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4/20/2024

La reforma a Ley de Amnistía podría indultar feminicidas

 

Fotografía: Pexels.-Fotografía: Pexels
Ciudad de México.- La amnistía directa se volvió una realidad en México, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general y particular, con 67 votos a favor, 32 en contra y 0 abstenciones, una reforma en la materia, y permite al Ejecutivo Federal otorgar ese beneficio a delincuentes, sin que medie el Poder Judicial o la Fiscalía General de la República, lo que pondría en riesgo a mujeres y sus familias víctimas de diversos delitos como feminicidio, violación, trata de personas, secuestro o desaparición forzada, pues esta ley pasa por encima de cualquier disposición judicial que puso en prisión a la persona que infringió la ley.

Esta reforma también revictimizaría a las mujeres que enfrentaron un hecho violento, porque al echar abajo todo el marco legal construido por mujeres desde hace décadas, dejaría sin efectos el andamiaje para que los delitos violentos se investiguen desde la perspectiva de género, además atentaría contra los fallos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado al Estado mexicano y exigido que se juzguen con perspectiva de género hechos delictivos.

Además la situación de inseguridad e impunidad podría dispararse, de acuerdo con datos de la organización Impunidad Cero, porque desde el 2023 informaron que en el país hay una probabilidad del 0.9 por ciento de que un delito pueda resolverse, es decir, una probabilidad nula, casi inexistente, por tanto, si a esto el sistema judicial queda invalidado y depende de una persona que no es jueza o juez, en este caso, la decisión en manos de un presidente, podría abonar a la impunidad total.

La periodista Lucía Lagunes Huerta en su columna La impunidad mata, hacía el apunte: «¿Cómo sentirte segura si la autoridad no actúa, pese al riesgo latente que se enfrenta? Ya sea porque minimiza el riesgo y desvaloriza las denuncias, por lo tanto, se deja de actuar: porque aun con protocolos para juzgar con “perspectiva de género”, normas y capacitaciones, en las autoridades priva la duda de nuestro dicho, porque el prejuicio les impide ver el verdadero riesgo y creen que exageramos».

La percepción de inseguridad que tienen las mujeres en el país, la cual supera la de los hombres fue medida por la Encuesta de Seguridad Pública Urbana, cuyos resultados arrojaron que en diciembre de 2023, 64.8 por ciento de las mujeres consideraron que vivir en su ciudad es inseguro, en comparación con los hombres con el 52.3 por ciento, situación que se incrementaría de forma absoluta.

La Ley aprobada

En este 2024, la reforma al artículo 9 de la Ley de Amnistía es polémica, pues el hecho de que esté vigente permitiría al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a quien sea su sucesora o sucesor, prácticamente a todos los delincuentes podrán ser perdonados por orden presidencial, sin importar si apenas están detenidos, si ya fueron procesados o si ya cumplen su condena.

Se trata de una reforma que modificaría el artículo 9 de la Ley de Amnistía, la única condición para que un delincuente que se quiera amparar a ese beneficio es que se “aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado”, pero no se establece cuáles son esos “hechos relevantes para el Estado” o quien lo determinará.

Las reformas que ya fueron aprobadas en las comisiones unidas de Justicia, que encabeza la ministra en retiro y morenista Olga Sánchez Cordero, y de Estudios Legislativos, Segunda, se adiciona un artículo 9 a la norma que establece que:

“La amnistía se otorgará a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano. Que en contra de la persona o personas a las que se conceda la amnistía, se haya ejercido la acción penal, estén siendo procesados o se encuentren sentenciados por cualquier delito. Se establece que la amnistía concedida extinguirá las acciones penales y las sanciones impuestas”.

Al tratarse de una reforma a la ley secundaria, quedaría aprobada con la mayoría simple en las cámaras de Diputados y Senadores, espacios en los que Morena y sus aliados, PT y Partido Verde, cuentan con la cantidad suficiente de votos para hacerla realidad.

Cabe señalar que la modificación de la ley implica a vinculados con cualquier delito, por lo que puede recibir amnistía una persona que haya cometido delitos del fuero federal o del común. Con ello, cualquier delincuente que haya cometido un feminicidio o que incluso esté relacionado con trata de personas y violaciones puede recibir la medida de parte del presidente López Obrador.

¿Y por qué el presidente López Obrador podría dar amnistía a cualquier delincuente? ¿Cuál es el motivo para que eso pase? La respuesta, según los legisladores de Morena y aliados, es llegar a la “verdad” detrás de los delitos.

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, aseveró que esta reforma es innecesaria, pues lo único que se debe hacer es cumplir con la ley y con lo que mandata la Constitución. Además, enfatizó que la propuesta busca limitar los derechos de las personas y restringir la facultad de los jueces para tomar criterios.

“¡Ya estuvo bueno de hacer pactos con los delincuentes y seguir revictimizando a las víctimas¡”, expresó por su parte la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Anaya Mota. y afirmó que parece que con tal de que los pongan en la pluri o que les den otra “chamba” están dispuestos a hacer “la estupidez que sea necesaria”.

La senadora priista por Zacatecas advirtió que de prosperar la reforma a la Ley de Amnistía, el PRI promoverá acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por Movimiento Ciudadano, la senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla aseveró que esta propuesta daña el corazón de la división de poderes. Además, indicó que dejará sin protección a la población que no pueda pagar un abogado ante los abusos de poder de cualquier autoridad.

A su vez, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas dijo que la aprobación de estas modificaciones implicaría cancelar la posibilidad de que las y los jueces valoren si una suspensión ayudará a evitar una mayor afectación al interés social, así como impedir que suspendan normas que puedan violentar los derechos humanos.

Damián Zepeda, senador del PAN, declaró que esta es una norma que tiene un beneficiario: el presidente de la República,  pues se va a hacer todo un cambio para que él sea más poderoso.

“El presidente todopoderoso va a poder sin intervención de la Fiscalía -que tiene el ejercicio de la acción penal, que tiene la facultad de investigación y persecución de delitos- y sin la intervención de ningún juez, ni la Corte, nadie, sin ningún procedimiento no más porque él quiere perdonarle un delito a quién sea, de cualquier delito, incluido delincuencia organizada, es decir, narcotráfico, trata de personas, feminicidio, violación, secuestro, huachicol, esta reforma que están haciendo ustedes que si el presidente se le antoja en su último día, perdone a un narcotraficante. No va a estar eterno Andrés Manuel López Obrador”, reclamó.

El coordinador del PAN, Julen Rementería del Puerto, adelantó el  votó en contra de la Ley de Amnistía, que dotan al presidente de la República de la facultad para perdonar delitos, cualquiera que este sea, y cuando sea que este haya ocurrido, lo que implica un poder inusitado y excesivo que le permitiría no solo perdonar a sus aliados, sino presionar como le convenga políticamente al gobierno en turno.

Respecto a la Ley de Amnistía, indicó que ese poder raya en lo autoritario porque, a diferencia de lo que ocurre con los otros delitos contemplados en esa legislación, no requeriría de control judicial y ese poder es exorbitante, porque el único requisito planteado para poder otorgar la amnistía es que la persona imputada proporcione elementos para conocer la verdad en hechos relevantes para el Estado Mexicano, pero nunca se dice cuáles son esos hechos relevantes para el Estado o quien lo determinará. Es un cheque en blanco, sostuvo.

Miguel Ángel Mancera Espinosa, senador del PRD, consideró que lo que plantea el dictamen es inconstitucional, porque el artículo 107 de la Carta Magna establece que “el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del bien social”, por lo que no puede haber ninguna ley secundaria que restrinja la facultad del juzgador.

Ley de Amnistía

Cabe mencionar que la Ley de Amnistía ya se había aprobado en el Congreso, El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto, cuando se expidió dicha acción legal, la cual tenía como objetivo liberar a los presos que hayan sido procesados o se les haya dictado sentencia firme, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciados o sentenciados por delitos graves. Asimismo, la ley publicada en el DOF el 22 de abril de 2020 señala que no se les otorgará amnistía a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, secuestro y todos los previstos en el artículo 19 de la Constitución Política.

Sin embargo, poco ha servido para apoyar a mujeres en prisión, como es el caso de que a tres años de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía en el estado de México, la coordinadora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Fabiola Vite Torres, afirmó que hasta el momento se han recibido 6 mil 81 solicitudes de amnistía, y solo 189 han sido en favor de mujeres.

10/31/2020

Se desconoce número de personas beneficiadas por Ley de Amnistía a 6 meses de entrar en vigor

 

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Agrupaciones como Asilegal, Equis Justicia para las Mujeres, Intersecta y el Grupo de Información en Reproducción Elegida, entre otras, alertaron de la falta de certeza sobre cómo está trabajando la Comisión encargada de analizar y dictaminar los expedientes de personas privadas de la libertad que buscan obtener la amnistía.

En un comunicado conjunto expusieron que desde la sesión inaugural de la Comisión—que se realizó el 23 de junio de 2020—, se desconoce el número de veces que ha sesionado, el número exacto de solicitudes que han recibido y si es que ha resuelto alguna, así como los lineamientos bajo los cuales se llevaron a cabo dichas sesiones (en caso de que hayan ocurrido).

El 18 de junio de 2020 se publicó el Acuerdo por el que se crea la Comisión de Amnistía, el cual establece que será integrada por la Secretaría de Gobernación (Segob), quien la preside, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno que la Segob envió al Congreso, se ha realizado el análisis y dictaminación de 956 expedientes de personas privadas de la libertad para determinar si pueden obtener la amnistía.

Sin embargo, el 15 de octubre la secretaria Olga Sánchez Cordero, al comparecer ante la Cámara de Diputados informó otro dato. Allí dijo que se tenían 744 solicitudes, de las cuales 57 son de personas indígenas; 615, que corresponden al 82 por ciento son de hombres y 127 (17 por ciento), de mujeres. Sin embargo, no se sabe cuántas solicitudes fueron aceptadas.

Ante la falta de información, las organizaciones aseguraron que es particularmente grave que a la fecha no se tenga el dato de las personas que han sido beneficiarias de la amnistía y, agregaron que a solicitud expresa de Equis Justicia para las Mujeres para acceder a dicha información, la Oficina de Presidencia se declaró incompetente para atender dicha petición.

En este contexto llamaron a garantizar los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad, entre ellos el derecho a la salud, a la vida y a la integridad, particularmente en el contexto de crisis sanitaria al considerar que de acuerdo con el Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al 20 de octubre de 2020 había 2 mil 635 personas encarceladas contagiadas de COVID-19 y 231 decesos.

Por otro lado, señalaron que lejos de reducirse, la población penitenciaria ha ido al alza, y además las reformas constitucionales que amplían el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa facilitan el encarcelamiento de personas.

Por lo anterior, las organizaciones firmantes insistieron en la urgente necesidad de revisar y resolver todas y cada una de las solicitudes de amnistía; transparentar y publicitar la actuación de la Comisión de Amnistía, incluido el registro de las sesiones en su versión pública; así como los criterios que, tanto la Comisión como las autoridades jurisdiccionales toman en cuenta para resolver los casos, y garantizar mecanismos permanentes de rendición de cuentas.

Finalmente, exhortaron a la pronta y transparente resolución de las solicitudes presentadas por las organizaciones de la sociedad civil.

8/22/2020

Publican lineamientos para solicitar amnistía


Ciudad de México. A 4 meses de que se publicó la Ley de Amnistía, este 19 de agosto la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos para que las personas en prisión tramiten la solicitud de libertad por escrito o por correo electrónico.
El procedimiento indica que las personas encarceladas, su representación legal, familiares que tengan una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con la persona interesada, y los organismos públicos de defensa de los Derechos Humanos, pueden solicitar la amnistía.
Este acuerdo fue aprobado durante la primera sesión de la Comisión de Amnistía, celebrada el pasado 23 de junio en donde estuvieron representantes de la Segob, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; sin embargo, se publicó 2 meses después.
En la solicitud se deben incluir los siguientes datos:
  1. Nombre completo, fecha de nacimiento y firma de la persona que solicita el beneficio de la amnistía
  2. Número del expediente judicial, carpeta de investigación o averiguación previa, según sea el caso, y juzgado federal en el que está radicada la causa penal federal sobre la que se solicita la amnistía
  3. De estar vinculada a otro proceso penal local o federal, el número de expediente y el juzgado en el que esté radicado
  4. Establecer los delitos por los cuales se solicita el beneficio de la amnistía, siempre y cuando encuadren en los supuestos establecidos en el artículo 1 de la Ley
  5. Domicilio, correo electrónico y datos de contacto del representante legal o de la persona autorizada para recibir documentación y notificaciones, acompañando documento fehaciente de identidad, en original y copia simple para su cotejo, o escaneado de presentarse por la vía electrónica
Es de recordar que ante la dilación de ese acuerdo, el pasado 14 de julio la organización “Equis Justicia para las Mujeres” presentó una demanda de amparo en contra de la Comisión de Amnistía por incumplir con su obligación de publicar en el DOF los pasos que deben seguir las personas en prisión para obtener el beneficio de la libertad.
El amparo está en el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en espera de respuesta.
Los lineamientos establecen que las solicitudes que sean presentadas por organismos públicos deben ser firmadas por la persona titular o el representante legal de dicho organismo y si es presentada por un familiar de la persona interesada debe incluir un documento que acredite el parentesco.
Uno de los objetivos de la ley es otorgar la libertad a personas en condiciones de vulnerabilidad o encarceladas injustamente, por ejemplo, mujeres acusadas de aborto o de homicidio en razón de parentesco —siempre que se trate de una interrupción del embarazo, una emergencia obstétrica o un parto imprevisto—; o bien, de transportar pequeñas cantidades de drogas, entre otros delitos.
Las solicitudes que se entreguen por escrito deberán presentarse en las oficina de la Segob, en calle de General Prim 21, Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600,  en la Ciudad de México; y las solicitudes por vía electrónica deberán enviarse a la dirección de correo electrónico amnistia@segob.gob.mx.

8/04/2020

Ley de amnistía en Edomex no debe ser listado de indultos que queden en papel

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Ciudad de México. La propuesta de Ley de Amnistía que se discute en el Congreso del Estado de México va más allá de la legislación federal porque preve liberar a mujeres que fueron acusadas de defender su tierra y territorio o cometieron un delito con exceso de legítima defensa, pero especialistas advirtieron que no debe ser un listado de indultos que se queden en el papel.
Durante una reunión que se realizó este lunes 3 de agosto entre las comisiones de Procuración y Administración de Justicia; y de Derechos Humanos del Congreso mexiquense, encargadas de dictaminar la iniciativa presentada por diputadas y diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y otras tres propuestas, abogados defensores expusieron que se deben revisar las inconsistencias de los proyectos.
El secretario de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno estatal, Rodrigo Espeleta Aladro, dijo que la amnistía no debe buscar corregir los errores del sistema de administración y procuración de justicia, por ejemplo que una persona pase 18 años en prisión preventiva y sin sentencia, porque esto se debe revisar en otros momentos del proceso penal.
El funcionario señaló que una Ley de Amnistía no deroga tipos penales, no debe ser permanente, no pueden regular supuestos que no se han cometido y tampoco debe ser una extensión de la acción penal o una sanción.
La iniciativa de Morena, presentada en mayo, dice que se otorgará la libertad a adolescentes, mujeres, personas en situación de pobreza, de vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación; o por pertenecer a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, a pueblos y comunidades equiparables y aquellas o que sean campesinas o campesinos.
También considera a las personas en prisión que tengan una discapacidad permanente, padezcan alguna enfermedad terminal o crónico-degenerativa, sean mayores de 65 años o cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubino o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo o por afinidad sin limitación de grado, por temor fundado, así como quien haya sido obligado a cometerlo por grupos de la delincuencia organizada.
Rodrigo Espeleta llamó a las y los legisladores a no confundir los supuestos que debe contener una amnistía con la preliberación, que ya está regulada en la Ley de Ejecución Penal. Por ejemplo, ya está regulada la libertad a personas adultas mayores. Además, agregó que el Congreso debe considerar que crear una comisión que procese las solicitudes de amnistía es darle facultades para que determine si se violó el debido proceso, aunque ello corresponde a instancias judiciales o a un Ministerio Público.
Expuso que la propuesta incluye otorgar la libertad a personas en prisión que cumplan ciertas características, una de ellas es vivir en extrema pobreza, por lo que consideró que estos casos hay que que estudiarlos para saber si una persona sería beneficiada o no; pero en otros como aquellos por el delito de aborto, no hay que acreditar nada, solo saber que se abrió la carpeta de investigación por aborto para poner a las mujeres en libertad.
En la reunión virtual, el abogado y director de Defensa Estratégica en Derechos Humanos, Leonel Rivero Rodríguez, quien llevó la defensa de presos políticos y detenidos durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, en Atenco y Texcoco, en el Estado de México, aseguró que existen deficiencias en el ámbito político, social e institucional para aplicar la justicia, lo que se basa en el alto nivel de corrupción que prevalece en el Poder Judicial federal y estatal.
Desde el punto de vista del defensor, a quien menos beneficia la ley federal es a los presos políticos y aunque la propuesta a nivel estatal incluye a mujeres, indígenas y personas en situaciones de vulnerabilidad, esa ley se ve como el punto de llegada y no de inicio.
Rivero expuso que las legislaturas estatales pueden ampliar el catálogo de delitos que acrediten amnistía, pero algunos se pueden corregir por el Poder Judicial. También consideró peligroso que una instancia distinta a la judicial determine si hubo o no violaciones al debido proceso o a Derechos Humanos porque significa que una persona fue juzgada, sentenciada y agotó todos sus recursos, sin que ninguna instancia viera las violaciones.
Mencionó que ante el alto nivel de corrupción en el Poder Judicial de la federación y de los estados para criminalizar la pobreza, es importante crear una comisión para aplicar la Ley de Amnistía estatal para que no quede como una ley de indultos o de conmutación de penas que solo está en el papel. Agregó que sería difícil que el juez de la causa o el magistrado reconozca que hubo errores y corrija el proceso.
En el encuentro, el representante de la Oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Octavio Amezcua Noriega, apuntó que en los estados hay contextos complejos en los sistemas de procuración de justicia, y reconoció que la propuesta de la bancada de Morena va más allá de la Ley federal de Amnistía, pero consideró que el Legislativo debe revisar las limitantes en la aplicación de la norma.
El defensor explicó que la propuesta de ley establece 14 supuestos para otorgar la amnistía, pero también considera muchas excepciones. Por ejemplo, si el delito se cometió con cualquier agravante, la persona ya no puede ser beneficiada por la libertad; tampoco si el delito se cometió con violencia, y aunque esto parece positivo también puede generar interpretaciones que limiten la ley de amnistía.
Para Octavio Amezcua es interesante que la propuesta de ley diga que se creará una comisión para dar trámite a las solicitudes de libertad; sin embargo, señaló que las peticiones deben ser resueltas en una comisión judicial, no en el Ejecutivo, y asegurando que las personas peticionarias tengan asistencia jurídica o representación legal. También, dijo, se podría garantizar la intervención de la Defensora Pública para promover las solicitudes ante los jueces, algo que la ley debe prever.
Amezcua señaló que en caso de que las solicitudes sigan una vía judicial sería importante contemplar un recurso judicial ante la eventual negativa y no considerar cláusulas que eximan al Estado de toda responsabilidad con quienes fueron liberados. Las personas, en su opinión, deben tener la posibilidad de continuar procesos por violaciones a Derechos Humanos, por ejemplo, durante su detención, aún si fueron beneficiarias de la amnistía.
Los defensores llamaron al Congreso a dictaminar un ley que se pueda aplicar y que no ocurra lo que sucedió con la Ley de Amnistía federal, publicada en abril pasado, que no ha servido para liberar personas durante la contingencia sanitaria por COVID-19.

6/29/2020

Se revisarán 2 mil 487 solicitudes de amnistía


Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que se han presentado  2 mil 487 solicitudes de amnistía que serán revisadas y enviadas a la autoridad jurisdiccional correspondiente para su resolución.
Al instalar la Comisión de Amnistía, este martes 23 de junio, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero dijo que del total de solicitudes 56 eran del fuero federal, 2 mil 16 del fuero común, en 496 no se identifica el fuero, y 9 ya habían alcanzado su libertad.
La dependencia no dio más información de las solicitudes y el área de Comunicación Social aclaró a esta agencia que hasta el momento eran todos los datos disponibles.
La Ley de Amnistía, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 22 de abril, establece que se otorgará la libertad a mujeres encarceladas por aborto y homicidio en razón de parentesco, aunque estos delitos se persiguen a nivel estatal, por los que tendrían que acogerse a una ley local y no federal.
Con esta ley también se liberará a personas acusadas de delitos como robo simple y sin violencia, portación y transporte de pequeñas cantidades de drogas, indígenas que no contaron con intérpretes en su proceso o que cometieron un ilícito por estar en extrema pobreza y vulnerabilidad.
En cumplimiento con la ley, el pasado 18 de junio se publicó el acuerdo por el que se creó la Comisión de Amnistía, la cual se instaló y tuvo su primera sesión virtual este martes 23 de junio, con la presencia de los titulares de las secretarías de Gobernación; Seguridad y Protección Ciudadana; y Bienestar y de los institutos nacionales de las Mujeres; y de los Pueblos Indígenas.
En la reunión se informó que el proceso para solicitar el beneficio de la amnistía es totalmente gratuito y no es necesario contar con una defensa. La solicitud debe ser enviada al correo electrónico amnistia@segob.gob.mx o por correspondencia a General Prim No. 21, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
Sin embargo, Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), organización que trabaja con personas privadas de la libertad envió una carta a la secretaria técnica de la Comisión de Amnistìa, Paulina Téllez Martínez, para pedir que informe cuál es el proceso por medio del cual se van a revisar las solicitudes de libertad, como una forma de transparentar la información y evitar abusos gubernamentales y de poder. 
La organización recordó que de acuerdo con datos de los Censos sobre el Sistema Penitenciario estatal y federal, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un total de 8 mil 866 personas son potenciales beneficiarias de la ley recién vigente, de acuerdo con los delitos por los cuales fueron encarceladas. 

Vulnerados derechos de mujeres en reclusión


El número de mujeres privadas de la libertad ha sido históricamente menor en comparación con el de los hombres, por esa razón la infraestructura, organización y el funcionamiento de los reclusorios gira preponderantemente alrededor de las necesidades de los varones, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El 25 de junio el organismo informó que emitió las Recomendaciones No.10/2020 y 11/2020, dirigidas a los gobernadores de los estados de Tabasco y Quintana Roo, por las deficiencias que vulneran Derechos Humanos de las mujeres privadas de la libertad en los centros penitenciarios de dichas entidades.
De acuerdo con la CNDH, en ambos estados no se cuenta con infraestructura penitenciaria para que las mujeres estén separadas del área de hombres, por lo que llamó a tomar las medidas que permitan garantizar a las mujeres condiciones de estancia digna, ya sea con la construcción de un penal femenil o un espacio para mujeres en los centros mixtos.
Además, los Informes Especiales del organismo, emitidos en 2013, 2015 y 2016, evidencian las condiciones de hacinamiento y falta de servicios de sanidad, así como el trato que se da a las mujeres privadas de la libertad y a niños y niñas que viven con sus madres internas.
Por otro lado, de acuerdo con el Mapa Penitenciario COVID 19, realizado por Asilegal para monitorear el impacto de pandemia en la población penitenciaria, hasta el 25 de junio había 701 personas en reclusión contagiadas de COVID-19 y 99 personas fallecidas por esta enfermedad. Además registró 3 mil 625 liberaciones anticipadas de personas en riesgo de contraer la enfermedad.

6/19/2020

Publican acuerdo para crear Comisión de Amnistía


Ciudad de México.- Este jueves 18 de junio la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó el acuerdo para crear la Comisión de Amnistía, encargada de evaluar las solicitudes de libertad y enviarlas a un juez federal para su decisión final.
El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), indica que la Comisión se integrará por los titulares de cinco dependencias y deberá celebrar su primera sesión en un plazo no mayor a 72 horas a partir de este viernes.
La creación de esta Comisión es parte de la Ley de Amnistía, publicada en el DOF el pasado 22 de abril y la cual preve liberar a personas en condiciones de vulnerabilidad o tratadas injustamente en el sistema de justicia, como mujeres acusadas de aborto, homicidio en razón de parentesco o de transportar pequeñas cantidades de drogas.
El órgano encargado de dar seguimiento a las solicitudes de amnistía será presidido por la Segob e integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
El acuerdo establece que la Segob, encabezada por la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, podrá invitar a las sesiones de la Comisión a representantes de otras dependencias y entidades de la administración pública federal, quienes solo tendrán voz, pero no voto.
Tras la publicación de este acuerdo aún falta que la Comisión se integre y emita las reglas para la recepción y trámite de las solicitudes de amnistía.
Organizaciones civiles que han dado seguimiento a esta ley, como Equis, Justicia para las Mujeres, han señalado que en medio de la pandemia por COVID-19 es importante tener resultados pronto para evitar que personas privadas de la libertad injustamente sigan en prisión.  
El espíritu de la ley es otorgar la libertad a personas acusadas de delitos menores contra la salud, presos políticos, integrantes de los pueblos indígenas o mujeres criminalizadas por decidir sobre su cuerpo o que son víctimas de emergencias obstétricas, o quienes cometieron alguna falta por pobreza o por ser obligadas por parejas sentimentales o familiares.
Cabe recordar que una de las obligaciones del nuevo órgano es informar, de manera trimestral, al titular del Ejecutivo Federal las acciones que realice y presentar al Congreso de la Unión un informe anual de las solicitudes pendientes y resueltas, así como de los supuestos por los cuales se concedió la libertad a las personas persas.
20/AGM/LGL

5/28/2020

Proponen en Edomex amnistía para mujeres que abortaron y a las que se defendieron de su agresor

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Ciudad de México. Aunque no hay un diagnóstico oficial, se sabe que en las prisiones del Estado de México hay mujeres que tuvieron una emergencia obstétrica y fueron acusadas de aborto, que tuvieron un parto fortuito y fueron encarceladas por homicidio en razón del parentesco, que defendieron su tierra y territorio y fueron acusadas de obstruir vías de comunicación o que hirieron a su agresor y terminaron presas por homicidio.
Muchas de estas mujeres fueron juzgadas y recluidas por medio de procesos irregulares y faltas al debido proceso, por esa razón el 21 de mayo la fracción parlamentaria de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado de México presentó una iniciativa para expedir la Ley de Amnistía estatal, con el fin de apresurar la libertad de esta población, durante la pandemia del COVID-19.
A propósito de esta iniciativa, más ambiciosa que la Ley de Amnistía federal, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada el pasado 22 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la diputada local por Morena, Guadalupe Mariana Uribe Bernal explicó en entrevista con Cimacnoticias, que la propuesta normativa sigue el espíritu de la amnistía federal: otorgar la libertad a quienes injustamente permanecen en prisión.

Propuesta a favor de las mexiquenses

La iniciativa de reforma tiene 20 artículos y fue promovida también por los diputados de Morena, Max Correa Hernández, Gerardo Ulloa Perez y Liliana Gollás Trejo. El documento considera 14 supuestos para conceder la amnistía los cuales se basan en la regla general de proteger a las personas que formen parte de algún grupo en situación de vulnerabilidad y se les hayan violentado sus Derechos Humanos.
En el caso de las mujeres considera beneficiar a aquellas que fueron encarceladas por el delito de aborto, de homicidio en razón de parentesco, de narcomenudeo si fueron obligadas a transportar pequeñas cantidades de drogas, si fueron recluidas por defender su tierra y territorio o bienes comunes como el agua, si cometieron un delito por su condición de pobreza o si lo hicieron en legítima defensa tratando de salvar su vida o la de sus hijas e hijos.
En el Estado de México, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2020 se abrieron 44 carpetas de investigación por el delito de aborto: 12 en enero, 14 en febrero, 15 en marzo y 3 en abril. La información no está desagregada por sexo y no se sabe si son mujeres u hombres acusados por este delito ni si esas personas fueron sentenciadas y recluidas. La misma fuente indica que en este año se han abierto mil 172 investigaciones por narcomenudeo.
La diputada Uribe Bernal señaló que en el Estado de México hay alrededor de 100 mujeres encarceladas acusadas de aborto desde 2018, por lo que hay que ayudarlas a ellas.
Por otra parte, de acuerdo con el informe 2019 del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza, 8.9 por ciento de los delitos cometidos en la entidad fueron por narcomenudeo, es decir, mil 290 casos; aunque tampoco presenta las cifras desagregadas por sexo.

Mujeres encarceladas por defenderse

La propuesta de ley indica en su artículo 6, fracción X, que también se otorgará la libertad a las “mujeres acusadas y sentenciadas por exceso de legítima defensa en la protección de su vida e integridad o de sus descendientes”.
La también presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso del estado, explicó que esta fracción normativa especifica que se trata de mujeres que cometieron algún ilícito al defender su vida o la de sus hijas e hijos. La diputada Uribe Bernal mencionó que la condición es que en estos casos se haya considerado la legitima defensa en el proceso penal.
Es de recordar que en la Ley de Amnistía federal no se consideró liberar a mujeres encarceladas por el delito de homicidio, ni siquiera si actuaron en legítima defensa, porque uno de los candados para acceder a este perdón indica que no se puede beneficiar a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, salvo si se trata de aborto o de homicidio en razón de parentesco.
No obstante, la propuesta morenista en el Estado de México establece, en el artículo 5 esta excepción para que las mujeres acusadas de lesiones o de homicidio, puedan acceder a su libertad siempre que en su proceso hayan alegado legítima defensa. La abogada y legisladora morenista acotó que no se trata de abrir la puerta para que quien decida delinquir, lo haga.

Defensoras indígenas y comunitarias

En el estado de México, por ejemplo, en 2019 fue liberada la indígena náhuatl Dominga González Martínez, quien estuvo presa en el Centro Penitenciario y de Readaptación Social Santiago, en Almoloya. En 2017 ella fue condenada a 50 años de prisión por el presunto homicidio y privación de la libertad del empresario floricultor Alejandro Isaak Basso, con quien la comunidad de San Pedro Tlanixco sostenía un litigio por el uso del agua del río Texcaltenco.
De acuerdo con su comunidad, aunque Dominga fue encarcelada por “homicidio calificado y privación de la libertad”, en realidad fue criminalizada por su defensa del agua, activismo por el cual pasó 10 años en prisión preventiva antes de que le dictaran sentencia y de que le dieran la libertad.
Casos como este caso muestra, en las prisiones hay grupo en situación de vulnerabilidad. “Sin lugar a duda han dado una batalla importante cuando han sido juzgados de manera equívoca por el Estado. Si son de pueblos, comunidades indigenas, afroamericanas o campesinos pueden ser beneficiados (por la amnistía)”, dijo la diputada.
La información judicial estatal también muestra que en 2019 se solicitaron los servicios periciales de traducción del tlapaneco, tepehua, totonaca, mixteco, mazateco, otomí, mazahua y náhuatl.
La norma, mencionó la diputada local, también es para promover la libertad de personas que fueron acusadas por estar defendiendo la propiedad de sus tierras, sus recursos naturales, el medio ambiente, la consulta previa libre e informada; o bien, la preservación de conocimientos ancestrales y sus usos y costumbres.
“Tenemos un informe de 2018 de la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas, un censo elaborado con la Comisan Nacional de Seguridad, que arroja que de las 207 mil 432 personas privadas de la libertad en 2017 en 360 centros de reclusión, 3 por ciento se reconoció como integrante de algún pueblo indígena“.
Asimismo, la ley indica que otro grupo de la población que debe ser beneficiado son aquellas personas víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos, cuando se cuente con resoluciones de algún organismo internacional, nacional o local de Derechos Humanos, en las que se recomiende o requiera la libertad de la persona o en las que se hayan determinado violaciones al debido proceso que hubieren trascendido al fallo judicial.

Proceso legislativo sin fechas

La propuesta de ley fue enviada a las Comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Derechos Humanos del Congreso, quienes deberán analizar la redacción para hacer un dictamen y en su caso enviarla al pleno del Congreso. SI bien la intención es que la reforma ayude a despresurar las 22 prisiones mexiquenses durante la pandemia de COVID-19, destinadas para 13 mil personas y donde hay más de 30 mil, no hay plazo para aprobar esta ley.
Además, tras la publicación de la Ley de Amnistía a nivel federal, expuso la diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal, los estados están obligados a realizar esta homologación para liberar los centros de readaptación social y otorgar la libertad a quienes fueron juzgados con faltas al debido proceso.
La propuesta considera la creación de una Comisión Especial en la Legislatura, que daría seguimiento a los asuntos. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la Ley de Amnistía serían el Poder Judicial, Poder Legislativo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y los demás órganos, dependencias, organismos y entidades a los que se les solicite intervenir en el procedimiento para otorgar la amnistía.
La idea también es que el proceso sea rápido, por eso las solicitudes se podrán presentar ante los jueces, quienes en un plazo de tres días deberán admitirlas y resolverlas en un plazo de 10 días. Sin embargo, aun con todos los elementos que considera esta propuesta, en un artículo transitorio se especifica que esta ley sólo tendrá vigencia durante esta Legislatura, que concluye en 2021.
20/AGM/LGL

5/16/2020

Congresos estatales deben aprobar leyes similares a la de Amnistía para beneficiar a mujeres



Ciudad de México. Académicas feministas afirmaron que una tarea pendiente de los Congresos estatales es aprobar leyes locales similares a la Ley de Amnistía, publicada el pasado 22 de abril, para liberar a las mujeres que fueron encarceladas injustamente por el delito de aborto.

Este fue uno de los temas que mencionaron las académicas Gloria Ramírez Hernández, Urenda Queletzu Navarro Sánchez, Felipa Nery Sánchez Pérez, Fátima López Iturríos y la defensora de los derechos de mujeres indígenas, Arcelia García Santiago, quienes analizaron los alcances de la norma aprobada durante la contingencia del COVID-19.

En una mesa virtual organizada por el Museo de la Mujer, de la Ciudad de México, las especialistas feministas coincidieron en que aunque esta norma dice que se beneficiará a mujeres acusadas de aborto, en realidad no permite liberar a quienes fueron criminalizadas por este delito porque en muchos casos ellas fueron acusadas de homicidio en razón de parentesco o de parricidio.

Además, explicaron, el delito de aborto se castiga a nivel estatal y la Ley de Amnistía sólo aplica para casos a nivel federal; por esta razón las expertas hicieron un llamado para buscar a las diputadas locales e impulsar la aprobación de leyes locales de amnistía; o bien, diseñar estrategias como promover la despenalización del aborto en los estados.

De acuerdo con el decreto de Ley de Amnistía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de abril, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, debe promover ante los gobiernos y las legislaturas de las entidades federativas la expedición de leyes de amnistía. Estas normas permitirían liberar a mujeres acusadas de aborto, una conducta que sólo en la Ciudad de México y en Oaxaca se puede realizar por voluntad propia hasta las 12 semanas de gestación, sin ser encarcelada.

La abogada feminista de San Luis Potosí, Urenda Queletzu Navarro Sánchez, afirmó que la Ley de Amnistía permite analizar la pertinencia de tener vigentes ciertos delitos como el aborto, pero destacó que si esta norma baja a los estados, también abonará a la construcción de una justicia democrática. 


La también maestra en Historia señaló que en San Luis Potosí existe una iniciativa local en la materia, pero destacó que el primer obstáculo es posicionar la amnistía como un acto de justicia, ya que muchos partidos políticos han realizado una campaña para hacer creer que con esta legislación se otorgaría la libertad a delincuentes.

La profesora Investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Felipa Nery Sánchez Pérez, por su parte, consideró que hasta que haya leyes locales las personas en reclusión podrán ser beneficiadas de este perdón. En el caso de Tabasco, el gobernador Adán Augusto López Hernández y el Congreso anunciaron que están analizando casos para presentar una iniciativa legislativa.

La académica señaló que es importante que los Congresos, federal y de los estados, revisen los delitos que hoy están legislados como el aborto o la portación de pequeñas cantidades de drogas y que de acuerdo con la nueva norma no deberían ser motivo para que las personas estén en prisión.

En su participación, la coordinadora general de la Red de Abogadas Violetas, Fátima López Iturríos, consideró que la alternativa más viable para que las mujeres no sean criminalizadas es la abrogación del delito de aborto, porque aunque en todos los estados liberen a las que hoy están acusadas, en un tiempo otras ciudadanas van a llegar a prisión por estas mismas conductas.  

La abogada de Jalisco señaló que no ve muy factible la homologación estatal de la Ley de Amnistía, porque además aquellas que tiene un aborto son acusadas de parricidio, homicidio en razón de parentesco, infanticidio u omisión de cuidados, a pesar de que en algunos casos ni siquiera sabían que estaban embarazadas; por lo que consideró que es importante trabajar por la abrogación del delito.

La defensora, señaló que desde octubre de 2019, en Jalisco, una mujer víctima de violencia de género puede acudir a la amnistía pero antes debe pagar la reparación del daño, tener sentencia firme y acreditar que fue víctima de violencia, por lo que no es un perdón llano ya que pide una lista de requisitos para acceder a este beneficio.  

Para López Iturríos es importante pensar en un Código Penal Único, donde no exista el delito de aborto; señaló que esto ayudaría más porque en estados como Jalisco el argumento de las autoridades es que no se necesita una Ley de Amnistía porque en la entidad no existen mujeres encarceladas por este crimen.

Finalmente la coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas en México, Arcelia García Santiago, aseguró que en el caso de las comunidades indígenas se ha documentado que las parteras, quienes ofrecen servicios de atención al embarazo y al parto, han sido acusadas de aborto en procesos sin derecho a traductor y con faltas al debido proceso. Aseguró que la amnistía debe tener impacto local. 

Es de recordar que partir del 23 de abril el gobierno federal tiene 60 días hábiles para expedir el acuerdo que creará una Comisión que coordine y vigile el cumplimiento de la Ley de Amnistía y resuelva las solicitudes de libertad, entre éstas, de mujeres acusadas de aborto. Hasta ahora no hay información pública de este proceso.
20/AGM/LGL

5/02/2020

Urgente, acelerar solicitudes de preliberaciones por amnistía

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Ciudad de México. Es urgente que el Gobierno federal defina lo más pronto posible cómo se integrará la Comisión encargada de recibir y determinar la procedencia de las solicitudes de amnistía, aseguró la abogada e integrante de la organización Equis, Justicia para las Mujeres, Viridiana Valgañon.

En medio de la contingencia por COVID-19, la defensora expuso en entrevista que, una vez que entró en vigor la Ley de Amnistía, el pasado 23 de abril, es urgente que el Ejecutivo federal integre la Comisión sin agotar el plazo de 60 días hábiles que por ley tiene, a fin de acelerar las liberaciones de personas vulnerables que permanecen en prisión.

La vocera de Equis, Justicia para las Mujeres consideró que los tiempos marcados son largos: 60 días hábiles para crear el órgano encargado de dar trámite a las solicitudes de libertad y un periodo de cuatro meses para analizar las peticiones, lo que indica que quienes podrían ser beneficiadas permanecerán en prisión durante la pandemia.

Además, Viridiana Valgañon señaló que en medio de la contingencia sanitaria es importante tener resultados, por ello hizo un llamado para que, de manera inmediata, se conforme este órgano cuya tarea principal será hacer justicia a grupos de la población que históricamente han sido vulnerados.  

Lento control de la pandemia

El objetivo de esta norma, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2019, fue otorgar la libertad a personas que injustamente están en prisión, por ejemplo mujeres que tuvieron un parto fortuito o una emergencia obstétrica; mujeres que fueron obligadas por sus parejas o familiares a transportar drogas o que cometieron un ilícito por pobreza.

Ante la emergencia sanitaria, el Senado decidió retomar la discusión de esta ley, que aplazó desde diciembre de 2019, y finalmente en abril aprobó el dictamen para abonar al descongestionamiento de las cárceles, donde hay sobrepoblación, hacinamiento, insalubridad, carencia de medicinas, personal médico e infraestructura, a lo que ahora se suma el riesgo de contagio de COVID-19.

No obstante, además de los prolongados plazos para hacer efectiva esta norma, tampoco hay indicios de cómo se debe conformar la Comisión encargada de recibir las solicitudes de libertad ni de cuáles serán los procesos a seguir para presentar las peticiones, es decir, explicó la abogada, todo queda en manos del Ejecutivo.

Para esta organización especializada en el acceso a la justicia para todas las mujeres, el ideal es que el Gobierno federal considere que el órgano debe estar conformado por las instituciones que cuentan con información sobre las personas reclusas que podrían obtener la amnistía.

Algunas instituciones que en opinión de Valgañon podrían integrar la Comisión son la Fiscalía General de la República, los jueces penales y de ejecución del Poder Judicial de la Federación, el Subsistema Penitenciario y de Reinserción Social y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Además, con la finalidad de atender de forma adecuada a grupos específicos de la población, también se debería integrar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Defensoría de Oficio del Consejo de la Judicatura Federal, entre otras.

Efectos limitados para las mujeres

El decreto de la Ley de Amnistía indica que podrán ser beneficiadas de este mecanismo de libertad las personas procesadas o sentenciadas ante tribunales federales, siempre que no sean reincidentes y solo si cometieron delitos como aborto, homicidio en razón de parentesco, robo simple y sin violencia, portación o transporte de pequeñas cantidades de drogas o sedición.

De acuerdo con las Comisiones dictaminadoras del Senado, la población no reincidente del fuero federal es de más de mil 830 personas que representan 73 por ciento de la población total privada de la libertad del fuero federal en los centros penitenciarios. Es decir, en opinión de algunos integrantes del órgano legislativo, estas personas podrían ser potencialmente beneficiadas.

Sin embargo, un análisis de Equis, Justicia para las Mujeres, con base en datos de censos de 2016 y 2019 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), considera que en el país hay 4 mil 600 personas recluidas por delitos en el fuero federal que podrían ser beneficiadas.

– 4,600 personas recluidas por delitos en el fuero federal
– 69 mujeres acusadas de posesión simple de drogas
– 9 mujeres indígenas que no contaron con un intérprete  
– Sin dato de personas con enfermedad crónica
 -16 mujeres adultas mayores
 -293 mujeres jóvenes de 18 a 25 años de edad
– Ninguna mujer por el delito de aborto
– 113 personas (mujeres y hombres) que son hablante de lengua indígena o extranjera

Hasta ahora, Equis, Justicia para las Mujeres, considera que una forma de acelerar la aplicación de la ley es hacer un formato que pueda ser distribuido en los penales y en redes sociales para que las personas interesadas anoten datos básicos como: nombre de la persona, número de expediente, delito que se le imputa, una relatoría de hechos y el supuesto de la ley en el que entra su caso.

Esto a fin de que una vez que se tenga el proceso para recibir solicitudes los trámites sean más rápidos y eficientes; incluso que pueda ser por medios electrónicos o por teléfono, ya que este mes México atraviesa por la fase 3 de la pandemia, es decir, por el periodo de ascenso rápido en el número de contagios.

4/25/2020

Con Ley de Amnistía, mujeres en prisión por aborto obtendrán su libertad

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Ciudad de México. Este lunes 20 de abril el Senado aprobó la Ley de Amnistía con el objetivo de otorgar la libertad a personas en condiciones de vulnerabilidad o tratadas injustamente en el sistema de justicia, como mujeres acusadas de aborto, homicidio en razón de parentesco o de transportar  pequeñas cantidades de drogas.

El Senado aprobó el decreto que, de acuerdo con la redacción del documento, permitirá la excarcelación de personas en reclusión, muchas que podrían ser inocentes, que fueron víctimas de faltas al debido proceso o que deberían pagar su pena en libertad, y a fin de evitar la propagación del COVID-19 en los reclusorios.  

Aunque el Partido Acción Nacional intentó que no se aprobara el dictamen, finalmente las y los legisladores señalaron que se debe liberar a quienes cometieron delitos no graves, que no generaron un daño grave a un bien jurídico tutelado, que no pusieron en peligro insuperable los derechos fundamentales de terceros y que era su primera conducta delictiva.

Por ejemplo, el artículo 1 del decreto otorga la amnistía a mujeres procesadas o sentenciadas en tribunales federales por aborto voluntario en todas sus modalidades, incluyendo el homicidio en razón de parentesco, pero siempre que se trate de un aborto espontáneo, un parto prematuro o una emergencia obstétrica en cualquier momento del embarazo.


A marzo de este año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que se iniciaron 880 nuevas carpetas de investigación por el delito de aborto en todo el país.


La libertad sólo se otorgará a las mujeres, sus familiares, médicas, médicos, cirujanos, comadronas, parteras, u otro personal autorizado de servicios de salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, pero únicamente si la conducta se realizó sin violencia y con el consentimiento de la mujer. Es decir, no aplica para hombres que obligaron a una mujer a abortar.

La ley también beneficiará a personas que fueron obligadas a participar en delitos contra la salud por sus condiciones de pobreza o por el crimen organizado y ciudadanos que portaban dosis pequeñas de drogas sin fines comerciales o que hayan sido obligadas por sus parejas.

Asimismo, se beneficiará a indígenas que no recibieron una defensa acorde a su lengua y cultura, a presos por razones políticas y a aquellos que cometieron ilícitos menores sin violencia ni armas.    

El dictamen deja en claro que no beneficiará a reincidentes, personas acusadas de homicidio, secuestro, lesiones graves, violencia o utilización de armas de fuego, feminicidas, violadores, tratantes, huachicoleros o delincuentes dedicados al robo de casas habitación, entre otros.

Una vez que el decreto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo federal deberá integrar una Comisión que coordine las solicitudes de amnistía, las cuales deberán ser resueltas por ese organismo en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la presentación de la misma.

El presidente de la Comisión de Gobernación del Senado, Cristóbal Arias Solís, dijo en tribuna que esta ley ayudará al descongestionamiento de las cárceles para aminorar el contagio por COVID-19 y señaló que la población no reincidente del fuero federal es de más de mil 830 personas, que representa 73 por ciento de la población total privada de la libertad de dicho fuero. Habría más de dos mil 600 personas que serían potencialmente beneficiadas, precisó.

Tras conocer el resultado de la votación en la Cámara alta, la organización Equis Justicia para las Mujeres, organización que promueve la liberación de mujeres acusadas de delitos menores contra la salud, consideró que es indispensable hacer efectiva la ley una vez que se publique y que las autoridades informen al interior de los centros penitenciarios sobre la existencia de la amnistía.

Esta organización señaló que las áreas jurídicas de los centros penitenciarios deberán, de manera oficiosa, realizar una valoración de los perfiles de las personas privadas de la libertad y detectar a las y los candidatos a la amnistía y el Estado debe facilitar defensores y defensoras de oficio que asesoren y acompañen en el trámite.

Equis también precisó que se debe garantizar, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y sus análogas, un mecanismo de seguimiento y apoyo para la reinserción social de las personas privadas de la libertad que sean beneficiadas por este mecanismo de libertad.

En tanto, organizaciones que trabajan con población penitenciaría como Documenta y Asilegal aplaudieron la aprobación de este decreto y llamaron a autoridades a garantizar su aplicación, lo mismo que la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que preve mecanismos de libertad anticipada, en beneficio de los derechos de personas privadas de la libertad.


20/AGM/LGL 

Gobierno federal tiene 4 meses para integrar Comisiones que coordinarán preliberaciones por Ley de Amnistía



Ciudad de México. A partir de este jueves 23 de abril el gobierno federal tiene 60 días hábiles para expedir el acuerdo que creará una Comisión que coordine y vigile el cumplimiento de la Ley de Amnistía y resuelva las solicitudes de libertad, entre éstas, de mujeres acusadas de aborto.

El decreto publicado el 22 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que en un periodo de 4 meses la Comisión resolverá las solicitudes presentadas por familiares de personas en reclusión o por organismos públicos defensores de Derechos Humanos.

En el mismo plazo de 60 días, el Consejo de la Judicatura Federal determinará los jueces federales competentes que conocerán en materia de amnistía y resolverán las solicitudes.

Además, el decreto prevé que dentro de 180 días posteriores a la entrada en vigor de esta ley, el Congreso de la Unión revisará los delitos que ameritan amnistía con la finalidad de valorar la vigencia de sus elementos configurativos.


La norma también indica que la Secretaría de Gobernación promoverá ante los gobiernos y las legislaturas de las entidades federativas la expedición de leyes de amnistía que se asemejen a los que se consideran en esta ley.  

Cabe mencionar que el decreto que entró en vigor sólo aplica para delitos del orden federal. Los casos de aborto y homicidio en razón de parentesco, por ejemplo, son delitos que se sancionan a nivel local.

Por otra parte, este miércoles la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que la dependencia a su cargo trabajará con los 32 estados del país en un mecanismo de preliberaciones para delitos menores.

Así lo dijo al participar en la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), que se realizó de forma virtual este 22, donde Sánchez Cordero compartió las acciones de México ante la emergencia sanitaria por COVID-19.

La dependencia no dio más detalles pero en un boletín de prensa aseguró que en el encuentro se comentó la reciente aprobación de la Ley de Amnistía que liberará a personas recluidas por delitos menores o que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad.

Es de recordar que la amnistía otorgará la libertad a mujeres procesadas y sentenciadas por el delito de aborto y a médicas, médicos, cirujanos, comadronas o parteras, personal autorizado de salud o familiares acusados de este delito siempre y cuando lo hicieran sin violencia y con el consentimiento de la mujer.

4/24/2020

Amnistía: justicia social


Se estima que hay más de 5 mil personas injustamente presas en México. Hacinadas y encerradas entre cuatro paredes, sin libertad de movimiento, sin poder ir y venir a su antojo ni ver a sus seres queridos. El sacrificio de aislamiento en que nos encontramos tantos, para protegernos de la pandemia Covid-19, no nos acerca, ni remotamente, a la experiencia de vivir en encierro dentro de un reclusorio.
Por eso hay que celebrar ¡con todo! la aprobación de la Ley de Amnistía, que fuera aprobada por el Senado el lunes pasado. La conyuntura que favoreció su aprobación es porque su correcta aplicación ayudará a despresurizar los penales federales que están sobrepoblados, a reducir el riesgo de transmisión del virus al facilitar la sana distancia, así como respetar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad.
Más allá del coronavirus, se trata de una iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó desde tiempos de campaña, como un acto de justicia social. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, señaló que esta amnistía debe enmarcarse en la discusión sobre la transformación del sistema de justicia, toda vez que permitirá la libertad anticipada de población vulnerable que no esté recluida por delitos graves. Las Oficinas en México de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos valoran la nueva ley, no sólo por contribuir con la prevención ante el Covid-19, sino por terminar con los abusos a la pena de prisión y para evitar la criminalización de la pobreza, es un gran paso hacia la transformación del sistema de impartición de justicia del país. Por su parte, la organización civil EQUIS Justicia para las Mujeres celebró la aprobación como un primer paso para comenzar a identificar los perfiles de quienes puedan ser candidatos a la amnistía.
La amnistía es una medida excepcional que no supone un perdón por parte del gobierno o de la sociedad, sino un proceso de olvido (amnistía viene de amnesia) que busca beneficiar a las personas que han sido criminalizadas, no por el delito que cometieron, sino por las condiciones que les orillaron a cometerlo, quienes por pobreza o por falta de acceso a recursos legales adecuados, fueron acusadas o encarceladas. En consistencia con su posición ideológica, no sorprende que los diputados de oposición se abstuvieran o votaron en contra, representantes de PRI, PAN, MC y lo que queda del PRD no han mostrado interés por mejorar las condiciones de desigualdad ni de injusticia sociales. Hay que comprender el sentido de la amnistía, no se trata de liberar a delincuentes ni a narcotraficantes, no se excarcelará a quienes cometieron delitos graves: aquéllos contra la vida o la integridad corporal, ni a sentenciados por secuestro, violación, feminicidio, huachicoleo, trata de personas o robo a casa habitación.
Por el contrario, se liberará a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad, permitirá la liberación de personas adultas mayores o enfermas, y que no estén presas por delitos graves, sino por robo simple o por consumo de drogas, o son presos políticos por protestar contra autoridades.
Me interesa destacar especialmente que con esta ley de amnistía quedarán libres mujeres y hombres indígenas que no contaron con intérpretes en lengua indígena para defenderse y acceder a un debido proceso. Incluye también a mujeres que están en prisión por aborto, mujeres que nunca debieron pisar la cárcel por haber ejercido el derecho a decidir sobre su cuerpo, porque en la mayoría de los casos ellas deciden interrumpir su embarazo por no estar en condiciones para criar y solventar el desarrollo de un hijo o hija, muchas son indígenas y viven en hogares con pobrezas, hay también quienes tuvieron un aborto espontáneo, pero no hubo quien lo demostrara. El artículo primero es muy claro: se decreta la amnistía por el delito de aborto, en cualquiera de sus modalidades previstas en el Código Penal Federal, cuando se impute a la madre del producto, a los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo, así como a familiares que la hayan auxiliado. La amnistía incluye el delito de homicidio por razón de parentesco, porque de esa manera infame se ha llegado a tipificar a la mujer que ejerce el derecho a la maternidad voluntaria.
La Ley de Amnsitía tiene un gran peso simbólico que va a impactar los marcos estatales. La secretaria de Gobernación, Olga Sanchez Cordero, señaló la importancia de beneficiar a personas que ni siquiera hablan español, que fueron engañadas para llevar una mochila o alguna maleta con droga, o consumidores que portaban narcóticos en cantidades superiores a las permitidas. Ella pidió a los gobiernos estatales hacer leyes espejo porque la mayor parte de las personas que pudieran ser liberadas están sentenciadas por delitos de jurisdicción local, no federal. Tal es el caso de las mayoría de mujeres presas por aborto.
*Secretaria general del Conapo

4/21/2020

Aprueba el Senado la ley de amnistía


Enviada ya al Ejecutivo, la nueva norma prevé beneficiar a 5 mil personas presas de forma injusta

El Senado aprobó ayer la Ley General de Amnistía, con la que se beneficiará a más de 5 mil personas encarceladas de forma injusta, ya sea por su condición de pobreza y marginación o por procesos irregulares, y la remitió al Ejecutivo federal para su promulgación.
Fue una sesión única, convocada ex profeso para votar esa minuta, entre medidas sanitarias estrictas, que se prolongó durante casi siete horas, entre insultos y diatribas del Partido Acción Nacional (PAN) contra Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el argumento repetido una y otra vez por los blanquiazules de que se liberará a delincuentes.
La minuta se aprobó con 68 votos a favor de Morena y sus aliados de PT, PES y PVEM –además de los dos senadores de MC presentes–, 14 en contra (PAN) y dos abstenciones (PRD), ante un pleno inusual, menos de 50 legisladores.
Desde el principio de la sesión, en la que todos portaron cubrebocas y muchos caretas, el bloque opositor demandó que se discutiera también la aprobación de la ley de emergencia económica, que impulsan desde hace semanas y, ante el rechazo de la mayoría que coordina Ricardo Monreal, se lanzaron contra la amnistía.
En tribuna, los morenistas reiteraron que es un gesto de humanidad, a fin de impedir contagios de coronavirus en los reclusorios del país y resaltaron que sólo se incluirá a quienes no son reincidentes ni cometieron delitos de sangre o con violencia, pero los senadores del PAN, encabezados por su coordinador Mauricio Kuri, fueron una y otra vez ante el pleno para reiterar que en plena pandemia por Covid-19 se dejará libres a criminales.
La mayoría de las panistas criticaron que en la amnistía estén incluidas mujeres procesadas por interrumpir embarazos, así como médicos y familiares también encarcelados por el delito de aborto.
Priístas, panistas y perredistas estuvieron desde temprano en la sede de Reforma e Insurgentes, pero no participaron en la reunión de comisiones dictaminadoras, efectuada por la mañana y sólo decidieron asistir al pleno cuando se dieron cuenta de que Morena y sus aliados ya habían logrado el quórum legal.
La priísta Claudia Ruiz Massieu planteó una moción suspensiva, por considerar que se violó el proceso legislativo y el coordinador tricolor, Miguel Ángel Osorio Chong, insistió en la urgencia de discutir en el Senado la firma de un acuerdo nacional para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia. Ambas propuestas se desecharon y, al final, la bancada del PRI no votó.
Durante la discusión, los presidentes de las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, Cristóbal Arias y Ana Lilia Rivera, destacaron que con la aprobación del dictamen se podrá aminorar el riesgo de contagio masivo de Covid-19 en los reclusorios.
Rechazaron que se ponga en libertad a rateros y narcotraficantes, como sostuvo el panista Damián Zepeda. Explicaron que en el caso de los delitos contra la salud –producción, transporte, suministro y posesión de narcóticos– se incluye a quienes los hayan cometido por pobreza, extrema vulnerabilidad u obligados por sus cónyuges o por la delincuencia organizada, como es el caso de las llamadas burreras.
La ley beneficiará también a indígenas presos por procesos irregulares y a los procesados por sedición y robo sin violencia.
La panista Kenia López Rabadán acusó incluso a los senadores de Morena de arrodillarse para seguir las instrucciones de su patrón Andrés Manuel López Obrador y el morenista Rubén Rocha Moya le respondió que quienes pretenden imponer los intereses de los grandes empresarios, que son sus patrones, son los legisladores de Acción Nacional.
Otra morenista, Antares Vázquez, lamentó la actitud racista y clasista del PAN, que se niega a que los pobres salgan de la cárcel.
A propuesta del coordinador Ricardo Monreal, la sesión concluyó con un minuto de aplausos al ejército blanco, el personal médico y paramédico que atiende la emergencia sanitaria.

Periódico La Jornada

12/12/2019

Aprueban diputados la Ley de Amnistía

Votaron en contra 144 panistas
En 180 días el Congreso valorará los delitos que se incluirán en la nueva legislación
El blanquiazul sostiene que con un decreto hubiera bastado

La Ley de Amnistía, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, y su contenido pretende reinsertar en el tejido social a personas que han sido arrancadas de la sociedad por su condición de vulnerabilidad, de exclusión o discriminación o por su situación de pobreza. Con 285 votos a favor del bloque encabezado por Morena, 19 abstenciones y 144 en contra del PAN fue avalado en sus términos, con una adición para que en 180 días el Congreso valore los tipos penales que contempla el decreto.
El texto facilitará la procuración de justicia, reducirá la carga de trabajo de los tribunales, en lo que hace a delitos que no dañan gravemente a la sociedad, permitiendo enfocar los esfuerzos a los que sí generan un impacto profundo en nuestra seguridad; se constituirá como un instrumento de protección a grupos vulnerables, como eje principal será el respeto a los derechos humanos de las víctimas, expuso la presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera.
También, la diputada Claudia Pérez (Morena) adujo que la ley está basada en un plano solidario hacia grupos vulnerables: tiene la mejor de las intenciones y no podemos satanizar, como algunos grupos que han emprendido una campaña que desinforma a la sociedad, afirmando que todos los criminales van a salir de la cárcel.
En ese tono, el ex gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdés (PRI) argumentó a favor del proyecto de decreto. Es una cuestión de justicia o injusticia. ¿Quién puede negarse a hacerle justicia a los pobres y discriminados que están privados de su libertad por infracciones a la ley provocados por el hambre, la pobreza o por una desventaja cultural, educativa, de edad o de género? Hay que dejar claro: esta ley que hoy votamos tiene como objetivo reconciliar al Estado con aquellos que menos tienen. Se trata de restaurar la justicia y corregir miles de errores. Se trata de hacer justicia a los pobres y a los que han padecido un sistema económico injusto.
También, Enrique Ochoa Reza (PRI) se pronunció en contra porque el Presidente de la República quiere terminar con las penas de personas por sus condiciones de desigualdad o de pobreza; sin embargo, tiene la facultad en el artículo 89 de la Constitución, fracción 14: conceder conforme a las leyes los indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales. No requiere una ley de amnistía, a través del indulto puede llevar a cabo los trabajos que esta ley, inconstitucional de poca vida que pretende impugnarla ante la corte, no alcanzará los objetivos que se están proponiendo y con los cuales coincidimos.
Pilar Ortega Martínez (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia, criticó el contenido del texto porque no se advierte la temporalidad o naturaleza del conflicto que da lugar a esta amnistía, más allá de una alternancia política.
Denuestos y ofensas en la tribuna
A lo largo de la discusión, los diputados panistas reprocharon a los morenistas, a quienes no se cansaron de llamar ¡hipócritas! Mario Mata, representante del partido blanquiazul fue prolijo en denuestos y ofensas: lean, estudien, para que puedan venir a gritar con conocimiento y no como unos simples payasos. Todas las tonterías que vienen muy gallitos a gritarnos, ridiculeces. Sólo tienen una voz de mando, quien tiene la correa y los azuza como perros de presa. Y atacan con insultos y disparates, cegados por la ira y la furia que provoca el no tener argumentos y el no saber que la realidad se les va a imponer, por muchas maromas, por muchas mañaneras que hagan. Su espumante boca derrama lo que su corazón y su minado cerebro derraman.
Y en ese terreno, Tatiana Clouthier Carrillo (Morena) se subió al ring: Yo pregunto a toda esta bola de hipócritas, ¿cuántos de ustedes se han acostado con una mujer, escuchen bien, ¿cuántos de ustedes se han acostado con una mujer sin protección? ¿Cuántos de ustedes consumen o han consumido, y de dónde les ha caído, la mariguana para consumirla? Bola de hipócritas.
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Periódico La Jornada