.

Convocatoria social
La campaña Juntos por la Paz fue presentada por el vocero del gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas, quien explicó que se trata fundamentalmente de una convocatoria social para recuperar espacios públicos, con el fin de realizar actividades colectivas.
En estos círculos se darán alternativas para prevenir y tratar adicciones. Además del apoyo de los medios de comunicación para difundir los mensajes, se llevarán a los libros de texto y estará disponible una aplicación para dispositivos móviles.

Periódico La Jornada

2/27/2019

Todos los aeropuertos son coladeras; entran y salen drogas y armas: aduanas


Grave tráfico de fentanilo en México, afirma Peralta Saucedo

La Administración General de Aduanas y Comercio Exterior ha detectado el tráfico del fentanilo, una droga más potente que la heroína, que llega a las terminales aéreas de Ciudad de México, Guadalajara y Cancún, así como a los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, Colima.
De acuerdo con Ricardo Peralta Saucedo, titular de esa oficina dependiente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), los cargamentos provienen de países del oriente. Todos los aeropuertos son coladeras. Entran y salen drogas, dinero ilícito y armas. Ingresan por todos lados y salen por todas las fronteras del norte (de México), por donde puedan pasarla a Estados Unidos, señaló.
El funcionario alertó que además del tráfico de cocaína, entre otras sustancias, la gran atención que tenemos ahora es contra el fentanilo que viene del oriente.
Indicó que el mercado principal del fentanilo es Estados Unidos y reconoció que existe un problema de corrupción en las aduanas, tanto marítimas, aéreas como terrestres.
Tenemos que reconocer que existen estos fenómenos, que tenemos un problema de corrupción, pero estamos en el comienzo de la transformación y estamos sustituyendo al personal que está siendo detectado en actos de corrupción y que está traficando con sustancias ilícitas que le causan daño a la humanidad, agregó.
En enero, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana informó sobre el decomiso de fentanilo en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM).
Los hechos ocurrieron cuando policías federales que realizaban apoyos al departamento de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria detectaron en una empresa de paquetería tres cajas provenientes de Hong Kong y China que estaban etiquetadas como regalos y documentos; sin embargo, al ser escaneadas con rayos x mostraron densidades distintas a lo señalado en su etiqueta.
Al abrirlas localizaron varias bolsas de plástico que contenían un polvo con las características del fentanilo con un peso aproximado de 3.49 kilogramos.
La dependencia indicó que los empaques decomisados tenían como destinatario domicilios en los estados de Chihuahua, Guanajuato y Sinaloa. De acuerdo con reportes de las dependencias federales, el cártel Jalisco Nueva Generación es la organización que controla el tráfico de drogas sintéticas y sus laboratorios clandestinos se han detectado en Michoacán, Jalisco, Nayarit y Guanajuato.
Pero en diciembre del año pasado, elementos de la Agencia de Investigación Criminal desmantelaron en Ciudad de México dos laboratorios clandestinos para la elaboración de fentanilo. Derivado de los trabajos de campo, ubicaron los inmuebles en la colonia San Álvaro, en Azcapotzalco.

Periódico La Jornada