CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Ciudad de México. La falta de claridad en el
decreto de austeridad por el COVID-19 del presidente Andrés Manuel López
Obrador pone en riesgo el dinero establecido para la operación de
programas de atención para las mujeres.
En entrevista con Cimacnoticias, la diputada federal, Martha Angélica
Tagle Martínez, detalló que el gobierno federal debe explicar mejor los
términos del “decreto presidencial por el que se establecen las medidas
de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal”, que se publicó este 23 de abril en el
Diario Oficial de la Federación.
Tagle señaló que con este documento, además de extralimitar sus
funciones, el presidente es poco claro, ya que señala que “se posponen
las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los siguientes
programas prioritarios (…)”, pero no establece un límite de tiempo.
Además, el decreto dice que se aplicará a gastos de servicios
generales, pero más adelante habla de todas las acciones y gastos
públicos. En concreto, el documento federal establece que “no se
ejercerá 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de
servicios generales y materiales y suministros. Esto también incluye a
lo supuestamente comprometido”.
La diputada refrendó: “Deja muchas incógnitas de exactamente a qué se
refiere, y lo mínimo que exigimos es que de parte del gobierno haya una
claridad porque en una interpretación lisa y llana del decreto sin duda
todos los programas del Anexo 13 (sobre igualdad entre mujeres y
hombres) quedan suspendidos o a la interpretación de cada dependencia”.
Tagle recordó que hace una semana, la Secretaría de la Función
Pública ordenó, también excediendo sus funciones, hacer recortes
presupuestales en las dependencias, incluso con amenazas de sanciones.
Esto empezó a tener efectos sobre ciertos programas de mujeres, por
ejemplo, en el Instituto Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas se
reportó que se decidió posponer el programa para mujeres indígenas.
“No sabemos administrativamente qué va a suceder después del decreto
porque muchas áreas van a tener que cerrar sus puertas sin saber hasta
cuándo, porque sencillamente se habla de posponerlos”, explicó la
legisladora.
Tagle señaló que, por falta de claridad con el decreto, parece que
los temas de salud que prevalecerán son sólo los relacionados con
COVID-19 y no otros graves para las mujeres, como el caso de los
diferentes tipos de cáncer. La política agregó que las propias
instancias de las mujeres ya están preocupadas porque no hay certeza
sobre los recursos comprometidos, por ejemplo, como en el caso del
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas (PAIMEF), que en Morelos ya estaban previstos para la
habilitación de refugios para víctimas de violencia.
De acuerdo con la diputada, los programas contenidos entre los 38
prioritarios que establece el decreto y que también forman parte del
Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación, no necesariamente
tienen como fin parar las desigualdades de género.
Un ejemplo de esto son los programas para las y los Jóvenes
Construyendo el Futuro; pensión para el Bienestar de las Personas
Adultas Mayores; pensión para el Bienestar de las Personas con
Discapacidad; o el programa Sembrando Vida.
La diputada llamó a la administración federal a ser muy clara en las
determinaciones administrativas por escrito, de manera clara y
transparente, pero también pidió a las legisladoras del Congreso federal
hacer un frente común para evitar que los recursos para las mujeres se
vean disminuidos, y recordó que la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria habla de que los recursos dirigidos al Anexo
13 no pueden recibir recortes porque son considerados prioritarios.
Insuficientes los recursos para atender mujeres durante la pandemia
Horas previas a que se publicara oficialmente el decreto de
austeridad, diputadas y expertas en derechos de las mujeres y
presupuesto participaron en el foro “Violencia contra Mujeres y Niñas:
la otra pandemia. Políticas y presupuestos públicos para mujeres durante
la emergencia sanitaria”, que organizó la diputada Martha Tagle en
línea este 23 de abril y en el que coincidieron que el país enfrentará
esta pandemia con escasos recursos económicos para salvaguardar la
economía y la vida libre de violencia de las mujeres.
Durante su participación, las diputdas Verónica Juárez Piña y Dulce
María Sauri Riancho coincidieron en que el gobierno federal ha ignorado
en el diseño de las políticas frente a la emergencia provocada por el
COVID-19 las necesidades específicas de las niñas y las mujeres.
Señalaron que no se trata sólo de garantizar la atención de las víctimas
de violencia, sino también de establecer presupuesto a favor del
trabajo y la economía de las mujeres, quienes son jefas de familia en 33
por ciento de los hogares mexicanos.
“En este momento de emergencia no podemos permitir el
desmantelamiento del ya de por sí precarias instituciones que conforman
la red para atender los fenómenos de violencia contra las mujeres y las
niñas”, dijo Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva Cámara
de Diputados.
Por su parte, la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy
Figueroa Morales, dijo que en un país como México, donde ocurren 10
casos de feminicidio diariamente y 34 niñas son víctimas de violencias
sexuales resultando en embarazos no deseados, es necesario contar con un
presupuesto de egresos de la federación con perspectiva de género,
derechos humanos e intercultural.
La defensora de los derechos de las mujeres enfatizó en que estas
erogaciones deben estar garantizadas especialmente en el contexto de la
contingencia sanitaria, ya que desde el inicio de las medidas de
confinamiento aumentaron más del 80 por ciento las llamadas y mensajes
con solicitudes de apoyo a los refugios; 19 por ciento de las mujeres
dijeron que antes solicitaron apoyo a alguna instancia de gobierno, pero
no los recibieron.
Figueroa criticó que históricamente las erogaciones para los derechos
de las mujeres son disminuidas, pues la mayor parte del gasto público
se concentra en el sector económico y no en lo social, ya que al
analizar el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación del
2020, el gasto para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres
representa el 1.4 por ciento del presupuesto total del país; de ese
presupuesto, sólo 4 por ciento está representado por los refugios.
La coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas
de la organización México Evalúa, Mariana Campos, avizoró que la jornada
de Sana Distancia aumentará la vulnerabilidad económica de las mujeres,
lo que las va a colocar en una situación más proclive a la violencia.
Sin embargo, desde antes de la pandemia, se observó que la política
social del gobierno federal está muy enfocada en personas en edades
previas o posteriores al trabajo, y muy pocos recursos o programas que
cubran las necesidades de las mujeres que tienen ocupaciones
remuneradas.
La analista dijo que de por sí el Anexo 13 es un instrumento muy poco
útil y su integración no obedece a una metodología adecuada, pues no
está probado que su organización actual impacte positivamente en la vida
de las mujeres ni privilegia la prevención y protección de las
mujeres.
Por ejemplo, casi 40 por ciento de los recursos federales para la
igualdad entre mujeres y hombres están en el programa de la pensión para
las personas adultas mayores, mientras que sólo 500 millones de pesos,
de un anexo de más de 60 mil millones, va a la prevención o protección
de la violencia. El programa jefas de familia no es parte del
presupuesto. A esto se suma en que, desde años atrás, se ha observado un
subejercicio en el presupuesto programado para el Anexo 13.
20/AJSE/LGL
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