TIEMPO DE MUJERES

Javier Cruz Angulo

Vivir el caso Acteal

Ser licenciado en Derecho implica haber acreditado una serie de materias en la escuela y haber obtenido un título. Por su parte, ser abogado implica un dominio de la teoría, la aplicación concreta de la ley, ejercicio práctico y, sobre todo, haber reunido una serie de convicciones y principios sobre justicia, la República y las leyes.

Varios alumnos me han preguntado qué día van a ser abogados. Mi respuesta siempre es: no lo sé. Lo que sí sé es que yo soy abogado desde el 16 de enero de 2007. Ese día fui nombrado defensor particular de los acusados de la matanza de Acteal.

Acteal es un laberinto de papel, mitos, realidades y posiciones polarizadas. Jueces y ministerios públicos fueron los arquitectos de un laberinto de más de 100 mil hojas. Y fue en aquel laberinto donde encontré el sentido del derecho a un juicio justo. La justicia penal la comprendí en el caso Acteal de una manera muy curiosa: sé que hay algún halo de justicia en cualquier juicio que no tenga los vicios del caso Acteal. Supe que la presunción de inocencia no es simplemente una frase bonita, que el derecho a un juicio justo trasciende las conversaciones de café. Sé que la ausencia de la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo pueden alejar de sus familias a más de 50 seres humanos durante 11 años.

Es en Acteal donde entendí las razones y los principios del derecho. Allí viví los argumentos de la importancia del debido proceso; y así supe que ya era abogado. Allí pude ordenar, comprender y vivir las razones de la empolvada y aburrida protesta que le hacen a uno cuando se titula.

En el caso Acteal aprendí que somos una sociedad con miedo a los derechos y a las libertades. Nos da miedo la presunción de inocencia, pues se piensa que con ella se liberan criminales, tenemos miedo de los derechos de los procesados, pues seguramente también con ello se libera a delincuentes y, sobre todo, tenemos miedo al uso de la libertad de expresión en una democracia; todos queremos sostener nuestra verdad sin escuchar a los demás, y deseamos que nuestra verdad sea una cuestión de fe, no de pruebas.

En México no existe la libertad de expresión democrática pues nuestra sociedad no es capaz de escuchar la verdad de los otros y menos aún de apreciar sus pruebas.

Y en caso de que las instituciones opinen distinto a nosotros, lo más fácil es descalificarlas, acusarlos, sentenciarlos y, por supuesto, sin pruebas.

Acteal es una doble tragedia: por un lado tienes una abominable masacre y por el otro tienes más de 50 seres humanos encarcelados sin pruebas. Frente a la brutalidad de esa doble tragedia cobra total sentido la necesidad de que existan leyes, de que se respeten y de que se garantice la existencia del debido proceso.

A la distancia de casi tres años de litigio —que para mí han sido 20— la llegada del asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación me enseñó varias cosas:

Aprendí que ante argumentos jurídicos sólidos los tribunales cumplen su papel como un control de los otros poderes y garantes de los derechos. Hoy los tiempos de protesta a golpe de piedra tienen que ser sustituidos por argumentos en las cortes.

Reconozco a los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como jueces preocupados por las garantías de los mexicanos en el proceso penal.
Las preguntas que se le formularon a la Suprema Corte de Justicia son las siguientes:
¿Es válido que las procuradurías de Justicia fabriquen pruebas? ¿Es válido que un juez también busque elementos de prueba en contra de la persona inculpada? ¿Cuál es el estándar para probar que hubo tortura? ¿Cómo se deben apreciar las pruebas testimoniales?

¿Qué debe hacer un abogado en un proceso penal para considerar que en verdad defendió a su cliente? ¿Qué pasó cuando toda la Constitución ha sido pisoteada? ¿Cuál es la barrera que debe rebasar el Ministerio Público para probar que una persona es culpable?

Espero la respuesta a nombre de más de 50 personas que llevan 11 años en la cárcel. Esperamos juntos la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de los 11 años de proceso, todavía tenemos confianza en nuestros jueces.

Abogado y profesor del CIDE