Editorial La Jornada
Fue positiva a la postre
la disonancia declarativa entre la Presidencia de la República y el
Consejo Mexicano de Negocios (CMN) sobre la naturaleza del programa de
financiamiento emergente acordado por ese organismo cúpula empresarial
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a fin de otorgar
financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para
ayudarles a sortear el parón económico causado por las medidas
destinadas a contener la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 en el país:
ha quedado claro que, pese a las presiones iniciales de las cámaras
empresariales y diversos actores políticos, la administración pública no
lo adoptará como medida gubernamental, que no habrá recursos públicos
comprometidos en su aplicación –ni como erogación ni como deuda– y que
será simplemente un convenio entre particulares y el referido organismo
financiero internacional.
Cabe recordar que desde que fue posible avizorar los desastrosos
efectos que la propagación del coronavirus habría de tener en la
economía nacional –como lo está teniendo, ciertamente, en todo el
planeta–, el gobierno federal adelantó un conjunto de acciones para
proteger de manera directa a los sectores más pobres de la población,
conjunto que se ha ido ampliando en extensión y diversidad en las
semanas transcurridas bajo la pandemia. También desde un inicio, las
asociaciones de empresarios demandaron que las medidas económicas
incluyeran subsidios, rescates o ayudas fiscales para las grandes y
medianas empresas, lo que resultaba contrario a los lineamientos
ideológicos y políticos y al programa económico de la Cuarta
Transformación, la cual no sólo se propuso impulsar un desarrollo desde
abajo, sino también suspender toda modalidad injustificada de
transferencia de recursos públicos a manos privadas –salvo las que
tienen un propósito redistributivo y de combate a la pobreza– como las
que fueron impuestas en los sexenios anteriores con el saldo desastroso
que todo mundo conoce.
En este contexto, el CMN negoció con el BID una modalidad novedosa de
préstamos a particulares con la garantía de las facturas por cobrar que
emiten miles de mipymes a nombre de las grandes empresas, las cuales
suelen tardar tres meses, en promedio, para liquidarlas. De esta manera,
las primeras podrán obtener la liquidez que requieren con urgencia para
salvar la suspensión de actividades no esenciales. Según los términos
del acuerdo, el papel de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se
limitaría a autorizar la operación dentro del BID –del que nuestro país
es socio accionista–, sin que ello implique fungir como aval y mucho
menos como contratante de deuda pública.
Si el programa logra concretarse en esos términos, se habrán dado dos
pasos de gran importancia: por un lado, se obtendrán recursos frescos
para financiar a miles demipymes en apuros, lo que sin duda contribuirá a
aliviar el sombrío panorama económico, y por otro, se habrá esclarecido
que el sector privado puede reposicionarse en la nueva realidad
nacional para desempeñar un papel sin duda positivo que justamente no
incluye la atribución fáctica que ejerció en el pasado inmediato de
imponer a las instituciones los lineamientos de política económica; en
suma, si el plan referido se lleva a cabo tal y como está planteado, se
avanzará en el propósito de separar el poder económico del poder
político.
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