Calderón viola la Constitución

José Francisco Gallardo Rodríguez
generalgallardo@yahoo.com.mx

El 96 aniversario de la creación del Ejército Mexicano es marcado por un severo cuestionamiento sobre su actuación en la seguridad pública y la lucha anticrimen: ejecuciones y detenciones extrajudiciales, torturas, violaciones a mujeres, etcétera, que acumula más de dos mil quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, según su último informe, y varias ante organismos internacionales, todas ellas históricamente impunes; las organizaciones de derechos humanos destacan violaciones graves a la ciudadanía y al derecho internacional, las más infames y cruentas que pueda cometer un ejército en contra de su pueblo en un Estado que se jacta de ser democrático.
Calderón calificó de cobardes a quienes utilizan a mujeres y niños para provocar el repliegue del Ejército, en referencia a las protestas de los llamados
tapados, y demandó que nadie confunda los bandos, porque los enemigos del país están en la delincuencia organizada.
Durante el festejo advirtió que las fuerzas armadas seguirán combatiendo sin tregua ni cuartel donde operen grupos delictivos que intenten apoderarse de comunidades enteras, merced a la inacción, al temor y en ocasiones a la franca cooptación de las autoridades encargadas de defenderlas.
Prometió que sólo cuando se haya recuperado el estado de derecho en las zonas vulneradas por la delincuencia y las autoridades estén en plena capacidad de combatir este flagelo, entonces el Ejército se dedicará a otras misiones. Para ello, aseguró que la sociedad urge a los civiles a acelerar el paso en la depuración de sus cuadros policiacos.
A quienes claman por abolir el fuero de guerra, el alto mando militar dijo que nunca es cobijo de impunidad y se comprometió a que el Ejército no encubrirá a nadie, pero también apoyará a sus integrantes si la acusación no fuese probada.
Resaltó que la labor subsidiaria que realiza el Ejército para la preservación de la seguridad pública tiene sustento jurídico, y por ello consideró necesario el debate legislativo para analizar este soporte. Por tanto, es urgente fortalecer las seis jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la materia y dio la bienvenida a todas las iniciativas e impulsos que se realicen para consolidar esta legislación.

Ahora bien, si el presidente tiene la facultad de utilizar toda la fuerza del Estado, incluso al Ejército, para tutelar la seguridad de la nación y el orden interno, esa potestad no puede ser ejercida si no es con apego al marco constitucional, conforme lo señala el artículo 29, que contempla los estados de excepción para enmarcar legalmente el uso de la fuerza y sujetarla a la rendición de cuentas y al respeto a los derechos humanos. Por tanto, el presidente no puede apelar a la sociedad el cumplimiento del estado de derecho violando la Constitución.
Por otro lado, las declaraciones del alto mando lejos de enviar a la sociedad un mensaje de certidumbre, se tornan en una amenaza, las jurisprudencias de la SJCN que tienen que ver con el manejo de la fuerza militar se dieron en un contexto de crisis institucional donde la gestión zedillista tenía sometida a la Corte. Si bien ésta está facultada para interpretar la Constitución, ello no le da derecho a trastocar sus principios fundamentales y la civilidad del Estado, a saber: en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.
Así de fácil y sencillo, luego la SCJN coludida con el poder político y militar, es cómplice de la crisis de seguridad que padecemos y del debilitamiento del poder armado del Estado al apartarlo de su función constitucional de defensa nacional.
Contrario a las declaraciones del alto mando, el fuero de guerra históricamente ha sido un manto de impunidad para proteger a los militares violadores de derechos humanos y a las cúpulas del poder militar. Estimados lectores de Forum, ¿cuántos militares han sido juzgados en la historia por violaciones a los derechos humanos? Ninguno. Además la justicia militar es una “justicia de mando”, dependiente directamente del secretario de la Defensa y del Poder Ejecutivo, los tribunales militares no existen dentro del Poder Judicial federal. Por tanto, el fuero de guerra al trastocar el orden institucional y jurídico del Estado debe ser abrogado; la argucia de su existencia para tutelar la disciplina militar por ser ésta el soporte del Ejército, es insostenible. Quien sostiene a las instituciones del Estado es el pueblo, no la disciplina militar.
Así las cosas, los derechos humanos no deben someterse a la disciplina militar, porque son derechos inalienables, imprescriptibles e irrenunciables de toda la humanidad. Por nuestra historia, la reforma del Estado debe pasar forzosamente por la reforma del Ejército, así lo sostenemos desde hace tiempo. México debe establecer una nueva relación civil-militar democrática donde el poder castrense esté sometido al poder civil, sujeto a la rendición de cuentas, acotado al marco constitucional en su función exclusiva de defensa nacional. Sólo así podremos alcanzar la democracia.

¿Proyecto de nación?

Fausto Fernández Ponte
ffponte@gmail.com

“En México y concretamente en Nuevo León la democracia está de luto”.Mauricio Fernández, prominente panista.

Los personeros del poder político del Estado mexicano –emblematizado de facto en la investidura del presidente de la República– hablan no sin frecuencia somnífera, del “proyecto de nación” que preconizan y que, sin duda, construyen.

Mas ocurre que esos personeros del poder político del Estado representan, con arreglo al marco legal, los intereses de los partidos políticos y, dentro de éstos, los de las facciones, corrientes –o grupos o “tribus”– y no de los de la sociedad.

Éstos últimos intereses –los de la sociedad– son los de las entidades adheridas al pacto político-jurídico (o constitucional) que encuerpa a los Estados Unidos Mexicanos y a sus habitantes distribuidos en 300 distritos electorales.

Dado ese contexto, ¿cuál es el proyecto de nación que preconizan y construyen los personeros del poder político del Estado mexicano, que son el titular del Ejecutivo y los miembros del Legislativo y el Judicial?

La interrogante sugiere otras, pues el titular del Ejecutivo es de un partido político con su propio proyecto de nación, en tanto que los miembros del Legislativo y ministros del Judicial insisten en tres, si no es que cuatro, proyectos de nación, todos ellos antipodales, por plutocráticos.

¿Cuál sería el proyecto de nación que concite y convoque mayor consenso y adhesión social mayoritaria? Ninguno, sería la respuesta. Incluso, los gobernadores –verdaderos sátrapas de sus baratarias– tienen proyectos de nación dispares, que son antagónicos.

II
O carecen de ellos. Muchos legisladores carecen también de proyectos de nación; lo mismo pudiérese decir sin hipérbole acerca de los ministros judiciales. Su proyecto de nación sería, si acaso, el de tener asegurado sus altísimos salarios y gajes.

Seguir viviendo del presupuesto de ingresos del poder político del Estado. No en vano el ya fallecido político y diplomático veracruzano César Garizurieta, autor de un libro filosófico-humorístico titulado El apóstol del ocio, acuñó el aforismo de que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error.

Así, desde el proyecto de nación crematístico –el de no vivir en el error si se está fuera del presupuesto de ingresos– hasta la cosmovisión panista (para muchos muy similar a la vaticana, la priísta e incluso a la de ciertos perredistas), lo vero es que el país tiene dilemas. Grandes dilemas.

Por atañer éstos dilemas a la existencia misma de México –como entelequia que se concreta filosófica, jurídica, política y culturalmente en el Estado mexicano–, éstas disyuntivas causan conflictos hondos. Como abstracción sábese qué se querría o habría querido, más no qué se quiere.

No sabe el mexicano cómo verbalizar para fines de concreción sus abstracciones acerca de lo que querría, para qué lo querría y cómo lo querría. Nótese que el verbo querer es conjugado aquí como condicional simple pospretérito. Querría no quiere querer o que quiere ni que querrá.

Pero más allá de los matices del verbo para identificar un anhelo popular, lo que emerge como verismo es que los mexicanos parecen no saber con axactitud y certeza si poseen, en un sentido colectivo y contractualista –de contrato social– un proyecto de país.

III
El tema es asaz atinente, a propósito del proceso electoral convocado para el 5 de julio para renovar la Cámara de Diputados –cuerpo colegiado que conforma el poder político del Estado–, pues los aspirantes a curules no preconizan ni remotamente salidas a la crisis ocurrente.

Esos aspirantes –o precandidatos–, si se analizan sus trayectorias públicas respectivas, han tenido –y tienen– responsabilidad como autores intelectuales y materiales de la crisis; ésta deviene de la hibridación de un proyecto de nación demostradamente inviable.

Esa responsabilidad, si bien puede comprenderse en términos estrictos de la moral política y la ética social, es criminógena, contribuyendo a la comisión de una forma de genocidio que antojaríase perversa. El proyecto actual es acusadamente antisocial, antipueblo.

¿Y por qué es antisocial la mixtura de proyecto de nación que tratan de instrumentar los personeros del poder político del Estado? Porque fomenta la corrupción y la ineptitud y ha creado más pobreza y desempleo (desigualdad e injusticia) y estilos inicuos de ejercer el poder.

Los aspirantes a representar a los mexicanos en la Cámara de Diputados son abanderados de los proyectos de nación cuya hibridación es ajena y hasta opuesta a los intereses sociales. ¿Por qué votar por ellos, si proponen más de lo mismo y por añadidura empeorado?

No es de sentido común votar a favor de quienes nos mantienen en la crisis y cuyas promesas electorales son las de profundizar ésta. Esos precandidatos responden precisamente al interés de reforzar un proyecto de nación que tiene a México sin crecer desde hace 27 años.

Glosario

Contratualista: dícese de aquello adherido a un contrato social entendido éste como norma deontológica.

Hibridación: de hibridar. Se dice de todo lo que es producto de elementos de distinta naturaleza. Proceso de hibridar. Convertir en híbrido algo.