Julio Hernández López: Astillero
En lo alto –deidad electrónica, dadora de favores electorales y vengativa cobradora de agravios– está la tele. Y a ella se ha plegado, mediante arreglos no escritos, el panismo oficialmente gobernante. Al menos eso es lo que dicen algunos de los disidentes del dedazo felipista que hizo dirigente formal del PAN (haiga sido como haiga sido) a César Nava. Para refutar esa acusación de sometimiento a las instrucciones del duopolio televisivo, que hoy es peñanietista a conveniencia facturable, el exitoso Germán Martínez ha pronunciado un discurso de vehemencias en la reunión de consejo nacional que cumplió con la instrucción llegada desde la parte más alta de Los Pinos (es decir, la copa) para instalar al ex secretario particular de Felipe Calderón como secretario de asuntos electorales del gabinete derrotado. En esas alturas partidistas se borra todo el historial del fracaso reciente en los comicios por haber puesto a un mono de ventrílocuo como líder: para que no falle la fórmula catastrófica se le repite: César, hoy, como Germán ayer. Ante la aberración, aprobada por un conjunto de consejeros mayoritariamente enrolado en cargos y beneficios federales (una versión empeorada del clásico PRI-gobierno) el desesperado Chente Fox critica la designación felipista y continúa su proceso de convertirse en oportunista opositor de su propia hechura electoral. Y, retador, desbordado, habla de todo y de todos en declaraciones a la prensa que intencionalmente coinciden con el momento en que Calderón pretende mostrarse como político fuerte, con control, frente a los visitantes norteamericanos.
Los designios de la superioridad han de cumplirse, como ha sucedido en el caso de la abogada regiomontana Raquenel Villanueva, intensamente involucrada en asuntos de criminalidad peligrosa, defensora de casos y causas con etiqueta de alto riesgo, a la que habían intentado asesinar en cuatro ocasiones. Villanueva fue atacada en un concurrido centro comercial del primer cuadro de Monterrey, a pesar de la vigilancia que debería prestarle un par de agentes federales comisionados para cuidar a quien era testigo protegido de la procuraduría federal de justicia. Lo que Raquenel sabía y hacía ha sido borrado de golpe en un ataque que subraya la indefensión de los ciudadanos en general, convertidos en partícipes involuntarios de fuegos cruzados y persecusiones entre la muchedumbre.
Carlos Navarrete está en la cima: los senadores del PRD le han confirmado en su cargo de coordinador de esa bancada, lo que le sostiene en la condición de virtual presidente de la mesa directiva de esa cámara por designación del todopoderoso Manlio Fabio Beltrones, que así paga la lealtad y colaboración del guanajuatense afecto a las canciones de José Alfredo Jiménez. Miembro de la famosa Nueva Izquierda chuchista, Navarrete estará en condiciones de reproducir (con mejor estilo, según se ha visto en ensayos previos) el papel del buen izquierdista moderno que se flagela haciendo autocrítica que complace a los poderosos de verdad, es decir, los empresarios y patrones confederados, y la tele súbitamente dispuesta a dar tribuna a los aliados perredistas con la misma energía que borra de la pantalla a quienes le incomodan o no juegan a la simulación democrática.
Las cumbres borran cosas (nada que ver con la novela escrita por Emily Bronte, que luego fue convertida en películas, musicales y miniseries). O, mejor dicho, no las informan: lo importante no está en los boletines de prensa ni las declaraciones oficiales, sino en las reuniones privadas y los tratos que se mantienen en secreto. Las reuniones de la cúspide burocrática de Norteamérica tienen la rectoría de Estados Unidos, que sobrelleva la relación con su vecino canadiense y avanza en el control de su patio trasero sureño, en un proceso de reformulaciones que centralmente busca preservar los intereses de la gran potencia. México, en particular, asiste en gran desventaja a esos encuentros de formalización de acuerdos previamente tomados por grupos de trabajo ajenos a los reflectores (ayer, una de las primeras notas informativas mencionaba que Canadá y Estados Unidos capacitarán a la policía mexicana). Felipe Calderón carece de la fuerza suficiente para defender lo que el decoro exige en reuniones de este corte. Débil, puesto en jaque por el narcotráfico al que obviamente no ha podido derrotar, atropellado escandalosamente por el PRI en términos electorales, al frente de una economía en picada, con una sociedad altamente agraviada y ansiosamente necesitado de que el mando gringo le tome bajo tutela y le ayude a sobrellevar el muy difícil trienio que aún le queda por transitar (if), el michoacano que ofrece recepciones en Guadalajara es hoy, de cara a los acuerdos secretos que se tomarán en la cumbre protocolaria, un peligro para la historia, la soberanía y la viabilidad de México.
Astillas
El manejo de la política social está en el menú con que el priísmo electoralmente triunfador se sentará a la mesa de las decisiones compartidas para ser atendido por el panismo mesero en busca de propinas. Por larga experiencia, el partido de los tres colores sabe la importancia del uso con sentido clientelar de los fondos gubernamentales de combate a la pobreza y de atención a las necesidades básicas de la población. Y ahora, luego de ver que el blanquiazul ni siquiera sabe manejar adecuadamente ese instrumento electoral, el priísmo voraz exige que le permitan tomar el timón. Por ello es que, en la huasteca potosina, el anodino secretario de Desarrollo Social del felipismo ha dicho que no se permitirá que el programa Oportunidades sea manejado, con la vista puesta en las urnas, por quienes ya se lamen los bigotes. Lo malo, para el incoloro secretario y su jefe, es que esos bigotes lamidos y relamidos son los mismos que se despacharon el pasado 5 de julio a un PAN transmutado en corderito... Y, mientras se sigue sobrecalentando el asunto de la refinería, ¡hasta mañana, en esta columna borrascosa!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Enrique Galván Ochoa: Dinero
El presidente Obama se ha reunido seis veces con Stephen Harper, primer ministro de Canadá, y cinco con el licenciado Calderón, en privado o en grupo. Sin embargo, en este caso frecuencia no significa buen entendimiento ni creciente amistad. De hecho el mexicano cerró la posibilidad a una relación más allá del protocolo cuando se declaró partidario del senador McCain, contrincante republicano derrotado. McCain conoce mejor a México, dijo, cuando sus oponentes atacaban al aspirante mulato por su déficit de experiencia internacional. Una rudeza innecesaria, sin embargo, no impidió que meses después lo rescatara del naufragio financiero con un préstamo multimillonario en dólares. Ahora se vuelven a reunir en Guadalajara y el licenciado michoacano estará librando dos guerras… perdidas.
La guerra de las croquetas
El joven mariscal de campo del calderonismo, Gerardo Ruiz Mateos, también cobra, y mucho, como secretario de Economía; nos sorprendió el mes de marzo anterior con la noticia de que había declarado una guerra comercial a Estados Unidos. Subió el gravamen de importación a una lista de productos, entre ellos las croquetas, alimento de los canes en los hogares que pueden pagarlas, ya que la perrada populachera se gana el sustento al borde de los botes de basura. Uno de los obuses que disparo el joven estratega militar pegó en un callo de Santa Clos: los arbolitos que lleguen a México la próxima Navidad tendrán un sobreprecio. Sin embargo, su belicosidad no arredró al Senado ni a las compa-ñías de transporte de carga de Estados Unidos, y menos al poderoso sindicato de los Teamsters, que dieron origen al añejo conflicto, al prohibir que compañías mexicanas rueden sus camiones en las autopistas del otro lado. Recientemente acordaron olvidarse de la guerra de las croquetas y decidieron demandar por su cuenta una indemnización por 6 mil millones de dólares por violaciones a los derechos que les otorga el Tratado de Libre Comercio. El licenciado michoacano saldrá de su nueva reunión con Obama del mismo modo como entre: con una promesa renovada, pero con las manos vacías.
La guerra de las visas
Está en la agenda una conversación privada con el primer ministro de Canadá. Uno de los temas es el de las visas, que recientemente comenzó a exigir el gobierno de Ottawa a todo mexicano que visite su territorio. Venía enfrentando el problema de millares de paisanos que buscaban refugio político en su territorio, cuando en realidad sólo huyen del desempleo y el hambre. Como represalia, la generala Patricia Espinosa, que también cobra demasiado como secretaria de Relaciones Exteriores, declaró que comenzaría a exigir visa al personal diplomático canadiense (pero no a los turistas, para no encender los ánimos de los hoteleros de Cancún, Acapulco, Mazatlán y demás zonas devastadas por el mal manejo de la influenza). Los comentaristas canadienses socarronamene dijeron que la belicosa canciller estaba actuando contra las leyes de la competencia comercial: ¿por qué sólo exigir Visa, y no MasterCard y American Express? El licenciado Calderón saldrá de la reunión con las manos vacías, el país de la hoja de maple (conocida también como arce) no dará marcha atrás.
El nuevo embajador
¿Entonces es otra cumbre sin trascendencia la de Guadalajara? Difícil decirlo. Hará su debut el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual. Es un experto en lo que se ha dado por llamar Estados fallidos. Va a hacer mucho ruido, de ese que no se oye.
Despidos en Bancomext
El Sindicato Único y Democrático de los Trabajadores de Bancomext denuncia que continúan los despidos de personal. Ante el fracaso de la iniciativa presidencial para dar la puntilla al banco y fusionarlo con Nacional Financiera, frenada a finales de abril por el Senado de la República, las autoridades han resuelto proseguir el desmantelamiento de la institución por la vía de los hechos y anunciaron ya otro recorte de 18 por ciento en la plantilla de personal, dice. Algo extraño está sucediendo, porque, por otro lado, se cocina un préstamo de mil 400 millones de pesos para Mexicana de Aviación. Es un nuevo salvavidas para la multirescatada aerolínea.
El presidente Obama se ha reunido seis veces con Stephen Harper, primer ministro de Canadá, y cinco con el licenciado Calderón, en privado o en grupo. Sin embargo, en este caso frecuencia no significa buen entendimiento ni creciente amistad. De hecho el mexicano cerró la posibilidad a una relación más allá del protocolo cuando se declaró partidario del senador McCain, contrincante republicano derrotado. McCain conoce mejor a México, dijo, cuando sus oponentes atacaban al aspirante mulato por su déficit de experiencia internacional. Una rudeza innecesaria, sin embargo, no impidió que meses después lo rescatara del naufragio financiero con un préstamo multimillonario en dólares. Ahora se vuelven a reunir en Guadalajara y el licenciado michoacano estará librando dos guerras… perdidas.
La guerra de las croquetas
El joven mariscal de campo del calderonismo, Gerardo Ruiz Mateos, también cobra, y mucho, como secretario de Economía; nos sorprendió el mes de marzo anterior con la noticia de que había declarado una guerra comercial a Estados Unidos. Subió el gravamen de importación a una lista de productos, entre ellos las croquetas, alimento de los canes en los hogares que pueden pagarlas, ya que la perrada populachera se gana el sustento al borde de los botes de basura. Uno de los obuses que disparo el joven estratega militar pegó en un callo de Santa Clos: los arbolitos que lleguen a México la próxima Navidad tendrán un sobreprecio. Sin embargo, su belicosidad no arredró al Senado ni a las compa-ñías de transporte de carga de Estados Unidos, y menos al poderoso sindicato de los Teamsters, que dieron origen al añejo conflicto, al prohibir que compañías mexicanas rueden sus camiones en las autopistas del otro lado. Recientemente acordaron olvidarse de la guerra de las croquetas y decidieron demandar por su cuenta una indemnización por 6 mil millones de dólares por violaciones a los derechos que les otorga el Tratado de Libre Comercio. El licenciado michoacano saldrá de su nueva reunión con Obama del mismo modo como entre: con una promesa renovada, pero con las manos vacías.
La guerra de las visas
Está en la agenda una conversación privada con el primer ministro de Canadá. Uno de los temas es el de las visas, que recientemente comenzó a exigir el gobierno de Ottawa a todo mexicano que visite su territorio. Venía enfrentando el problema de millares de paisanos que buscaban refugio político en su territorio, cuando en realidad sólo huyen del desempleo y el hambre. Como represalia, la generala Patricia Espinosa, que también cobra demasiado como secretaria de Relaciones Exteriores, declaró que comenzaría a exigir visa al personal diplomático canadiense (pero no a los turistas, para no encender los ánimos de los hoteleros de Cancún, Acapulco, Mazatlán y demás zonas devastadas por el mal manejo de la influenza). Los comentaristas canadienses socarronamene dijeron que la belicosa canciller estaba actuando contra las leyes de la competencia comercial: ¿por qué sólo exigir Visa, y no MasterCard y American Express? El licenciado Calderón saldrá de la reunión con las manos vacías, el país de la hoja de maple (conocida también como arce) no dará marcha atrás.
El nuevo embajador
¿Entonces es otra cumbre sin trascendencia la de Guadalajara? Difícil decirlo. Hará su debut el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual. Es un experto en lo que se ha dado por llamar Estados fallidos. Va a hacer mucho ruido, de ese que no se oye.
Despidos en Bancomext
El Sindicato Único y Democrático de los Trabajadores de Bancomext denuncia que continúan los despidos de personal. Ante el fracaso de la iniciativa presidencial para dar la puntilla al banco y fusionarlo con Nacional Financiera, frenada a finales de abril por el Senado de la República, las autoridades han resuelto proseguir el desmantelamiento de la institución por la vía de los hechos y anunciaron ya otro recorte de 18 por ciento en la plantilla de personal, dice. Algo extraño está sucediendo, porque, por otro lado, se cocina un préstamo de mil 400 millones de pesos para Mexicana de Aviación. Es un nuevo salvavidas para la multirescatada aerolínea.
Carlos Fernández-Vega: México SA
Alas cifras alegres que sobre la creación de empleo divulga el gobierno calderonista, habrá que restar la defunción de plazas laborales en el castigadísimo Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), institución otrora impulsora del crecimiento económico y el comercio exterior de productos nacionales, la cual se mantiene en la mira de las destructoras manos neoliberales.
Creado en 1937 para fomentar el fortalecimiento económico del país e incentivar la participación de productos mexicanos en el mercado internacional, Bancomext ha sido víctima de los caprichos, amistades y negocios sucios del inquilino en turno de Los Pinos (desde tiempos de Salinas y Zedillo, sin olvidar a la dupla Fox-Calderón, la institución carga con onerosos rescates, como por ejemplo los del WTC, Gutsa y Juan Diego Gutiérrez Cortina, con todo y familia, así como inversiones privadas de mexicanos en telefonía cubana, y carreteras en Chile propiedad de inversionistas mexicanos, y las aerolíneas, entre otros), de los que, con recursos propios, a duras penas ha salido airoso. A pesar de ello, desde las principales oficinas de la Secretaría de Hacienda lo señalan como ineficiente, lo que aunado a la falta de recursos lo han puesto a merced de la trituradora neoliberal de empresas del Estado.
Calderón ha hecho lo suyo y, como Fox, no quita el dedo del renglón: acabemos con Bancomext y fusionémoslo con Nacional Financiera. El Legislativo, en varias ocasiones, ha logrado posponer la masacre, pero no el capricho. Ahora el sindicato de trabajadores de ese banco del Estado informa que “ante el fracaso de la iniciativa presidencial para dar la puntilla al Banco Nacional de Comercio Exterior y fusionarlo con Nafin, frenada a finales de abril por el Senado de la República, las autoridades han resuelto proseguir el desmantelamiento de la institución por la vía de los hechos, y ya anunciaron otro recorte de 18 por ciento en la plantilla de personal. Desde el inicio del ‘gobierno del empleo’ en 2006 hasta el cierre de 2008, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el personal del Bancomext disminuyó casi 40 por ciento, proporción que sube a 66 por ciento si se consideran los recortes ejecutados durante el gobierno foxista. El recorte previsto implicaría la salida adicional de unos 100 trabajadores y funcionarios, con lo que la sangría de personal llegaría a 50 por ciento en la primera mitad del sexenio calderonista y a 72 por ciento desde el año 2000”.
Hacienda insiste, y hay que subrayar que ninguna otra institución de banca de desarrollo ha sufrido embate igual. Además de unilateral y excluyente, para el sindicato de Bancomext la acción gubernamental es a todas luces irresponsable, ante la nueva composición de la Cámara de Diputados que por mucho no garantiza fusión alguna. El ajuste laboral en puerta entraña, en consecuencia, un franco desdén hacia los acuerdos del Congreso de la Unión, sumado a una grave irresponsabilidad oficial al ahondar el debilitamiento del Bancomext en aras de un proyecto de fusión más que discutible e incierto. Tampoco se toma en cuenta el notable repunte de la posición financiera y la actividad crediticia de la institución, con un superávit operativo de 281 millones de pesos en el primer semestre de 2009, ni su importancia clave en las propias políticas contra cíclicas gubernamentales y las tareas mayores de fomento productivo, mediante la entrega de crédito directo y de largo plazo a las empresas mexicanas.
De acuerdo con la versión oficial, Bancomext es ineficiente y no existen recursos para sostenerlo. Lo primero es discutible, pues de otra manera los rescates privados con dineros públicos por medio del banco no habrían sido posibles (los casos más recientes son Comercial Mexicana y Cemex, por ejemplo), mientras lo segundo es difícil de aceptar dada la evidencia disponible. ¿Cómo la directiva de una empresa del Estado carente de recursos puede destinar tanto a la indiscriminada adquisición de chácharas, viajes, alcohol, fiestas, celebraciones, playeras y conexos para propios y extraños?
¿En serio Bancomext carece de recursos, o en realidad los que tiene los destina a lo que no debe? El IFAI nos ayuda a despejar esta duda: sólo en el primer año de gobierno calderonista (los registros no están actualizados), esta institución pública, entonces a cargo de Mario Laborín, cachorro del Grupo Monterrey, destinó dinero a manos llenas a, por ejemplo, los siguientes renglones:
Cerca de 3 millones de pesos a Héctor Reyes Retana Dahl (ex director de Bancomext con Fox) para servicios de asesoría para la creación de un organismo promotor de exportaciones, que no era otro que Proméxico (el que se supone debe sustituir a Bancomext en la promoción del comercio exterior) ¿Y quién fue el encargado de darle cuerpo a Proméxico? Pues Héctor Reyes Retana Dahl, es decir, que Bancomext pagó para que le organizaran su sepelio.
Por si fuera poco, en 2007 destinó alrededor de 2 millones de pesos para la limpieza de las oficinas corporativas e inmuebles de Bancomext en el Distrito Federal, lo que a la directiva debe haber provocado mucha sed porque se gastó alrededor de 600 mil pesos en vinos y tequila, 400 mil en celulares de funcionarios, 255 mil en vacunas antigripales Fluarix, 150 mil en una fiesta de Halloween, 260 mil en fistoles, igual cantidad en monederos electrónicos para obsequio en la fiesta de fin de año, 111 mil en monederos de piel para los obsequios por el día de las madres, 204 mil en botella de tequila tradicional y gran centenario Azul, 67 mil en la adquisición de vinos para la fiesta de fin de año, 73 mil en sudadera para adulto, chamarra con forro y logotipo, corra de gabardina y sudadera para niño, 57 mil 200 en arreglos florales y, ya entrados en gastos, 10 mil pesos en té de limón y manzanilla. Por si fuera poco, 129 mil en pants, chamarras y playeras, 131 mil en corbatas y mascadas, 198 mil en pants y adquisición de tenis para juegos bancarios, 167 mil para una quesera rectangular de madera, y para la sed otros 156 mil pesos en vinos para la séptima reunión de consejos consultivos. Y sólo son ejemplos.
Las rebanadas del pastel
Difícilmente puede creerse que una institución carece de recursos cuando se documenta un gasto como el citado, en el entendido que si no hay para nómina, mucho menos para fiesta, aunque ésta le fascina a la directiva del banco, que es la que autoriza la erogación… Y falta Proméxico, donde, entre otros asuntos prioritarios, gastan el dinero público en curso de capacitación para el manejo del estrés.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Alas cifras alegres que sobre la creación de empleo divulga el gobierno calderonista, habrá que restar la defunción de plazas laborales en el castigadísimo Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), institución otrora impulsora del crecimiento económico y el comercio exterior de productos nacionales, la cual se mantiene en la mira de las destructoras manos neoliberales.
Creado en 1937 para fomentar el fortalecimiento económico del país e incentivar la participación de productos mexicanos en el mercado internacional, Bancomext ha sido víctima de los caprichos, amistades y negocios sucios del inquilino en turno de Los Pinos (desde tiempos de Salinas y Zedillo, sin olvidar a la dupla Fox-Calderón, la institución carga con onerosos rescates, como por ejemplo los del WTC, Gutsa y Juan Diego Gutiérrez Cortina, con todo y familia, así como inversiones privadas de mexicanos en telefonía cubana, y carreteras en Chile propiedad de inversionistas mexicanos, y las aerolíneas, entre otros), de los que, con recursos propios, a duras penas ha salido airoso. A pesar de ello, desde las principales oficinas de la Secretaría de Hacienda lo señalan como ineficiente, lo que aunado a la falta de recursos lo han puesto a merced de la trituradora neoliberal de empresas del Estado.
Calderón ha hecho lo suyo y, como Fox, no quita el dedo del renglón: acabemos con Bancomext y fusionémoslo con Nacional Financiera. El Legislativo, en varias ocasiones, ha logrado posponer la masacre, pero no el capricho. Ahora el sindicato de trabajadores de ese banco del Estado informa que “ante el fracaso de la iniciativa presidencial para dar la puntilla al Banco Nacional de Comercio Exterior y fusionarlo con Nafin, frenada a finales de abril por el Senado de la República, las autoridades han resuelto proseguir el desmantelamiento de la institución por la vía de los hechos, y ya anunciaron otro recorte de 18 por ciento en la plantilla de personal. Desde el inicio del ‘gobierno del empleo’ en 2006 hasta el cierre de 2008, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el personal del Bancomext disminuyó casi 40 por ciento, proporción que sube a 66 por ciento si se consideran los recortes ejecutados durante el gobierno foxista. El recorte previsto implicaría la salida adicional de unos 100 trabajadores y funcionarios, con lo que la sangría de personal llegaría a 50 por ciento en la primera mitad del sexenio calderonista y a 72 por ciento desde el año 2000”.
Hacienda insiste, y hay que subrayar que ninguna otra institución de banca de desarrollo ha sufrido embate igual. Además de unilateral y excluyente, para el sindicato de Bancomext la acción gubernamental es a todas luces irresponsable, ante la nueva composición de la Cámara de Diputados que por mucho no garantiza fusión alguna. El ajuste laboral en puerta entraña, en consecuencia, un franco desdén hacia los acuerdos del Congreso de la Unión, sumado a una grave irresponsabilidad oficial al ahondar el debilitamiento del Bancomext en aras de un proyecto de fusión más que discutible e incierto. Tampoco se toma en cuenta el notable repunte de la posición financiera y la actividad crediticia de la institución, con un superávit operativo de 281 millones de pesos en el primer semestre de 2009, ni su importancia clave en las propias políticas contra cíclicas gubernamentales y las tareas mayores de fomento productivo, mediante la entrega de crédito directo y de largo plazo a las empresas mexicanas.
De acuerdo con la versión oficial, Bancomext es ineficiente y no existen recursos para sostenerlo. Lo primero es discutible, pues de otra manera los rescates privados con dineros públicos por medio del banco no habrían sido posibles (los casos más recientes son Comercial Mexicana y Cemex, por ejemplo), mientras lo segundo es difícil de aceptar dada la evidencia disponible. ¿Cómo la directiva de una empresa del Estado carente de recursos puede destinar tanto a la indiscriminada adquisición de chácharas, viajes, alcohol, fiestas, celebraciones, playeras y conexos para propios y extraños?
¿En serio Bancomext carece de recursos, o en realidad los que tiene los destina a lo que no debe? El IFAI nos ayuda a despejar esta duda: sólo en el primer año de gobierno calderonista (los registros no están actualizados), esta institución pública, entonces a cargo de Mario Laborín, cachorro del Grupo Monterrey, destinó dinero a manos llenas a, por ejemplo, los siguientes renglones:
Cerca de 3 millones de pesos a Héctor Reyes Retana Dahl (ex director de Bancomext con Fox) para servicios de asesoría para la creación de un organismo promotor de exportaciones, que no era otro que Proméxico (el que se supone debe sustituir a Bancomext en la promoción del comercio exterior) ¿Y quién fue el encargado de darle cuerpo a Proméxico? Pues Héctor Reyes Retana Dahl, es decir, que Bancomext pagó para que le organizaran su sepelio.
Por si fuera poco, en 2007 destinó alrededor de 2 millones de pesos para la limpieza de las oficinas corporativas e inmuebles de Bancomext en el Distrito Federal, lo que a la directiva debe haber provocado mucha sed porque se gastó alrededor de 600 mil pesos en vinos y tequila, 400 mil en celulares de funcionarios, 255 mil en vacunas antigripales Fluarix, 150 mil en una fiesta de Halloween, 260 mil en fistoles, igual cantidad en monederos electrónicos para obsequio en la fiesta de fin de año, 111 mil en monederos de piel para los obsequios por el día de las madres, 204 mil en botella de tequila tradicional y gran centenario Azul, 67 mil en la adquisición de vinos para la fiesta de fin de año, 73 mil en sudadera para adulto, chamarra con forro y logotipo, corra de gabardina y sudadera para niño, 57 mil 200 en arreglos florales y, ya entrados en gastos, 10 mil pesos en té de limón y manzanilla. Por si fuera poco, 129 mil en pants, chamarras y playeras, 131 mil en corbatas y mascadas, 198 mil en pants y adquisición de tenis para juegos bancarios, 167 mil para una quesera rectangular de madera, y para la sed otros 156 mil pesos en vinos para la séptima reunión de consejos consultivos. Y sólo son ejemplos.
Las rebanadas del pastel
Difícilmente puede creerse que una institución carece de recursos cuando se documenta un gasto como el citado, en el entendido que si no hay para nómina, mucho menos para fiesta, aunque ésta le fascina a la directiva del banco, que es la que autoriza la erogación… Y falta Proméxico, donde, entre otros asuntos prioritarios, gastan el dinero público en curso de capacitación para el manejo del estrés.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Reporte Económico
México. El disparo de la pobreza
Con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2008 del Inegi –tema de los dos Reportes anteriores– el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) elaboró su dictamen sobre la Pobreza en México 2008. Las cifras sobre el deterioro social entre 2006 y 2008 (antes del impacto mayor de la crisis) son impresionantes, pues en ese bienio el país retrocedió seis años en términos relativos (porcentajes de la población) y hasta 15 años en términos absolutos (número de personas en pobreza) (Gráfico 1).
Para medir la pobreza por ingresos de las personas y los hogares a escala nacional, rural y urbana, el Coneval distingue tres estratos: Pobreza alimentaria, abarca a las personas cuyo ingreso no les alcanza ni para cubrir sus necesidades de alimentación (949 pesos al mes en zona urbana y 707 en rural); Pobreza de capacidades, que incluye a las personas cuyo ingreso no les permite pagar el consumo básico de alimentos, salud y educación (mil 164 y 835 pesos respectivamente); y Pobreza de patrimonio, que abarca a las personas cuyo ingreso es menor al necesario para satisfacer el consumo básico de los tres anteriores y de vivienda, transporte, vestido y calzado (mil 905 y mil 282 pesos).
Las cifras
A escala nacional, entre 2006 y 2008 las personas en pobreza en los tres estratos aumentaron tanto en términos absolutos como relativos, como sigue:
• La pobreza alimentaria pasó de 14.4 a 19.4 millones de personas (7.2 de áreas urbanas y 12.2 de rurales), esto es, 5.0 millones de habitantes engrosaron las filas de este estrato extremo. Como porcentaje de la población total, esta pobreza alimentaria se elevó de 13.8% a 18.2% (Gráfico 1).
• La pobreza de capacidades pasó de abarcar 21.7 millones de personas en 2006 a 26.8 millones en 2008, un aumento de 5.1 millones de personas, y porcentual de 20.7 a 25.1% de la población del país.
Cabe destacar que en pleno 2008, 65.2% de los trabajadores (población ocupada) no eran derechohabientes de alguna institución de seguridad social (64.1% en 1992). Del 20% más pobre de la población, 92.2% no cuenta con acceso a la seguridad social (Gráfico 3).
Opinión
Guadalajara: cumbre desenfocada
Hay en la agenda política, económica y social de América del Norte diversos temas bilaterales y trilaterales de atención urgente que fueron omitidos o que no merecieron, en el encuentro de los gobernantes de Canadá, Estados Unidos y México, que se celebra en Guadalajara, la atención debida, o bien que fueron abordados en forma inercial y con escasa o nula voluntad política.
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El Correo Ilustrado
Saco a la medida de gobiernos posrevolucionarios
Otro gran acierto periodístico de La Jornada. Me refiero a la publicación de la carta completa de Emiliano Zapata a Venustiano Carranza. Es de los documentos que conocen los especialistas, pero ignorado por la mayoría de la población, epístola digna de figurar en los libros de texto, su contenido nos da luz para entender mejor las causas del asesinato del general Zapata pocos días después de enviar esta misiva.
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Joan Baucells Lladós*: Acteal, ¿y ahora qué?
Probablemente esta semana se hará pública la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se concederá el amparo a una cuarentena de los que en su momento fueron condenados por la masacre de Acteal. Los argumentos utilizados por la Corte parecen estar relacionados con las irregularidades procesales de esos juicios. En concreto –según adelantaba El Universal en su edición de 6 de agosto– las condenas se habrían sustentado sobre desaparición de evidencias, alteraciones de la escena del crimen, sustracción de inculpados y fabricación de testimonios. No es prudente comentar una sentencia a la que no se ha tenido acceso y menos criticarla por utilizar argumentos garantistas, aunque en sus consecutivas visitas a Chiapas la Comisión Civil Internacional para la Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) pudo contrastar cómo era del todo evidente que la investigación sobre los hechos de Acteal estaba rodeada de enormes irregularidades.
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Probablemente esta semana se hará pública la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se concederá el amparo a una cuarentena de los que en su momento fueron condenados por la masacre de Acteal. Los argumentos utilizados por la Corte parecen estar relacionados con las irregularidades procesales de esos juicios. En concreto –según adelantaba El Universal en su edición de 6 de agosto– las condenas se habrían sustentado sobre desaparición de evidencias, alteraciones de la escena del crimen, sustracción de inculpados y fabricación de testimonios. No es prudente comentar una sentencia a la que no se ha tenido acceso y menos criticarla por utilizar argumentos garantistas, aunque en sus consecutivas visitas a Chiapas la Comisión Civil Internacional para la Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) pudo contrastar cómo era del todo evidente que la investigación sobre los hechos de Acteal estaba rodeada de enormes irregularidades.
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John M. Ackerman: La nueva cláusula de gobernabilidad
Es falso que en la pasada elección la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) haya logrado los suficientes votos para alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. El PRI recibió únicamente 36.92 por ciento de la votación nacional, lo cual le da derecho a controlar hasta 44.92 por ciento de la Cámara, es decir 224 curules, de acuerdo con el tope de 8 por ciento de sobrerrepresentación. Por su parte, los 2.3 millones de votos que recibió el PVEM le permitirá recibir hasta 24 diputados federales. En total, la alianza PRI-PVEM alcanza un máximo de 248 legisladores, tres curules menos de lo que necesita para controlar la mayoría de la Cámara de Diputados.
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Es falso que en la pasada elección la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) haya logrado los suficientes votos para alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. El PRI recibió únicamente 36.92 por ciento de la votación nacional, lo cual le da derecho a controlar hasta 44.92 por ciento de la Cámara, es decir 224 curules, de acuerdo con el tope de 8 por ciento de sobrerrepresentación. Por su parte, los 2.3 millones de votos que recibió el PVEM le permitirá recibir hasta 24 diputados federales. En total, la alianza PRI-PVEM alcanza un máximo de 248 legisladores, tres curules menos de lo que necesita para controlar la mayoría de la Cámara de Diputados.
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Gustavo Esteva: Provocaciones
Justicia, respondió una madre de la infausta guardería cuando le preguntaron para qué quería que la Suprema Corte atrajera el asunto. Al recordarlo, el ministro Aguirre subrayó que esa actitud era fruto de un engaño. Consideró ilusorio pensar que la Corte puede y debe impartir justicia. Nada más falso, insistió, e ilustró su argumento con el caso de las comisiones creadas por la Corte para casos de violaciones graves a las garantías individuales, que no han tenido efecto alguno.
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Justicia, respondió una madre de la infausta guardería cuando le preguntaron para qué quería que la Suprema Corte atrajera el asunto. Al recordarlo, el ministro Aguirre subrayó que esa actitud era fruto de un engaño. Consideró ilusorio pensar que la Corte puede y debe impartir justicia. Nada más falso, insistió, e ilustró su argumento con el caso de las comisiones creadas por la Corte para casos de violaciones graves a las garantías individuales, que no han tenido efecto alguno.
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Carlos Fazio: El imperio contrataca
Ante la irrupción de procesos políticos y sociales de nuevo tipo que desafían la hegemonía y el mito de la invencibilidad del dominio de Estados Unidos en América Latina, la administración Obama/Clinton viene profundizando las estrategias heredadas por George W. Bush, con énfasis en la intervención político-militar abierta y encubierta en áreas consideradas de importancia vital para el imperio. Se trata de la tradicional política del garrote y la zanahoria, con la novedad, ahora –a decir de Pablo González Casanova–, de que opera en redes. Es decir, Washington cuenta con una fuerza de tarea integrada por gobiernos clientes, como los de Álvaro Uribe en Colombia y Felipe Calderón en México.
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Ante la irrupción de procesos políticos y sociales de nuevo tipo que desafían la hegemonía y el mito de la invencibilidad del dominio de Estados Unidos en América Latina, la administración Obama/Clinton viene profundizando las estrategias heredadas por George W. Bush, con énfasis en la intervención político-militar abierta y encubierta en áreas consideradas de importancia vital para el imperio. Se trata de la tradicional política del garrote y la zanahoria, con la novedad, ahora –a decir de Pablo González Casanova–, de que opera en redes. Es decir, Washington cuenta con una fuerza de tarea integrada por gobiernos clientes, como los de Álvaro Uribe en Colombia y Felipe Calderón en México.
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Iván Restrepo: Asesinatos de ecologistas
Cero y van… muchos más asesinados. Citemos los más recientes y comentados: primero fue Ildefonso Zamora, de 21 años, quien junto con su familia y otros campesinos defendía los bosques de la región de Zempoala, en los estados de Morelos y de México. Lo balearon el 15 de mayo de 2007 y entonces el licenciado Felipe Calderón ofreció a los deudos que el crimen no sería en vano ni quedaría impune. Mi gobierno se compromete, junto con las autoridades del estado de México, a que persigamos sin descanso hasta dar con los culpables e imponerles el castigo que merecen. Los asesinos se esfumaron como por encanto.
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Cero y van… muchos más asesinados. Citemos los más recientes y comentados: primero fue Ildefonso Zamora, de 21 años, quien junto con su familia y otros campesinos defendía los bosques de la región de Zempoala, en los estados de Morelos y de México. Lo balearon el 15 de mayo de 2007 y entonces el licenciado Felipe Calderón ofreció a los deudos que el crimen no sería en vano ni quedaría impune. Mi gobierno se compromete, junto con las autoridades del estado de México, a que persigamos sin descanso hasta dar con los culpables e imponerles el castigo que merecen. Los asesinos se esfumaron como por encanto.
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La estimación del gobierno es que el producto interno bruto disminuyó a una tasa anual de 10.4 por ciento en el primer semestre del año. Esta fuerte contracción de la actividad económica tiene un impacto directo sobre las finanzas públicas.
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Con previsible diligencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminará este miércoles en favor de, al menos, la mitad de los presos por la masacre de Acteal, paramilitares tzotziles de Chenalhó que llevan una década purgando sus condenas en una cárcel chiapaneca. La evidente malhechura de su proceso fue siempre cuestionada por los organismos civiles que asumieron la defensa o la solidaridad con las víctimas de la matanza del 22 de diciembre de 1997 y contra la ofensiva paramilitar que asoló Chenalhó y dejó unos 12 mil desplazados internos.
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Lydia Cacho
Plan B
Masacre cultural
Todavía conservo mi credencial del INBA. En la fotografía tengo siete años y una sonrisa de orgullo. La Casa del Lago de Bellas Artes impartía clases de pintura gratuita para niñas y niños. Éramos una familia clasemediera con tres niñas y tres niños, la única manera de acceder a esos increíbles maestros de pintura, o ballet o música, fue a través de los programas de promoción cultural del gobierno. Como a millones de infantes o adolescentes, el arte me ayudó a tocar mi propia sensibilidad y me enseñó a mirar el mundo y a las personas de una manera diferente. Las clases de poesía en la casa de la cultura de Mixcoac nos enseñaron a Carlos, el hijo de un tragafuegos callejero, y a mí, a cobijar el dolor y sus milagros entre las letras. Hace unos días al pasar por las calles de un barrio pobre de Cancún, a plena luz del día un grupo de chavas y chavos grafiteaban inmensas bardas con impresionantes pinturas, algunas referentes al cuidado del ambiente. Un programa cultural les llevó de la rebelión rabiosa al arte. Decir que, el acceso a la cultura permite que infantes y adolescentes desarrollen un sentido de pertenencia y de comunidad no es una suposición sino una afirmación categórica.
Cuando Felipe Calderón sonreía en campaña sin imaginar que sería el presidente de la guerra, insistió en que la cultura y la educación serían sus herramientas para cambiar a México. La educación terminó entregándola en charola de plata a la madre de la corrupción sindical Elba Ester Gordillo. Cuando nombraron a Consuelo Sáizar directora del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), buena parte del mundo intelectual y artístico de México lo celebró. La elección de responsables en diferentes áreas, desde cine, literatura hasta teatro y música, despertaron esperanzas para nuestro país. Sin embargo el recorte presupuestal ha dado un portazo a la cultura y a quienes la promueven.
Hace unos días la gran concertista María Teresa Frenk, responsable de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, renunció porque le exigieron recortar 50% los honorarios y cancelar todos los eventos de su área. Varios museos del país se enfrentan a la posibilidad de cerrar por el recorte. Justo en agosto cuando millones de personas hacen largas filas para entrar en los museos que han sido promovidos por la Secretaría de Turismo, se cancelan exposiciones.
Decir en campaña que la cultura y la educación son prioritarias es fácil; se necesita una crisis económica para que un régimen político muestre su verdadera naturaleza al transparentar la lógica de sus prioridades. Por un lado el gobierno federal asegura que para prevenir las adicciones precisa que la juventud se acerque a la cultura y la educación, por otro elimina el acceso a ellas. En un momento tan difícil para toda la sociedad, cuando enfrentamos una crisis económica y la violencia de una guerra sin cuartel, los instrumentos sociales que nos ayudan a la trasformación y la inclusión social son mutilados. No podemos quedarnos impávidos frente a esta masacre cultural.
Todavía conservo mi credencial del INBA. En la fotografía tengo siete años y una sonrisa de orgullo. La Casa del Lago de Bellas Artes impartía clases de pintura gratuita para niñas y niños. Éramos una familia clasemediera con tres niñas y tres niños, la única manera de acceder a esos increíbles maestros de pintura, o ballet o música, fue a través de los programas de promoción cultural del gobierno. Como a millones de infantes o adolescentes, el arte me ayudó a tocar mi propia sensibilidad y me enseñó a mirar el mundo y a las personas de una manera diferente. Las clases de poesía en la casa de la cultura de Mixcoac nos enseñaron a Carlos, el hijo de un tragafuegos callejero, y a mí, a cobijar el dolor y sus milagros entre las letras. Hace unos días al pasar por las calles de un barrio pobre de Cancún, a plena luz del día un grupo de chavas y chavos grafiteaban inmensas bardas con impresionantes pinturas, algunas referentes al cuidado del ambiente. Un programa cultural les llevó de la rebelión rabiosa al arte. Decir que, el acceso a la cultura permite que infantes y adolescentes desarrollen un sentido de pertenencia y de comunidad no es una suposición sino una afirmación categórica.
Cuando Felipe Calderón sonreía en campaña sin imaginar que sería el presidente de la guerra, insistió en que la cultura y la educación serían sus herramientas para cambiar a México. La educación terminó entregándola en charola de plata a la madre de la corrupción sindical Elba Ester Gordillo. Cuando nombraron a Consuelo Sáizar directora del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), buena parte del mundo intelectual y artístico de México lo celebró. La elección de responsables en diferentes áreas, desde cine, literatura hasta teatro y música, despertaron esperanzas para nuestro país. Sin embargo el recorte presupuestal ha dado un portazo a la cultura y a quienes la promueven.
Hace unos días la gran concertista María Teresa Frenk, responsable de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, renunció porque le exigieron recortar 50% los honorarios y cancelar todos los eventos de su área. Varios museos del país se enfrentan a la posibilidad de cerrar por el recorte. Justo en agosto cuando millones de personas hacen largas filas para entrar en los museos que han sido promovidos por la Secretaría de Turismo, se cancelan exposiciones.
Decir en campaña que la cultura y la educación son prioritarias es fácil; se necesita una crisis económica para que un régimen político muestre su verdadera naturaleza al transparentar la lógica de sus prioridades. Por un lado el gobierno federal asegura que para prevenir las adicciones precisa que la juventud se acerque a la cultura y la educación, por otro elimina el acceso a ellas. En un momento tan difícil para toda la sociedad, cuando enfrentamos una crisis económica y la violencia de una guerra sin cuartel, los instrumentos sociales que nos ayudan a la trasformación y la inclusión social son mutilados. No podemos quedarnos impávidos frente a esta masacre cultural.
Ricardo Raphael
El “affaire” Acteal
Los argumentos para cerrar los ojos ante el expediente de Acteal eran muy poderosos. Y sin embargo, los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no cayeron esta vez en la tentación de la cobardía judicial.
Si su decisión ya ventilada en los medios de comunicación se confirma, el próximo miércoles se concederá el amparo (y la inmediata liberación) a 41 ciudadanos mexicanos por haber sido condenados injustamente a causa de una serie de delitos, cuya responsabilidad la autoridad no pudo probar.
La masacre de Acteal ocurrió hace más de 11 años, el 22 de diciembre de 1997. Aquel día, 45 indígenas tzotziles, en su gran mayoría mujeres y niños, fueron asesinados por un grupo organizado de criminales que logró darse a la fuga.
Este hecho ocurrió en el contexto de las tensiones políticas y sociales producto del enfrentamiento entre el EZLN y el Estado mexicano. Desde el movimiento zapatista se acusó al presidente de la República de estar detrás de la masacre. Por su gravedad y también por la mirada internacional que por aquel entonces pesaba sobre la región, la presión sobre el gobierno de Ernesto Zedillo creció enormemente.
La reacción del jefe del Ejecutivo fue remover de inmediato al gobernador de la entidad y también a su secretario de Gobernación. Puso en simultáneo a trabajar, a marchas forzadas, a las maquinarias policial y del Ministerio Público para que localizaran a los culpables. Antes de que llegaran las fiestas de fin de año, las autoridades ya contaban con más de 120 detenidos.
Una consigna principal pareció imponerse desde el gobierno: mientras mayor sea el número de acusados, mejor restituido quedará el prestigio del Estado mexicano.
Según todos los elementos que hoy se encuentran a disposición de la SCJN, para lograr este objetivo se falsificaron pruebas y testimonios, se manipuló la escena del crimen, se inventaron culpables y se violaron los principios más esenciales del debido proceso.
Las autoridades de aquella época lograron lavarse la cara al hacer las cosas de esta manera. También aquellos que clamaban justicia obtuvieron algo de satisfacción. La gran mayoría de los detenidos vivía en una comunidad contigua pero enemiga de los pobladores de Acteal. Su culpabilidad resultaba por tanto conveniente. Aunque tzotziles —al igual que las víctimas asesinadas— los acusados eran evangélicos y priístas, y no católicos y zapatistas como sus vecinos.
Durante cerca de nueve años este asunto logró mantenerse en un frágil pero efectivo equilibrio. Los jueces no emitieron sentencia en contra de estos acusados (faltaban elementos), pero el Estado mexicano pudo actuar como si el caso estuviera cerrado.
Mientras tanto 41, de los 120 detenidos originales, aseguraban ser inocentes. Aportaron pruebas y testimonios que les ubicaban lejos del lugar donde ocurrió la masacre, pero los jueces optaron por no tomarles en cuenta. Uno de los momentos más ilustrativos de esta circunstancia ocurrió cuando los jueces desoyeron el testimonio de cinco individuos —capturados azarosamente por otro crimen— quienes confesaron haber participado en la matanza y, al mismo tiempo, afirmaron que ninguno de aquellos 41 reos habían formado parte del comando armado que irrumpió en Acteal aquel día de invierno.
Este proceso judicial, plagado de anomalías, pesa alrededor de 20 toneladas de papel. A nada estuvieron las cosas para que el aparato judicial hundiera con ellas la vida de quienes continúan litigando su situación.
Al atender esta demanda de amparo y resolverla en sentido positivo para estos mexicanos, la Corte romperá el equilibrio que, aunque injusto, se había vuelto conveniente para las dos posiciones extremas: el EZLN (y sus defensores) y quienes entonces estaban en el gobierno.
Tanto o más interesante es que esta sentencia también afectará al Poder Judicial federal, que durante 11 años fue indolente frente a dicho proceso. Acteal es un caso emblemático que desnuda el muy maltrecho estado en el que se encuentra nuestro sistema de justicia, y también exhibe la debilidad en la que todos los días suceden las garantías procesales previstas por nuestra Constitución.
Este es un debate que hoy merece máxima atención de la opinión pública. A partir del expediente Acteal pueden revisarse muchos de los vicios que pesan sobre el ejercicio de los derechos de los mexicanos, y muy en particular, sobre nuestro desigual acceso a la justicia.
Hagamos votos para que sea con argumentos inteligentes y no con descalificaciones ideológicas, religiosas o discriminatorias, como se logre resolver dicho debate.
Obviamente, esta sentencia de la Corte debe obligar también a reponer la investigación seguida para el caso Acteal, de tal manera que sean los verdaderos responsables de la masacre quienes vayan a dar a la cárcel. Gracias a la revisión que hicieron los ministros hoy se tienen mejores elementos para que las víctimas obtengan justicia.
Analista político
Si su decisión ya ventilada en los medios de comunicación se confirma, el próximo miércoles se concederá el amparo (y la inmediata liberación) a 41 ciudadanos mexicanos por haber sido condenados injustamente a causa de una serie de delitos, cuya responsabilidad la autoridad no pudo probar.
La masacre de Acteal ocurrió hace más de 11 años, el 22 de diciembre de 1997. Aquel día, 45 indígenas tzotziles, en su gran mayoría mujeres y niños, fueron asesinados por un grupo organizado de criminales que logró darse a la fuga.
Este hecho ocurrió en el contexto de las tensiones políticas y sociales producto del enfrentamiento entre el EZLN y el Estado mexicano. Desde el movimiento zapatista se acusó al presidente de la República de estar detrás de la masacre. Por su gravedad y también por la mirada internacional que por aquel entonces pesaba sobre la región, la presión sobre el gobierno de Ernesto Zedillo creció enormemente.
La reacción del jefe del Ejecutivo fue remover de inmediato al gobernador de la entidad y también a su secretario de Gobernación. Puso en simultáneo a trabajar, a marchas forzadas, a las maquinarias policial y del Ministerio Público para que localizaran a los culpables. Antes de que llegaran las fiestas de fin de año, las autoridades ya contaban con más de 120 detenidos.
Una consigna principal pareció imponerse desde el gobierno: mientras mayor sea el número de acusados, mejor restituido quedará el prestigio del Estado mexicano.
Según todos los elementos que hoy se encuentran a disposición de la SCJN, para lograr este objetivo se falsificaron pruebas y testimonios, se manipuló la escena del crimen, se inventaron culpables y se violaron los principios más esenciales del debido proceso.
Las autoridades de aquella época lograron lavarse la cara al hacer las cosas de esta manera. También aquellos que clamaban justicia obtuvieron algo de satisfacción. La gran mayoría de los detenidos vivía en una comunidad contigua pero enemiga de los pobladores de Acteal. Su culpabilidad resultaba por tanto conveniente. Aunque tzotziles —al igual que las víctimas asesinadas— los acusados eran evangélicos y priístas, y no católicos y zapatistas como sus vecinos.
Durante cerca de nueve años este asunto logró mantenerse en un frágil pero efectivo equilibrio. Los jueces no emitieron sentencia en contra de estos acusados (faltaban elementos), pero el Estado mexicano pudo actuar como si el caso estuviera cerrado.
Mientras tanto 41, de los 120 detenidos originales, aseguraban ser inocentes. Aportaron pruebas y testimonios que les ubicaban lejos del lugar donde ocurrió la masacre, pero los jueces optaron por no tomarles en cuenta. Uno de los momentos más ilustrativos de esta circunstancia ocurrió cuando los jueces desoyeron el testimonio de cinco individuos —capturados azarosamente por otro crimen— quienes confesaron haber participado en la matanza y, al mismo tiempo, afirmaron que ninguno de aquellos 41 reos habían formado parte del comando armado que irrumpió en Acteal aquel día de invierno.
Este proceso judicial, plagado de anomalías, pesa alrededor de 20 toneladas de papel. A nada estuvieron las cosas para que el aparato judicial hundiera con ellas la vida de quienes continúan litigando su situación.
Al atender esta demanda de amparo y resolverla en sentido positivo para estos mexicanos, la Corte romperá el equilibrio que, aunque injusto, se había vuelto conveniente para las dos posiciones extremas: el EZLN (y sus defensores) y quienes entonces estaban en el gobierno.
Tanto o más interesante es que esta sentencia también afectará al Poder Judicial federal, que durante 11 años fue indolente frente a dicho proceso. Acteal es un caso emblemático que desnuda el muy maltrecho estado en el que se encuentra nuestro sistema de justicia, y también exhibe la debilidad en la que todos los días suceden las garantías procesales previstas por nuestra Constitución.
Este es un debate que hoy merece máxima atención de la opinión pública. A partir del expediente Acteal pueden revisarse muchos de los vicios que pesan sobre el ejercicio de los derechos de los mexicanos, y muy en particular, sobre nuestro desigual acceso a la justicia.
Hagamos votos para que sea con argumentos inteligentes y no con descalificaciones ideológicas, religiosas o discriminatorias, como se logre resolver dicho debate.
Obviamente, esta sentencia de la Corte debe obligar también a reponer la investigación seguida para el caso Acteal, de tal manera que sean los verdaderos responsables de la masacre quienes vayan a dar a la cárcel. Gracias a la revisión que hicieron los ministros hoy se tienen mejores elementos para que las víctimas obtengan justicia.
Analista político
Rosaura Ruiz y Liliana Valladares
Aborto y Libertad en un Estado laico (III)
En las entregas anteriores abordamos la polémica del aborto desde una perspectiva biológica. En esta ocasión, nos aproximaremos al tema desde la ética.
Las sociedades actuales se caracterizan cada vez más por estar constituidas por una pluralidad de grupos distintos, por lo que en un Estado laico y democrático sería imposible e indeseable que todos los ciudadanos piensen igual y vivan a la luz de los mismos valores y creencias. Es, por lo tanto, inevitable que ante temas tan polémicos como el aborto existan diversas posturas y no se sostenga de manera universal y única un solo punto de vista.
¿Cómo lograr, entonces, una convivencia armónica entre ciudadanos que ante un tema como el aborto piensan de manera distinta? ¿Cómo dar cabida a los distintos puntos de vista sin violentar los juegos de valores y creencias que sustentan las diversas posturas frente al aborto? ¿Cómo constituir una ética que garantice la coexistencia pacífica de grupos sociales tan disímiles?
Para responder a cuestiones como las anteriores es preciso distinguir entre conceptos tales como ética y moral.
Para los fines de nuestra reflexión, entendemos por moral al conjunto de normas y valores morales aceptados y practicados, “de hecho”, por un grupo social determinado; mientras que por ética haremos referencia al conjunto de reglas básicas y valores que regulan las interacciones y la convivencia entre grupos sociales con distintas morales.
En un Estado laico, caracterizado por no comprometerse con ningún punto de vista religioso ni moral particular en torno a la admisibilidad o condena del aborto, debería pues de prevalecer una ética pluralista, que permita la convivencia entre aquellos grupos sociales cuya moral castiga a las mujeres que optan por abortar y aquellos grupos cuya moral permite la práctica del aborto bajo ciertas condiciones. La condena del aborto depende de valores y principios morales específicos que varían de un grupo social a otro.
Poder elegir
Una ética pluralista debería ser la base de una legislación respetuosa de las diversas morales, casi todas las cuales, aunque diferentes en normas y creencias, coinciden en considerar a la libertad de elección como uno de sus valores fundamentales.
Desde este punto de vista, la decisión sobre el aborto deja de ser una imposición vertical y se convierte en una decisión personal, en la que habrá mujeres que deciden abortar bajo ciertas condiciones porque su moral se los permite, pero también habrá mujeres que eligen no abortar porque su moral se los prohibe. En ambos casos la decisión recae en la mujer porque en un Estado laico ideal existen las condiciones de posibilidad para que ella ejerza una elección libre sobre su propio cuerpo.
Ahora bien, una cosa es que jurídicamente se garanticen estas condiciones para elegir libremente y otra muy distinta es el hecho de que existan también las condiciones necesarias para la realización de cada elección.
Tomemos el caso de una mujer que decide abortar porque tanto su moral como la legislación existente se lo permiten, pero que al llegar a una clínica no se le dan las condiciones de realización de su elección. Al no proporcionarle a la mujer las condiciones materiales para llevar a buen término su elección, no solamente se le está coartando su libertad de elección, sino que se le orilla a recurrir a actos clandestinos de aborto y corrupción que ponen en riesgo su salud y su vida. Igualmente, en el caso de las mujeres que decidan no abortar se les tienen que dar las condiciones adecuadas para llevar adelante su embarazo.
Un Estado para ser auténticamente democrático y equitativo debería facilitar a las mujeres tanto las condiciones para ejercer sus propias decisiones, como las condiciones para poder realmente llevarlas a cabo.
Quisiéramos preguntar al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, si existe un argumento no basado en ideas religiosas, es decir laico, para obligar a una mujer a la que se ha abusado, a tener el hijo de su agresor. Para llevar al extremo la situación, recordemos que suele ocurrir que éste sea un familiar muy cercano.
En las entregas anteriores abordamos la polémica del aborto desde una perspectiva biológica. En esta ocasión, nos aproximaremos al tema desde la ética.
Las sociedades actuales se caracterizan cada vez más por estar constituidas por una pluralidad de grupos distintos, por lo que en un Estado laico y democrático sería imposible e indeseable que todos los ciudadanos piensen igual y vivan a la luz de los mismos valores y creencias. Es, por lo tanto, inevitable que ante temas tan polémicos como el aborto existan diversas posturas y no se sostenga de manera universal y única un solo punto de vista.
¿Cómo lograr, entonces, una convivencia armónica entre ciudadanos que ante un tema como el aborto piensan de manera distinta? ¿Cómo dar cabida a los distintos puntos de vista sin violentar los juegos de valores y creencias que sustentan las diversas posturas frente al aborto? ¿Cómo constituir una ética que garantice la coexistencia pacífica de grupos sociales tan disímiles?
Para responder a cuestiones como las anteriores es preciso distinguir entre conceptos tales como ética y moral.
Para los fines de nuestra reflexión, entendemos por moral al conjunto de normas y valores morales aceptados y practicados, “de hecho”, por un grupo social determinado; mientras que por ética haremos referencia al conjunto de reglas básicas y valores que regulan las interacciones y la convivencia entre grupos sociales con distintas morales.
En un Estado laico, caracterizado por no comprometerse con ningún punto de vista religioso ni moral particular en torno a la admisibilidad o condena del aborto, debería pues de prevalecer una ética pluralista, que permita la convivencia entre aquellos grupos sociales cuya moral castiga a las mujeres que optan por abortar y aquellos grupos cuya moral permite la práctica del aborto bajo ciertas condiciones. La condena del aborto depende de valores y principios morales específicos que varían de un grupo social a otro.
Poder elegir
Una ética pluralista debería ser la base de una legislación respetuosa de las diversas morales, casi todas las cuales, aunque diferentes en normas y creencias, coinciden en considerar a la libertad de elección como uno de sus valores fundamentales.
Desde este punto de vista, la decisión sobre el aborto deja de ser una imposición vertical y se convierte en una decisión personal, en la que habrá mujeres que deciden abortar bajo ciertas condiciones porque su moral se los permite, pero también habrá mujeres que eligen no abortar porque su moral se los prohibe. En ambos casos la decisión recae en la mujer porque en un Estado laico ideal existen las condiciones de posibilidad para que ella ejerza una elección libre sobre su propio cuerpo.
Ahora bien, una cosa es que jurídicamente se garanticen estas condiciones para elegir libremente y otra muy distinta es el hecho de que existan también las condiciones necesarias para la realización de cada elección.
Tomemos el caso de una mujer que decide abortar porque tanto su moral como la legislación existente se lo permiten, pero que al llegar a una clínica no se le dan las condiciones de realización de su elección. Al no proporcionarle a la mujer las condiciones materiales para llevar a buen término su elección, no solamente se le está coartando su libertad de elección, sino que se le orilla a recurrir a actos clandestinos de aborto y corrupción que ponen en riesgo su salud y su vida. Igualmente, en el caso de las mujeres que decidan no abortar se les tienen que dar las condiciones adecuadas para llevar adelante su embarazo.
Un Estado para ser auténticamente democrático y equitativo debería facilitar a las mujeres tanto las condiciones para ejercer sus propias decisiones, como las condiciones para poder realmente llevarlas a cabo.
Quisiéramos preguntar al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, si existe un argumento no basado en ideas religiosas, es decir laico, para obligar a una mujer a la que se ha abusado, a tener el hijo de su agresor. Para llevar al extremo la situación, recordemos que suele ocurrir que éste sea un familiar muy cercano.
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