Julio Hernández López: Astillero
El dato noticiosamente más relevante de la autodenominada Quinta Cumbre de Líderes de América del Norte fue que el mismo día de su clausura, unas pocas horas antes de los comunicados conjuntos y las conferencias de prensa, la administración de Felipe Calderón dio a conocer la existencia de un brumoso proyecto de narcoatentado contra el mismo michoacano que así ganó titulares en medios internacionales, tuvo materia propicia para robustecer en su discurso el tono de valentía, reto y triunfalismo que tanto le complace, ofreció anticipado testimonio oficial de que acá los soldados respetan puntualmente los derechos humanos que los comerciantes internacionales de droga sí violan, y consiguió apoyo expreso, casi militante, de su principal invitado, el presidente de Estados Unidos, que ofreció fondos y lo que sea necesario para que Calderón siga en territorio mexicano la guerra contra los cárteles estupefacientes.
La oportuna detención de los presuntos aspirantes a asesinos de elite se habría producido apenas un día antes, el domingo, en Culiacán, según la información ofrecida por un funcionario de talla burocrática muy reducida, en comparación con el objetivo en riesgo: Ramón Eduardo Pequeño García es el encargado de la sección tercera y del área antidrogas de la Policía Federal e hizo entender que cinco delincuentes adscritos a la banda de El Mayo Zambada fueron capturados el mismo día en que llegaban a México el presidente Obama y el primer ministro Harper, como resultado de una investigación iniciada un año atrás, cuando los directivos del cártel del Pacífico emitieron una amenaza de muerte contra Calderón a raíz de una serie de detenciones y aseguramiento de grandes cantidades de dinero a esa agrupación nada pacífica. Para cumplir tal amago, el decano Zambada habría comisionado a un operador financiero y no a un experto en ejecuciones, a Dimas Díaz Ramos, que ayer tuvo sus trágicos momentos de fama. Dimas, como el ladrón que junto a Gestas habría de acompañar al también crucificado Jesús, según los evangelios apócrifos que sí dieron los nombres de los dos ejecutados sin gloria que en los textos del cristianismo oficializado no fueron mencionados.
Aunque, a decir verdad, la crucifixión mediática que ayer vivió Dimas, el narco bajo órdenes de El Mayo Zambada, bien podría ser echada abajo por un juez que se atuviera tan sólo a las palabras acusatorias expresadas muy temprano por el funcionario Pequeño: según reportes de inteligencia de la administración felipista, dijo, “la amenaza fue realizada por el cártel del Pacífico, encomendando a Dimas Díaz Ramos los pormenores de un posible atentado”. ¿Los pormenores de un posible atentado? Un pormenor (término usado principalmente en plural) es, según la Real Academia Española, un conjunto de circunstancias menudas y particulares de algo o una cosa o circunstancia secundaria en un asunto. ¿A Dimas le encargaron lo secundario, lo menudo y particular de un posible atentado?
La peculiar coincidencia de tiempos entre la detención y la presentación en público de El Dimas, y el así inducido final declarativo de los autodeclarados líderes de Norteamérica, no debe llevar a suponer que no existan y no sean firmes las amenazas de muerte que ciertos bandos de narcotraficantes han hecho y seguirán haciendo contra el comandante en jefe de las operaciones bélicas en su contra. Lo llamativo del caso es la puntería con que fue insertado el tema por los propios subordinados del amenazado en la agenda mediática de un día que de otra manera habría quedado en un rosario de buenas intenciones y de presuntas hermandades subcontinentales asimétricas. Por cierto, y a propósito de El Dimas, que en el relato policiaco de ayer es el insospechado alias de una persona llamada Dimas, ha de mencionarse aquí la ridícula costumbre de los redactores de boletines policiacos de adjudicar a los presuntos delincuentes un obligatorio sobrenombre que así confirmaría la pertenencia al bajo mundo: si este tecleador algún día fuera acusado de pertenecer a la banda de Dimas y Gestas: ¿qué tiznaderas son éstas?, sin duda sería llamado El Julio en el reporte de barandilla.
Por lo demás, nada nuevo hubo. Rollo, retórica, bla, bla, bla. No tiene varita prodigiosa para hacer que se aprueben reformas migratorias, ha dicho el mago Obama (su número más reciente de ilusionismo ha sido el truco hondureño que permite sustituir un sombrero incómodo por un títere golpista, haciendo creer al respetable público que se conduele por la desaparición de uno y la imposición del otro; la maniobra ha recibido el más amplio reconocimiento de la publicación especializada en esos temas, El Pentágono). Y el ministro canadiense no ha querido moverse ni un centímetro atrás en materia de las visas que ahora exige a los mexicanos para ingresar a ese país crecientemente tomado por exiliados económicos.
La cortina de humo mediático de ayer, sin embargo, fue debidamente aprovechada para que la Suprema, Corta de Justicia, hiciera malabares técnicos que le permitieran eludir el entrar al fondo del tema del fuero militar. La decisión, tomada por una mayoría de ministros (de los pormenores a los pormayores), permitirá que los delitos y agravios cometidos por miembros de las fuerzas armadas queden, como hasta ahora, sometidos a los procesos internos de esas corporaciones. Grave es para México esa determinación superficial de la mencionada Corta, pues así continuarán las violaciones castrenses a los derechos humanos, en el marco de la guerra contra el narcotráfico, que Calderón tan vehemente niega (confeso espíritu de cuerpo), al grado de lanzar un reto tramposo para que se le diga de un ejemplo de esas violaciones en que no haya actuado la autoridad (...) en que no hayan respondido las autoridades competentes. Claro: en todos los casos han actuado las autoridades competentes, es decir, los propios mandos militares que dan curso a procesos íntimos, sin transparencia, a cuyo final los castigos son ínfimos o inexistentes. ¡Hasta mañana, con la venia de El lector!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
The three amigos se despidieron ayer en Guadalajara. El fin de semana, sin resultados espectaculares, tuvieron una reunión conjunta, luego el licenciado Calderón habló a solas con el primer ministro Stephen Harper y enseguida con el presidente Obama. No hubo reunión separada de Harper y Obama. ¿Quiere decir que no hay problemas importantes entre los dos ricos –a pesar de la crisis– vecinos del norte? Sí, claro que los hay. Uno es particularmente grave y concierne al Tratado de Libre Comercio. Sólo que Obama y Harper volverán a reunirse el próximo 16 de septiembre en Washington para discutirlo… sin la presencia del licenciado Calderón. Es un asunto que está causando irritación a los canadienses: la cláusula Buy American incluida en el plan de estímulo económico del gobierno de Estados Unidos, con la finalidad de promover el consumo preferente de productos y servicios americanos. La cláusula exige que los contratistas que reciban fondos del plan de estímulo utilicen únicamente materia prima, en particular acero, y equipos fabricados en Estados Unidos. Evidentemente es una forma de proteccionismo que no resulta aceptable al gobierno de Ottawa. Si las compañías canadienses son excluidas de la contratación de servicios de construcción, ingeniería y alta tecnología para favorecer a proveedores estadunidenses, resentirán un golpe rudo. Obama trató de dar tranquilidad en su mensaje de despedida. También tratará en su próxima reunión, separada, con Harper, el tema de la seguridad y el terrorismo, y, desde la perspectiva de vecinos poderosos, los riegos que representa la frontera del vecino fregadón del sur, que no ha podido hasta hoy controlar con eficacia la narcoviolencia.
El patito feo
¿Qué sentido tienen, pues, estas reuniones trilaterales si los amigos ricos tratan aparte, sin la presencia del pobretón, los temas que de veras les importan, aunque correspondan al ámbito del Tratado de Libre Comercio? Estuvieron muy contentos en Guadalajara, no faltaron los tequilazos y el mariachi, un fin de semana sin estrés, pero es claro que Estados Unidos y Canadá forman un mundo aparte, el primer mundo, y México pertenece al tercero, y va en camino a ocupar un sitio en el cuarto, sólo falta que se acabe el petróleo. Son distintos nuestros problemas: el licenciado Calderón pide trabajo a Estados Unidos para los paisanos que no lo encuentran en nuestra tierra; pide visas a Canadá, para los supuestos refugiados que en realidad también son personas sin empleo; pide dólares para combatir el narcotráfico, pero no se los dan hasta que el Departamento de Estado certifique que no viola derechos humanos. Etcétera. Esos problemas ya los superó el primer mundo. No tenemos empresas de construcción e ingeniería que vayan a ser afectadas por el Buy American, aunque las tuvimos y las quebraron las sucesivas devaluaciones. ¿Qué tenemos que hacer –aparte de un papel lamentable– ante nuestros vecinos primermundistas? ¿No es hora de voltear la mirada hacia el BIRC –el bloque de Brasil, India, Rusia y China– y también hacia los países de América Latina? Porque los presidentes de Estados Unidos y Canadá seguirán reuniéndose aparte a tratar lo que realmente les importa.
El patito feo
¿Qué sentido tienen, pues, estas reuniones trilaterales si los amigos ricos tratan aparte, sin la presencia del pobretón, los temas que de veras les importan, aunque correspondan al ámbito del Tratado de Libre Comercio? Estuvieron muy contentos en Guadalajara, no faltaron los tequilazos y el mariachi, un fin de semana sin estrés, pero es claro que Estados Unidos y Canadá forman un mundo aparte, el primer mundo, y México pertenece al tercero, y va en camino a ocupar un sitio en el cuarto, sólo falta que se acabe el petróleo. Son distintos nuestros problemas: el licenciado Calderón pide trabajo a Estados Unidos para los paisanos que no lo encuentran en nuestra tierra; pide visas a Canadá, para los supuestos refugiados que en realidad también son personas sin empleo; pide dólares para combatir el narcotráfico, pero no se los dan hasta que el Departamento de Estado certifique que no viola derechos humanos. Etcétera. Esos problemas ya los superó el primer mundo. No tenemos empresas de construcción e ingeniería que vayan a ser afectadas por el Buy American, aunque las tuvimos y las quebraron las sucesivas devaluaciones. ¿Qué tenemos que hacer –aparte de un papel lamentable– ante nuestros vecinos primermundistas? ¿No es hora de voltear la mirada hacia el BIRC –el bloque de Brasil, India, Rusia y China– y también hacia los países de América Latina? Porque los presidentes de Estados Unidos y Canadá seguirán reuniéndose aparte a tratar lo que realmente les importa.
Carlos Fernández-Vega: México SA
Concluyó una cumbre más, y de nueva cuenta las prioridades mexicanas lo único que recibieron fue un no ahora, después, más adelante. ¿Cuántos años acumula México con esas respuestas de sus amigos y socios en el ámbito trilateral? Algo así como tres lustros, mientras el inquilino en turno de Los Pinos se deshace por atender la agenda de sus vecinos, la estadunidense en especial. Prioridades, las de Estados Unidos y Canadá, en ese orden, porque según el trato recibido nuestro país puede esperar eternamente a que sus urgencias se resuelvan a la hora que sus vecinos lo deseen, si es que algún día lo hacen.
¿El asunto migratorio?: no es el momento; ¿la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte?: no es el momento; ¿la incorporación del capítulo migratorio en el TLCAN?: no es el momento; ¿empleo digno y seguro para la paisanada?: no es el momento; ¿combate bilateral al narcotráfico?: no es el momento; ¿que Canadá recule en lo de las visas a mexicanos?: no es el momento. Por lo visto nunca es el momento, porque transcurren los años, concluyen las cumbres, pasan los gobiernos, y nunca es el momento para atender las urgencias nacionales en el marco trilateral, con la siempre complaciente y sumisa aceptación de las autoridades de este lado.
Todo indicaría que no hay agenda mexicana, que el encargado en turno de Los Pinos asiste a las cumbres trilaterales simplemente para atender las prioridades de Estados Unidos (y ahora las de Canadá), a cambio de recibir palmaditas en la espalda, reconocimientos por tal o cual asunto y títulos nobiliarios como amigou (Bush dixit) o mi estupendo amigo (Obama ídem en la más reciente). ¿Y las prioridades mexicanas?: no es el momento.
No lo es, pero sí para atender las urgencias estadunidenses y, ahora, las canadienses. Que no hay condiciones legislativas para instrumentar una reforma migratoria en Estados Unidos, y Canadá determinó no dar marcha atrás a la imposición del visado a visitantes mexicanos (informó el embajador Arturo Sarukhán) es una sobada respuesta por parte del inquilino en turno de la Casa Blanca, mientras la negativa canadiense se mantendrá en tanto constate que la respuesta mexicana se limita a tímidos boletines de prensa y al clásico usted perdone, pero sería posible que me quitara el pie de la cara?.
¿En cuántas cumbres trilaterales no se ha dicho que el objetivo es promover la competitividad global, fomentar el bienestar ciudadano y otorgar más seguridad a nuestros países? ¿En cuántas aquello de seguridad fronteriza, seguridad energética, seguridad financiera, seguridad en salud, seguridad contra el narco?, mientras México hace el trabajo sucio y pone los muertos, sin mayores resultados para este lado de la frontera. ¿Dónde quedó la diplomacia mexicana? ¿Dónde los grandes embajadores que sacaban la casta?
Desde su campaña electoral, Barack Obama se comprometió a sacar adelante una reforma migratoria integral. Ya en la Casa Blanca hizo un tímido intento para abordar el tema, y se reunió con un grupo de legisladores de los dos partidos, quienes no se interesaron mayormente por el asunto, de tal suerte que el mandatario estadunidense asumió que no era el momento, y con esa actitud llegó a la cumbre de Guadalajara, porque primero se avanzará en la reforma en materia de salud, después en la energética y financiera, y finalmente en la migratoria, para que sea hasta el próximo año cuando se inicie el debate. Y Canadá, el siempre diplomático y negociador Canadá, entendió perfectamente cuál es el juego con México. Se subió a la línea trabajada por Estados Unidos y aplicó el truco.
Son otras las prioridades, y por el momento no es viable la presentación de un proyecto de reforma migratoria integral, le habría dicho Obama a su feliz anfitrión, quien quedó más que satisfecho con la negativa disfrazada de calificativo (mi estupendo amigo). México puede esperar otra cumbre, un nuevo periodo legislativo en Estados Unidos o incluso un nuevo inquilino de la Casa Blanca, pero que no tarde ni un segundo más de lo acordado para que le saque las castañas del fuego a sus vecinos del norte (seguridad energética, financiera, fronteriza, en materia de salud, narcotráfico y las que se acumulen), porque el paciente gobierno mexicano siempre espera y no desespera.
Al de la lengua larga y las ideas cortas –cada día más– le vieron la cara de panista permanentemente. No hubo año de su sexenio que Fox no festejara que ahora sí nos aprobaron la reforma migratoria. Por aquellos tiempos, todos aseguraban que no existía un presidente más oligofrénico que Bush, hasta que vieron a Fox celebrar la reforma migratoria. Y toca el turno a Calderón, porque, según su embajador en Washington, Obama le dijo que “si el resto de la agenda legislativa en Estados Unidos, en el Congreso, se mueve en la dirección correcta, podría abrirse un espacio –entre noviembre y marzo próximos– pero, evidentemente, hoy por hoy, esa reforma migratoria en este momento no está lista para ser presentada en el Congreso estadunidense”, es decir, lo mismo que Bush reiteradamente le dijo a Fox a lo largo de sus seis años.
Todo es urgente, pues, menos las prioridades del lado mexicano. Y así, hasta la próxima cumbre, en la que el inquilino de Los Pinos recibirá una sola respuesta: no es el momento, y él nuevamente dará las gracias y festejará, como hizo en Guadalajara, porque el próximo otoño inauguraremos el primer puente internacional que se construye después de varios años entre Estados Unidos y México. Pero de acuerdo migratorio, nada.
Las rebanadas del pastel
Y mientras el aletargado proyecto de la nueva refinería se desvanece entre la grilla y la burocracia, los lectores lanzan un S.O.S., toda vez que las autoridades respectivas son fieles sirvientes del capital trasnacional: como muchos usuarios de tarjeta de crédito, necesito orientación o consuelo. En 2008 recibí una invitación vía telefónica para una tarjeta de Santander con un crédito de 4 mil 900 pesos, la cual acepté. Resulta que por problemas de trabajo no pude seguir pagando los intereses, traté de llegar a un acuerdo con el banco y su respuesta es una mensualidad de 500 pesos durante un año, así acabaré pagando 12 mil 600 por dicho crédito, además sin la posibilidad de volver a usar dicha tarjeta. Ya acudí a la Condusef y me respondió que no podía intervenir porque el banco no estaba infringiendo el contrato. Sé que soy uno más de los que estamos en las manos de los bancos y sus intereses. ¿Habrá alguien que pueda ayudar? (Manuel Luna, manuelbl35@hotmail.com).
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
Cumbre de la simulación
Como podía preverse desde días antes, el encuentro en Guadalajara entre el primer ministro canadiense, Stephen Harper, y los jefes de Estado de Estados Unidos y México, Barack Obama y Felipe Calderón, fue un ritual protocolario en el que los temas fundamentales para los tres países estuvieron fuera de las mesas de conversación o bien fueron eludidos en sus aspectos centrales.
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El Correo Ilustrado
Carta de Hermann Bellinghausen
En su Respuesta al artículo Los desenterradores de Acteal, Héctor Aguilar Camín encuentra similitudes entre su reseña y mi relato del episodio de la aprehensión de una veintena de paramilitares la Navidad de 1997. Nada más faltaba que no las hubiera. Pero vale destacar que, al ser interceptados los paramilitares por el cortejo de los muertos, los encapuchados zapatistas que los acompañaban a la barranca de Acteal iban desarmados, como civiles que eran. Las únicas armas presentes fueron las de los policías municipales que custodiaban a los paramilitares (incluso a uno con chaleco antibalas). Al reportarlo, ahora y entonces, un servidor apela a su percepción presencial del momento; a casi 12 años de distancia me sigue pareciendo objetiva.
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La eventual decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de liberar a los implicados en la masacre de Acteal revelaría el fracaso del Estado mexicano para investigar y castigar a quienes cometen crímenes de tal magnitud; negaría el derecho a la justicia y la verdad de las víctimas y sus familiares, y abriría las puertas a la justicia internacional.
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En medio de presiones retrógradas, Barack Obama va definiendo su política exterior. Sus declaraciones iniciales de un mundo cercano a lo multipolar han ido cobrando mutaciones que son algo más que matices de las que parecen haber sido –o son– sus convicciones. Está claro que no son esas convicciones las que decidirán, sino el complejo de los intereses internos estadunidenses y las intrincadas negociaciones interpartidistas.
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¿Por qué la izquierda mexicana en su conjunto no puede o no ha querido hacer un balance de las consecuencias del Tratado de Libre Comercio (TLC) para México?
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Nadie puede decir que Felipe Calderón no cumple sus promesas de campaña. Durante las elecciones presidenciales de 2006 se comprometió a revisar el estado procesal de los expedientes formados con motivo de la masacre de Acteal. Mañana miércoles, dos años y medio después de ese compromiso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparará a los paramilitares que asesinaron a 45 personas en esa comunidad.
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Realmente parecería que no importa cuántas veces y en cuántos foros, reuniones, programas de televisión o juntas de alto y/o altísimo nivel se discuta, proponga o se decida que las cosas tienen que cambiar en México, la realidad es que a lo largo de los años el país y la forma de conducirlo no se modifica. Las consecuencias de esta obstinada e ineficiente conducción saltan a la vista, puesto que hoy día, tras la acumulación de más y más de lo mismo, el país está en un profundo hoyo del cual será cada vez más difícil salir. La economía, la educación, la seguridad, la salud, el medio ambiente, el turismo, los servicios públicos y la calidad de vida de los mexicanos están persistentemente en declive.
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Resulta habitual recurrir a la opinión pública para explicar comportamientos donde se cuestionan decisiones políticas. Son muchas las ocasiones en las cuales se aduce contar con la opinión pública para justificar declaraciones de guerra, establecer la pena de muerte o improvisar favores a gobiernos en pro de su legitimidad. Los partidos conservadores dicen gozar de su anuencia cuando llenan plazas loando la familia tradicional y lanzando voces contra el aborto y los matrimonios homosexuales. Por consiguiente, no todo acontecimiento se convertirá en objeto de culto para configurar opinión pública. Muchos hechos se quedan en las mesas de redactores y reporteros, o son descartados como escoria informativa. En contrapartida escuchamos repetidamente en horario de mañana, tarde y noche y leemos en las primeras páginas de los periódicos cuatro o cinco noticias que determinan la información, los titulares y el material gráfico.
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La epidemia ha sido superada. Se encuentra a la baja. Está controlada. Agradecemos a toda la población su participación para dejar atrás la contingencia sanitaria. Estas y otras frases son las que escuchamos constantemente después del episodio de pánico provocado por la influenza A/H1N1 el pasado abril. No estoy mintiendo. Lo anterior se puede corroborar en los propios boletines de la Secretaría de Salud (Ssa) y en los mensajes difundidos a través de la radio, al menos desde el 5 de mayo –el día que salvamos a la humanidad–, hasta la fecha.
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Ricardo Rocha
Detrás de la Noticia
Puro teatro
Primer acto.— En una de ésas, lo mejor de la mentada cumbre es el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Y es que la reunión de Guadalajara parece más vacía de contenidos que un reality show. Mucho ruido y pocas nueces: peanuts, dirían los que hablan inglés. Como si a los señores Obama, Harper y Calderón no les hubiera quedado otra que cumplir con lo programado.
Y, por cierto, muy mal programado porque se habló de todo y de nada. Sin haber establecido prioridades; como si no las hubiera para los tres países. Y ahí están los resultados. O más bien la falta de éstos: nada sobre una reforma migratoria; nada sobre ajustes al TLC; nada sobre una estrategia conjunta para enfrentar la crisis económica; nada sobre la cancelación de las visas canadienses.
En cambio, las anunciadas buenas intenciones para “modernizar la frontera”, combatir la influenza y acuerdos menores en materias comercial, ambiental y de seguridad parecen muy poca cosa. Sobre todo si consideramos el enorme tinglado y las consiguientes expectativas que todavía suelen generar estas mal llamadas cumbres.
Segundo acto.— En la sede nacional del PAN hay una enorme incertidumbre por ver quién gana la presidencia de ese partido: César Nava o César Nava. Y nada, que va ganando César Nava, ex secretario particular del presidente Calderón y candidato único haiga sido como haiga sido luego de una rebelioncita de chisguete.
Todavía hay ingenuos que especulan qué será César respecto a Felipe: un vasallo, un empleado o un robot a distancia desde Los Pinos. O si acaso el nuevo presidente azul tendrá las agallas para convertirse también en líder. Uno que se atreva a decirle a Calderón que por ahí no, que el país no puede seguir por ese rumbo y que lo del 5 de julio no es sino el aviso de una catástrofe total en las elecciones que faltan.
Tercer acto.— Una Suprema Corte de opereta melodramática. En la que lo mismo se produce un dictamen vergonzante del ultraderechista ministro Aguirre Anguiano, al que sólo le faltó felicitar al gobierno de Sonora y al IMSS por la aberración de la guardería de Hermosillo, que una votación contundente del pleno reparando la infamia. Una Corte que falla en más de un sentido cuando a pesar del dictamen del ministro Cossío para que los militares que cometen delitos civiles sean juzgados por tribunales civiles, decide que no; que los soldados seguirán siendo juzgados por ellos mismos.
Once ministros que habrán de demostrar si son capaces de hacer al fin justicia en Acteal, una de nuestras grandes heridas abiertas. Francamente, lo dudo.
Primer acto.— En una de ésas, lo mejor de la mentada cumbre es el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Y es que la reunión de Guadalajara parece más vacía de contenidos que un reality show. Mucho ruido y pocas nueces: peanuts, dirían los que hablan inglés. Como si a los señores Obama, Harper y Calderón no les hubiera quedado otra que cumplir con lo programado.
Y, por cierto, muy mal programado porque se habló de todo y de nada. Sin haber establecido prioridades; como si no las hubiera para los tres países. Y ahí están los resultados. O más bien la falta de éstos: nada sobre una reforma migratoria; nada sobre ajustes al TLC; nada sobre una estrategia conjunta para enfrentar la crisis económica; nada sobre la cancelación de las visas canadienses.
En cambio, las anunciadas buenas intenciones para “modernizar la frontera”, combatir la influenza y acuerdos menores en materias comercial, ambiental y de seguridad parecen muy poca cosa. Sobre todo si consideramos el enorme tinglado y las consiguientes expectativas que todavía suelen generar estas mal llamadas cumbres.
Segundo acto.— En la sede nacional del PAN hay una enorme incertidumbre por ver quién gana la presidencia de ese partido: César Nava o César Nava. Y nada, que va ganando César Nava, ex secretario particular del presidente Calderón y candidato único haiga sido como haiga sido luego de una rebelioncita de chisguete.
Todavía hay ingenuos que especulan qué será César respecto a Felipe: un vasallo, un empleado o un robot a distancia desde Los Pinos. O si acaso el nuevo presidente azul tendrá las agallas para convertirse también en líder. Uno que se atreva a decirle a Calderón que por ahí no, que el país no puede seguir por ese rumbo y que lo del 5 de julio no es sino el aviso de una catástrofe total en las elecciones que faltan.
Tercer acto.— Una Suprema Corte de opereta melodramática. En la que lo mismo se produce un dictamen vergonzante del ultraderechista ministro Aguirre Anguiano, al que sólo le faltó felicitar al gobierno de Sonora y al IMSS por la aberración de la guardería de Hermosillo, que una votación contundente del pleno reparando la infamia. Una Corte que falla en más de un sentido cuando a pesar del dictamen del ministro Cossío para que los militares que cometen delitos civiles sean juzgados por tribunales civiles, decide que no; que los soldados seguirán siendo juzgados por ellos mismos.
Once ministros que habrán de demostrar si son capaces de hacer al fin justicia en Acteal, una de nuestras grandes heridas abiertas. Francamente, lo dudo.
Javier Corral Jurado
Consejo Nacional panista
El empeño por la unanimidad, la institucionalidad y la disciplina, como únicos antídotos posibles para resarcir nuestra imagen pública frente al deterioro electoral, no tuvo en la conciencia del Consejo Nacional del PAN la obsecuencia esperada. Sobre todo en el debate que, a regañadientes, se abrió antes de la elección. Y fue simplemente irrebatible el tema de la supeditación política que, en distintos ámbitos del partido y no se diga en el gobierno, se ha tenido hacia el duopolio de la tv. Porque la tv que se ha erigido en poder impune, corruptor de la política y disruptor de la democracia, fue tema de discusión en nuestra sesión del fin de semana.
El consejo que votó mayoritariamente por César Nava como nuevo presidente del CEN del PAN tampoco se cuenta mentiras a sí mismo. Separados los asuntos, reflexión y elección, se manifestó en ambos a favor de manera muy clara. De ahí la validez de la exigencia que propuso dar pie primero a la discusión, y luego escoger un dirigente al tamaño de nuestros problemas y retos. Pero también de ahí que, fabricando de última hora una jugada alevosa —lástima de despedida—, Germán Martínez decidiera abrir a los medios de comunicación sólo su respuesta a algunos de nuestros argumentos en ese debate, pero no a nuestras intervenciones completas. Por el bien del derecho a la información que tienen todos los miembros del partido, la nueva dirigencia debe orear todas las intervenciones para que se contrasten las ideas.
La respuesta de Germán distorsionó el sentido de las preocupaciones presentadas en la tribuna del partido, y las colocó de nueva cuenta en la todavía insuperable disputa interna que para la candidatura presidencial de 2006 se libró entre Felipe Calderón y Santiago Creel, no obstante la brutal derrota entonces y la vergonzosa defenestración después que ha sufrido este último. Esa contienda sigue y no la alivian ni la épica gesta de esa victoria ni la remota posibilidad de la revancha.
No es cierto que hubiera por aquellos tiempos la más mínima exigencia pública de explicación sobre el actuar del entonces secretario de Gobernación, que ha pagado caro sus errores a manos de los propios beneficiarios. Al menos no de quienes dijeron que aún esperan explicaciones sobre las concesiones que Creel otorgó en materia de casinos a Televisa. Fui entonces el más crítico de esa conducta, y no vacilé en negarle mi apoyo para la candidatura y otorgárselo a Felipe Calderón. El tema fue crucial para la decisión que tomaron en esa disputa muchos miembros del partido. Aun cuando ya en la campaña constitucional —una vez usado internamente— se haya consentido, en un solo acto, uno de los mayores intentos de despojo al Estado y a la nación que fue la ley Televisa.
Creel ha tratado de corregir, a su manera y a su estilo; pero los privilegios, las canonjías, las cesiones y el disimulo en la aplicación de la ley han continuado. También uno de los efectos más perniciosos de aquella reforma legal de marzo de 2006 subsiste, no obstante la declaratoria de invalidez que a varias de sus normas dictó la SCJN: la mayoría de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el órgano regulador, está en manos de las dos televisoras; por eso pueden desafiar al gobierno, al Congreso, a los partidos, violar la Constitución, formar su propia bancada legislativa, usar los canales espejo para la digitalización como les da su gana, adjudicarse a sí mismos señales multiplex, burlar los horarios y tiempos de publicidad, no transmitir la propaganda electoral, eliminar candidatos de la pantalla, linchar a ministros, gobernadores, diputados o senadores de la República, y apostarse abiertamente con el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y demostrarle al PRI, y luego a todo el país, que si se lo proponen ellos pueden imponerlo como candidato, y luego hacerlo Presidente de la República.
Por eso me parece absurdo que a estas alturas, tras los resultados del 5 de julio, nos rasguemos las vestiduras de esa manera, cuando estamos viendo esa coalición triunfante no sólo sobre el PAN, sino sobre el estado de derecho, la democracia, la pluralidad, la competencia, las instituciones del país, incluido el Presidente de la República. La pregunta clave es qué papel queremos jugar como partido y gobierno sobre el actual proceso de reversión democrática, en el que la tv es punta y lanza.
En cuanto a la elección de César Nava, el segundo presidente más joven que tendrá el partido en su historia, debemos abrir la oportunidad a que cumpla lo ofrecido. No me voy de bruces como hace un año y medio, en el que desbordado, auguré incluso la vuelta al solidarismo. Pero no es menor lo que dijo: “Les pido que no me instruyan a ganar a costa de lo que sea. Ni me instruyan ni aceptaré. Vamos a ganar siendo fieles a lo que somos y a nuestra identidad”. Si ese eje discursivo se convierte en ruta de trabajo, en hechos, podremos empezar a recuperar la confianza de quienes nos han visto asemejarnos a nuestros adversarios, metidos en una mera disputa del poder por el poder mismo. Es hora de reencontrarnos con los intereses ciudadanos, y dejar atrás compromisos oprobiosos y alianzas indebidas. Claro que se puede, si se quiere.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
El consejo que votó mayoritariamente por César Nava como nuevo presidente del CEN del PAN tampoco se cuenta mentiras a sí mismo. Separados los asuntos, reflexión y elección, se manifestó en ambos a favor de manera muy clara. De ahí la validez de la exigencia que propuso dar pie primero a la discusión, y luego escoger un dirigente al tamaño de nuestros problemas y retos. Pero también de ahí que, fabricando de última hora una jugada alevosa —lástima de despedida—, Germán Martínez decidiera abrir a los medios de comunicación sólo su respuesta a algunos de nuestros argumentos en ese debate, pero no a nuestras intervenciones completas. Por el bien del derecho a la información que tienen todos los miembros del partido, la nueva dirigencia debe orear todas las intervenciones para que se contrasten las ideas.
La respuesta de Germán distorsionó el sentido de las preocupaciones presentadas en la tribuna del partido, y las colocó de nueva cuenta en la todavía insuperable disputa interna que para la candidatura presidencial de 2006 se libró entre Felipe Calderón y Santiago Creel, no obstante la brutal derrota entonces y la vergonzosa defenestración después que ha sufrido este último. Esa contienda sigue y no la alivian ni la épica gesta de esa victoria ni la remota posibilidad de la revancha.
No es cierto que hubiera por aquellos tiempos la más mínima exigencia pública de explicación sobre el actuar del entonces secretario de Gobernación, que ha pagado caro sus errores a manos de los propios beneficiarios. Al menos no de quienes dijeron que aún esperan explicaciones sobre las concesiones que Creel otorgó en materia de casinos a Televisa. Fui entonces el más crítico de esa conducta, y no vacilé en negarle mi apoyo para la candidatura y otorgárselo a Felipe Calderón. El tema fue crucial para la decisión que tomaron en esa disputa muchos miembros del partido. Aun cuando ya en la campaña constitucional —una vez usado internamente— se haya consentido, en un solo acto, uno de los mayores intentos de despojo al Estado y a la nación que fue la ley Televisa.
Creel ha tratado de corregir, a su manera y a su estilo; pero los privilegios, las canonjías, las cesiones y el disimulo en la aplicación de la ley han continuado. También uno de los efectos más perniciosos de aquella reforma legal de marzo de 2006 subsiste, no obstante la declaratoria de invalidez que a varias de sus normas dictó la SCJN: la mayoría de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el órgano regulador, está en manos de las dos televisoras; por eso pueden desafiar al gobierno, al Congreso, a los partidos, violar la Constitución, formar su propia bancada legislativa, usar los canales espejo para la digitalización como les da su gana, adjudicarse a sí mismos señales multiplex, burlar los horarios y tiempos de publicidad, no transmitir la propaganda electoral, eliminar candidatos de la pantalla, linchar a ministros, gobernadores, diputados o senadores de la República, y apostarse abiertamente con el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y demostrarle al PRI, y luego a todo el país, que si se lo proponen ellos pueden imponerlo como candidato, y luego hacerlo Presidente de la República.
Por eso me parece absurdo que a estas alturas, tras los resultados del 5 de julio, nos rasguemos las vestiduras de esa manera, cuando estamos viendo esa coalición triunfante no sólo sobre el PAN, sino sobre el estado de derecho, la democracia, la pluralidad, la competencia, las instituciones del país, incluido el Presidente de la República. La pregunta clave es qué papel queremos jugar como partido y gobierno sobre el actual proceso de reversión democrática, en el que la tv es punta y lanza.
En cuanto a la elección de César Nava, el segundo presidente más joven que tendrá el partido en su historia, debemos abrir la oportunidad a que cumpla lo ofrecido. No me voy de bruces como hace un año y medio, en el que desbordado, auguré incluso la vuelta al solidarismo. Pero no es menor lo que dijo: “Les pido que no me instruyan a ganar a costa de lo que sea. Ni me instruyan ni aceptaré. Vamos a ganar siendo fieles a lo que somos y a nuestra identidad”. Si ese eje discursivo se convierte en ruta de trabajo, en hechos, podremos empezar a recuperar la confianza de quienes nos han visto asemejarnos a nuestros adversarios, metidos en una mera disputa del poder por el poder mismo. Es hora de reencontrarnos con los intereses ciudadanos, y dejar atrás compromisos oprobiosos y alianzas indebidas. Claro que se puede, si se quiere.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
Enrique del Val Blanco
¿Hasta dónde quieren llegar?
Las tarifas de energía eléctrica se están convirtiendo en un tema explosivo, derivado fundamentalmente de la poca sensibilidad del gobierno que no entiende la realidad de millones de mexicanos.
Aun antes de anunciar el posible incremento de las tarifas, en varias partes del país se han manifestado campesinos y ciudadanos urbanos de clase media en protesta por los cobros de las entidades gubernamentales encargadas de dar el servicio: la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Incluso ya han encarcelado a algunos y hay órdenes de aprehensión contra cerca de 30 más por parte de la eficiente —siempre en estos casos— PGR. El problema es que se está creando una bola de nieve que crece día a día. Y no es con represión como se resolverá.
Los funcionarios de la SHCP —sólo preocupados por su déficit “cero”— argumentan que las tarifas están demasiado subsidiadas, por lo que hay que eliminar los subsidios, ya que incluso es una recomendación de la OCDE.
El problema radica en que la eliminación del subsidio, aunque sea paulatina, hará que miles no puedan pagar la luz y no porque no quieran, sino porque no tienen.
Años y años de abandono y de no apoyo a LyFC en materia de inversión para ser más eficiente y limpia han provocado lo que tenemos. Y ahora pretenden resolverlo con el camino fácil de incremento de precios y reducción de subsidios.
Incluso así lo ha manifestado el director de LyFC, al quejarse de la SHCP por la falta de presupuesto para modernizar la empresa. Además, tendría que acabarse con la política de que CFE venda la energía eléctrica a LyFC a los mismos precios de cualquier empresa, cuando ésta debe cobrar a los consumidores menores precios de los que le paga a CFE. Es un absurdo.
La política tarifaria también es cuestionable. Si algún consumidor no rebasa al bimestre 500 kilovatios —que es el consumo promedio de una familia de clase media—, paga casi un peso por kilovatio, pero si llega a 505 kilovatios al bimestre pagará cuatro pesos por kilovatio. Otro absurdo. Es correcto que quien más consuma pague más; pero no se vale que si se rebasa el límite le carguen el precio mayor a todo el consumo. Debería pagarse progresivamente por el excedente.
Esta política de precios causa gran malestar entre la población y no hay autoridad que escuche. Sólo cuando sienten la presión inventan otro “programa emergente”, como el de “tarjetas de crédito de luz” que supuestamente iniciará pronto. La solución no está en programas emergentes, sino en medidas de largo plazo que satisfagan a la población.
Hay que dotar de presupuesto suficiente a ambas compañías, especialmente a LyFC. Las zonas atendidas por esta empresa tienen cada día un servicio más ineficiente, incluyendo a la ciudad de México, donde constatamos que, aun siendo la capital del país, tenemos un servicio pésimo. Y no por culpa de los trabajadores, sino porque las autoridades hacendarias han dejado caer en la obsolescencia a la empresa y harán de la energía eléctrica y su suministro uno de los temas más candentes en los próximos meses.
Analista político y economista
Aun antes de anunciar el posible incremento de las tarifas, en varias partes del país se han manifestado campesinos y ciudadanos urbanos de clase media en protesta por los cobros de las entidades gubernamentales encargadas de dar el servicio: la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Incluso ya han encarcelado a algunos y hay órdenes de aprehensión contra cerca de 30 más por parte de la eficiente —siempre en estos casos— PGR. El problema es que se está creando una bola de nieve que crece día a día. Y no es con represión como se resolverá.
Los funcionarios de la SHCP —sólo preocupados por su déficit “cero”— argumentan que las tarifas están demasiado subsidiadas, por lo que hay que eliminar los subsidios, ya que incluso es una recomendación de la OCDE.
El problema radica en que la eliminación del subsidio, aunque sea paulatina, hará que miles no puedan pagar la luz y no porque no quieran, sino porque no tienen.
Años y años de abandono y de no apoyo a LyFC en materia de inversión para ser más eficiente y limpia han provocado lo que tenemos. Y ahora pretenden resolverlo con el camino fácil de incremento de precios y reducción de subsidios.
Incluso así lo ha manifestado el director de LyFC, al quejarse de la SHCP por la falta de presupuesto para modernizar la empresa. Además, tendría que acabarse con la política de que CFE venda la energía eléctrica a LyFC a los mismos precios de cualquier empresa, cuando ésta debe cobrar a los consumidores menores precios de los que le paga a CFE. Es un absurdo.
La política tarifaria también es cuestionable. Si algún consumidor no rebasa al bimestre 500 kilovatios —que es el consumo promedio de una familia de clase media—, paga casi un peso por kilovatio, pero si llega a 505 kilovatios al bimestre pagará cuatro pesos por kilovatio. Otro absurdo. Es correcto que quien más consuma pague más; pero no se vale que si se rebasa el límite le carguen el precio mayor a todo el consumo. Debería pagarse progresivamente por el excedente.
Esta política de precios causa gran malestar entre la población y no hay autoridad que escuche. Sólo cuando sienten la presión inventan otro “programa emergente”, como el de “tarjetas de crédito de luz” que supuestamente iniciará pronto. La solución no está en programas emergentes, sino en medidas de largo plazo que satisfagan a la población.
Hay que dotar de presupuesto suficiente a ambas compañías, especialmente a LyFC. Las zonas atendidas por esta empresa tienen cada día un servicio más ineficiente, incluyendo a la ciudad de México, donde constatamos que, aun siendo la capital del país, tenemos un servicio pésimo. Y no por culpa de los trabajadores, sino porque las autoridades hacendarias han dejado caer en la obsolescencia a la empresa y harán de la energía eléctrica y su suministro uno de los temas más candentes en los próximos meses.
Analista político y economista
Alberto Aziz Nassif
¿Dónde queda la justicia?
Resulta comprensible que cuando se pierde a un hijo en un incendio, como sucedió con los ya 49 niños muertos en el caso de la guardería ABC de Hermosillo, la demanda sea exigir que se haga justicia. Pero en los enredos de nuestro fallido sistema jurídico, las expectativas se pierden. Ante esta incertidumbre, quizá una forma de consuelo y elaboración del duelo sea que se conozca la verdad. Llegar hasta las últimas consecuencias para saber qué fue lo que ocurrió, por qué y cuáles son los niveles de responsabilidad de las autoridades locales, estatales y federales.
La expresión de esperanza de los padres de familia fue porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió por mayoría —de ocho votos contra tres— hacer uso de la facultad constitucional de investigar violaciones graves a las garantías individuales, como lo establece el artículo 97 de la Constitución.
El máximo tribunal del país es uno de los pocos espacios que quedan para alimentar alguna esperanza de que se ejerza justicia o, al menos, que se conozca lo que sucedió. Cuando la SCJN ejerce su facultad de investigación en materia de violación de garantías sus indagaciones no tienen carácter vinculatorio, pero sí una carga simbólica muy importante que puede hacer la diferencia. En algunos casos se ha logrado establecer un resultado que se apega a la verdad, pero la votación no logró la mayoría, como sucedió con la violación de garantías de Lydia Cacho. El caso de Hermosillo es inverso: el proyecto del ministro Aguirre renunciaba a la facultad constitucional, pero afortunadamente ganó la posición de entrar a la investigación. Así que en seis meses se tendrá la investigación sobre la tragedia de Hermosillo.
En estos días la Corte resolverá también el caso de la matanza de Acteal. El asesinato de 45 indígenas tzotziles (19 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, ocho hombres y 18 niños y niñas) en diciembre de 1997 regresa a la mesa de discusión. La información publicada estos días indica que la SCJN ha revisado los expedientes de 57 personas que fueron declaradas culpables de la matanza y están en la cárcel, pero sin entrar al análisis del fondo, es decir, si se trata de personas inocentes o culpables. La Corte ha revisado el procedimiento, y todo indica que se trata de expedientes que están mal integrados. Supuestamente a 40 personas les fue fabricado un expediente de culpabilidad (EL UNIVERSAL, 6/VIII/09). Otra vez la impartición de justicia se encuentra cuestionada.
En México no es nuevo que cuando los expedientes son notorios y relevantes, la acción de la justicia tiene cargas extra, que pueden ir desde la falsificación, el invento de pruebas, hasta la violación del debido proceso. Cuando la presión social y la opinión pública ejercen una cobertura importante, a veces se llega a fabricar culpables. Lo acabamos de ver con los supuestos responsables del caso Martí, en el que la autoridad del DF hizo el procesamiento de unos culpables y la autoridad federal lo hizo con otros responsables. Por otra parte, las cárceles del país están abarrotadas de personas inocentes y anónimas, que no tienen recursos para defenderse.
El caso de Acteal, que ya se acerca a los 12 años, es un expediente complicado. La otra versión la dan algunas organizaciones civiles, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, cercano a los sobrevivientes de la masacre, que declaró: “Los detenidos fueron señalados una y otra vez por testigos presenciales. No puede haber habido error en la identificación porque son gente que se conocen desde niños; algunos son hasta familiares. Si en este caso se les libera es por deficiencias en las averiguaciones previas, pero no porque son inocentes” (La Jornada, 8/VIII/2009). En ese mismo sentido, pero con el agravante de la intención, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, señaló: “El proceso contra los culpables deliberadamente se integró de forma deficiente a fin de que prevalezca la impunidad y no continúen en la cárcel (…) Políticamente dicen que el debido proceso no estuvo bien, pero lo que quieren es ocultar el crimen de lesa humanidad” (EL UNIVERSAL, 9/VIII/09).
Varias preguntas quedan sin respuesta: en el supuesto de que estas personas no sean culpables, entonces ¿dónde están los responsables de este homicidio de 45 personas? En el caso de que la Corte dictamine la liberación de estas personas por errores de procedimiento en su proceso, pero que según diversas organizaciones sociales sí son culpables, se necesitaría que la SCJN entre al fondo del asunto y haga una investigación sobre la inocencia o culpabilidad.
Sin duda, la Corte se encuentra, en términos morales, en una situación similar a la de la guardería ABC, en la que el criterio importante fue establecer la verdad de los hechos. Si simplemente se libera a los presos de Acteal, ¿dónde quedaría la verdad de lo que sucedió ese terrible 22 de diciembre de 1997? ¿Y dónde la responsabilidad? ¿Estamos ante un dilema entre procedimientos y justicia?
Veremos qué decide la Corte y qué consecuencias tiene este proyecto en la integración defectuosa de los expedientes, la fabricación de pruebas y las graves distorsiones que afectan la impartición de justicia en nuestro lastimado país. ¿Dónde queda la justicia?
Investigador del CIESAS
La expresión de esperanza de los padres de familia fue porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió por mayoría —de ocho votos contra tres— hacer uso de la facultad constitucional de investigar violaciones graves a las garantías individuales, como lo establece el artículo 97 de la Constitución.
El máximo tribunal del país es uno de los pocos espacios que quedan para alimentar alguna esperanza de que se ejerza justicia o, al menos, que se conozca lo que sucedió. Cuando la SCJN ejerce su facultad de investigación en materia de violación de garantías sus indagaciones no tienen carácter vinculatorio, pero sí una carga simbólica muy importante que puede hacer la diferencia. En algunos casos se ha logrado establecer un resultado que se apega a la verdad, pero la votación no logró la mayoría, como sucedió con la violación de garantías de Lydia Cacho. El caso de Hermosillo es inverso: el proyecto del ministro Aguirre renunciaba a la facultad constitucional, pero afortunadamente ganó la posición de entrar a la investigación. Así que en seis meses se tendrá la investigación sobre la tragedia de Hermosillo.
En estos días la Corte resolverá también el caso de la matanza de Acteal. El asesinato de 45 indígenas tzotziles (19 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, ocho hombres y 18 niños y niñas) en diciembre de 1997 regresa a la mesa de discusión. La información publicada estos días indica que la SCJN ha revisado los expedientes de 57 personas que fueron declaradas culpables de la matanza y están en la cárcel, pero sin entrar al análisis del fondo, es decir, si se trata de personas inocentes o culpables. La Corte ha revisado el procedimiento, y todo indica que se trata de expedientes que están mal integrados. Supuestamente a 40 personas les fue fabricado un expediente de culpabilidad (EL UNIVERSAL, 6/VIII/09). Otra vez la impartición de justicia se encuentra cuestionada.
En México no es nuevo que cuando los expedientes son notorios y relevantes, la acción de la justicia tiene cargas extra, que pueden ir desde la falsificación, el invento de pruebas, hasta la violación del debido proceso. Cuando la presión social y la opinión pública ejercen una cobertura importante, a veces se llega a fabricar culpables. Lo acabamos de ver con los supuestos responsables del caso Martí, en el que la autoridad del DF hizo el procesamiento de unos culpables y la autoridad federal lo hizo con otros responsables. Por otra parte, las cárceles del país están abarrotadas de personas inocentes y anónimas, que no tienen recursos para defenderse.
El caso de Acteal, que ya se acerca a los 12 años, es un expediente complicado. La otra versión la dan algunas organizaciones civiles, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, cercano a los sobrevivientes de la masacre, que declaró: “Los detenidos fueron señalados una y otra vez por testigos presenciales. No puede haber habido error en la identificación porque son gente que se conocen desde niños; algunos son hasta familiares. Si en este caso se les libera es por deficiencias en las averiguaciones previas, pero no porque son inocentes” (La Jornada, 8/VIII/2009). En ese mismo sentido, pero con el agravante de la intención, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, señaló: “El proceso contra los culpables deliberadamente se integró de forma deficiente a fin de que prevalezca la impunidad y no continúen en la cárcel (…) Políticamente dicen que el debido proceso no estuvo bien, pero lo que quieren es ocultar el crimen de lesa humanidad” (EL UNIVERSAL, 9/VIII/09).
Varias preguntas quedan sin respuesta: en el supuesto de que estas personas no sean culpables, entonces ¿dónde están los responsables de este homicidio de 45 personas? En el caso de que la Corte dictamine la liberación de estas personas por errores de procedimiento en su proceso, pero que según diversas organizaciones sociales sí son culpables, se necesitaría que la SCJN entre al fondo del asunto y haga una investigación sobre la inocencia o culpabilidad.
Sin duda, la Corte se encuentra, en términos morales, en una situación similar a la de la guardería ABC, en la que el criterio importante fue establecer la verdad de los hechos. Si simplemente se libera a los presos de Acteal, ¿dónde quedaría la verdad de lo que sucedió ese terrible 22 de diciembre de 1997? ¿Y dónde la responsabilidad? ¿Estamos ante un dilema entre procedimientos y justicia?
Veremos qué decide la Corte y qué consecuencias tiene este proyecto en la integración defectuosa de los expedientes, la fabricación de pruebas y las graves distorsiones que afectan la impartición de justicia en nuestro lastimado país. ¿Dónde queda la justicia?
Investigador del CIESAS
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