Agrupaciones como Asilegal, Equis Justicia para las Mujeres, Intersecta y el Grupo de Información en Reproducción Elegida, entre otras, alertaron de la falta de certeza sobre cómo está trabajando la Comisión encargada de analizar y dictaminar los expedientes de personas privadas de la libertad que buscan obtener la amnistía.
En un comunicado conjunto expusieron que desde la sesión inaugural de la Comisión—que se realizó el 23 de junio de 2020—, se desconoce el número de veces que ha sesionado, el número exacto de solicitudes que han recibido y si es que ha resuelto alguna, así como los lineamientos bajo los cuales se llevaron a cabo dichas sesiones (en caso de que hayan ocurrido).
El 18 de junio de 2020 se publicó el Acuerdo por el que se crea la Comisión de Amnistía, el cual establece que será integrada por la Secretaría de Gobernación (Segob), quien la preside, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno que la Segob envió al Congreso, se ha realizado el análisis y dictaminación de 956 expedientes de personas privadas de la libertad para determinar si pueden obtener la amnistía.
Sin embargo, el 15 de octubre la secretaria Olga Sánchez Cordero, al comparecer ante la Cámara de Diputados informó otro dato. Allí dijo que se tenían 744 solicitudes, de las cuales 57 son de personas indígenas; 615, que corresponden al 82 por ciento son de hombres y 127 (17 por ciento), de mujeres. Sin embargo, no se sabe cuántas solicitudes fueron aceptadas.
Ante la falta de información, las organizaciones aseguraron que es particularmente grave que a la fecha no se tenga el dato de las personas que han sido beneficiarias de la amnistía y, agregaron que a solicitud expresa de Equis Justicia para las Mujeres para acceder a dicha información, la Oficina de Presidencia se declaró incompetente para atender dicha petición.
En este contexto llamaron a garantizar los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad, entre ellos el derecho a la salud, a la vida y a la integridad, particularmente en el contexto de crisis sanitaria al considerar que de acuerdo con el Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al 20 de octubre de 2020 había 2 mil 635 personas encarceladas contagiadas de COVID-19 y 231 decesos.
Por otro lado, señalaron que lejos de reducirse, la población penitenciaria ha ido al alza, y además las reformas constitucionales que amplían el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa facilitan el encarcelamiento de personas.
Por lo anterior, las organizaciones firmantes insistieron en la urgente necesidad de revisar y resolver todas y cada una de las solicitudes de amnistía; transparentar y publicitar la actuación de la Comisión de Amnistía, incluido el registro de las sesiones en su versión pública; así como los criterios que, tanto la Comisión como las autoridades jurisdiccionales toman en cuenta para resolver los casos, y garantizar mecanismos permanentes de rendición de cuentas.
Finalmente, exhortaron a la pronta y transparente resolución de las solicitudes presentadas por las organizaciones de la sociedad civil.
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