Ciudad de México. Durante la pandemia por COVID-19,
los Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum) enfrentan carencias
para garantizar bioseguridad a usuarias y sus servicios están limitados.Así se dio a conocer en el informe “Violencia en espera de atención”, que publicaron las organizaciones “Equis Justicia para las Mujeres” y el “Observatorio Ciudadano de los Centros de Justicia para las Mujeres”.
De acuerdo con la investigación, la incidencia en delitos de violencia de género creció 20.2 por ciento entre enero y junio de 2020, los primeros meses de pandemia; asimismo, las llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer aumentaron un 45 por ciento, en comparación con el periodo de enero a junio, esto con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El aumento de esta violencia fue consecuencia de una ausencia de política pública para prevenirla, atenderla y acompañar a las víctimas, de acuerdo con el informe. A fin de hacer frente a este panorama, el gobierno federal declaró en abril pasado como indispensables los Refugios y todos los Centros de Atención para Mujeres víctimas de violencia.
No obstante, “Equis Justicia” y el Observatorio constataron que en el caso de los Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum) –que son espacios integrales que concentran servicios interinstitucionales y especializados de atención con perspectiva de género para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos– las medidas de confinamiento limitaron el funcionamiento de estos espacios.
De acuerdo con el informe, en la mayoría de los casos se buscó adaptar servicios presenciales (como las terapias psicológicas) a espacios virtuales, para garantizar el acceso de las usuarias. Adicionalmente, en el Cejum de Torreón se dio seguimiento telefónico a usuarias mayores de 60 años, y en el de Mérida se otorga servicio de transporte cuando es urgente la visita presencial, con el fin de reducir los riesgos de contagio en la vía pública.
Estos Cejum referidos también implementaron guardias para disminuir la cantidad de personal en las instalaciones y se amplió el horario de atención a usuarias. No obstante, se limitaron las clases presenciales, en el caso de Torreón, y aquellos servicios que involucran a otras instancias de gobierno, como en Mérida y Oaxaca.
Aunque se reconoce la capacidad para adaptar los servicios, “su funcionalidad presenta fallas que limitan el acceso”, reconocieron las organizaciones. Por ejemplo, testimonios de Torreón señalaron que el número telefónico 075, instalado en paralelo al 911 con el objetivo de dar asistencia a mujeres, no ha sido contestado cuando las víctimas lo han marcado y, en otras ocasiones, no había señal.
“Si bien existen diversos factores, como errores técnicos o saturación de la línea, que pueden ocasionar dichas situaciones, se advierte que esta falla recurrente es un obstáculo importante para las mujeres que utilicen esta marcación”, observaron las organizaciones.
Hay una contradicción entre la información oficial sobre el funcionamiento de los Cejum y la documentada a través de testimonios, documentos públicos, entrevistas y llamadas, señalaron.
“Al comparar la información declarada por las funcionarias con los testimonios y documentos públicos de la Conavim, se encontró una contradicción respecto a los horarios (de atención)”, señalaron.
Por ejemplo, en Tlaxcala una funcionaria señaló que todos los servicios se siguen proveyendo y hay atención todo el día, en tanto que el horario del Cejum emitido por la Conavim es de 10:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, con guardias presenciales hasta medianoche, por otro lado, una usuaria llamada Fátima dijo que acudió dos veces, en el transcurso de un mes, al Centro de Justicia para las Mujeres. La segunda ocasión, después de una confrontación que tuvo con su expareja, la policía municipal notó que Fátima estaba golpeada y la llevó al DIF municipal, donde la remitieron al Cejum. Ella relató que llegó un sábado aproximadamente a las 15:30 de la tarde y ya estaba cerrado, así que tuvo que regresar al día siguiente.
“La inactividad durante el fin de semana restringe el acceso de las mujeres a la justicia (…) En casos como el de Fátima, en que las mujeres se encuentran en una situación de vulnerabilidad, la protección por parte de instituciones especializadas en violencia contra las mujeres es fundamental y limitar su acceso puede representar nuevas agresiones.”, expresaron las organizaciones.
Equis Justicia y el Observatorio también documentaron que a pesar de que los Cejum constituyen una política pública destinada a las mujeres, la experiencia de acompañamiento durante la pandemia demostró que el acceso se limita a usuarias que cumplan con ciertos criterios.
En las entrevistas se preguntó a las funcionarias de los centros si existía alguna selección para aceptar a las usuarias. La totalidad de las entrevistadas afirmó que se admitía a todas las mujeres que iban al Centro y sólo se daba prioridad a aquellas que, después de una evaluación de riesgos, se determinaban como en una situación de riesgo inminente.
Sin embargo, en Mérida, Yucatán, se reportó que la directora del Cejum declaró en reunión con organizaciones de la sociedad civil, al inicio de la pandemia, que sólo se recibiría presencialmente a mujeres en casos de urgencia. En otro caso, la coordinadora regional del Cejum de Torreón dijo que se hace una valoración de los casos en términos de riesgo para priorizar la atención.
Esto “es violatorio de derechos porque impide el acceso a la justicia a mujeres víctimas de otras modalidades de violencia, al tiempo que se fija una jerarquía institucional sobre qué delitos merecen la atención de las funcionarias. La jerarquización de la violencia por el criterio de que sea extrema o porque haya presencia de armas también ignora agresiones como la psicológica o patrimonial, que van en detrimento de una vida plena. Finalmente, esta decisión revictimiza a las mujeres colocándolas en una posición de riesgo, al enviarlas a los espacios donde experimentaron agresiones”, observaron estas organizaciones.
En general, el informe constató que persiste falta de información pública, accesible y concisa, que sea presentada por mecanismos de transparencia proactiva, para conocer la situación y estadísticas de los Cejum durante la crisis por COVID-19.
Sobre la seguridad sanitaria, las organizaciones señalaron que los Centros de Justicia evaluados han implementado medidas de mitigación y prevención, como el uso de equipo de bioseguridad y disponibilidad de gel antibacterial, así como guardias para reducir el número de personas en las instalaciones; pero la aplicación de criterios de restricción de acceso o toma de temperatura varía entre agencias. El número y tipo de medidas se reduce al tratarse de los refugios o casas de tránsito que administran.
A pesar de que sólo un Cejum reconoció tener obstáculos ante la crisis, anteriores resultados demostraron que todos enfrentan carencias que ponen en riesgo la provisión de servicios que garantice los criterios de bioseguridad.
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