Julio Hernández López: Astillero
El 16 de marzo del año pasado estalló la suciedad acumulada en las estructuras del sol azteca. Ese día se confrontaron las dos principales visiones del quehacer perredista, la de los lopezobradoristas que con un tibio y cansado Alejandro Encinas llegaron a un desenlace de fraude interno organizado no nada más por los villanos favoritos, que son los Chuchos, sino también por la maquinaria no calderonista (la alianza AMLO-Encinas-Ebrard), a la que aportó recursos y trampas el gobierno capitalino que mantiene la vista puesta en 2012. Lo importante, en lo inmediato, no era el triunfo de uno u otro (Encinas o Jesús Ortega), sino la exhibición pública, machacona y aleccionadora de que la izquierda partidista no es confiable y que hace tales cochineros electorales que está desprovista de autoridad moral para alegar trampas en otros procesos, por ejemplo el presidencial de 2006. A fin de cuentas, sin embargo, la maquinaria calderonista-beltronista de calificación electoral (el tribunal encabezado por la señora Alanís) terminó entregando una victoria desguanzada al colaboracionista Ortega, quien se estrenó con fieros ataques a López Obrador hasta que la realidad le llevó a entablar una tregua que ha durado hasta ahora.
La conmemoración del cochinero original se realizó este domingo reciente, con menos incidencias y menos estridencia, pero con similar daño profundo en el ánimo de quienes suelen votar por la izquierda, pero cada vez encuentran menos razones para seguirlo haciendo, y en el esparcimiento intencional, sobre todo a través de los falsos ayatolas de la muy pecadora televisión comercial, de la tesis de que el PRD se ha deshecho, en buena parte por culpa de López Obrador, y que el interés votante deberá centrarse en julio próximo en los dos hermanitos prácticos, el PAN y el PRD.
El renovado pacto pripánico de repartición mayoritaria del pastel electoral entre los dos principales concurrentes a la fiesta ha hecho que la facción calderonista recurriese sin pudor al más clásico dedazo priísta para nombrar a muchos de sus candidatos. Como sucedía en los tiempos del presidencialismo aplastante, el encargado del partido oficial, en este caso Germán Martínez, ha sido solamente un ejecutor amargo y puntual de las instrucciones giradas por el ocupante de Los Pinos. Con ese dedazo patriótico, FeliPRIn cree que podrá instalar una bancada federal blanquiazul, y gobernadores y grupos legislativos locales que le sean plenamente afines y leales, haciendo a un lado a los grupos que le pelean en lo interno, como Chente Fox y Manolín Espino. En el PRI, por su parte, se han esmerado en practicar técnicas sicilianas: silencio respecto a problemas internos y fidelidad a La Familia, de tal manera que todos los conflictos relacionados con postulaciones de candidatos se han procesado mediante acuerdos de los principales jefes, en espera del día de San Valentín en que podrían llegar a los ajustes definitivos de cuentas, es decir, el momento de la máxima postulación, la del candidato presidencial que hasta hoy pelean en términos provisoriamente arreglados el gavioto del copete y el acechante del Senado, el mexiquense que ha volcado el erario de su entidad en la promoción incesante de su figura en espacios estelares de televisión nacional y el sonorense del bigotito, que está a la espera de los tropiezos naturales o fabricados del actual rey relamido del rating.
No parece haber mucho espacio para la esperanza ciudadana en este contexto electoral. La izquierda, de por sí cargada de mal equipaje propio, ha sido llevada a sitiales de máximo escarnio público y, en la confusión creada por las diferencias entre el cascarón chuchista y los candidatos pluripartidistas apoyados por AMLO, no se ven muchos trazos medianamente compartibles, apenas una nueva rebatiña por cargos y presupuestos. El PAN y el PRI, por su parte, desean instalar la percepción de que juntos constituyen una oportunidad de mejoría pragmática de la realidad dolorosa. Las malas mañas del septuagenario tricolor, aunadas a las aceleradamente adquiridas y practicadas por el falso jovenzuelo blanquiazul, pretenden coincidir en la fabricación de una realidad electoral virtual que les dé porciones negociadas de poder, con el PRI de regreso. Una vez más, lo electoral como una farsa, como una asignación predeterminada de resultados que nada tendrán que ver de verdad con las urnas.
Astillas
La conversión del estado de Campeche en un feudo familiar de los herederos de Juan Camilo Mouriño tropezó este domingo con el desaire de los propios panistas que, de 35 mil con derecho a elegir candidato a gobernador, solamente asistieron a las urnas partidistas un poco más de 8 mil (el 26.7 por ciento del padrón, cuando la dirigencia estatal del PAN aseguraba que habría más de 50 por ciento de votantes). De cualquier manera, como estaba programado, el testaferro de los Mouriño, Mario Ávila Lizárraga (MAL), obtuvo la postulación y de inmediato declaró que para mí es un gran honor que el papá de mi gran amigo Juan Camilo Mouriño esté apoyándome con todo. El papá, Carlos Mouriño Atanes, dijo por su parte que los campechanos deben seguir la línea, que es la que nos va a llevar al triunfo. El mismo día, los priístas ratificaron por unanimidad, en convención firmemente arreglada, a Fernando Eutimio Ortega (FEO) como candidato a la gubernatura. Los actos partidistas coincidieron (¡Oh, jugarretas del destino!) con los cumpleaños de los contendientes: MAL sumó 45, y FEO, 51. El PRD, por su parte, ofrece como alternativa a Panchito Brown, hermano de la esposa de Carlos Mouriño Terrazo. Panchito asegura que tiene todo el respaldo del líder formal del perredismo, Jesús Ortega, y que quienes lo impulsaron para ser candidato bien sa-bían de sus parientes panistas y de que se reúne frecuentemente con esos familiares... Y, mientras la administración calderónica lanza al ruedo al novillero Ruiz Mateos para que busque con capotes arancelarios torear los vetos camioneros estadunidenses, ¡hasta mañana, en esta columna que mantiene luz y fuerza!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Aunque tiene más bolas en el aire que guantes para cacharlas, el presidente Calderón decidió mandar al bat a su secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, a pegarle con todo a la pelota en el asunto de los camioneros mexicanos que oooootra vez fueron desautorizados a circular en autopistas de Estados Unidos. Amenazó con subir los aranceles a un grupo de productos americanos, algo que gravaría los ingresos de los exportadores en un poco más de 2 mil millones de dólares. La respuesta del presidente Obama fue inmediata: anunció que enviará al Congreso una iniciativa de transporte transfronterizo con un mejor trato. Hay una lección importante: el gobierno mexicano tiene elementos para negociar sin tanta sumisión frente a Washington, la cuestión es que se decida a hacerlo. En estos días, el gobierno chino puso el ejemplo: Hemos prestado una enorme cantidad de dinero a Estados Unidos, dijo el premier Wen Jiabao en una rueda de prensa en Pekín. Exijo que mantenga su buen crédito, que honre sus compromisos y que garantice la seguridad de las inversiones de China. Se trata de algo mayor a un plato de arroz. Los chinos han adquirido 696 mil millones de dólares de bonos del Tesoro y Obama espera mantenerlos como clientes para fondear su programa de rescate, así que de inmediato respondió y refrendó el compromiso de su país. México tiene puestos sus dólares en una sola canasta. Las reservas del Banco de México –tan exprimidas– están invertidas en bonos del Tesoro y nadie se ha atrevido a pedir ninguna garantía. Una señal del gobierno mexicano en el sentido de que está pensando –simplemente pensando– la conveniencia de continuar manteniendo su inversión causaría conmoción entre los bancos centrales del mundo y tal vez movería a Washington a sentarse a negociar el tratado sobre migración, ése que no ha podido conseguir a base de súplicas. ¿Cuándo se atreverá? Lo del autotransporte podría ser un buen comienzo.
La trinchera de los 14
Hoy que reabran los bancos veremos si el peso sigue resistiendo en la trinchera de los 14 y pico por dólar, como cerró el viernes antes de que comenzara el puente. “Creemos que hay elementos para esperar una estabilidad en la cotización en las siguientes semanas –dice el grupo financiero Invex–, pero la incertidumbre sigue elevada, vienen de nuevo datos económicos que serán malos tanto en México como en Estados Unidos y no estamos seguros sobre si el ambiente de tranquilidad será perdurable; por ello consideramos que el tipo de cambio se mantendrá oscilando en un rango elevado entre su nivel de cierre y los 15 pesos por dólar.” En otras palabras, si tiene dólares no los venda.
AIG y su laberinto
La aseguradora AIG vive momentos críticos. Obama califica de indignante que los directivos de la empresa rescatada en tres ocasiones por el gobierno reciban 165 millones de dólares mediante el pago de bonificaciones, ya que los problemas fueron originados por su avaricia y temeridad. ¿Cómo justifican este escándalo a los contribuyentes que mantienen a flote a la compañía? El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, prepara una forma de bloquear los pagos. Y el fiscal de Nueva York, Mario Cuomo, ha abierto una investigación penal. AIG opera una sucursal en México, que ahora es propiedad del gobierno de Estados Unidos. La Ley de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros lo prohíbe (inciso uno bis del artículo 29). Es un caso parecido al de Citibank-Banamex. Manuel Aguilera, presidente de la comisión que regula las aseguradoras, prefiere el silencio.
La trinchera de los 14
Hoy que reabran los bancos veremos si el peso sigue resistiendo en la trinchera de los 14 y pico por dólar, como cerró el viernes antes de que comenzara el puente. “Creemos que hay elementos para esperar una estabilidad en la cotización en las siguientes semanas –dice el grupo financiero Invex–, pero la incertidumbre sigue elevada, vienen de nuevo datos económicos que serán malos tanto en México como en Estados Unidos y no estamos seguros sobre si el ambiente de tranquilidad será perdurable; por ello consideramos que el tipo de cambio se mantendrá oscilando en un rango elevado entre su nivel de cierre y los 15 pesos por dólar.” En otras palabras, si tiene dólares no los venda.
AIG y su laberinto
La aseguradora AIG vive momentos críticos. Obama califica de indignante que los directivos de la empresa rescatada en tres ocasiones por el gobierno reciban 165 millones de dólares mediante el pago de bonificaciones, ya que los problemas fueron originados por su avaricia y temeridad. ¿Cómo justifican este escándalo a los contribuyentes que mantienen a flote a la compañía? El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, prepara una forma de bloquear los pagos. Y el fiscal de Nueva York, Mario Cuomo, ha abierto una investigación penal. AIG opera una sucursal en México, que ahora es propiedad del gobierno de Estados Unidos. La Ley de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros lo prohíbe (inciso uno bis del artículo 29). Es un caso parecido al de Citibank-Banamex. Manuel Aguilera, presidente de la comisión que regula las aseguradoras, prefiere el silencio.
E n esta tercera y última entrega sobre el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007, más botones de ineficiencia, derroche, opacidad, discrecionalidad e incumplimiento del gobierno federal, con cargo al erario, de acuerdo con lo documentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Van, pues.
SCT: aportó casi 19 mil millones de pesos al fondo de infraestructura, sin mandato que la obligara a hacerlo, ni definidas las obras o proyectos en los cuales se utilizarán dichos recursos. A través de transferencias de recursos a fideicomisos, la SCT obtiene ingresos excedentes y ha generado un presupuesto alterno, sin objetivos ni metas, que no se rige por el principio de anualidad, y cuyo destino no se sujeta al control legislativo ni a la aprobación de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento.
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas: de las visitas de campo a siete de los proyectos ejecutados en Chiapas, sólo cuatro estaban operando. De los 13 proyectos inspeccionados en Oaxaca, siete no estaban operando y seis funcionaban con deficiencias. De 25 obras que la CDI reportó como concluidas, 10 no estaban terminadas y seis reportadas como terminadas a 100 por ciento presentaban problemas en su operación.
Pemex Refinación: el proyecto para la reconfiguración de la Refinería Lázaro Cárdenas debió terminarse el 29 de abril de 2008. Por el retraso de la puesta en operación, sólo por concepto de las gasolinas no vendidas se han dejado de producir 59 mil barriles diarios, además de la significativa salida de divisas por concepto de importación. En 2005-2007 el rubro de mantenimiento creció 44 por ciento, mientras el gasto corriente lo hizo en más de 50 por ciento, lo que impacta negativamente en el nivel de producción de gasolinas. El subsidio que se otorga a las gasolinas no cumple con los principios establecidos por la ley, ya que no es progresivo, equitativo y transparente. El efecto neto para el consumidor es desfavorable, toda vez que no lo recibe y lo paga a través del IESPS vía precios.
SEP/Enciclomedia: en la Cuenta Pública se reportaron como ejercidos 2 mil 324.5 millones de pesos que no fueron devengados. Se observó falta de documentación del gasto por concepto de indexación del Proyecto Enciclomedia; se transfirieron 200 millones de pesos de la actividad prioritaria R055 Implementar el Programa Enciclomedia para cubrir gastos de otros programas. Se detectó que la ausencia de mecanismos de control y supervisión de las Aulas del Sistema Administrado, en lo que se refiere a la aplicación de garantías para su reparación, reposición y actualización, ocasionó que la inversión por 976 millones no produjera los beneficios esperados. Se constató que no fueron reclamados a la aseguradora las indemnizaciones correspondientes a 54 aulas siniestradas en Tabasco y 28 faltantes en Jalisco, y que se pagaron indebidamente 3.2 millones de rentas por aulas siniestradas y no localizadas.
Conaculta: operó con una estructura programática distinta a la aprobada. De 311 proyectos apoyados por esta institución sujetos a los Lineamientos Únicos para la Entrega de Apoyos y Donativos, en 61.4 por ciento de los casos los expedientes no contenían la solicitud del apoyo, o bien, ésta no se requisitó correctamente, y en 94.2 por ciento no se realizó el seguimiento de los proyectos. No se comprobó que 76.7 por ciento de los 344 creadores artísticos integrantes del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que tenían menos de 70 años de edad, impartieran cursos, talleres o conferencias, contrario a lo establecido en las reglas de operación del sistema. De mil 316 millones de pesos erogados por Conaculta para sus actividades propias, de 91 por ciento no fue posible identificar los proyectos y actividades en los cuales fueron aplicados.
Conagua: el organismo informó en la Cuenta Pública 2007 que solicitó una ampliación neta a su presupuesto para cubrir un déficit en el pago de energía eléctrica por mil 500 millones de pesos; sin embargo, esa ampliación se destinó indebidamente para pagar un anticipo por los consumos de 2008. En la auditoría se comprobó que los mismos servidores públicos firmaron acuses de recibo de equipos meteorológicos, en diferentes entidades federativas y municipios, el mismo día y a la misma hora. Se presentaron deficiencias en la operación de los equipos meteorológicos adquiridos y, como resultado del monitoreo realizado de mayo a septiembre de 2008 en las pruebas de auditoría, se determinó que de los 12 radares de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional, 11 estuvieron fuera de servicio entre uno y 45 días. Otorgó títulos sin tomar en cuenta la disponibilidad del agua: hasta 2007 había concesionado o asignado 67 por ciento más de lo solicitado por los usuarios.
Comisión Nacional Forestal: en 2007 no se alcanzó la meta de reforestación de 400 mil hectáreas; cubrió 85.3 por ciento. La meta original para el ejercicio se modificó en el transcurso del año y se incrementó en 160 mil hectáreas para justificar el compromiso que el Ejecutivo federal asumió ante la ONU en el marco del Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. A fin de justificar el incumplimiento, presentó una cifra que incluso rebasó la meta de sembrar árboles, pero que se refiere a un concepto más amplio: el de plantas sembradas.
En prácticamente todos los fondos y fideicomisos para estados y municipios (Distrito Federal incluido) aparecen las mismas irregularidades, entre ellas: pagos indebidos a comisionados, a personal de honorarios sin relación con los objetivos, a personal no localizado o con empleos o plazas incompatibles, a personal dado de baja o con licencia sin goce de sueldo; erogaciones con fines distintos a los determinados por la Ley de Coordinación Fiscal; apoyos económicos indebidos a la sección sindical; falta de documentación comprobatoria del gasto (nóminas); no aplicación de penas convencionales a proveedores; pago en exceso a proveedores; obra pagada y no ejecutada o de mala calidad; adjudicación de contratos y adquisiciones fuera de norma; bienes no localizados en la revisión; obras ejecutadas en 2006 pagadas con recursos de 2007.
Las rebanadas del pastel
Muchísimos casos adicionales documentan el desastroso manejo de los dineros públicos, pero valgan los botones presentados para confirmar que giros o colorados son igual de voraces.
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
Magdalena Gómez: Ejército: ¿quién los regresará a los cuarteles?
SCT: aportó casi 19 mil millones de pesos al fondo de infraestructura, sin mandato que la obligara a hacerlo, ni definidas las obras o proyectos en los cuales se utilizarán dichos recursos. A través de transferencias de recursos a fideicomisos, la SCT obtiene ingresos excedentes y ha generado un presupuesto alterno, sin objetivos ni metas, que no se rige por el principio de anualidad, y cuyo destino no se sujeta al control legislativo ni a la aprobación de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento.
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas: de las visitas de campo a siete de los proyectos ejecutados en Chiapas, sólo cuatro estaban operando. De los 13 proyectos inspeccionados en Oaxaca, siete no estaban operando y seis funcionaban con deficiencias. De 25 obras que la CDI reportó como concluidas, 10 no estaban terminadas y seis reportadas como terminadas a 100 por ciento presentaban problemas en su operación.
Pemex Refinación: el proyecto para la reconfiguración de la Refinería Lázaro Cárdenas debió terminarse el 29 de abril de 2008. Por el retraso de la puesta en operación, sólo por concepto de las gasolinas no vendidas se han dejado de producir 59 mil barriles diarios, además de la significativa salida de divisas por concepto de importación. En 2005-2007 el rubro de mantenimiento creció 44 por ciento, mientras el gasto corriente lo hizo en más de 50 por ciento, lo que impacta negativamente en el nivel de producción de gasolinas. El subsidio que se otorga a las gasolinas no cumple con los principios establecidos por la ley, ya que no es progresivo, equitativo y transparente. El efecto neto para el consumidor es desfavorable, toda vez que no lo recibe y lo paga a través del IESPS vía precios.
SEP/Enciclomedia: en la Cuenta Pública se reportaron como ejercidos 2 mil 324.5 millones de pesos que no fueron devengados. Se observó falta de documentación del gasto por concepto de indexación del Proyecto Enciclomedia; se transfirieron 200 millones de pesos de la actividad prioritaria R055 Implementar el Programa Enciclomedia para cubrir gastos de otros programas. Se detectó que la ausencia de mecanismos de control y supervisión de las Aulas del Sistema Administrado, en lo que se refiere a la aplicación de garantías para su reparación, reposición y actualización, ocasionó que la inversión por 976 millones no produjera los beneficios esperados. Se constató que no fueron reclamados a la aseguradora las indemnizaciones correspondientes a 54 aulas siniestradas en Tabasco y 28 faltantes en Jalisco, y que se pagaron indebidamente 3.2 millones de rentas por aulas siniestradas y no localizadas.
Conaculta: operó con una estructura programática distinta a la aprobada. De 311 proyectos apoyados por esta institución sujetos a los Lineamientos Únicos para la Entrega de Apoyos y Donativos, en 61.4 por ciento de los casos los expedientes no contenían la solicitud del apoyo, o bien, ésta no se requisitó correctamente, y en 94.2 por ciento no se realizó el seguimiento de los proyectos. No se comprobó que 76.7 por ciento de los 344 creadores artísticos integrantes del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que tenían menos de 70 años de edad, impartieran cursos, talleres o conferencias, contrario a lo establecido en las reglas de operación del sistema. De mil 316 millones de pesos erogados por Conaculta para sus actividades propias, de 91 por ciento no fue posible identificar los proyectos y actividades en los cuales fueron aplicados.
Conagua: el organismo informó en la Cuenta Pública 2007 que solicitó una ampliación neta a su presupuesto para cubrir un déficit en el pago de energía eléctrica por mil 500 millones de pesos; sin embargo, esa ampliación se destinó indebidamente para pagar un anticipo por los consumos de 2008. En la auditoría se comprobó que los mismos servidores públicos firmaron acuses de recibo de equipos meteorológicos, en diferentes entidades federativas y municipios, el mismo día y a la misma hora. Se presentaron deficiencias en la operación de los equipos meteorológicos adquiridos y, como resultado del monitoreo realizado de mayo a septiembre de 2008 en las pruebas de auditoría, se determinó que de los 12 radares de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional, 11 estuvieron fuera de servicio entre uno y 45 días. Otorgó títulos sin tomar en cuenta la disponibilidad del agua: hasta 2007 había concesionado o asignado 67 por ciento más de lo solicitado por los usuarios.
Comisión Nacional Forestal: en 2007 no se alcanzó la meta de reforestación de 400 mil hectáreas; cubrió 85.3 por ciento. La meta original para el ejercicio se modificó en el transcurso del año y se incrementó en 160 mil hectáreas para justificar el compromiso que el Ejecutivo federal asumió ante la ONU en el marco del Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. A fin de justificar el incumplimiento, presentó una cifra que incluso rebasó la meta de sembrar árboles, pero que se refiere a un concepto más amplio: el de plantas sembradas.
En prácticamente todos los fondos y fideicomisos para estados y municipios (Distrito Federal incluido) aparecen las mismas irregularidades, entre ellas: pagos indebidos a comisionados, a personal de honorarios sin relación con los objetivos, a personal no localizado o con empleos o plazas incompatibles, a personal dado de baja o con licencia sin goce de sueldo; erogaciones con fines distintos a los determinados por la Ley de Coordinación Fiscal; apoyos económicos indebidos a la sección sindical; falta de documentación comprobatoria del gasto (nóminas); no aplicación de penas convencionales a proveedores; pago en exceso a proveedores; obra pagada y no ejecutada o de mala calidad; adjudicación de contratos y adquisiciones fuera de norma; bienes no localizados en la revisión; obras ejecutadas en 2006 pagadas con recursos de 2007.
Las rebanadas del pastel
Muchísimos casos adicionales documentan el desastroso manejo de los dineros públicos, pero valgan los botones presentados para confirmar que giros o colorados son igual de voraces.
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
Magdalena Gómez: Ejército: ¿quién los regresará a los cuarteles?
La militarización paulatina que experimenta el país en el contexto del combate al crimen organizado avanza de manera significativa, en especial en algunas regiones, con altos costos en términos de respeto a los derechos humanos y con fuertes entredichos y contradicciones constitucionales, pues sin que el calderonismo declare la suspensión de garantías, en la práctica se está generando un discurso que prioriza y justifica acciones ominosas con la lógica de que el fin justifica los medios.
Resulta muy elocuente y oportuna la reciente presentación del informe: ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, que elaboró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (Centro Prodh), el cual a partir de una investigación hemerográfica, documenta abusos militares cometidos por elementos de las fuerzas armadas mexicanas entre 2006 y 2008 y da cuenta del patrón de impunidad que prevalece cuando las violaciones a derechos humanos que han cometido los soldados en perjuicio de civiles son investigadas por las propias instituciones castrenses, resultando así vulneradas las garantías de independencia e imparcialidad.
Con un amplio recuento de la cadena de quejas recopiladas por instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de las investigaciones previas que han sido transferidas a la justicia militar, el referido informe nos muestra que en los hechos se hizo un uso extensivo e ilimitado de la decisión sobre la Controversia Constitucional 1/96 –en torno a la participación del Ejército en tareas de seguridad pública–, lo cual permitió que las fuerzas armadas actuaran más allá del expreso mandato constitucional, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que en todo caso estarían bajo las órdenes de autoridades civiles en dichas tareas.
El Centro Prodh pone el dedo en la llaga al recordar que inclusive durante la evaluación de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno federal entregó el pasado 10 de febrero un informe en el cual acepta que entre enero de 2007 y julio de 2008 la CNDH emitió 15 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) relacionadas con violaciones a derechos humanos vinculadas con la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Recordemos que entre muchos temas fue señalada al gobierno mexicano la necesidad de que se revisen los alcances del fuero militar y la necesidad de que sea el fuero civil el que juzgue violaciones a ciudadanos y ciudadanas cometidos por militares.
El Prodh refiere dos casos paradigmáticos que retratan la extensión del fuero de guerra a casos que involucran a civiles como víctimas de violaciones a derechos humanos, y en especial el relativo a Santiago de Caballeros, en Sinaloa, que ha sido atraído por la SCJN, permitirá a esta instancia revisar la postura que adoptó en 1996 a la luz del conjunto de evidencias que han sido documentadas y que serán presentadas, esa instancia tan poco prestigiada, pero a la que es menester insistir en que se encauce por el estado de derecho que incluya el derecho internacional de las garantías individuales. Estos temas ya son inocultables, y ciertamente no son consuelo las declaraciones que hizo el general de Brigada, Jaime Antonio López Portillo, titular de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional: “en la batalla que enfrenta el Ejército contra el crimen organizado se daña a las personas y a las propiedades, y agrego que la legislación militar prevé todo este tipo de cosas, evitar violaciones a las garantías individuales, pero hay algunas circunstancias en la que es inevitable, o desgraciadamente se puede generar alguna problemática (…) en relación con la gente que tenemos desplegada es muy baja la cantidad de quejas” (Reforma, 14/03/09).
Por otra parte, no está muy clara la reacción ciudadana; hay demasiado temor para expresarse libremente. Si tomamos en cuenta que el informe del Prodh se basó en revisiones de prensa, bien podemos suponer que hay un subregistro de los hechos cotidianos, que, a propósito de revisiones en retenes o cateos domiciliarios, entre otros, realizan los militares.
Por todo ello preocupan las declaraciones que hizo a la revista emeequis el obispo Renato Ascencio León: si Ciudad Juárez se salva con la presencia del ejército de esta criminalidad que vive, bienvenido el ejército. Lo que necesitamos es recobrar la paz y la tranquilidad.
No en balde el próximo 20 de marzo se celebrará una audiencia temática sobre la justicia militar en México durante el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo dicho: si juzgamos por los resultados, fue, por decir lo menos, ligera la decisión de sacar de sus cuarteles a los militares. Más nos vale preocuparnos de cómo lograr que regresen.
Pedro Miguel: ¿Soberanía?
Resulta muy elocuente y oportuna la reciente presentación del informe: ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, que elaboró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (Centro Prodh), el cual a partir de una investigación hemerográfica, documenta abusos militares cometidos por elementos de las fuerzas armadas mexicanas entre 2006 y 2008 y da cuenta del patrón de impunidad que prevalece cuando las violaciones a derechos humanos que han cometido los soldados en perjuicio de civiles son investigadas por las propias instituciones castrenses, resultando así vulneradas las garantías de independencia e imparcialidad.
Con un amplio recuento de la cadena de quejas recopiladas por instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de las investigaciones previas que han sido transferidas a la justicia militar, el referido informe nos muestra que en los hechos se hizo un uso extensivo e ilimitado de la decisión sobre la Controversia Constitucional 1/96 –en torno a la participación del Ejército en tareas de seguridad pública–, lo cual permitió que las fuerzas armadas actuaran más allá del expreso mandato constitucional, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que en todo caso estarían bajo las órdenes de autoridades civiles en dichas tareas.
El Centro Prodh pone el dedo en la llaga al recordar que inclusive durante la evaluación de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno federal entregó el pasado 10 de febrero un informe en el cual acepta que entre enero de 2007 y julio de 2008 la CNDH emitió 15 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) relacionadas con violaciones a derechos humanos vinculadas con la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Recordemos que entre muchos temas fue señalada al gobierno mexicano la necesidad de que se revisen los alcances del fuero militar y la necesidad de que sea el fuero civil el que juzgue violaciones a ciudadanos y ciudadanas cometidos por militares.
El Prodh refiere dos casos paradigmáticos que retratan la extensión del fuero de guerra a casos que involucran a civiles como víctimas de violaciones a derechos humanos, y en especial el relativo a Santiago de Caballeros, en Sinaloa, que ha sido atraído por la SCJN, permitirá a esta instancia revisar la postura que adoptó en 1996 a la luz del conjunto de evidencias que han sido documentadas y que serán presentadas, esa instancia tan poco prestigiada, pero a la que es menester insistir en que se encauce por el estado de derecho que incluya el derecho internacional de las garantías individuales. Estos temas ya son inocultables, y ciertamente no son consuelo las declaraciones que hizo el general de Brigada, Jaime Antonio López Portillo, titular de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional: “en la batalla que enfrenta el Ejército contra el crimen organizado se daña a las personas y a las propiedades, y agrego que la legislación militar prevé todo este tipo de cosas, evitar violaciones a las garantías individuales, pero hay algunas circunstancias en la que es inevitable, o desgraciadamente se puede generar alguna problemática (…) en relación con la gente que tenemos desplegada es muy baja la cantidad de quejas” (Reforma, 14/03/09).
Por otra parte, no está muy clara la reacción ciudadana; hay demasiado temor para expresarse libremente. Si tomamos en cuenta que el informe del Prodh se basó en revisiones de prensa, bien podemos suponer que hay un subregistro de los hechos cotidianos, que, a propósito de revisiones en retenes o cateos domiciliarios, entre otros, realizan los militares.
Por todo ello preocupan las declaraciones que hizo a la revista emeequis el obispo Renato Ascencio León: si Ciudad Juárez se salva con la presencia del ejército de esta criminalidad que vive, bienvenido el ejército. Lo que necesitamos es recobrar la paz y la tranquilidad.
No en balde el próximo 20 de marzo se celebrará una audiencia temática sobre la justicia militar en México durante el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo dicho: si juzgamos por los resultados, fue, por decir lo menos, ligera la decisión de sacar de sus cuarteles a los militares. Más nos vale preocuparnos de cómo lograr que regresen.
Pedro Miguel: ¿Soberanía?
PAra que un gobernante pueda defender la soberanía de un país debe, antes que nada, tener una idea del país en cuestión como un conglomerado de intereses diversos y a veces contrapuestos, clases sociales, regiones, religiones, ideologías, organizaciones, sectores productivos, culturas y lenguas, partidos, preferencias sexuales, patrones de consumo. Pero si ha ejercido el poder para sus amigos y para preservar los intereses de una pequeña oligarquía, si se somete a los dictados de una corriente económica que ahonda la desigualdad en lugar de atenuarla, si ignora a las voces disidentes y críticas, si adopta la visión del mundo de una religión en particular e ignora la pluralidad espiritual, y si, desde las alturas institucionales, ve al grueso de la población como una mera granja de sufragios se estrechan sus márgenes de maniobra para defender al país de los embates –económicos, diplomáticos, declarativos, mediáticos– del extranjero.
La preservación de la soberanía demanda el cumplimiento pleno y parejo de la ley; la moralización, en primer lugar, de los entornos oficiales; el deslinde tajante con respecto a las administraciones anteriores y su corrupción, y más si ésta se encadena y acentúa en la administración en curso. Cuando se implantan dos procuraciones paralelas y divergentes –una para líderes sociales y otra para policías violadores, una para nacionales y otra para extranjeros, una para capos y otra para gobernadores y capitanes de empresa–; cuando se es obsecuente y permisivo con la putrefacción que precede (porque se le deben favores); cuando se alienta la impunidad de los aliados políticos, y cuando se tiene una pocilga en las dependencias encargadas de hacer respetar la legalidad, el ejercicio de la soberanía se debilita y se abona el terreno para que, desde el exterior, proliferen las críticas por violaciones a los derechos humanos, por opacidad, por falta de rigor y voluntad en la persecución del delito, por presentar dos caras y pronunciar dobles discursos.
Para convocar a la ciudadanía a cerrar filas contra la delincuencia o contra embates injerencistas foráneos no basta con la autoridad formal; se requiere, además, de autoridad moral, de liderazgo verdadero, de genuina identificación con los intereses nacionales y sociales. Pero no es fácil construir esa segunda clase de autoridad si al grupo gobernante le han faltado escrúpulos para observar los principios básicos de la representatividad política, si se ha perpetuado en el poder en atropello a los lineamientos democráticos, si ha simulado consensos inexistentes y ha pretendido ignorar los reclamos populares por la inverosimilitud de las elecciones.
La proyección al exterior de una imagen de coherencia y fortaleza pasa necesariamente por actos de poder inteligentes, por la comprensión del país al que se pretende gobernar, por el entendimiento de la complejidad de sus problemas. Pero poco puede proyectar una autoridad que ha actuado en función de arrebatos súbitos y que ha cosechado desastres en materia de seguridad, que anuncia victorias inexistentes, que ignora las raíces profundas de la criminalidad, que ha acatado de manera acrítica e incondicional los dictados del exterior, que firma pactos e iniciativas al gusto de los aliados mayores, particularmente guerras sin pies ni cabeza a las que sólo se le ven dos motivaciones reales: el afán desmedido de reconocimiento y la transformación de un rudimento ideológico conservador y autoritario en política de seguridad nacional.
Hay grupos que se hacen con el control formal del país –el control real permanece, en muchos ámbitos y territorios, en manos de las organizaciones delictivas y de los grupos político-empresariales y mediáticos, y en ocasiones unas y otros son lo mismo– y que lo emplean para beneficiar a extranjeros, sean consorcios o logreros individuales; para intentar el endoso y la transferencia de la propiedad nacional a grandes corporaciones trasnacionales; para abogar por una absoluta libertad de empresa y de mercado que se traduce en la reducción de los sectores mayoritarios del país a algo semejante a la esclavitud; para sabotear los esfuerzos regionales de integración y cohesión frente a poderes imperiales. Por eso, en los momentos en que esas facciones emprenden un gritoneo patriotero y se dicen víctimas de campañas extranjeras de desprestigio reales, semirreales o imaginarias, las sociedades cotejan el escándalo coyuntural con la trayectoria de gobierno y concluyen que el ruido no es defensa de los países a los que han entregado, saqueado y postrado, sino mero empeño de preservar sus posiciones de poder y sus privilegios.
navegaciones@yahoo.com http://navegaciones.blogspot.com
La preservación de la soberanía demanda el cumplimiento pleno y parejo de la ley; la moralización, en primer lugar, de los entornos oficiales; el deslinde tajante con respecto a las administraciones anteriores y su corrupción, y más si ésta se encadena y acentúa en la administración en curso. Cuando se implantan dos procuraciones paralelas y divergentes –una para líderes sociales y otra para policías violadores, una para nacionales y otra para extranjeros, una para capos y otra para gobernadores y capitanes de empresa–; cuando se es obsecuente y permisivo con la putrefacción que precede (porque se le deben favores); cuando se alienta la impunidad de los aliados políticos, y cuando se tiene una pocilga en las dependencias encargadas de hacer respetar la legalidad, el ejercicio de la soberanía se debilita y se abona el terreno para que, desde el exterior, proliferen las críticas por violaciones a los derechos humanos, por opacidad, por falta de rigor y voluntad en la persecución del delito, por presentar dos caras y pronunciar dobles discursos.
Para convocar a la ciudadanía a cerrar filas contra la delincuencia o contra embates injerencistas foráneos no basta con la autoridad formal; se requiere, además, de autoridad moral, de liderazgo verdadero, de genuina identificación con los intereses nacionales y sociales. Pero no es fácil construir esa segunda clase de autoridad si al grupo gobernante le han faltado escrúpulos para observar los principios básicos de la representatividad política, si se ha perpetuado en el poder en atropello a los lineamientos democráticos, si ha simulado consensos inexistentes y ha pretendido ignorar los reclamos populares por la inverosimilitud de las elecciones.
La proyección al exterior de una imagen de coherencia y fortaleza pasa necesariamente por actos de poder inteligentes, por la comprensión del país al que se pretende gobernar, por el entendimiento de la complejidad de sus problemas. Pero poco puede proyectar una autoridad que ha actuado en función de arrebatos súbitos y que ha cosechado desastres en materia de seguridad, que anuncia victorias inexistentes, que ignora las raíces profundas de la criminalidad, que ha acatado de manera acrítica e incondicional los dictados del exterior, que firma pactos e iniciativas al gusto de los aliados mayores, particularmente guerras sin pies ni cabeza a las que sólo se le ven dos motivaciones reales: el afán desmedido de reconocimiento y la transformación de un rudimento ideológico conservador y autoritario en política de seguridad nacional.
Hay grupos que se hacen con el control formal del país –el control real permanece, en muchos ámbitos y territorios, en manos de las organizaciones delictivas y de los grupos político-empresariales y mediáticos, y en ocasiones unas y otros son lo mismo– y que lo emplean para beneficiar a extranjeros, sean consorcios o logreros individuales; para intentar el endoso y la transferencia de la propiedad nacional a grandes corporaciones trasnacionales; para abogar por una absoluta libertad de empresa y de mercado que se traduce en la reducción de los sectores mayoritarios del país a algo semejante a la esclavitud; para sabotear los esfuerzos regionales de integración y cohesión frente a poderes imperiales. Por eso, en los momentos en que esas facciones emprenden un gritoneo patriotero y se dicen víctimas de campañas extranjeras de desprestigio reales, semirreales o imaginarias, las sociedades cotejan el escándalo coyuntural con la trayectoria de gobierno y concluyen que el ruido no es defensa de los países a los que han entregado, saqueado y postrado, sino mero empeño de preservar sus posiciones de poder y sus privilegios.
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TLCAN: negociación necesaria
El titular de la Secretaría de Economía (SE), Gerardo Ruiz Mateos, anunció ayer que el gobierno federal impondrá un incremento en los aranceles de 90 productos estadunidenses –cuyo volumen representa 1.7 por ciento de las importaciones totales provenientes del país vecino, con un valor que asciende a 2 mil 400 millones de dólares– en represalia por la decisión, adoptada la semana pasada en el Senado de esa nación, de eliminar los recursos del programa piloto de transporte transfronterizo contemplado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con lo que se impide el tránsito de camiones de carga mexicanos del otro lado de la frontera. En respuesta, el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, indicó ayer mismo que el gobierno (de Barack Obama) entiende las preocupaciones de su par mexicano y afirmó que trabajarán con los legisladores estadunidenses para restaurar el programa de transporte de carga con nuestro país.
Debe señalarse, por principio de cuentas, que la medida de retaliación anunciada por el titular de Economía es acertada, aunque tardía e insuficiente: tales acciones, más otras de mayor importancia, tendrían que haberse tomado desde hace años para evitar el profundo daño provocado en diversos ramos de la economía nacional por los términos mismos del TLCAN y por su cumplimiento irregular por Estados Unidos. Desde hace más de tres lustros, en efecto, sectores como el agrícola y el industrial han sido sometidos a un proceso integracionista profundamente desigual, suscrito en circunstancias de generalizada asimetría económica, industrial, salarial y de bienestar social en relación con Estados Unidos y Canadá, y provisto de instrumentos no equitativos y desfavorables para nuestro país en diversos terrenos.
Desde otro punto de vista, debe apuntarse que el incremento arancelario anticipado por Ruiz Mateos, si bien pareciera obedecer exclusivamente a criterios técnico-económicos, tiene como telón de fondo el reciente intercambio declarativo entre la Casa Blanca y Los Pinos por las críticas de algunas autoridades y medios estadunidenses en contra de la desastrosa política de seguridad del calderonismo; así sea en forma involuntaria, la medida anunciada ayer por la SE adquiere, por ello, un inevitable acento político.
Más allá de estas consideraciones, la reciente controversia por la prohibición al tránsito de los transportistas mexicanos en territorio estadunidense hace ver la procedencia de renegociar el TLCAN, a efecto de corregir las enormes deficiencias estructurales de éste, las cuales se han expresado en forma de una sostenida dependencia económica de México respecto a la nación vecina (lo que, hoy por hoy, agudiza los efectos de la crisis económica mundial en nuestro país, originada en el sistema financiero de Estados Unidos); el abandono de los entornos agrícolas, con la correspondiente pérdida sostenida de soberanía alimentaria, la destrucción de tejidos sociales comunitarios y la dolorosa emigración del agro; el desmantelamiento de la industria nacional, acompañado de contenciones salariales injustificables, y abaratamiento de la mano de obra nacional con el fin de beneficiar a los capitales trasnacionales. Tales factores, en conjunto, han profundizado la vulnerabilidad nacional, han confirmado las profecías planteadas por los críticos del TLCAN hace más de 15 años y han puesto en evidencia que el acuerdo de comercio trilateral fue concebido y diseñado para beneficio exclusivo de los grandes capitales, no de las personas.
En suma, aunque hace más de una década el instrumento comercial constituyó un espejismo de impulso económico para nuestro país, hoy es claro que no funciona y que, para colmo, ha empezado a ser factor adicional de tensión en la relación con el país vecino.
Durante la campaña presidencial del año pasado, el hoy mandatario estadunidense manifestó su interés por renegociar el tratado, y esa posibilidad fue desestimada por el jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, quien dijo que sería un error poner sobre la mesa al TLCAN y pidió a Obama que exhibiera suficiente talento y sentido común y abandonara la idea de modificarlo. Acaso no se tomó en cuenta, en ese momento, que amplios sectores de la sociedad mexicana, y por razones diferentes a las del hoy mandatario de Estados Unidos, han venido expresando su rechazo al acuerdo comercial desde antes de que se firmara, y hasta la fecha.
Hoy, cuando la crisis agudiza la disputa por mercados, inversiones y fuentes de empleo, es claro que la versión actual del tratado comercial debe ser modificada, no sólo para provecho de las sociedades, sino también para evitar nuevos desencuentros entre ambos gobiernos.
El titular de la Secretaría de Economía (SE), Gerardo Ruiz Mateos, anunció ayer que el gobierno federal impondrá un incremento en los aranceles de 90 productos estadunidenses –cuyo volumen representa 1.7 por ciento de las importaciones totales provenientes del país vecino, con un valor que asciende a 2 mil 400 millones de dólares– en represalia por la decisión, adoptada la semana pasada en el Senado de esa nación, de eliminar los recursos del programa piloto de transporte transfronterizo contemplado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con lo que se impide el tránsito de camiones de carga mexicanos del otro lado de la frontera. En respuesta, el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, indicó ayer mismo que el gobierno (de Barack Obama) entiende las preocupaciones de su par mexicano y afirmó que trabajarán con los legisladores estadunidenses para restaurar el programa de transporte de carga con nuestro país.
Debe señalarse, por principio de cuentas, que la medida de retaliación anunciada por el titular de Economía es acertada, aunque tardía e insuficiente: tales acciones, más otras de mayor importancia, tendrían que haberse tomado desde hace años para evitar el profundo daño provocado en diversos ramos de la economía nacional por los términos mismos del TLCAN y por su cumplimiento irregular por Estados Unidos. Desde hace más de tres lustros, en efecto, sectores como el agrícola y el industrial han sido sometidos a un proceso integracionista profundamente desigual, suscrito en circunstancias de generalizada asimetría económica, industrial, salarial y de bienestar social en relación con Estados Unidos y Canadá, y provisto de instrumentos no equitativos y desfavorables para nuestro país en diversos terrenos.
Desde otro punto de vista, debe apuntarse que el incremento arancelario anticipado por Ruiz Mateos, si bien pareciera obedecer exclusivamente a criterios técnico-económicos, tiene como telón de fondo el reciente intercambio declarativo entre la Casa Blanca y Los Pinos por las críticas de algunas autoridades y medios estadunidenses en contra de la desastrosa política de seguridad del calderonismo; así sea en forma involuntaria, la medida anunciada ayer por la SE adquiere, por ello, un inevitable acento político.
Más allá de estas consideraciones, la reciente controversia por la prohibición al tránsito de los transportistas mexicanos en territorio estadunidense hace ver la procedencia de renegociar el TLCAN, a efecto de corregir las enormes deficiencias estructurales de éste, las cuales se han expresado en forma de una sostenida dependencia económica de México respecto a la nación vecina (lo que, hoy por hoy, agudiza los efectos de la crisis económica mundial en nuestro país, originada en el sistema financiero de Estados Unidos); el abandono de los entornos agrícolas, con la correspondiente pérdida sostenida de soberanía alimentaria, la destrucción de tejidos sociales comunitarios y la dolorosa emigración del agro; el desmantelamiento de la industria nacional, acompañado de contenciones salariales injustificables, y abaratamiento de la mano de obra nacional con el fin de beneficiar a los capitales trasnacionales. Tales factores, en conjunto, han profundizado la vulnerabilidad nacional, han confirmado las profecías planteadas por los críticos del TLCAN hace más de 15 años y han puesto en evidencia que el acuerdo de comercio trilateral fue concebido y diseñado para beneficio exclusivo de los grandes capitales, no de las personas.
En suma, aunque hace más de una década el instrumento comercial constituyó un espejismo de impulso económico para nuestro país, hoy es claro que no funciona y que, para colmo, ha empezado a ser factor adicional de tensión en la relación con el país vecino.
Durante la campaña presidencial del año pasado, el hoy mandatario estadunidense manifestó su interés por renegociar el tratado, y esa posibilidad fue desestimada por el jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, quien dijo que sería un error poner sobre la mesa al TLCAN y pidió a Obama que exhibiera suficiente talento y sentido común y abandonara la idea de modificarlo. Acaso no se tomó en cuenta, en ese momento, que amplios sectores de la sociedad mexicana, y por razones diferentes a las del hoy mandatario de Estados Unidos, han venido expresando su rechazo al acuerdo comercial desde antes de que se firmara, y hasta la fecha.
Hoy, cuando la crisis agudiza la disputa por mercados, inversiones y fuentes de empleo, es claro que la versión actual del tratado comercial debe ser modificada, no sólo para provecho de las sociedades, sino también para evitar nuevos desencuentros entre ambos gobiernos.
Alberto J. Olvera
¿Por qué sobrevive el PRI?
La supervivencia del PRI después de una transición democrática aparentemente exitosa plantea problemas de interpretación y retos políticos. El caso del PRI es único; ni siquiera en Europa del este se ha producido un proceso de derrota de un partido autoritario que luego vuelva al poder sin haber pasado por un cambio sustantivo. ¿Cómo entender esta persistencia? ¿Es posible construir una democracia con el protagonismo del sujeto político del régimen autoritario?
La anomalía histórica que plantea la supervivencia del PRI se explica por múltiples factores. El primero es lo incompleta de la transición democrática mexicana. Si bien el monopolio del poder en manos del presidente se rompió en 1997 y el PRI perdió la Presidencia en el 2000, las reglas del poder se mantuvieron incólumes. No ha habido cambios constitucionales relevantes, no hay nuevas políticas públicas ni instituciones que modifiquen las prácticas hegemónicas. No se destituyó al viejo régimen. No se instituyeron nuevas formas de relación democrática entre Estado y sociedad. La sociedad política se pluralizó y el poder se distribuyó entre más actores, pero sin cambiar los métodos ni la cultura dominantes en la época del PRI.
Esta continuidad se explica a su vez por dos factores. Primero, el PRI conservó el control de “nichos autoritarios”, especialmente los gobiernos estatal y municipal, que por acuerdo entre Zedillo y el PAN fueron beneficiados desde hace 12 años por una descentralización de capacidades de ejecución de políticas públicas y de recursos fiscales, sin correspondencia de deberes de transparencia y rendición de cuentas. Además, el PRI sigue teniendo un poder de veto parlamentario que le ha permitido administrar los modestos cambios constitucionales y legales que los gobiernos del PAN han impulsado.
Segundo, el PRI y el PAN carecían de líderes visionarios y de un proyecto alternativo. Lejos de culminar la transición democrática con un profundo cambio constitucional e institucional del Estado, el PAN y el PRD se concentraron en juegos de poder de corto plazo. No entendieron que estaba en juego la estructura política del régimen autoritario, cuyo fundamento era la precariedad de los derechos civiles y sociales, el particularismo como modo de relación Estado-sociedad, el privatismo en las relaciones Estado-empresarios y la corrupción como sustituto de una institucionalidad y una legalidad sólo discrecional y episódica. Y esta estructura no fue tocada.
En vez de desmontar el régimen autoritario, el PAN, el PRD y el PRI, junto con los partidos-empresas familiares, extendieron y socializaron el carácter neopatrimonial del Estado, la apropiación privada de los bienes y de las funciones del Estado, ahora ya no sólo en las manos del PRI, sino colectivizadas a todos los partidos y nuevos barones del poder en la alta burocracia. Lejos de abrirse el espacio público a la ciudadanía, hubo un asalto al Estado desde una clase política expandida que se ha asegurado el monopolio de estos privilegios.
El fracaso del PAN y del PRD en lograr una mínima transformación del tejido moral de la vida pública ha sido la consecuencia de su propia falta de principios y prácticas democráticas, expresada en elecciones internas manipuladas o fraudulentas; en la incapacidad de sus cuadros de mando; en la ausencia de un proyecto alternativo; en su incapacidad para castigar la corrupción y la patente violación de la ley por parte de propios y extraños. En ese contexto se entiende que el PRI no pague un precio por el escandaloso comportamiento de su góber precioso ni por la incompetencia y autoritarismo del gobernador de Oaxaca, por no mencionar las artes premodernas de Fidel Herrera en Veracruz. El PRI se puede dar el lujo de ser el mismo de siempre, gracias a que frente a sí sólo tiene a alumnos desaventajados de sus propias prácticas antidemocráticas.
México no es un Estado fallido, pero sí experimentamos una transición fallida. No emergieron nuevas normas y principios morales ni nuevas prácticas y formas de la política. No cambiaron leyes ni instituciones. Las elecciones competitivas no crearon un nuevo piso moral sobre el cual se asentara una cultura democrática, ni se protegió la ciudadanía con nuevas políticas públicas. El PRI vive y puede volver a la Presidencia porque sus prácticas y su cultura política no fueron cuestionadas, sino asimiladas y apropiadas por los demás actores políticos. La sociedad civil permitió con su pasividad y permisividad este desenlace. Es tiempo de volver a la movilización y la crítica.
Sociólogo
La anomalía histórica que plantea la supervivencia del PRI se explica por múltiples factores. El primero es lo incompleta de la transición democrática mexicana. Si bien el monopolio del poder en manos del presidente se rompió en 1997 y el PRI perdió la Presidencia en el 2000, las reglas del poder se mantuvieron incólumes. No ha habido cambios constitucionales relevantes, no hay nuevas políticas públicas ni instituciones que modifiquen las prácticas hegemónicas. No se destituyó al viejo régimen. No se instituyeron nuevas formas de relación democrática entre Estado y sociedad. La sociedad política se pluralizó y el poder se distribuyó entre más actores, pero sin cambiar los métodos ni la cultura dominantes en la época del PRI.
Esta continuidad se explica a su vez por dos factores. Primero, el PRI conservó el control de “nichos autoritarios”, especialmente los gobiernos estatal y municipal, que por acuerdo entre Zedillo y el PAN fueron beneficiados desde hace 12 años por una descentralización de capacidades de ejecución de políticas públicas y de recursos fiscales, sin correspondencia de deberes de transparencia y rendición de cuentas. Además, el PRI sigue teniendo un poder de veto parlamentario que le ha permitido administrar los modestos cambios constitucionales y legales que los gobiernos del PAN han impulsado.
Segundo, el PRI y el PAN carecían de líderes visionarios y de un proyecto alternativo. Lejos de culminar la transición democrática con un profundo cambio constitucional e institucional del Estado, el PAN y el PRD se concentraron en juegos de poder de corto plazo. No entendieron que estaba en juego la estructura política del régimen autoritario, cuyo fundamento era la precariedad de los derechos civiles y sociales, el particularismo como modo de relación Estado-sociedad, el privatismo en las relaciones Estado-empresarios y la corrupción como sustituto de una institucionalidad y una legalidad sólo discrecional y episódica. Y esta estructura no fue tocada.
En vez de desmontar el régimen autoritario, el PAN, el PRD y el PRI, junto con los partidos-empresas familiares, extendieron y socializaron el carácter neopatrimonial del Estado, la apropiación privada de los bienes y de las funciones del Estado, ahora ya no sólo en las manos del PRI, sino colectivizadas a todos los partidos y nuevos barones del poder en la alta burocracia. Lejos de abrirse el espacio público a la ciudadanía, hubo un asalto al Estado desde una clase política expandida que se ha asegurado el monopolio de estos privilegios.
El fracaso del PAN y del PRD en lograr una mínima transformación del tejido moral de la vida pública ha sido la consecuencia de su propia falta de principios y prácticas democráticas, expresada en elecciones internas manipuladas o fraudulentas; en la incapacidad de sus cuadros de mando; en la ausencia de un proyecto alternativo; en su incapacidad para castigar la corrupción y la patente violación de la ley por parte de propios y extraños. En ese contexto se entiende que el PRI no pague un precio por el escandaloso comportamiento de su góber precioso ni por la incompetencia y autoritarismo del gobernador de Oaxaca, por no mencionar las artes premodernas de Fidel Herrera en Veracruz. El PRI se puede dar el lujo de ser el mismo de siempre, gracias a que frente a sí sólo tiene a alumnos desaventajados de sus propias prácticas antidemocráticas.
México no es un Estado fallido, pero sí experimentamos una transición fallida. No emergieron nuevas normas y principios morales ni nuevas prácticas y formas de la política. No cambiaron leyes ni instituciones. Las elecciones competitivas no crearon un nuevo piso moral sobre el cual se asentara una cultura democrática, ni se protegió la ciudadanía con nuevas políticas públicas. El PRI vive y puede volver a la Presidencia porque sus prácticas y su cultura política no fueron cuestionadas, sino asimiladas y apropiadas por los demás actores políticos. La sociedad civil permitió con su pasividad y permisividad este desenlace. Es tiempo de volver a la movilización y la crítica.
Sociólogo
Enrique del Val Blanco
Trasiego inmoral
Tuvimos en México a la señora Carla Bruni y a su esposo, el presidente de Francia, quien “vino, vacacionó y venció”, dejando al gobierno y a la Cámara de Senadores en ridículo, como hemos leído.
Este hiperactivo presidente tiene una pobre imagen en su país. Entre las muchas críticas que le hacen hay una que puede aplicarse a muchos gobiernos, incluyendo el nuestro: la referente a las idas y vueltas de altos funcionarios entre las actividades pública y privada, y que favorecen prácticas incompatibles con un Estado imparcial.
Según la revista Le Nouvel Observateur, “en Francia no existe empresa privada nacional o internacional que no tenga entre sus cuadros directivos a algún alto funcionario del pasado que utiliza sus conocimientos y en especial sus relaciones para favorecer intereses privados”.
Lo que argumentan esos personajes es que al dejar el servicio público deben vivir de algo, y qué mejor que esos puestos muy bien remunerados para desarrollar labores particularmente de intermediaros con funcionarios actuales, o sea, como grupo de presión.
En Francia se denomina “pantuflismo” al acto de pasar a los confortables puestos del sector privado a enriquecerse. El propio señor Sarkozy, que tiene una visión peculiar al respecto, se permitió declarar: “La República es el Estado imparcial y hay que pasar de la República de las connivencias a la República de las competencias”. Máxima que en los hechos ha incumplido.
También en Estados Unidos esos comportamientos son comunes. Hay decenas de personas que han transitado de lo privado a lo público y viceversa, como los señores Rubin y Paulson, que de secretarios del Tesoro con los señores Clinton y Bush pasaron a desempeñarse en la hoy tan prestigiada banca estadounidense. Incluso en el gabinete actual el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, fue cabildero de la correduría Goldman Sachs.
Uno de los hechos más lamentables para la administración del señor Obama fue cuando propuso como secretario de Salud a Thomas Dashle, quien renunció por supuestos problemas fiscales, cuando el motivo real era haber ganado millones de dólares cabildeando para empresas farmacéuticas a las que ahora debía supervisar.
En México llevamos varios años viendo esos casos, especialmente con miembros del Congreso y funcionarios hacendarios que antes, durante y después de sus encargos han litigado asuntos para empresas particulares, enriqueciéndose sin el menor rubor y algunos argumentando con gran cinismo que no hay contradicción.
La legislación mexicana es muy laxa en estos casos y más aún con la ineficiencia demostrada por el dizque órgano de control federal.
Nuestro país tiene que avanzar y eliminar la práctica de designar en altos puestos a los amigos —muchos sólo han laborado en el sector privado—, sin tomar en consideración los requerimientos para ser funcionario, porque esos amigos han demostrado su incapacidad y mantenerlos le está saliendo muy caro al gobierno actual y al país.
Analista político y economista
Este hiperactivo presidente tiene una pobre imagen en su país. Entre las muchas críticas que le hacen hay una que puede aplicarse a muchos gobiernos, incluyendo el nuestro: la referente a las idas y vueltas de altos funcionarios entre las actividades pública y privada, y que favorecen prácticas incompatibles con un Estado imparcial.
Según la revista Le Nouvel Observateur, “en Francia no existe empresa privada nacional o internacional que no tenga entre sus cuadros directivos a algún alto funcionario del pasado que utiliza sus conocimientos y en especial sus relaciones para favorecer intereses privados”.
Lo que argumentan esos personajes es que al dejar el servicio público deben vivir de algo, y qué mejor que esos puestos muy bien remunerados para desarrollar labores particularmente de intermediaros con funcionarios actuales, o sea, como grupo de presión.
En Francia se denomina “pantuflismo” al acto de pasar a los confortables puestos del sector privado a enriquecerse. El propio señor Sarkozy, que tiene una visión peculiar al respecto, se permitió declarar: “La República es el Estado imparcial y hay que pasar de la República de las connivencias a la República de las competencias”. Máxima que en los hechos ha incumplido.
También en Estados Unidos esos comportamientos son comunes. Hay decenas de personas que han transitado de lo privado a lo público y viceversa, como los señores Rubin y Paulson, que de secretarios del Tesoro con los señores Clinton y Bush pasaron a desempeñarse en la hoy tan prestigiada banca estadounidense. Incluso en el gabinete actual el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, fue cabildero de la correduría Goldman Sachs.
Uno de los hechos más lamentables para la administración del señor Obama fue cuando propuso como secretario de Salud a Thomas Dashle, quien renunció por supuestos problemas fiscales, cuando el motivo real era haber ganado millones de dólares cabildeando para empresas farmacéuticas a las que ahora debía supervisar.
En México llevamos varios años viendo esos casos, especialmente con miembros del Congreso y funcionarios hacendarios que antes, durante y después de sus encargos han litigado asuntos para empresas particulares, enriqueciéndose sin el menor rubor y algunos argumentando con gran cinismo que no hay contradicción.
La legislación mexicana es muy laxa en estos casos y más aún con la ineficiencia demostrada por el dizque órgano de control federal.
Nuestro país tiene que avanzar y eliminar la práctica de designar en altos puestos a los amigos —muchos sólo han laborado en el sector privado—, sin tomar en consideración los requerimientos para ser funcionario, porque esos amigos han demostrado su incapacidad y mantenerlos le está saliendo muy caro al gobierno actual y al país.
Analista político y economista
Javier Corral Jurado
La honrada medianía
Entre las causas que atizan la irritación social contra la política y los políticos están los sueldos tan altos de que gozan los funcionarios públicos y los representantes populares. Mucho más porque la enorme cuantía de las percepciones contrastan no sólo con magros resultados del ejercicio de las funciones, sino con la miseria que se extiende en amplias capas de la sociedad.
En México la clase política goza de prestaciones y retribuciones económicas privilegiadas en relación con otros sistemas políticos y burocráticos en el mundo, con mejores índices de calidad de vida y desarrollo democrático, por cierto.
De esta contradicción emana la ilegitimidad de los gobernantes y la decepción de los gobernados. El abuso que se tiene en este tema no hace más que explicar el rechazo ciudadano a la participación político-electoral, y el descrédito que sufre el sistema de partidos en general. Muchos ciudadanos sienten que con los altos sueldos se premia el fracaso, la indolencia y el incumplimiento del deber.
Muy lejos está la visión que sobre el estado de derecho y la retribución suficiente expresara el presidente Benito Juárez, quien delineó, ya desde 1858, la ruta de la verdadera austeridad republicana: “Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.
A más de 150 años de aquella advertencia, debemos reconocer el sentido contrario en que caminaron los empleos públicos y sus dotaciones. Se ha hecho tarde para poner bajo un sistema de control, transparencia y reducción considerable las percepciones de los empleados y funcionarios de la Federación, los estados y los municipios, por lo que no puede seguir posponiéndose las reformas constitucionales y legales en esta dirección.
Fijar un tope a los salarios públicos es una de las primeras medidas. Sin embargo, con todo y que el Senado exhortara a la colegisladora para concretar la nueva ley, ha vuelto a detenerse en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja, donde tiene dos años, pues les fue remitida desde el 13 de marzo de 2007.
Se trata de una reforma constitucional cuya base estipula que si el máximo cargo de responsabilidad es el de presidente de la República, el máximo salario que debiera haber sea ése, y a partir de ahí todos los demás sujetarse a ese parámetro.
Esta disposición toca también a los magistrados del Tribunal Electoral, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los consejeros de la Judicatura, los consejeros del IFE y los magistrados y jueces de los poderes judiciales de los estados. Se menciona que las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, aportaciones a fondos de retiro, o ahorro y cualquier remuneración en dinero o en especie, se mantendrán si no excede el máximo referido a la remuneración del presidente de la República.
El reciente proyecto de dictamen concede una nueva facultad a la Cámara de Diputados: definir en el Presupuesto de Egresos de la Federación los salarios máximos que recibirán no sólo los funcionarios del gobierno federal, sino también de los Poderes Judicial y Legislativo, y los entes autónomos como el IFE y la CNDH.
Esto es fundamental, pues establece un límite al otorgamiento de aumentos salariales en los llamados órganos autónomos, a los que no les funciona a veces ni la sujeción a las leyes ni la sensibilidad social ante la crisis financiera, como es el caso de la mayoría de los consejeros del IFE que pretendieron otorgarse un aumento salarial de 100%.
Sin embargo, esa conducta es muy común entre los gobernadores, los diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores, por lo que también es relevante la reforma al artículo 116 para que los congresos locales fijen los salarios de los servidores públicos conforme a los criterios del artículo 127.
El tema es de amplio consenso entre la población, y al interior de los partidos es una de las preocupaciones de los militantes. Quieren ver a sus legisladores comprometidos con una mejor distribución del ingreso. Quieren ver a los servidores públicos viviendo en la honrosa medianía que proporciona la retribución justa.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
En México la clase política goza de prestaciones y retribuciones económicas privilegiadas en relación con otros sistemas políticos y burocráticos en el mundo, con mejores índices de calidad de vida y desarrollo democrático, por cierto.
De esta contradicción emana la ilegitimidad de los gobernantes y la decepción de los gobernados. El abuso que se tiene en este tema no hace más que explicar el rechazo ciudadano a la participación político-electoral, y el descrédito que sufre el sistema de partidos en general. Muchos ciudadanos sienten que con los altos sueldos se premia el fracaso, la indolencia y el incumplimiento del deber.
Muy lejos está la visión que sobre el estado de derecho y la retribución suficiente expresara el presidente Benito Juárez, quien delineó, ya desde 1858, la ruta de la verdadera austeridad republicana: “Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.
A más de 150 años de aquella advertencia, debemos reconocer el sentido contrario en que caminaron los empleos públicos y sus dotaciones. Se ha hecho tarde para poner bajo un sistema de control, transparencia y reducción considerable las percepciones de los empleados y funcionarios de la Federación, los estados y los municipios, por lo que no puede seguir posponiéndose las reformas constitucionales y legales en esta dirección.
Fijar un tope a los salarios públicos es una de las primeras medidas. Sin embargo, con todo y que el Senado exhortara a la colegisladora para concretar la nueva ley, ha vuelto a detenerse en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja, donde tiene dos años, pues les fue remitida desde el 13 de marzo de 2007.
Se trata de una reforma constitucional cuya base estipula que si el máximo cargo de responsabilidad es el de presidente de la República, el máximo salario que debiera haber sea ése, y a partir de ahí todos los demás sujetarse a ese parámetro.
Esta disposición toca también a los magistrados del Tribunal Electoral, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los consejeros de la Judicatura, los consejeros del IFE y los magistrados y jueces de los poderes judiciales de los estados. Se menciona que las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, aportaciones a fondos de retiro, o ahorro y cualquier remuneración en dinero o en especie, se mantendrán si no excede el máximo referido a la remuneración del presidente de la República.
El reciente proyecto de dictamen concede una nueva facultad a la Cámara de Diputados: definir en el Presupuesto de Egresos de la Federación los salarios máximos que recibirán no sólo los funcionarios del gobierno federal, sino también de los Poderes Judicial y Legislativo, y los entes autónomos como el IFE y la CNDH.
Esto es fundamental, pues establece un límite al otorgamiento de aumentos salariales en los llamados órganos autónomos, a los que no les funciona a veces ni la sujeción a las leyes ni la sensibilidad social ante la crisis financiera, como es el caso de la mayoría de los consejeros del IFE que pretendieron otorgarse un aumento salarial de 100%.
Sin embargo, esa conducta es muy común entre los gobernadores, los diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores, por lo que también es relevante la reforma al artículo 116 para que los congresos locales fijen los salarios de los servidores públicos conforme a los criterios del artículo 127.
El tema es de amplio consenso entre la población, y al interior de los partidos es una de las preocupaciones de los militantes. Quieren ver a sus legisladores comprometidos con una mejor distribución del ingreso. Quieren ver a los servidores públicos viviendo en la honrosa medianía que proporciona la retribución justa.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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