Ciudad de México. Es urgente que el Gobierno federal
defina lo más pronto posible cómo se integrará la Comisión encargada de
recibir y determinar la procedencia de las solicitudes de amnistía,
aseguró la abogada e integrante de la organización Equis, Justicia para
las Mujeres, Viridiana Valgañon.
En medio de la contingencia por
COVID-19, la defensora expuso en entrevista que, una vez que entró en
vigor la Ley de Amnistía, el pasado 23 de abril, es urgente que el
Ejecutivo federal integre la Comisión sin agotar el plazo de 60 días
hábiles que por ley tiene, a fin de acelerar las liberaciones de
personas vulnerables que permanecen en prisión.
La vocera de
Equis, Justicia para las Mujeres consideró que los tiempos marcados son
largos: 60 días hábiles para crear el órgano encargado de dar trámite a
las solicitudes de libertad y un periodo de cuatro meses para analizar
las peticiones, lo que indica que quienes podrían ser beneficiadas
permanecerán en prisión durante la pandemia.
Además, Viridiana
Valgañon señaló que en medio de la contingencia sanitaria es importante
tener resultados, por ello hizo un llamado para que, de manera
inmediata, se conforme este órgano cuya tarea principal será hacer
justicia a grupos de la población que históricamente han sido
vulnerados.
Lento control de la pandemia
El
objetivo de esta norma, presentada por el presidente Andrés Manuel
López Obrador en septiembre de 2019, fue otorgar la libertad a personas
que injustamente están en prisión, por ejemplo mujeres que tuvieron un
parto fortuito o una emergencia obstétrica; mujeres que fueron obligadas
por sus parejas o familiares a transportar drogas o que cometieron un
ilícito por pobreza.
Ante la emergencia sanitaria, el Senado
decidió retomar la discusión de esta ley, que aplazó desde diciembre de
2019, y finalmente en abril aprobó el dictamen para abonar al
descongestionamiento de las cárceles, donde hay sobrepoblación,
hacinamiento, insalubridad, carencia de medicinas, personal médico e
infraestructura, a lo que ahora se suma el riesgo de contagio de
COVID-19.
No obstante, además de los prolongados plazos para
hacer efectiva esta norma, tampoco hay indicios de cómo se debe
conformar la Comisión encargada de recibir las solicitudes de libertad
ni de cuáles serán los procesos a seguir para presentar las peticiones,
es decir, explicó la abogada, todo queda en manos del Ejecutivo.
Para
esta organización especializada en el acceso a la justicia para todas
las mujeres, el ideal es que el Gobierno federal considere que el órgano
debe estar conformado por las instituciones que cuentan con información
sobre las personas reclusas que podrían obtener la amnistía.
Algunas
instituciones que en opinión de Valgañon podrían integrar la Comisión
son la Fiscalía General de la República, los jueces penales y de
ejecución del Poder Judicial de la Federación, el Subsistema
Penitenciario y de Reinserción Social y la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
Además, con la finalidad de atender de forma
adecuada a grupos específicos de la población, también se debería
integrar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, al Instituto Nacional de las
Mujeres y a la Defensoría de Oficio del Consejo de la Judicatura
Federal, entre otras.
Efectos limitados para las mujeres
El
decreto de la Ley de Amnistía indica que podrán ser beneficiadas de
este mecanismo de libertad las personas procesadas o sentenciadas ante
tribunales federales, siempre que no sean reincidentes y solo si
cometieron delitos como aborto, homicidio en razón de parentesco, robo
simple y sin violencia, portación o transporte de pequeñas cantidades de
drogas o sedición.
De acuerdo con las Comisiones dictaminadoras
del Senado, la población no reincidente del fuero federal es de más de
mil 830 personas que representan 73 por ciento de la población total
privada de la libertad del fuero federal en los centros penitenciarios.
Es decir, en opinión de algunos integrantes del órgano legislativo,
estas personas podrían ser potencialmente beneficiadas.
Sin
embargo, un análisis de Equis, Justicia para las Mujeres, con base en
datos de censos de 2016 y 2019 del Instituto Nacional de Geografía y
Estadística (Inegi), considera que en el país hay 4 mil 600 personas
recluidas por delitos en el fuero federal que podrían ser beneficiadas.
– 4,600 personas recluidas por delitos en el fuero federal
– 69 mujeres acusadas de posesión simple de drogas
– 9 mujeres indígenas que no contaron con un intérprete
– Sin dato de personas con enfermedad crónica
-16 mujeres adultas mayores
-293 mujeres jóvenes de 18 a 25 años de edad
– Ninguna mujer por el delito de aborto
– 113 personas (mujeres y hombres) que son hablante de lengua indígena o extranjera
Hasta
ahora, Equis, Justicia para las Mujeres, considera que una forma de
acelerar la aplicación de la ley es hacer un formato que pueda ser
distribuido en los penales y en redes sociales para que las personas
interesadas anoten datos básicos como: nombre de la persona, número de
expediente, delito que se le imputa, una relatoría de hechos y el
supuesto de la ley en el que entra su caso.
Esto a fin de que
una vez que se tenga el proceso para recibir solicitudes los trámites
sean más rápidos y eficientes; incluso que pueda ser por medios
electrónicos o por teléfono, ya que este mes México atraviesa por la
fase 3 de la pandemia, es decir, por el periodo de ascenso rápido en el
número de contagios.
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