Puebla, Pue. Karina Velázquez Martínez vivió violencia
física, psicológica y económica durante 9 años por parte de su ahora expareja.
Decidió separarse de él hace un año y vivir con sus cuatro hijos lejos del maltratador.
El sábado 18 de
abril, aprovechando que ella salió a trabajar, su expareja sustrajo a uno de
sus hijos, Arón Sergio, de 8 años, y golpeó a otra de sus hijas.
Las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) le
dijeron que debe esperar a que termine la contingencia por el COVID-19,
para que le puedan ayudar por la violencia familiar que ha vivido,
aunque por la sustracción de su hijo no puede hacer algo “porque es hijo
de los dos”.
En el estado de
Puebla las denuncias por violencia familiar aumentaron 23 por ciento durante
marzo de 2020, momento en que inició la cuarentena, respecto al mes anterior,
según el Informe Incidencia Delictiva Marzo 2020, del Consejo Ciudadano de Seguridad
y Justicia del estado de Puebla.
A su vez las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SNSP) indican que “Otros delitos contra la familia”, donde se incluiría
la sustracción de menores, pasaron de 59 en febrero de 2020 a 73 para
marzo del mismo año, esto representa un alza de 23 por ciento.
Ana Lucía Díaz
Azcúnaga, de Equis Justicia para las Mujeres, comentó-durante un webinar sobre
violencia contra infancias- que si de forma cotidiana es problemático que en
México haya acceso a la justicia, es aún más difícil con la pandemia de COVID-19,
por ello se tiene que mapear qué autoridades pueden intervenir y cuáles son las
dificultades para que los mecanismos de justicia sean accesibles a niñas y
mujeres.
Para Paola Santiago Juárez, de la Secretaría para la Igualdad
Sustantiva de Género (SISG), la contingencia sanitaria en México y
Puebla ha llevado a que la violencia contra las mujeres se recrudezca,
debido a que conviven más tiempo con su violentador, porque la situación
económica aumenta la tensión en las familias y por la carga de las
labores del hogar o de cuidados.
En indefensión por la pandemia Karina Velázquez, de 28 años de edad,
contó que el 18 de abril su madre salió con dos de sus hijos, una de 9
años y otro de 8 años, a la tienda en la colonia Leobardo Coca, de la
ciudad de Puebla. Su expareja, con quien dejó de vivir hace un año,
aprovechó que los niños se adelantaron para subirlos a un automóvil y
llevárselos.
Ese mismo día, su expareja fue a buscarla a su trabajo y le dejó allí
a su hija, a quien habría golpeado. No era la primera vez que se
llevaba a Arón Sergio, una ocasión antes también lo sustrajo para
forzarla a que regresara con él.
Karla le llamó por teléfono para pedirle que le devolviera a su hijo,
pero su expareja le respondió que no, que le hiciera como quisiera.
Ella acudió la
Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia
Familiar, donde le dijeron que debe esperar a que pase la cuarentena por el
COVID-19 para que avance la investigación por violencia familiar.
Sin embargo, sobre
la sustracción del menor -le dijeron- no la pueden ayudar, “porque ambos son
los padres”.
“Yo ya estoy desesperada, porque no digamos que es un hombre
responsable o que le va a dar una vida (digna), porque yo estaría de
acuerdo, pero no trabaja ni se dedica a nada”.
Para Karla es una situación desesperante, porque su expareja es un
hombre violento e irresponsable. Durante los 9 años que convivieron de
manera intermitente, la golpeó en varias ocasiones, no le daba dinero
para comer y por la falta de recursos sus cuatro hijos en común –dos
niñas y dos niños- no asistían a la escuela.
Por eso decidió separarse de él y vivir por su cuenta con sus hijas e hijos, en casa de su madre.
“Él no tiene
ningún tipo de contacto (con sus hijos), porque él nunca los ha buscado.
Realmente siempre hemos tenido problemas, él nunca se hace cargo al cien por
ciento de ellos. Yo tomé esa decisión (de separarse) porque ya no aguanté más
seguir durmiendo (en el piso), ni la vida que nos daba. A cada rato eran
golpes.
Incrementa la violencia familiar
ONU Mujeres alertó
que la pandemia por el coronavirus tiene un impacto en la vida de mujeres y
niñas, ya que las expone a mayores riesgos, como: mayores niveles de estrés por
la inseguridad económica y alimentaria, el aumento en los niveles de violencia
en los hogares, alza en las agresiones a través de las tecnologías, mayores
obstáculos para acceder a servicio esenciales y falta de recursos para
refugios.
En Puebla, por
ejemplo, las denuncias por violencia familiar pasaron de 795 en febrero de 2020
a 981 para marzo del mismo año, esto representaría un aumento de 23 por ciento,
según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mientras que las
sustracciones de menores de edad, que se consideran en “Otros delitos contra la
familia”, pasaron de 59 en febrero de 2020 a 73 para marzo.
El alza en la
cifra de denuncias concuerda con el incremento de 25 por ciento en el número de
llamadas de auxilio y protección del 17 de marzo al 20 de abril para la zona
centro del país, donde se incluye Puebla, de acuerdo con datos de la Red
Nacional de Refugios (RNR).
Durante este periodo la RNR realizó siete traslados en el interior de
la República y cuatro rescates de casos de mujeres y sus hijas e hijos
en situación de riesgo que tuvieron que salir huyendo de sus casas en
medio de la contingencia. Asimismo, las solicitudes de ingresos a
Refugios integrantes incrementaron a nivel nacional 12.71 por ciento.
La subsecretaria
de Violencia de Género de la Secretaría de Igualdad Sustantiva estatal, Catalina
Aguilar Oropeza dijo que ante esta situación se habilitaron dos números de
mensajería para atender a las mujeres que puedan vivir situaciones de
violencia.
Aunque el primer paso
es que las víctimas puedan reconocer que la han vivido.
“La primera parte es reconocer que estamos viviendo violencia, una
vez que lo reconozcamos hay que armar un plan de seguridad, porque
regularmente en los ciclos de violencia el agresor aisla a las mujeres y
las aleja de sus redes de apoyo, por eso es importante comunicarle a
alguna amiga, a algún familiar o una vecina que estamos en esa
situación”.
La Secretaría de
Igualdad Sustantiva estatal recibió, del 16 de marzo al 19 de abril, 3 mil 192
atenciones en Telmujer y mil 263 llamadas de seguimiento, así como cuatro
solicitudes de ingreso al refugio para mujeres.
Órdenes de protección, opción viable
Por su parte Paola Santiago Juárez, del Departamento de Atención de
la Violencia hacia las Mujeres, de la Secretaría para la Igualdad
Sustantiva de Género municipal, dijo que han notado que muchas de las
usuarias regulares que atendían por violencia, dejaron de contestar
debido a que sus agresores están allí con ellas o les revisan el
teléfono.
Por eso prevé que
cuando termine la cuarentena y las mujeres puedan salir de sus casas, las
solicitudes de apoyo aumenten.
A pesar de que a
muchas mujeres no les han podido dar seguimiento, Paola Santiago comentó que
han recibido 30 nuevas solicitudes de atención -vía telefónica- por violencias
física, psicológica y económica. Con las usuarias a las que sí han podido dar
seguimiento, suman 60 mujeres que reciben atención por violencia, durante la
cuarentena por el brote de COVID-19.
Para Paola una forma de evitar que las mujeres sigan siendo
violentadas durante la pandemia son las medidas de protección, aunque
para ello se tenga que recurrir a la Fiscalía o a un juez y que muy
probablemente revictimizarán a las mujeres.
Ana Lucía Díaz Azcúnaga, de Equis Justicia, comentó durante el
webinar “Impacto de la pandemia COVID-19 en la violencia contra niñas,
adolescentes y mujeres jóvenes”, realizado el 6 de abril, que las
medidas que se han tomado para prevenir el contagio han sido detonantes
de violencia contra las mujeres.
Por eso desde Equis Justicia para las Mujeres hicieron el análisis
“(Des)protección judicial en tiempos del COVID-19”, debido a la
reducción de sus operaciones sólo a los casos que se consideren de
urgencia y que podría agravar la violencia contra las mujeres.
Equis Justicia
analizó las órdenes de protección en materia familiar y penal, medidas
precautorias en materia familiar, medidas de protección en materia penal,
pensión alimenticia, Centros de Convivencia Familiar y políticas laborales
internas para responder a las necesidades del personal frente a la crisis
sanitaria (protección a grupos vulnerables, personas con cargas de cuidado).
El resultado es
que Puebla obtuvo una calificación de 47.6 sobre 100, es decir, que reprobó.
Aunque sí hay guardias para emitir órdenes de protección en materias familiar y
penal.
En ese sentido,
Ana Lucía Díaz comentó que juezas y jueces pueden dar órdenes de protección de
manera urgente, si la víctima hace la solicitud de manera verbal o escrita y
resolver de manera inmediata, sin juicio, solicitudes como que el agresor salga
del domicilio, garantizar que cubrirá los alimentos o restringir la convivencia
con menores de edad.
Para Karina Velázquez lo primero es recuperar a su hijo, si la justicia o la atención en otros ámbitos llegan, serán ganancia.
20/SPG/LGL
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