Ana De Ita*
Ahora que todos sabemos que la Asociación Mexicana de Semilleros (Amsac) felicitó a los diputados por aprobar la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo (https://bit.ly/3cFlGLL), intentamos avanzar en sus posibles motivos.
El Consejo Directivo de la Amsac integra a los gigantes genéticos
Syngenta y Bayer, ahora dueña de Monsanto, y tiene como uno de sus
socios estratégicos a Corteva, fusión de Pioneer-Dupont-Dow. Estas tres
corporaciones solicitaron la gran mayoría de permisos para siembra de
maíz transgénico en el país entre 2009 y 2012.
En años recientes otro grupo de corporaciones realizó reuniones en
torno al maíz, convocadas por el Centro Internacional de Mejoramiento de
Maíz y Trigo (CIMMyT) y auspiciadas por el gobierno de México a través
del programa Masagro, por la membresía del Fondo de Innovación del
sector privado en el que participan Kellogg’s, Bimbo, Gruma, Nestlé,
Syngenta y Pioneer. En estas reuniones, celebradas entre 2017 y 2019,
participaron instituciones del gobierno y académicas, empresas, además
de asociaciones, entre ellas por supuesto la Amsac. Sus resultados
fueron publicados en agosto de 2019, como Plan Estratégico 2030, Maíz para México.
Plantearon posibles escenarios para el grano en México hacia 2030 y
definieron dos propósitos: aumentar la autosuficiencia de producción de
maíz, que repercutiría en la disminución de importaciones, a cargo de
pequeños y medianos agricultores con excedentes y grandes productores,
proteger la milpa, la biodiversidad y el bienestar, en el que entran los
agricultores familiares y comunitarios.
El plan maíz para México separa dos tipos de producción: de
agricultores y de razas y variedades de maíz; por un lado, los que se
orientan a lograr la autosuficiencia de la producción y, por otro, los
que protegen la milpa y la biodiversidad. Pero ambos son parte de la
misma estrategia que interesa a las corporaciones.
Para la autosuficiencia, propone aumentar la adopción de semillas
mejoradas, asunto muy importante para las corporaciones semilleras, pues
en México, según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, sólo 26 por
ciento de las unidades de producción las utiliza, mientras que 77 por
ciento siembra semillas campesinas. Busca aumentar la superficie de maíz
sembrada con semilla mejorada en 1.7 millones de hectáreas, que será
disminuida a la que actualmente se siembra con granos campesinos, para
duplicar las ventas de las empresas semilleras mexicanas. Además,
promueve adoptar sistemas de agricultura climáticamente inteligente, que
de acuerdo con las investigaciones del Grupo ETC resultan en una
agricultura sin campesinos, a la par que afianzan el control corporativo
sobre la agricultura y la alimentación.
Para proteger la milpa y la biodiversidad, el plan propone acciones
muy similares a las que plantea la ley de fomento al maíz nativo:
proteger al sistema milpa como patrimonio biocultural, desarrollar un
consejo consultivo para guiar la agenda nacional, preservar la
biodiversidad y los recursos genéticos, la creación de bancos
comunitarios de semillas, consolidar un registro nacional sobre la
diversidad en el sistema milpa y vincular a los productores de maíz
nativo con los mercados formales. Apunta también que es necesario un
marco legal para salvaguardar la integridad del sistema milpa. No
sabemos si fue la ley la que inspiró al plan o al revés.
Tal como señaló la Red en defensa del maíz, en su comunicado del 2
octubre de 2019, uno de los aspectos más cuestionables de la ley de
fomento del maíz nativo es su artículo 12, el cual propone que las
instituciones identificarán las áreas geográficas en las que se
practican sistemas tradicionales de producción de razas de maíz nativo.
Segregar regiones donde sí se produce maíz nativo, coloca a las que no
como sitios donde se puede sembrar cualquier cosa y bajo cualquier
método. Las corporaciones semilleras han sido las más interesadas en
lograr esta diferenciación regional para tener un territorio libre para
sus paquetes tecnológicos.
En paralelo, y tal como analiza la Unión de Organizaciones de la
Sierra Juárez de Oaxaca, la propuesta de proteger al sistema milpa
resulta un instrumento idóneo para la biopiratería de las semillas y
saberes campesinos en favor de las trasnacionales. A través de los
bancos de semillas, los catálogos, las bases de datos y los procesos de
sistematización que pretenden llevar a cabo los agentes que elaboraron
el plan maíz para nuestra nación, podrán adueñarse de la biodiversidad
del sistema milpa y de sus conocimientos asociados, que pertenecen a los
pueblos originarios, quienes los han creado, mantenido, mejorado y
diversificado a través degeneraciones.
El plan corporativo de maíz para México clarifica que el avance de la
agricultura industrial, mediante su intensificación y uso de los
insumos producidos por las trasnacionales, incluye también la protección
de la milpa, la biodiversidad y el maíz nativo como recursos genéticos
privatizables por las corporaciones, y sugiere una explicación posible
al beneplácito de la Amsac por la Ley de Fomento y Protección al Maíz
Nativo.
*Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano
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