SINÓNIMO DE MEXICO : IMPUNIDAD

La impunidad
Luis Javier Garrido

La liberación de los criminales materiales de Acteal es consecuencia de las componendas del PAN y de Felipe Calderón con Ernesto Zedillo, principal responsable del crimen que horrorizó al mundo en 1997.

1. La decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de erigirse por vez primera desde las reformas de 2005 en tribunal de legalidad y poner en libertad a 20 de los paramilitares sentenciados por la ejecución de 45 campesinos tzotziles, miembros de la organización Las Abejas, en su mayoría mujeres y niños, en Acteal, municipio de Chenalhó (Chiapas), el 22 de diciembre de 1997, en el contexto del plan de contrainsurgencia paramilitar urdido por el entonces presidente Ernesto Zedillo y sus colaboradores militares y civiles, confirma que se trató de un crimen de Estado y que el régimen político de entonces es el mismo de hoy.

2. El fallo de la Corte pone de manifiesto, además de su sumisión a Los Pinos, y ello debería ser una alerta para todos los mexicanos, que las mafias que controlan el poder en México y que han integrado no sólo los intereses de financieros y seudo empresarios salinistas y filopanistas con miembros de la clase política del PRI y el PAN, militares e intelectuales de la derecha oficialista, particularmente activos en la preparación del fallo vergonzoso, están dispuestas a todo con tal de seguir controlando el poder económico y político en México.

3. La chicana judicial que utiliza el gobierno de Felipe Calderón para exonerar a los responsables de Acteal es la misma que usó de manera reiterada Carlos Salinas de Gortari a lo largo de su sexenio en diversos crímenes de Estado y que parte de una falacia: si la acusación en un caso es deficiente y se sustenta en imputaciones mal fundadas, entonces los indiciados son inocentes, lo que supone una patraña: basta en los crímenes de Estado que el Ministerio Público no integre ex profeso de manera correcta el expediente acusatorio o incluya en él pruebas falsas para que años después se libere al probable responsable como víctima de una arbitrariedad o de un error judicial. Como la osamenta sembrada en una propiedad suya y por sus propios cómplices no era la de Manuel Muñoz Rocha, uno de sus instrumentos en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, Raúl Salinas de Gortari era supuestamente inocente del crimen, y se le liberó. Y ahora en el caso de Acteal es lo mismo.

4. El expediente acusatorio de Acteal no fue mal integrado, sin embargo, como consecuencia de las deficiencias de nuestro sistema de justicia, como muchos creen, sino deficientemente elaborado y de manera expresa para proteger a los principales responsables de ese crimen de lesa humanidad: el presidente Zedillo y su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, y para abrir la vía a la liberación de los autores materiales. Ésa, y no otra, es la responsabilidad que deberá enfrentar el entonces procurador Jorge Madrazo, responsable de la averiguación.

5. La impunidad es el rasgo fundamental de los crímenes de Estado, pues quienes los cometen obran no sólo por móviles personales (que pudieran o no tenerlos), sino que actúan en nombre de los intereses de la clase dominante y del grupo que encabeza el Estado y lo utiliza para fines facciosos, y por esa razón se les promete una inmunidad de facto ante la justicia, como aconteció con los responsables de Acteal, a los que ahora se les cumple. La movilización nacional y el escándalo internacional impidieron que en su momento se liberara a ese grupo de presuntos, pero evidentes responsables materiales del crimen, lo que ahora se está haciendo por motivos estrictamente políticos, suponiendo de manera errónea el grupo calderonista que las condiciones en el país han cambiado.

6. La derechización del aparato estatal, que se ha acentuado en México durante el gobierno de facto, ha entrañado como consecuencia que los grupos mafiosos en el poder actúen con mayor prepotencia y desprecio hacia el pueblo y que sin reparo utilicen a las instituciones para satisfacer sus objetivos, sin importarles el desprestigio al que las han arrastrado. El caso más grave no deja de ser el de la Suprema Corte, que en los últimos años convalidó el fraude electoral de 2006, ha solapado las acciones anticonstitucionales y delictivas de las fuerzas armadas, encubrió los actos criminales de los gobernadores Ulises Ruiz, de Oaxaca, y Mario Marín, de Puebla; avaló la represión política en Atenco, y ahora pone en libertad a autores materiales del crimen de Acteal.

7. El fallo político y no jurídico de la primera sala no hace más que confirmar que en México no se produjo un cambio de régimen político en 2000, como pretenden los panistas y la derecha intelectual, y que sólo hay una pasmosa continuidad del mismo régimen autoritario definido por la tecnocracia priísta en las dos últimas décadas del siglo XX, que sigue estando controlado por unas cuantas mafias, y del cual los dos gobiernos del PAN no han sido otra cosa que un triste episodio, pues quienes se benefician de él pretendían recuperar con los panistas la legitimidad política perdida con el PRI y lo único que han alcanzado ha sido un mayor desastre en todos los órdenes.

8. En uno de sus últimos textos sobre Acteal (La Jornada del 10 de agosto), Hermann Bellinghausen cita con ironía involuntaria la afirmación que hacen los analistas del oficialismo considerando al de Zedillo como “el último gobierno del viejo régimen” cuando lo cierto es que el país ha estado inmerso en los últimos decenios en el mismo régimen, que no ha hecho otra cosa que tratar de reconvertirse haciendo nulos los derechos de la nación mexicana, cancelando derechos individuales y sociales a los mexicanos y creando mecanismos de control cada vez más autoritarios en un marco de impunidad.

9. Los responsables materiales de Acteal han sido puestos en libertad, pero en el momento actual no debe olvidarse que los culpables intelectuales que urdieron el crimen en su desesperación por amedrentar a las comunidades zapatistas de Chiapas siguen siendo intocables: Zedillo y Chuayffet, su entonces titular de Bucareli, y buen número de militares.
10. Lo más sorprendente en el nuevo vuelco que dio el caso Acteal es que puso de relieve que todo el cúmulo de intereses oscuros que dominaban hace 12 años en el país prevalecen, y eso es algo que el pueblo de México no puede, no debe permitir más.

El verdadero enigma de Acteal
Hermann Bellinghausen

Ya que se hablaba del enigma, del jeroglífico de la masacre, cabe preguntarse si lo hay, y cuál sería. ¿La Clínica de Interés Público del CIDE y su división de estudios jurídicos? No creo. Ya ven cómo son los abogados. Independientemente de si el defendido es o no culpable, incluso de crímenes horrendos, sus defensores se plantean el reto intelectual y jurídico de sacarlo de la estacada aprovechándose de los recovecos de las leyes, las alianzas de clase (alta) y, si se puede, la coyuntura política.

El abogado Javier Cruz Angulo, sus antecesores, colaboradores, asesores y pupilos de la bien llamada clínica lograron un éxito profesional equivalente al que sacó de la cárcel a Raúl Salinas de Gortari o al asesino intelectual de Manuel Buendía, José Antonio Zorrilla Pérez. No hay enigma, sólo un logro con valor curricular y que, presumen, sentará precedente, lo que para un litigante es una medalla de oro.

Claro, suele ocurrirles a los abogados: a fuerza de atenuar los filos en apego a las formas, terminan por convencerse de la inocencia de sus defendidos. Más cuando comparten una filiación religiosa, como en este caso. Los defensores que embarcaron al CIDE en la aventura comparten la religión de un buen número de los paramilitares, y ha sido un elemento explícito en su trabajo. Eso tampoco plantea enigma.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, subordinada al Poder Ejecutivo y a los intereses de las clases dominantes, puede ser una vergüenza, pero su determinación del miércoles pasado no encarna ningún enigma. A los jueces les presentaron un cold case del pasado (pero el quid era su malhechura), y en acatamiento de las normas, dictaminó la libertad de los paramilitares, sin por ello eximirlos de culpabilidad.

El PRI, que a la sazón de la matanza los tenía en sus filas y los protegía, ha nadado de muertito todos estos años. Nunca será un enigma. Como anunciaba un diputado suyo apenas una semana después de la masacre: no nos vamos a suicidar. No olvidar que era el partido del entonces presidente de la República. Ya hoy podrán recogerlos.

Manuel Anzaldo Meneses y Juana García Palomares (otrora frentecardenistas), quienes asesoraban política y productivamente en los tiempos de la guerra a los paramilitares de Chenalhó, los recibieron ahora a las puertas de la cárcel. Los quieren acoger, recuperar, alivianar, como un botín político. De entonces a hoy, estos dos personajes no representan un enigma; antes bien, un eslabón estable de la cadena contrainsurgente.

En cambio, sí resulta un enigma que un escritor, historiador y periodista como Héctor Aguilar Camín se embarcara, en esa triple condición, en la defensa decidida de un grupo de personas, indígenas de Chiapas, involucrados en una guerra encubierta de manual contra sus iguales, llamándolos contrarios. Intenta rescribir la historia, que según él está mal contada, y se ofrece para mejorarla. Le parece un enigma.

Sus únicas fuentes directas para tan objetiva empresa son los propios asesinos confesos (¿no serán una parte interesada?) y su entorno. Luego, testigos de lujo como los mencionados Anzaldo y García Palomares, o bien conocedores de la zona como su desinteresado colega Juan Pedro Viqueira, especialistas en guerrilla como Gustavo Hirales, y por supuesto los abogados de los presos. Se permite ignorar la montaña de evidencias testimoniales y documentales sobre la ofensiva paramilitar (nunca la acepta como tal) que condujo a la masacre del 22 de diciembre de 1997 y además causó el despojo permanente de casas, cultivos y tierras de miles de contrarios a sus defendidos.

El investigador nunca consultó a las víctimas, ni a Las Abejas como organización, ni a los organismos civiles que acompañaron y acompañan a la fecha a Las Abejas y a las comunidades autónomas zapatistas. Mucho menos a los zapatistas. Eso sí, se sumergió en los expedientes de la PGR y usó como materia prima el desprestigiado Libro blanco de dicha dependencia (1998); ambos, producto de una diligencia ministerial pobre, confusa, atenida a fuentes discutibles, y a partir de una destrucción de la escena del crimen definitivo.

Con esos elementos, elabora una versión de los hechos donde le faltan piezas, hay cosas que no entiende, y en bien de la verdad, y nada más, quisiera dilucidar. Será imposible que con esos elementos, ordeñados sólo del lado que él llama antizapatista, logre desentrañar un enigma que no existe. No, en todo caso, allí donde él rasca para encontrarlo.

En una respuesta publicada en este diario, Aguilar Camín dice que el autor de estas líneas le atribuye, de una entrevista que sólo él (yo) ha visto, el dicho de que el grupo de Las Abejas eran abejas de día y alimañas de noche. Y añade: “No es un dicho mío, era un dicho común de los antizapatistas de la zona que yo he citado para mostrar que no todos creían en la neutralidad política de Las Abejas. El dicho correcto es ‘Abejas de día, zapatos (zapatistas) de noche’” (La Jornada, 11 de agosto).

Le atribuyo la expresión que ha citado (aunque en el texto al cual responde se leía textualmente que él cita con regocijo). Pero no la niega. Y va más lejos (y más abajo): admite que él tradujo zapatos por alimañas. Esa es su aportación pues. Lo dicho: el lenguaje no perdona; el inconciente tampoco.

Indígenas: ¿objetos o sujetos?
Jaime Martínez Veloz

A ocho años de aprobadas las modificaciones constitucionales en materia indígena que desnaturalizaron los acuerdos de San Andrés Larráinzar, los resultados están a la vista.
La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expone que la brecha entre el índice de desarrollo humano indígena y no indígena es de 15 por ciento, en tanto que 50 ayuntamientos de población original, en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla y Tabasco registran las tasas más bajas de desarrollo humano municipal. Así, pues, los datos no mienten; quienes pontificaron acerca de que la nueva legislación era más avanzada que la elaborada por la Cocopa, pueden revisar los indicadores para confirmar que el atraso, la pobreza y la marginación mayor en este país radica en las zonas indígenas.

El antizapatismo, anidado en estamentos gubernamentales, empresariales, partidarios y militares, debe a la sociedad una explicación de su fracaso en materia de atención a las comunidades indígenas del país.

En paralelo, la justicia mexicana expresa en materia indígena las insuficiencias y la incompetencia que la caracterizan. El fallo de la Suprema Corte con respecto a Acteal desnuda el sistema de impartición y procuración de justicia: se fabrican culpables por encargo, pero el crimen sigue impune. Se elude la contextualización y se inventan conjeturas a modo.
La nueva formulación de los tinterillos gubernamentales habla de que hubo un enfrentamiento y después los muertos fueron apilados y macheteados, ahí mismo. Si es cierto que hubo enfrentamiento, ¿por qué los muertos sólo fueron de un lado? Los camaradas de ruta e intereses de Aguilar Camín le alaban su supuesto rigor para hacer la investigación de Acteal. ¿Será el mismo rigor que utilizó para plagiar los argumentos y la metodología utilizada por Pedro Ochoa Palacios en su libro sobre Colosio, Los días contados, que luego aparecieron en La tragedia de Colosio? Si es así, ¡qué jodidos estamos!

Se pretende que se olvide que las políticas de contrainsurgencia y paramilitarización –financiadas y apoyadas desde oficinas públicas y militares– tienen una responsabilidad directa en los hechos criminales. Tengo en mi poder una fotografía, donde en la comunidad de Limar, en el norte de Chiapas, el grupo Paz y Justicia era transportado en un camión militar a una reunión con la Cocopa, en abril de 1997. Esto podría ser un dato menor, si no existiera la prueba documental de que el grupo paramilitar firmó un acuerdo mediante el cual el general de la zona militar se comprometió a entregarle varios millones de pesos para sus actividades.
Acteal es y será una huella imborrable en el país, y sobrevino después que el gobierno rechazó cumplir los acuerdos en materia de derechos y cultura indígenas. En lugar de cumplir lo pactado, el gobierno armó indígenas y campesinos contrarios a los insurgentes para confrontarlos. Utilizando los instrumentos del Estado, convirtió a indígenas sin tierra en ejidatarios en el mismo sitio donde se encontraban los zapatistas para enfrentar a unos contra otros. Estos hechos no son el objeto de estudio de los intelectuales del poder, ya que sus patrones están preocupados porque esa parte de la historia pudiera ser borrada de todos lados.

La deuda en materia indígena debe empezar a saldarse con la construcción de un nuevo marco institucional y constitucional que permita la reconstrucción de las relaciones entre el Estado y los pueblos indios de México, donde éstos dejen de ser objeto de las políticas públicas y se conviertan en sujetos y constructores. Se trata del reconocimiento constitucional a una realidad social. Los pueblos indígenas persisten, han practicado y practican formas de organización social y política, y cuentan con culturas diferentes que por lo demás están en nuestras raíces como nación.

El concepto de pueblo indígena constituye una apuesta a su paulatina reconstitución, que no obliga a sus comunidades de manera mecánica a romper su unidad interna o transformarse y abrirse si no lo deciden, pero permite abrir un horizonte de futuro para aquellas que así lo definan. La propuesta, incluida en los acuerdos de San Andrés es reconocer la autonomía como garantía constitucional para los pueblos indígenas, con el fin de dotarlos de derechos específicos en torno a los aspectos sustantivos que constituyen su razón de ser como pueblos.
Reconocer a las comunidades indígenas como entidades de derecho público en atención a su origen histórico, les permitiría manejar recursos públicos, las dotaría de personalidad jurídica para ser sujetos de derechos en los asuntos que les atañen como realizar la planeación comunitaria de sus proyectos de desarrollo, asociarse libremente con otras comunidades o municipios para promover proyectos comunes que fortalezcan a los pueblos indígenas, otorgar presunción de legalidad y legitimidad a sus actos, definir representantes para la integración de los ayuntamientos y, entre otras funciones, establecer y aplicar las disposiciones relativas a su gobierno interno.

El Correo Ilustrado
Abogados refutan resolución sobre Acteal

A los cuatro ministros de la Suprema Corte que liberaron a los asesinos materiales de los indígenas de Acteal. Como abogados litigantes y conocedores del derecho penal, en relación con la incongruente resolución dictada, queremos señalar lo siguiente:

1. Sin tener facultades constitucionales para ello, actuaron como juez penal de primera instancia.

2. Resolvieron en contra de su propia jurisprudencia y criterios que han sostenido anteriormente, respecto de que las violaciones procesales cometidas en averiguación previa no pueden ser reclamadas en la sentencia definitiva.

3. La Suprema Corte sólo estudia casos en los que se reclama la interpretación de un precepto constitucional o lo que ustedes llaman novedades jurídicas; en este asunto no existía ninguno de estos supuestos.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico no tienen ninguna justificación para este acto. Lo que se advierte es su encubrimiento a los responsables materiales e intelectuales de la masacre, lo que también denota que su resolución fue tomada desde una posición ideológica y política, alejándose de su tarea de administrar justicia de manera imparcial y objetiva.

Manuel Fuentes, Samuel Porras, Víctor Manuel Ruiz, Luis Carlos Flores, Abelardo Cuéllar, José Luis León Salamanca, Roberto de la Rosa, Gerardo González, Edith Cinto, Leonardo Gómez, Ana Lilia Rendón López, Humberto Oseguera, Antonio Magaña, Santos García y Bárbara Zamora