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1/31/2019

Tlahuelilpan: los “daños colaterales” de la reforma energética


Autor: Francisco Chew Plasencia

La masificación del robo de combustible es una consecuencia directa de la reforma energética y del empobrecimiento de la población. La cifra negra de muertos y heridos por accidentes y enfrentamientos entre las bandas es incalculable. Lo ocurrido en Tlahuelilpan tiene todas las características de atentado y no de un simple robo. Recuperar Pemex y revertir la reforma energética, ineludible.

La tragedia de Tlahuelilpan del pasado 18 de enero ha enlutado al estado de Hidalgo. Por sus dimensiones, es una de las mayores de las que se tenga registro en dicha entidad. Esta ocurre en el marco de estrategia de lucha contra el robo de combustible que ha emprendido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El horror de las cifras habla por sí mismo: 117 muertos hasta el momento, más de 70 personas heridas debatiéndose entre la vida y la muerte y alrededor de 50 desaparecidos. La secuencia de los hechos es relativamente simple: alrededor de las 14 horas se reportó una fuga de combustible en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en San Primitivo, en la vía a Teltipán, cercana a la carretera Tlahuelilpan-Tlaxcoapan. La ruptura del ducto fue obra de un reducido grupo delincuencial, el cual también incitó a la población a acudir al lugar del siniestro. Se presume que los autores del atentado contra el ducto forman parte de las bandas de huachicoleo (robo de combustible) que operan en la región. Entre 600 y 800 personas que acudieron con cubetas y bidones a tratar de recoger la gasolina que se estaba derramando de la fuga.
Casi de inmediato personal militar y policías federales se apersonaron. Advirtieron a la población del peligro, pero se retiraron a distancia pertinente ante el gran número de personas. Las autoridades estatales y municipales brillaron por su ausencia a pesar de su responsabilidad en materia de protección civil y orden público que tenían en dicho evento.
La composición que se observa de la gente que participaba en la recolección del combustible era de transportistas, jornaleros, jóvenes, campesinos, mujeres y niños que, durante horas, iban y venían acarreando gasolina. A las 19:00 horas ocurrió la tragedia con la explosión e incendio del ducto.
En los últimos días, a través de redes sociales y de páginas que se caracterizan por difundir noticias falsas (fake news) y hacer guerra sucia, se ha emprendido una campaña para criminalizar a las víctimas y hacer escarnio de la tragedia de forma ruin y cobarde.

Privatización y corrupción: dos caras de la misma moneda

La puesta en marcha de la estrategia de combate al robo de combustible desarrollada por el gobierno de López Obrador, desde finales de diciembre, se basó en un diagnóstico con cuatro elementos principales: 1) Las pérdidas por robo de combustible en Pemex tuvieron un valor superior a los 66 mil 300 millones de pesos sólo en 2018; 2) el 80 por ciento del robo de combustible se producía dentro de las instalaciones de Pemex, refinerías y centros de distribución: esto se hacia abajo la dirección de altos funcionarios de la empresa productiva del Estado; 3) existía una red de gasolineras y empresas del sector privado que comercializaban y/o utilizaban dicho producto a nivel nacional, incurriendo, además, en lavado de dinero, producto de esta actividad; 4) la ordeña de ductos mediante tomas clandestinas sólo representa alrededor del 20 por ciento del total del robo y, entre otras cosas, ayudaba a ocultar la sustracción mayor desde dentro del sector público.
Habría que agregar que esta situación es efecto de la reforma energética realizada durante el sexenio pasado y diseñada para desmantelar Pemex y entregar la riqueza petrolera al sector privado, esencialmente a las empresas trasnacionales. Y también, de la reforma fiscal, diseñada para llenar el agujero que dejó en las finanzas publicas la reforma energética a partir de la creación y aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles, y que generó un alza constante a partir de 2017 luego de la liberalización del mercado de la gasolina y el diésel.
La estrategia del nuevo gobierno ha logrado frenar el robo de combustible de manera importante, combatiendo centralmente la red de corrupción al interior de Pemex; pero en el caso de la ordeña de ductos la situación se ha tornado más compleja.

Huachicoleo y comunidad: una relación de explotación capitalista

La ordeña de ductos no es nueva; sin embargo, desde 2017 pasó de ser una actividad relativamente marginal en la región a expandirse de forma importante, impulsada por el gasolinazo que, entre otras cosas, implicó la liberalización del precio y la venta de los combustibles. De entonces  a la fecha los precios aumentaron en 70 por ciento. Lo anterior propició el establecimiento de un mercado negro que abastecía no sólo pequeños expendios clandestinos, sino principalmente gasolineras y empresas medianas y grandes.
Las bandas dedicadas al robo de combustible requieren de capacidad técnica y logística sólo posibles con la colaboración de personal de Pemex. No es para nada sencillo perforar ductos, establecer tomas y conocer la programación del flujo de diferentes productos energéticos. Además, en esta actividad no sólo estarían implicados trabajadores petroleros. Parecería imprescindible la complicidad abierta o encubierta, a cambio de pago de cuotas y financiamiento de campañas políticas, de autoridades de los tres órdenes de gobierno y de fuerzas policiacas y militares que permitieran el desarrollo de dichas actividades de manera masiva.
Las bandas, por su parte, han reclutado personas de la región como “empleados” o “comisionistas” de los llamados “dueños de tomas”. Estos “dueños” instalaron las tomas al apropiarse de las tierras por las que pasan los ductos. Ante la expansión de la actividad que hizo necesaria la instalación de infraestructura, comenzaron a requerir mano de obra. Estos “dueños de tomas” con sus empleados fueron integrados a las estructuras del crimen organizado que opera en connivencia con la red de corrupción en el sector público, las empresas y grupos políticos.
El contexto que propició este reclutamiento, esencialmente laboral, fue el estancamiento económico, las pérdida de empleos productos, la pauperización de los empleos subsistentes, la descapitalización del campo y un regreso importante de migrantes de Estados Unidos (desplazados hacia México por la política xenófoba del gobierno de Donald Trump). Todo lo anterior generó un grave aumento de la pobreza y dejo sin alternativas de subsistencia a una parte importante de las comunidades, particularmente a los jóvenes.
Es de señalarse que la alta volatilidad del combustible y las condiciones inseguras propias de esta actividad ilegal ocasiona constantes accidentes en su manejo, lo que ha dejado una cifra negra (no contabilizada) de personas muertas o quemadas de gravedad en estos años, que se suman a las victimas producto de las pugnas y ajustes de cuentas entre facciones de estas bandas, que tan sólo en 2018 dejo más de 100 muertos.

Política contra el robo de combustible en la región Tula-Tepeji

El combate al robo de combustible ha dejado saldos positivos para las finanzas públicas y para Pemex: se recuperaron alrededor de 5 mil millones de pesos sólo durante enero de 2019, al evitar la sustracción de hidrocarburo que se hacía desde dentro de la paraestatal, donde se realiza el mayor quebranto. En el caso de Tula, el personal militar tomó control de la refinería los últimos días de diciembre de 2018, casi a la par de la de Salamanca Guanajuato.
Sin embargo en lo que respecta al combate a la ordeña en los ductos, la estrategia de parar el flujo en la red de distribución al detectarse baja de presión ha ocasionado escasez de combustible en el bajío (Guanajuato y Querétaro), el occidente (Jalisco y Michoacán) y el centro del país (Ciudad de México, Estado de México, Puebla e Hidalgo), regiones donde se han detectado la mayor cantidad de tomas clandestinas.
En el caso de Hidalgo, particular incidencia de ordeña de ductos ocurre en los municipios de Tula, Tepetitlán, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan y Mixquiahuala, entre otros, por su cercanía con la Refinería Miguel Hidalgo, pero que se extiende a otras regiones como Ixmiquilpan o Tulancingo por el paso de la red de ductos como el Tuxpan-Azcapozalco.
La escasez es principalmente de gasolina, y en menor medida de diésel. Este último por lo general lo ocupa la maquinaria industrial y agrícola y el transporte pesado de carga y pasajeros. Es de señalarse que la escasez también se debió en cierta media a causa de la falta de combustible robado que se vendía a través de gasolineras, o que ocupaban empresas y expendios clandestinos.
El abasto mediante tanques-cisterna (pipas) ha ayudado a mitigar y a restablecer  el abasto, como en el caso de la Ciudad de México y algunos otros estados. Pero en el caso del estado de Hidalgo y la región de Tula, la escasez era grave en la semana del 14 al 20 de enero. En promedio, en la ciudad de Tula había combustible sólo en tres o cuatro gasolinerías de las 14 con las que cuenta el municipio. Y en los municipios más pequeños, como Tlahuelilpan, la escasez era más severa aún.

Santa Ana: los riesgos de la militarización

La actuación de las fuerzas federales no ha estado exenta de conflictos. El más grave, antes de la explosión en Tlahuelilpan, había ocurrido el pasado 13 de enero: al perseguir camionetas con contenedores utilizados para transporte de huachicol sobre la carretera Tula-Tepetitlán, éstas ingresaron a la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan y detrás de ellos, los militares. La población civil salió a la calle por el rumor esparcido de que los militares habían atropellado a una persona. Y al reunirse un gran número de vecinos en torno a una patrulla militar, algunos elementos dispararon al piso para intentar alejarlos. Por el rebote de una bala mataron a una persona delante de su familia, lo que ocasionó la retención de tres soldados, entre ellos el responsable de la muerte del joven dedicado a la venta de comida.
La crisis se resolvió mediante el diálogo, con mediación del Movimiento Social por la Tierra (MST), entre las autoridades del pueblo y el coordinador de programas de desarrollo federal. Se atendió la demanda de la comunidad y los deudos de la víctima, que demandaban la puesta a disposición del elemento responsable de los disparos ante el ministerio público. Cabe señalar que las autoridades estatales y municipales de concertación política y de seguridad pública brillaron por su ausencia y omisión, y no sólo en este incidente sino desde el inicio del operativo contra el robo de combustible.
Después de este incidente, los militares salieron de los poblados donde se habían instalado, pero reforzaron su presencia sobre el ducto y en las vías de comunicación. El incidente mostró las limitaciones y los riesgos de la inclusión de los militares en tareas policiacas, sobre todo en las que implican contacto e interacción con la población civil, dado que la formación militar por naturaleza es para la utilización de la fuerza letal y no para la contención, conminación o detención de personas. Lo anterior también muestra los riesgos de la Guardia Nacional que está en proceso de conformación legal y operacional bajo mando militar.

Tlahuelilpan: ¿huachicoleo o sabotaje?

La tragedia de Tlahuelilpan ha suscitado muchas reacciones, desde la solidaridad humana ante el horror y el dolor, hasta la criminalización, la burla y el odio contra las víctimas (esto último sobre todo en redes sociales y páginas que en buena medida difunden y articulan noticias falsas con intensiones aún no claras). ¿Pero qué fue lo que pasó?
Quien conoce la actividad de la ordeña de ductos y su logística sabe que su modus operandi es más o menos el siguiente:
Existe un área donde están establecidas las tomas clandestinas. La toma consiste en una o varias conexiones con válvula en el ducto y un sistema de mangueras con las que, a la hora que tienen el aviso desde la red de corrupción dentro de Pemex del transito y las características del combustible, cargan contenedores y/o pipas.
Para ello, llega un conjunto de individuos que abre la válvula y controla el flujo hacia los vehículos para llenar los tanques y contenedores que están ahí para tal efecto. Previamente, otro grupo de personas armadas y vigilantes (halcones) establece un perímetro alrededor de la toma y la ruta de trasiego para evitar que la población o los cuerpos de seguridad se acerquen mientras se realiza la sustracción, hasta que esta es llevada a su destino, sean centros de almacenamiento, empresas, gasolinerías o expendios clandestinos.
En este proceso no hay fugas o derramas, salvo que se presente algún accidente o enfrentamiento con grupos antagónicos o cuerpos de seguridad.
En Tlahuelilpan lo que ocurrió fue una cuestión diferente, un acto de sabotaje. Una célula del crimen organizado rompió el ducto donde antes existía una toma presumiblemente de un grupo rival, ocasionando una derrama de gasolina, e incitó a la población de San Primitivo y a la que transitaba sobre la carretera a Teltipan y Tlaxcoapan a que recolectaran la gasolina que se derramaba en una zanja sobre la ruptura del ducto. Esto también lo promovieron en redes sociales. Este tipo de acciones no son nuevas y las hemos visto en circunstancias similares en la zona de Palmar de Bravo o Texmelucan, Puebla, y recientemente en Acambay, Estado de México.
La gente llegó en su mayoría motivada por la escasez de combustible luego de 2 semanas, en una región donde estaban impactadas las actividades económicas locales. Y ante la posibilidad aliviar la falta de gasolina, o de venderla para tener un ingreso adicional por su alto costo y escasez, y dada la pobreza de una parte importante de la población, acudieron al lugar. La cantidad de personas osciló entre las 600 y 800 personas.
Las bandas de huachicoleo con esta acción perseguían dos cosas: 1) Cubrir la apertura de sus tomas evitando la detección de éstas por el mecanismo de detección de la baja de presión en el ducto, para atribuirla a la derrama de Tlahuelilpan, y 2) distraer y propiciar el retiro del Ejército del cuidado del ducto en otras áreas de ordeña, buscando que la situación generará confrontación con la población civil.
La actuación de las fuerzas federales consistió en hacer acto de presencia en número reducido para conminar a la población a retirarse dado el riesgo, pero no hicieron más ante la posibilidad de un enfrentamiento con alto costo social, y tampoco desplazaron las unidades que cuidaban el ducto más adelante, por lo que la intención de quienes lo sabotearon fracasó. Esto a pesar de que ampliaron el boquete para aumentar la derrama que duró más de 5 horas.
Es temeraria la afirmación de que las víctimas de la explosión eran huachicoleros, y peor aún, que se merecían lo que les ocurrió. Y en el colmo de la insensibilidad, negar la tragedia. Las personas afectadas casi en su totalidad no se dedican a la actividad de robo de combustible, no forman parte de esas bandas, ni se benefician de este ilícito; sólo era población civil motivada por las razones que señalamos con anterioridad.
Decir que de todos modos estaban robando y por eso eran delincuentes, también es una afirmación inexacta si consideramos que la gasolina estaba derramándose, contaminando el suelo y que era irrecuperable y, sobre todo, tal derrama no había sido ocasionada por quienes estaban recolectando. El propio código penal contempla esta circunstancia, o el estado de necesidad, como una atenuante o causa excluyente del delito (si lo queremos ver técnicamente); por lo que es ridícula la petición de castigar a los sobrevivientes con cárcel.
Lo que es una realidad es que es un acto imprudente e indebido de quienes acudieron y expusieron su vida. Se trata de hombres, jóvenes, mujeres y niños pobres en su mayoría. Es falso que los familiares le soliciten al gobierno indemnizaciones, como se ha difundido.
Esto no exime de responsabilidad a las autoridades estatales y municipales y en parte también a las federales, en materia de protección civil y cuidado del orden público, cuyas acciones hubiesen ayudado a evitar la tragedia o, por lo menos, a limitar el alcance de la misma.
Las derramas y accidentes en ductos han generado graves daños ambientales al suelo y a la atmósfera en los últimos años y este caso no es excepción, cuestión de la que Pemex ha tratado de evadir su responsabilidad legal y social mediante argucias administrativas y legales desde hace tiempo.
Esta tragedia ha puesto de relieve algunos hechos importantes: la dificultad y complejidad de la lucha contra el robo de combustible; la necesidad de normalizar el abasto para el éxito de la estrategia; la responsabilidad del crimen organizado que busca poner en medio a la población para amortiguar o neutralizar las acciones en su contra; la limitación de las fuerzas militares en tareas policiales; la omisión y complicidad de ciertas autoridades locales (estatales y municipales) en materia de protección civil y seguridad pública; ciertas limitaciones de Pemex y las fuerzas federales para la prevención, y la necesidad de la atención de los problemas sociales, económicos y ambientales que afectan a las comunidades y municipios de la región y que están en el olvido.
El linchamiento en redes sociales busca criminalizar y minimizar la tragedia; se vale de imágenes, videos y argumentos falsos, sesgados o fuera de contexto, muy parecidos a los usados para criminalizar a la caravana migrante, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a las organizaciones campesinas que cercaron el Congreso (a las que se les quiso vincular con Antorcha Campesina y el Partido Revolucionario Institucional, PRI). Quienes participan en estos linchamientos esgrimen valores neoliberales. Buscan romper los lazos de solidaridad natural del pueblo de México con las víctimas. En mucho parecen un experimento de agencias especializadas de contrainformación con fines  no claros, similares en su acción a la campaña impulsada por Bolsonaro contra la izquierda en las pasadas elecciones en Brasil o la campaña contra la Revolución Bolivariana en Venezuela.

Acciones necesarias para la el desarrollo y la soberanía nacional

El combate al robo del combustible como parte de la erradicación de la corrupción es importante para la recuperación de la capacidad productiva de Pemex, que ha sido desmantelada por los gobiernos neoliberales para entregar la riqueza petrolera a empresas extranjeras. Su desmantelamiento incluyó el beneficio, vía el robo, para la red de corrupción de alto nivel de la burocracia de la empresa productiva del Estado, una parte del sector empresarial, camarillas políticas y el crimen organizado.
Sólo con una empresa energética sana, y operando a toda su capacidad, es posible fortalecer las finanzas públicas e impulsar el relanzamiento de las actividades productivas de país, por lo que la estrategia de combate anunciada por López Obrador es necesaria y ha contado con amplio apoyo popular a pesar los problemas de desabasto.
Sin embargo, no es suficiente esta medida. También es necesario en el mediano plazo revertir la reforma energética para recuperar la soberanía nacional, es decir, la parte del patrimonio público cedido a las empresas petroleras trasnacionales mediante licitaciones y asignación de concesiones estos años, y recuperar la rectoría del Estado para frenar no sólo el despojo en sector publico sino también en el sector social, sobre todo en el campo.
Para ello se tiene que derogar la reforma constitucional entreguista, la ley de hidrocarburos y otras que emanaron de esta reforma impuestas mediante el acuerdo antinacional llamado Pacto por México, que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto con la complicidad de toda la clase política.
También es necesario relanzar la inversión y expansión de Pemex y, dentro de los planes, contemplar la construcción de la Refinería Bicentenario en Tula, que tendrá un impacto económico positivo para el país y desde luego para la región y el estado.
Es importante destacar que cuando se puso en marcha la última ofensiva para privatizar Pemex, mediante la reforma energética en 2013, nuestra región, este pueblo noble que hoy algunos criminalizan, y particularmente las comunidades que hoy conforman el MST, fueron la vanguardia de uno de los principales focos de lucha y resistencia en regiones petroleras del país en aquel momento.
La jornada desarrollada implicó un fuerte proceso asambleario y organizacional regional para la resistencia: la movilización de aproximadamente 10 mil personas el 3 de Septiembre de 2013 de Tula a la refinería Miguel Hidalgo; la participación en dos movilizaciones nacionales en el Zócalo con nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador; el cerco al senado y a la cámara de diputados; la concentración masiva de rechazo en Tula el 12 de diciembre; el cerco el día 13 de ese mismo mes al Congreso del Estado de Hidalgo, y una amplia campaña de recolección de firmas durante el primer semestre de 2014 para, mediante la consulta popular, intentar revertirla. Desde luego, también debemos mencionar la jornada de lucha impulsada contra el gasolinazo en enero y febrero de 2017, donde miles de personas salimos de manera pacífica a demandar el fin de esta medida producto de la reforma energética y fiscal.
Francisco Chew Plasencia*
*Dirigente del Movimiento Social por la Tierra (MST)

1/22/2019

Cárteles se disputan el control de territorios huachicoleros en Hidalgo

Tragedia en Tlahuelilpan
En el estado han ocurrido 21 estallidos
Cobran derecho de piso a las bandas locales dedicadas a ese ilícito

Tlahuelilpan, Hgo., Los municipios hidalguenses de Tula, Pachuca, Mineral de la Reforma, Tlahuelilpan, Ajacuba, Tepeji del Río, Tlaxcoapan, Tetepango y Tezontepec de Aldama, por los que cruzan los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), se han convertido en territorios en disputa entre bandas locales y supuestos integrantes de los cárteles de Los Zetas y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Funcionarios federales que han acudido a investigar lo sucedido en Tlahuelilpan señalaron que desde hace unos meses los grupos delictivos locales han sido presionados para pagar derecho de piso a supuestos integrantes de cárteles, y esta lucha ha derivado en al menos cinco casos de homicidio en contra de presuntos líderes de bandas dedicadas al robo de combustibles (huachicoleo).
La explosión registrada en una toma clandestina en Tlahuelilpan el pasado viernes y que hasta el momento ha dejado un saldo de 91 personas fallecidas y 49 lesionadas que siguen hospitalizadas, ha generado líneas de investigación para detectar bodegas de almacenamiento de combustible robado en municipios o colonias aledañas a San Primitivo, ya que algunos pobladores han declarado a las autoridades que en el lugar de la explosión se extraían miles de litros que eran transportados en contenedores colocados en las bateas de camiones o camionetas.
En Tlahuelilpan, de acuerdo con testimonios obtenidos por La Jornada de pobladores que perdieron a familiares a consecuencia del estallido, refirieron que el grupo que controlaba la toma clandestina vendía el litro de gasolina en tres pesos, hasta finales de noviembre, cuando se cerró el ducto y ese tramo fue reparado por trabajadores de Pemex a principios de enero.

De los estados más afectados
Hidalgo es considerado por el gobierno federal como una de las entidades donde mayor número de tomas clandestinas se han detectado y también han ocurrido incendios y explosiones en los ductos, principalmente en el tramo conocido como Tuxpan-Tula.
En los pasados 25 meses han ocurrido en Hidalgo 21 estallidos en tomas clandestinas detectadas en 13 en municipios de la región de Tula-Tepeji, en cuyo corazón se localiza la refinería Miguel Hidalgo y donde confluyen oleoductos.
Además de Tlahuelilpan han reportado incendios en los municipios de Tetepango, Tlaxcoapan, Atitalaquia, Tula, Ajacuba y Tepeji del Río.
En ese lapso, en Tetepango se contabilizaron tres incendios, dos de ellos ocurrieron en 2018 y uno en 2017; en Tlahuelilpan ocurrieron dos, uno el 17 de diciembre de 2018 y el otro el 8 de julio de 2017.
En Tlaxcoapan, según reportes de las autoridades, hubo dos incendios en tomas clandestinas los días 8 y 18 de noviembre del año pasado.

La ola de violencia
El pasado 4 de enero en el municipio de Tezontepec de Aldama la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo tomó conocimiento de cuatro asesinatos cometidos en el panteón de esa localidad.
Las autoridades reportaron que alrededor de las cinco de la tarde ocurrió una balacera y en el lugar fallecieron cuatro personas y dos más resultaron lesionadas.
Posteriormente, las autoridades reportaron que las cuatro víctimas que fallecieron estaban relacionadas con grupos dedicados a la sustracción ilegal de combustible de ductos de Pemex en la zona de Tezontepec, comunidad identificada en la actualidad por el gobierno federal como uno de los sitios donde habría bodegas de combustible robado.
A finales de diciembre en la zona de Tezontepec aparecieron mantas en las cuales presuntos integrantes del CJNG amenazaron a integrantes de las policías locales para que ya no siguieran apoyando a los grupos dedicados al robo de combustible, y advertían a los huachicoleros que operan en los municipios aledaños a Tula que tendrían que pagar derecho de piso.
El pasado 18 de enero –día en que ocurrió la explosión en la colonia San Primitivo– en los municipios de Pachuca y Mineral de la Reforma aparecieron tres mantas con amenazas de presuntos integrantes de Los Zetas Vieja Escuela contra integrantes de bandas dedicadas al huachicoleo.
El domingo pasado fue asesinado un hombre identificado como La Parka, a quien las autoridades locales y federales señalaron como uno de los líderes del grupo que controlaba la toma clandestina que explotó el viernes en el municipio de Tlahuelilpan.

Enviado y Corresponsal
Periódico La Jornada

1/21/2019

Tragedia en Tlahuelilpan ; La desgracia, paso a paso


De la cronología de la explosión ocurrida el pasado viernes en Tlahuelilpan se desprende que transcurrieron casi cuatro horas entre que 25 soldados detectaron la toma clandestina y el cierre de las válvulas del ducto.
14:30. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detecta la toma clandestina.
15:45. Se aglomeran personas de la comunidad de San Primitivo en torno a la toma. La Sedena las conmina a retirarse.
17:00. Arriba personal de la Gendarmería a la zona.
17:30. Llegan refuerzos de la Sedena. Nuevo exhorto a la población.
18:20. Se cierran las válvulas del ducto cuando el chorro de combustible alcanzó hasta siete metros de altura
18:52. Bomberos de Tlahuelilpan reciben el reporte de explosión e incendio. Se reportan personas con quemaduras y son trasladadas a hospitales.
19:50. Se activa la sala de crisis en la División de Inteligencia de la Policía Federal.
20:00. Los bomberos inician preparativos para sofocar el incendio.
20:22. El Comité Nacional de Emergencia se instala para coordinar las actividades.
20:34. Las primeras 16 ambulancias arriban a la zona de la explosión.
20:40. La Secretaría de Salud despliega ambulancias y personal médico con capacidad para atender a 100 personas.
20:53. Petróleos Mexicanos (Pemex) asume la coordinación de la emergencia.
20:55. Se trasladan más heridos a hospitales en Ciudad de México.
21:07. El Gobierno de Ciudad de México envía cuatro helicópteros con médicos para apoyar en el traslado de heridos.
21:21. Los primeros heridos graves son enviados al hospital de Pemex en Tula.
21:30. Arriban los secretarios de Defensa, Marina y Seguridad Pública.
22:30. Se instala centro de mando en el Colegio de Bachilleres, a 800 metros del lugar del siniestro y se conforman siete grupos de trabajo para atender la emergencia.
23:02. Arribo de peritos en criminalística de la Fiscalía General de la República.
23:45 Pemex informa que ha controlado el incendio en el poliducto
Sabado 19 de enero
00:45. Arriba el presidente Andrés Manuel López Obrador al puesto de comando a fin de supervisar acciones de respuesta y ordena la atención de todos los heridos en las instituciones de salud.
7:00 La Procuraduría General de Justicia del estado inicia el levantamiento de cuerpos. Se recogen 67 cadáveres.

Periódico La Jornada

Huachicoleo surgió para mantener contratos por reparaciones: Morena

Tragedia en Tlahuelilpan

Armando Guadiana –de Morena–, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, aseguró que el huachicoleo “nació desde dentro de Pemex: en esa empresa pública del Estado existe una dirección que se llama Proyectos J, que se dedica a las cosas urgentes. Muchas personas querían esa dirección. Ahí se contrataron a 10 empresas para reparar las fugas en los ductos, ahora solamente quedan cuatro, pero todas deben ser investigadas porque ellas empezaron con el huachicoleo”.

Guadiana, senador y empresario coahuilense, sostuvo que de acuerdo con la información que ha podido recabar, “fueron esas compañías contratadas por Pemex para reparar las fugas las que empezaron las ponchaduras en los ductos para tener trabajo siempre. El huachicoleo no surgió para vender combustible, sino para mantener contratos”, sostuvo el senador.

Como los ductos pasan por ejidos, además de zonas rurales y urbanas, los ejidatarios se enteraban de que de había una fuga, ellos veían que salía gasolina, la empezaron a recoger y vender. Aquella parte del negocio de la reparación de ductos se convirtió en uno de venta de combustible robado. Esto no es de uno o dos años: empezó en los gobiernos de los presidentes Ernesto Zedillo, siguió con Vicente Fox, con Felipe Calderón y se expandió con Enrique Peña Nieto, afirmó el presidente de la Comisión de Energía del Senado.

Después, al negocio entró el crimen organizado, que controla desde hace años esa actividad; agregó que en febrero, al comenzar el periodo ordinario de sesiones en el Senado, presentará al pleno el dictamen el punto de acuerdo de Cruz Pérez Cuéllar, del grupo parlamentario de Morena, quien exigió en diciembre pasado investigar a la empresa Sonigas por presunta sustracción de hidrocarburos, así como prácticas monopólicas en el ramo de gas.

Pérez Cuéllar dijo que el primer robo de combustible de los ductos se registró hace 19 años, empezó en 2000, cuando se conocieron las primeras 15 ordeñas. Sólo el año pasado, hasta septiembre, se detectaron 7 mil 642 perforaciones ilegales. El senador afirma que las fugas de gasolina se han incrementado sobre todo en los estados de Jalisco y Guanajuato.

 Periódico La Jornada

Militares ligados a Pemex dejaron de entregar su declaración patrimonial

Tragedia en Tlahuelilpan

Efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que ocuparon puestos estratégicos para la seguridad de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la administración anterior, declararon haber comprado vehículos y joyas, algunos de contado, pero hubo otros que optaron por no hacer públicos sus datos patrimoniales, como el general Eduardo León Trauwitz, quien ocupó la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE).
Antes de la SSE existía la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, donde el militar Francisco Casas Sánchez tenía el puesto de subgerente con funciones de vigilancia de instalaciones; en su declaración patrimonial de 2013, reportó la compra de un automóvil Ford Mustang 2014 a crédito, con un costo de 425 mil pesos.
De acuerdo con el documento de la Secretaría de la Función Pública, el militar ya tenía un vehículo Audi modelo 2000, el cual compró de contado en 2008 a un precio de 180 mil pesos; una camioneta Ford F-150 de 80 mil, y una Ranger de 180 mil pesos, así como un reloj Omega que adquirió en 2002 en 35 mil pesos, otro Maurice Lacreix de 40 mil pesos y una esclava de oro tipo Rolex en 20 mil pesos, además de poseer cuatro cuentas bancarias con 166 mil pesos.
Para 2018 reportó ingresos anuales netos de 1.7 millones de pesos, además de adquirir un vehículo Toyota 2016 y en sus bienes ya tenía un Nissan Tiida 2012 y un Jeep Patriot 2015; el Mustang lo vendió en 200 mil pesos.
El teniente Oziel Aldana Portugal estuvo en Veracruz en Pemex Exploración y Producción. En 2016 declaró la compra de contado de un Mazda 2008, en 160 mil pesos, y la venta de un Fiat 2008 en 120 mil pesos, así como una cuenta con 25 mil pesos. En 2018 ya no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales.
Por otra parte, el sargento Isaac García Pulido, también incorporado a vigilancia de Pemex, declaró en 2010 la compra de una camioneta Ford F-150 modelo 1999 en 78 mil pesos; en su declaración de 2014 mencionó que adquirió un BMW al contado por 195 mil pesos.
El teniente de infantería Arturo Villa Adame declaró en 2012 tener un Tsuru Nissan 2006, que adquirió en 45 mil pesos a crédito, y una cuenta bancaria con 13 mil 500 pesos. Después ya no aceptó hacer público su patrimonio.
La Fiscalía General de la República tiene abierta una investigación en contra de funcionarios de Pemex por el probable robo de hidrocarburo, al aprovecharse de sus funciones.
Como parte de las indagatorias, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya congeló cuentas bancarias en las que detectaron movimientos inusuales relacionados con el huachicol.

Periódico La Jornada

AMLO: ni Romero Deschamps ni nadie tendrá impunidad

Tragedia en Tlahuelilpan
No votaron por mí para ser alcahuete
Insiste AMLO en que no habrá impunidad en la corrupción en Pemex

No protegemos sindicatos ni a sus dirigentes, dice el mandatario 
Se investigará a fondo la fallida entrega a Pemex de 700 ferrotanques 

Garantiza a los ciudadanos el derecho a la información 
No luché para convertirme en alcahuete de corruptos
Subraya que su gobierno sólo procederá si existen denuncias


Foto
▲ Misa de cuerpo presente para algunos de los pobladores de Tlahuelilpan que fallecieron en el estallido del pasado viernes en un ducto de Petróleos Mexicanos.

Si existen denuncias en contra del dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, no se van a detener. Eso no significa que nos vamos a meter a la vida interna de un sindicato. También, al mismo tiempo, no vamos a darle impunidad a nadie y si existen denuncias se va a proceder en lo que a nosotros corresponde, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confió en que en este caso la Fiscalía General de la República actúe en apego a su autonomía.
No obstante, acotó: en el caso de que un asunto se atorara, inmediatamente, cuando menos, en forma respetuosa, sin ofender a nadie, lo daríamos a conocer a los ciudadanos para que se forjen un criterio a partir de la información. Y es que López Obrador se dijo convencido de la máxima con la que se regían los liberales: se puede gobernar con la fuerza de la opinión pública.
El Presidente insistió en el combate a la corrupción como su divisa de gobierno aludiendo a la cuestionada adquisición de 700 ferrotanques en una operación en la que se dieron 400 millones de pesos como anticipo a cambio de nada. Pese a ello, censuró López Obrador, Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una denuncia que ni un pasante de derecho la haría, genérica, sin pruebas y se cometió el fraude. Hasta ahora no hay justicia, dijo y subrayó que en este caso no será aplicado el punto final.
Durante su conferencia matutina, para dimensionar los alcances que alcanzó la corrupción, López Obrador precisó: Es que Pemex y el gobierno en general estaban al servicio de gente sin escrúpulos morales. Estaban tomadas las instituciones, secuestradas por bandoleros, por una pandilla de rufianes, de corruptos.
Para dar el balance de la situación tras la tragedia en Hidalgo, López Obrador fue consultado sobre el surgimiento de una nueva organización sindical en Pemex y los presuntos vínculos de Romero Deschamps sobre denuncias por corrupción.
No protegemos sindicatos, no protegemos a líderes sindicales. El gobierno no tiene dirigentes preferidos, no hay línea de proteger a nadie, respondió en torno a la viabilidad de la nueva organización.
Sin embargo, fue explícito sobre el proceder gubernamental en el caso de haber denuncias contra Romero Deschamps. También deben existir las denuncias, sería muy bueno que en este caso se sepan, y como se está planteando, lo voy a solicitar. Si existen denuncias, para tener elementos: que se dé a conocer cuándo se presentaron, que no sea sólo la nota periodística, con todo respeto, sino que haya papeles.
El jefe del Ejecutivo federal señaló que la autoridad competente debe actuar, porque yo estoy seguro de que con los cambios en la Fiscalía General de la FRepública (FGR), todo esto va a ir mejorando, no va a haber la impunidad esta que existe de 99 por ciento, que es una vergüenza”.
No obstante, el mandatario había señalado explícitamente que bajo la nueva figura de la FGR nunca vamos a dar ninguna consigna, como era antes cuando existía la Procuraduría General, y tampoco se va a pugnar por la fabricación de delitos para imputar a opositores.
Adelantó que si no hay avances, se darían los datos para garantizar a los ciudadanos su derecho a la información y “no sólo eso, el derecho a que la gente participe, opine, y a mí me importa mucho eso, lo de la fuerza de la opinión pública. Porque una autoridad puede decir: ‘No me lo exige la ley’. Sí, pero no es nada más la ley, es la justicia, es la moral, es la ética. No es: ‘A ver cómo le doy la vuelta a la ley o cómo utilizo los recovecos de para ampararme’”.
López Obrador reivindicó la importancia que tiene para el país el combate a la impunidad y la corrupción: vamos a limpiar al país y que de una vez se sepa, no va a haber ni un paso atrás en el combate a la corrupción. No luché ni me apoyó la gente para llegar a convertirme en alcahuete de corruptos. Cero corrupción, cero impunidad.
En el contexto de sus alusiones a la estrategia del combate al robo de combustible, López Obrador lo asoció a la necesidad de combatir la corrupción. Tenemos que arrancar de raíz este mal para, aunque no les guste y me llamen mesiánico, purificar la vida pública del país. Hay que acabar con la corrupción.

Foto Víctor Camacho
Periódico La Jornada

Apoyo irrestricto a víctimas del estallido, ofrece AMLO

Tragedia en Tlahuelilpan
Asciende a 85 el número de muertos
La gente ya no tendrá que ordeñar ductos por falta de oportunidades, dice

A 48 horas de la explosión ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo, el número de muertos ascendió a 85 y se reporta a 58 personas internadas en hospitales de la entidad, la capital del país y el estado de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a apoyar a los familiares de las víctimas en todo lo que necesiten.
“No quiero llamarle gasto, estamos obligados a hacerlo los dos gobiernos (federal y estatal), independientemente del proceso legal. Esto no está a discusión, todo el apoyo por razones humanitarias. Los gobiernos tienen como fin último el bienestar de los ciudadanos… Esto va más allá de lo material, tiene que ver con lo humano y no hay límite.”
Afirmó que la ayuda no está condicionada a ningún procedimiento administrativo ni material, por lo que ya instruyó a la Secretaría de Gobernación para que hable con cada una de las familias para atenderlas directamente. Este asunto se está tratando con mucha delicadeza. No puedo decir más por razones de tipo humanitario, pero no es un acontecimiento fácil de superar.
El Presidente anticipó que a partir de mañana, cuando inicie los recorridos por comunidades asentadas en zonas de ductos, se anunciará un plan integral de desarrollo que se entregará a casi un millón de personas de 80 municipios en las regiones donde se concentra el robo de combustible.
Se pretende aislar a los que han hecho “de esta actividad ilegal, riesgosa, inhumana, un lucro… Son grupos que lucran económicamente, porque estamos hablando de un robo a la nación de alrededor de 65 mil millones de pesos al año”.
López Obrador expresó que el objetivo es que las poblaciones no tengan que dedicarse a la ordeña de ductos por falta de oportunidades. “Por eso va el plan de desarrollo para que haya empleo, créditos, para que haya becas, atención a adultos mayores, a personas con discapacidad. Todo un plan integral de desarrollo.
Cuando menos hay dos tipos de actores que participan: “la gente que ha sido abandonada, marginada, empobrecida, que ve en esto la posibilidad de obtener ingresos, y los que organizadamente se dedican a cometer estos ilícitos… Lo que queremos es primero dar alternativas para aislar a los más involucrados en el comercio negro del combustible”. También tipificar como delito grave este ilícito.
–Con esta tragedia, ¿reconsidera viajar en aeronaves oficiales?
–Yo voy a seguir viajando igual. Se me hace ofensivo pare el pueblo lo que han hecho los gobernantes de México de tener aviones y helicópteros de lujo; es un cambio también radical, de raíz. No voy a usar aviones y helicópteros para mi traslado, sólo en el caso de una emergencia.
Para López Obrador, los trayectos terrestres sirven para informarse con la gente de lo que pasa, porque anteriormente sólo conocían los aeropuertos, los helipuertos y los sitios donde eran los actos oficiales. Dijo que en su traslado a Hidalgo desde Aguascalientes le permitió detectar algunas franquicias que venden la gasolina duplicando el margen de utilidad, por lo que los conminó a no abusar y vender al precio promedio el combustible.
Respaldo
Por la mañana, ratificó su respaldo a la actuación militar durante la tragedia, la cual se adecuó al protocolo establecido. Hicieron lo correcto, lo que tenían que haber hecho en una situación como la que se presentó, aunque reconoció que a raíz de la experiencia podrían adecuarse algunas acciones.
En la tarde abundó sobre el comportamiento del Ejército, y señaló que no hay ninguna contradicción entre el primer reporte telefónico que recibió del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y el comportamiento que tuvieron los soldados el día del siniestro “en el sentido de que no era posible detener a la multitud.
“Yo sostengo, de manera responsable, que fue correcta la actuación del Ejército; incluso hay videos en donde hasta la Policía Federal –que actuó en conjunto con la Marina y la Defensa– buscaban detener a la gente, pero no fue posible.”
El general explicó que antes de las 17 horas del viernes, cuando llegaron los refuerzos, fue imposible detener a las personas porque ya estaban sobre la toma donde ya se había incrementado el volumen de hidrocarburo.
Durante la conferencia matutina, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que se abrirá un espacio para captar denuncias ciudadanas que permitan combatir el robo de combustible. No descartó que en su momento pudiera haber recompensas por la información, pero bajo la más completa discreción y protección para los denunciantes.
Cuestionado sobre la posibilidad de que alguno de los hospitalizados pudiera ser imputado por robo de combustible, el fiscal rechazó que se victimice a las comunidades, pues las investigaciones van en contra de los responsables de operar el robo de hidrocarburos.
Por la noche, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, aseguró que extraoficialmente “sí sabíamos que en Tlahuelilpan, como en muchos otros municipios, eran vulnerables a la actividad huachicolera”, pues había nueve o 10 tomas clandestinas. Consideró que uno de los ayuntamientos con más problemas es Cuautepec de Hinojosa, información que ya le han compartido al gobierno federal.
Informó que del 4 de enero a la fecha han sido ejecutados tres líderes huachicoleros: Flavio Alberto (a) El Vikingo, Uriel (a) El Tornillo y Julio César (a) La Parca, este último homicidio ocurrido el sábado pasado.
En el recuento que presentó el gobernador sobre lo acontecido en San Primitivo, explicó que se encontraron en el lugar 68 restos humanos, de los cuales han sido identificado nueve, y siete de ellos ya fueron entregados a sus familias.
Además, se cuenta con 54 muestras genéticas que permitirán la identificación de cadáveres, ya sea con peritos en México o, si es necesario, del extranjero. Se han abierto 65 carpetas de investigación, y se ha atendido a más de 500 familiares.
El secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, reveló que en promedio el centro de monitoreo de Pemex recibe diariamente 484 alertas.

 Periódico La Jornada

1/20/2019

Desde hace dos años todos sabían de la toma clandestina en San Primitivo

Tragedia en Tlahuelilpan


El litro costaba tres pesos




Un mes atrás el ducto fue cerrado // No había gasolina y nadie pensó en el peligro, dice un lugareño


▲ Vista aérea del lugar donde se produjo la explosión en San Primitivo.Foto Afp


▲ Sobre estas líneas, peritos trabajan en la recuperación de cuerpos.

Tlahuelilpan, Hgo., Desde hace al menos dos años la comunidad de Tlahuelilpan y los habitantes de poblaciones cercanas conocían la existencia de la toma clandestina del kilómetro 226 del ducto Tuxpan-Tula, en la colonia San Primitivo. “El litro de gasolina lo comprábamos a tres pesos, pero hace como un mes cerraron el ducto. Cuatro de los huachicoleros que controlaban la toma fueron asesinados: los juntaron en un panteón del municipio de Tezontepec y allí los mataron”, dice un poblador del municipio.

“Ayer (el viernes) todo se juntó: no había gasolina en Tlahuelilpan, el ducto se rompió y por Face se difundió que había derrame de combustible. Al principio un chorrito, luego el chorrote, por eso vinieron de muchos pueblos. Habíamos hasta como tres mil queriendo gasolina. Nadie pensó.

Los más atrevidos se taparon la cabeza y la nariz como pudieron. Muchos no aguantaron el olor... era fuertísimo, pero muchos, muchos sí lo hicieron y hasta a sus niños llevaban con garrafas, narran habitantes de esta comunidad en la que la explosión ocurrida poco después de las siete de la noche del viernes dejó un saldo de 76 muertos –hasta ayer la cifra oficial– y los que quedaron heridos (67 hospitalizados) sufrieron quemaduras en la mayor parte del cuerpo.

Además, en menos de 12 horas, la lista de desaparecidos –con base en reportes de familiares y que fueron integrados en una base de datos por representantes de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo y del ayuntamiento de Tlahuelilpan– era de 70 personas.

El sitio exacto del estallido del ducto ocurrió en una brecha de la colonia San Primitivo, que lo mismo sirve de canal de agua para riego de un cultivo de alfalfa, que para cubrir el ducto y la extracción ilícita de combustible.

Más de la mitad, en pobreza

El municipio de Tlahuelilpan se localiza a 15 kilómetros del municipio de Tula, donde está ubicada una de las principales refinerías de combustible de la zona centro de la República Mexicana. Tiene una población cercana a los 20 mil habitantes, la mayoría varones. Cuenta con 12 escuelas prescolares, 13 primarias, cinco secundarias y una instalación universitaria. Sin embargo, a pesar de ello, 4 por ciento de la población es analfabeta.

El 53 por ciento de la población vive en niveles de pobreza moderada y 12 por ciento en pobreza extrema, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). A pesar de ser considerado un municipio urbano, muchos de sus habitantes se dedican a la agricultura. El principal cultivo es la alfalfa.

La tarde del viernes, según denuncian habitantes que pidieron no revelar sus nombres, pues algunos de sus parientes murieron en la explosión, entre los asistentes y promotores de la llegada de pobladores a la zona de la toma clandestina en la colonia San Primitivo estaba un hombre identificado como El Gasero, cuyos restos calcinados quedaron cerca de la zanja. Su chamarra, una pistola y una herramienta sirvieron para que fuera identificado.

“Nadie esperaba que esto pasara. Hace como dos semanas llegó gente del Ejército y revisó que estuviera tapada la toma. Incluso dispararon al aire cuando se acercó una de las gentes que controlaban la toma y lo ahuyentaron.

“El viernes se informó que había una fuga, pequeña, pero atrajo a muchos. No había gasolina en la zona y muchos quisieron un poco de gasolina gratis. Sacaron lo que tenían. Aquí había quienes compraban desde bidones chicos hasta envases grandes para almacenar. En una tarde sacaban miles de litros.

Todo mundo sabía de esta toma, los municipales, los estatales, los militares. No era nueva. Pero creo que algo pasó porque ya había sido cerrada y tal vez no lo hicieron bien y no aguantó la presión, relatan.

Por cientos, llegaron pobladores de distintas comunidades hasta el punto del estallido. Algunos permanecieron toda la noche y madrugada en espera de que se apagara el incendio, luego a que se terminara de controlar la fuga en las primeras horas del día. En medio de las sombras penetraron el cerco policial y militar y trataron de reconocer a sus familiares.

Al filo de las nueve de la mañana en el Centro de Cultura Regional de Tlahuelilpan decenas de vecinos esperaban a que llegaran los primeros restos a ese lugar. Sin embargo, el levantamiento pericial concluyó cerca del mediodía.

Ramón perdió a su hijo y a su nieto. “Sabemos –dice– que esto no estaba bien, pero querían un poco de gasolina. Muchos se salvaron porque el olor a gasolina los hizo retirarse. Ellos no. Creo que son los dos restos de personas que parece que una quiso cubrir a la otra, allá, junto al borde del canal”.

Con el llanto a flor de piel, Rosa, Ximena y Manuel, quienes perdieron a sus familiares en la tragedia, señalan que en la zona hay muchas tomas clandestinas; que ésta era una que todos, las autoridades y ciudadanos, conocían. En la gasolinera por mil pesos nos dieron casi 50 litros, aquí con 400 pesos se llenaban las garrafas para el tanque completo. Eso fue desde hace más de dos años, dicen.

Después de las dos de la tarde, empleados de Pemex comenzaron a reparar el ducto que se reventó.

Foto Víctor Camacho
Gustavo Castillo García
Enviado
Periódico La Jornada
Domingo 20 de enero de 2019, p. 3

Una desgracia anunciada: Ana Lilia Pérez

Tragedia en Tlahuelilpan


El huachicoleo suplantó al narcotráfico

Los fallecidos y heridos son el eslabón más débil dentro del robo de combustible, afirma la autora de 4 libros sobre corrupción en Pemex

▲ Imagen de la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo. La escritora Ana Lilia Pérez opina que debe analizarse a fondo qué circunstancias llevaron a la gente a estar en la toma clandestina, a pesar del riesgo que corrían.

Foto Afp

Sanjuana Martínez

 

Periódico La Jornada
Domingo 20 de enero de 2019, p. 8

La tragedia ocurrida en una toma clandestina de combustible en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde murieron 76 personas y 70 resultaron heridas, fue una tragedia anunciada.

Así lo afirma la periodista y escritora Ana Lilia Pérez, autora de cuatro libros sobre la corrupción en Pemex y el robo de combustibles: Los fallecidos, los heridos: esta gente es el eslabón más débil dentro de la estructura del robo de combustible.

En entrevista con La Jornada, la autora de El cártel negro: cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, advierte que en muchas comunidades de México grupos criminales obligan a los ciudadanos a participar en el robo de combustibles y se debe investigar si éste fue el caso de la tragedia de Tlahuelilpan.

“En muchas comunidades hay presión de grupos criminales para que la gente participe en el robo de combustibles. Hablé con una mujer que está pidiendo asilo político en Estados Unidos por esto: es el primer caso de asilo por huachicol. Ella va huyendo de su pareja que es un huachicolero en Guanajuato”.

Añade: Son distintos efectos sociales del crimen del robo de combustibles. Pero también se tiene que analizar en el contexto a quiénes conviene que continúe esta práctica. Quien menos gana en esto es la gente de las comunidades que va a recoger el combustible que queda.

Explica que la negligencia que hubo durante los últimos sexenios para atender el problema ha dado como resultado el aumento de víctimas: A medida que creció el robo de combustible, de ser una práctica hormiga a volverse el principal botín del crimen organizado, también se vinculó a muchas comunidades como un efecto letal. Este es el rostro más vulnerable y vulnerado de todo el espectro criminal.

Decenas de víctimas

La periodista, que ha publicado numerosos reportajes de investigación sobre la corrupción de funcionarios de Pemex y de miembros de los gobiernos recientes, afirma que antes de las de Tlahuelilpan ha habido decenas de víctimas más por el robo de combustibles.

Hay muchas otras víctimas de los últimos años, como trabajadores que denunciaron lo que estaba ocurriendo todos estos años y fueron desaparecidos; trabajadores siniestrados por negligencia y no les dieron la indemnización debida. Cuando permiten operación criminal en esta industria están jugando con la vida de los trabajadores.

Califica como injustas estas pérdidas humanas: Esta escena de Tlahuelilpan se repite en muchas zonas del país, pero ahora es más lamentable por el número de víctimas. Esto ha escalado del nivel de violencia al de tragedia por la pérdida de vidas humanas. Sin embargo, no es la primera vez.

Añade: Cuando hay manipulación de válvulas muere gente, y en esta zona de Hidalgo ya había precedentes de tomas clandestinas. Esto es el resultado del cúmulo de negligencia y encubrimiento a este delito que creció involucrando a las comunidades. Esa era una toma clandestina y manipulada. Cuando se hace una toma, primero la ordeñan y a la vez se convoca a gente de las comunidades para que participe en el robo. En Puebla, por ejemplo, se le cobra a la gente por entrar a recoger combustible, como un peaje, como un derecho de piso, para llevarse lo que queda de una toma clandestina.

Consideró que primero debe hacerse la investigación a fondo: Habrá que saber quién hizo previamente la toma y las condiciones en las cuales esta gente se suma a la sustracción ilegal de combustible. Es muy triste y descorazonador porque la gente sabe que están incurriendo en algo ilícito, pero además que es un riesgo para ellos mismos. Es una actividad de alto riesgo y los trabajadores, para acercarse a una instalación o a sellar una toma, usan equipos de protección.

–¿Quién es el responsable de esta tragedia?

–Cuando se habla de responsabilidades habría que ser muy cuidadosos en hacer juicios de valor. Primero se requiere un peritaje. Eso dará la causa de raíz. El opinar sin esos resultados es irresponsable. Lo que hay que ver son los escenarios, las circunstancias. El resultado determinará el nivel de responsabilidad de cada uno, desde quienes hacen la toma, en las circunstancias que se hizo y lo que provocó el siniestro.

–Algunos culpan a las personas que estaban robando.

–Tampoco es así. Tenemos las condiciones en que estaba esta gente, que en muchas zonas está obligada a trabajar para grupos del crimen organizado. Es una realidad. Y también el tema de la pobreza.

–Se responsabiliza al Ejército, que ahí estaba y no actuó.

–No se puede hacer un juicio tan reduccionista y señalarlos porque no actuaron: se tienen que analizar las circunstancias. Y el gran problema es todo el contexto que se tiene en esas comunidades. El huachicolero llegó a suplantar al narcotraficante. En muchos casos es lo mismo. En Guanajuato, por ejemplo, las drogas las controlan los mismos huachicoleros. Se requieren estrategias integrales dentro de la cultura de la legalidad. Ésta no se puede exigir cuando el ciudadano tampoco está dispuesto a ser legal.

Era una tragedia anunciada, tan anunciada que previamente en ordeñas y tomas mal manipuladas ya había habido muertos. Un ducto es una instalación de alto riesgo. Por eso está prohibido construir, manipular o excavar en torno a ductos. Si están manipulando la toma mientras sale el chorro y están ahí, por supuesto que se corre un riesgo tremendo. ¿Qué circunstancias llevaron a la gente a estar ahí? Eso es lo que debe analizarse a fondo. ¿Fue su propia circunstancia de pobreza a pesar de saber que se corre riesgo, o bien, participaron por presión del crimen?

Afirma que todas las tomas clandestinas son coordinadas: Todo está perfectamente coordinado. Se llama y dicen que van a cargar, y se organiza todo porque se sabe que habrá una sustracción y que va a llegar la gente. Hacen el anuncio. En este caso no sé si fue así.

–¿Pudo ser accidente o atentado?

–Se tendría que revisar. Eso le tocará a las autoridades y los peritajes. Nadie puede descartar nada en estos momentos, hasta que ofrezcan las pruebas de la investigación.

–¿A los propios huachicoleros les convenía que hubiera una tragedia?

–No puedo opinar al respecto. Es muy delicado. Lo que sí creo es que hay una resistencia muy grande para abandonar este negocio, porque les resultó más redituable que el de las drogas.

Huachicoleros de cuello blanco

La periodista, que lleva más de 20 años investigando la corrupción interna de Pemex, publicó su primer libro sobre este tema en 2010: Camisas azules, manos negras. El saqueo de Pemex desde Los Pinos, y fue tirando del hilo de la investigación en los siguientes sexenios.

“El robo de combustible viene desde Carlos Salinas de Gortari, y luego, con Ernesto Zedillo, en una intensidad mayor empieza a crecer dentro de la industria petrolera. El ordeñar barcos, pipas, era algo del entorno petrolero. Pero con Vicente Fox empieza la modalidad de toma clandestina, con Felipe Calderón ésta crece más, pero empieza la incorporación de cárteles de la droga en el negocio”.

Añade: “Es cuando los Zetas empiezan a operar mucho en la sustracción de la cuenca de Burgos y en el golfo, en tomas clandestinas. Y hay una mayor penetración desde las estructuras de sustracción y distribución de combustible. Se fortalece el mercado negro. Y siguen las tomas al alza; ya con Enrique Peña Nieto empieza la incorporación de gente de las comunidades en estas actividades. A medida que crece la participación de la sociedad, el mercado crece y demanda más mano de obra”.

–¿Por qué el mercado negro fue creciendo afuera cada vez más?

–Porque había empresarios del sector que estaban entrando como compradores del mercado criminal. Transportistas, contratistas que eran copartícipes de estas actividades, y en vez de que Pemex investigara se les permitían estas prácticas. Todo fue creciendo porque se podía hacer, por la impunidad.

–¿Y los huachicoleros de cuello blanco?

–Eso es muy importante. El problema tiene que solucionarse y para ello es necesario investigar, detener y atender el delito de cuello blanco, porque es parte de esta estructura criminal, y que se les detenga, que sea ejemplar la justicia. Que no se mire a los eslabones débiles sino a las estructuras de raíz, y eso incluye la criminalidad de cuello blanco. Tenemos que asumir que este es un problema de Estado y cada uno de nosotros debemos ser parte de la cruzada contra el huachicol, es una tarea de toda la sociedad. Sin tintes políticos y necesariamente atendiendo el delito de cuello blanco”.

La solución, de todos

La periodista que hizo la revelación de los contratos que el ex secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño recibía de Pemex mediante prácticas de tráfico de influencias y conflicto de intereses, considera que la solución al robo de combustibles involucra a toda la sociedad.

El ciudadano necesariamente tiene que ser parte de la solución a un problema que afecta a todo el país y a la economía. La gente puede pensar que llena su garrafón y tiene un extra, pero al hacerlo están poniendo en riesgo su vida y están afectando a todo el país. El delito del robo de combustible nos impacta a todos socialmente, afirma.

Su libro más reciente es Pemex RIP. Vida y asesinato de la principal empresa mexicana, y advierte que este negocio se convirtió en más redituable para el crimen organizado: Tienen a gente del sector oficial. Saben que desde dentro de Pemex hay esta participación y hay un mercado negro que está conformado también dentro del mercado formal. Saben que las drogas son ilegales y venderlas también. En el combustible pueden disfrazar este robo con el mercado legal, esto lo vuelve más redituable. Es un Pemex paralelo. Es la criminalidad organizada con la mejor organización que se puede tener.

Y concluye: Hoy, México está de duelo por estas 76 personas que murieron en circunstancias injustas; injusticia, en el contexto social de cómo se dejó que se llegara a esto. ¿Cómo se permitió que la gente otorgue prioridad a llenar un garrafón de gasolina en lugar de pensar en su propia integridad? ¿Cuándo llegamos a esto?: cuando desde los gobiernos se permitió que la criminalidad se apoderara de las estructuras gubernamentales.