Nueva Rosita, Coahuila. Pese a lo prematuro del día, las mujeres estaban alerta. Setenta y dos horas antes, los representantes de la empresa Signum, propiedad del exgobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy, custodiados por 50 guardias de seguridad privada traídos desde Monterrey, pretendieron tomar posesión de la planta lavadora de carbón asentada en el complejo minero Pasta de Conchos, a unos metros de la entrada a la mina ocho, donde permanecen los 65 mineros sepultados por la explosión del 19 de febrero de 2006, en las instalaciones concesionadas a Industrial Minera México, SA (IMMSA), filial del Grupo México.
Como el miércoles 29 de julio no pudieran entrar, regresaron al alba del día viernes, escoltados por 30 patrullas traídas desde Saltillo, Monclova, Piedras Negras, Acuña y las locales de Sabinas, de donde descendieron 200 elementos de por los menos dos corporaciones policiacas estatales. Traían armas de fuego, toletes, escudos antimotines, gas lacrimógeno y perros.
La primera en verlos fue Elizabeth Castillo, viuda del minero Gil Rico Montelongo, encargada de la guardia en el campamento que la organización Familia Pasta de Conchos instaló desde noviembre pasado a un lado de la carretera, cuando por su cuenta arrancaron las labores para el rescate de los cuerpos. En esos momentos, partía una coliflor para alimentar a la cuadrilla de mineros-rescatistas. Una ilusoria mueca de alegría se dibujó en su rostro al pensar que los corpulentos muchachos de las policías Ministerial y Estatal llegaban a resguardar la zona, toda vez que actualmente está bajo suspensión de la Secretaría de Economía (SE) con la prohibición de que en todo el complejo Pasta de Conchos se realice obra alguna.
Quinientos metros adelante, donde termina el “camino negro”, Teresa Contreras Rodríguez suspiró aliviada al pensar que el gobernador Humberto Moreira por fin cumplía su apoyo a los deudos. “Ahora si vienen a protegernos de la gente de Montemayor”, le dijo a Rosy, hija de Rolando Alcocer Soria, atrapado en la Mina ocho.
Recordaron los últimos tres días: horas de alerta, angustia y miedo tras la golpiza que les propinaron los guardias pagados por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). Teresa no podría olvidarlo: los hematomas y rasgaduras de navaja con los que los guardias castigaron su cuerpo se le reflejaban debajo de la blusa, en la espalda, el estómago y brazos, lo mismo que a César, otro de los deudos. Para esos momentos, doña Rosa María Mejía, viuda de Rolando Alcocer, yacía hospitalizada por la golpiza recibida.
Teresa supo su equivocación al percatarse del arribo del mismo camión de policías de Monterrey que el miércoles las golpearon. Las heridas aún no se oreaban y ya estaban allí de nuevo. Sólo que esta vez no sólo traían navajas, varios portaban armas de fuego y chalecos antibalas, blindados por los 200 policías estatales que al paso de los cuatro perros les habrían camino. El miedo de las viudas de Pasta de Conchos se tornó pavor. Teresa telefoneó al resto de las familias y la prensa local, la respuesta fueron nuevos golpes. De esta manera, el viernes 31 de julio, Rogelio Montemayor Seguy, a quien el obispo de Coahuila Raúl Vera identifica como prestanombres de Germán Larrea y Grupo México, tomó posesión de Pasta de Conchos.
Impunidad
Luego de varias visitas de inspección, que durante 2007 personal de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía hizo a Pasta de Conchos, se ordenó a IMMSA que en un periodo de 30 días debería establecer las condiciones de seguridad en el complejo minero. Como no cumplió, el 21 de noviembre el funcionario Julio Alfonso Hernández López, director de Cartografía y Concesiones Mineras de la SE, dictó una suspensión definitiva para operar cualquier obra y trabajo minero “en todo el agrupamiento minero conocido como Pasta de Conchos”.
El acta en la que se asienta que IMMSA “no pudo acreditar las medidas de seguridad dictadas (por la SE) en inspecciones pasadas”, fue signada también por Rubén Alvarado González, representante de la concesionaria. Se dictaminó que “por las condiciones inseguras que prevalecen a la fecha en las obras citadas, no es factible llevar a cabo bajo condiciones seguras ningún trabajo u obra minera, así como tampoco actividades o acciones de cualquier otra naturaleza, tomando en cuenta que al acceder a tales obras e instalaciones mineras se pone en peligro la vida e integridad física de los trabajadores, así como de toda persona que pretenda ingresar a ellas”.
Aunado a la clausura definitiva que emitió la SE, actualmente las concesiones otorgadas por el gobierno federal, mediante las que IMMSA explota el complejo minero, están bajo un proceso de litigio que se ventila en el expediente 8409 en el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, lo que, de acuerdo con Cristina Auerbach, representante de los deudos, invalida cualquier contrato de IMMSA con un tercero, en tanto no se resuelva si Grupo México seguirá siendo beneficiario de la explotación minera en Pasta de Conchos. Por ello, explica la abogada, “la relación contractual de IMMSA con cualquier particular, relacionado con el complejo minero, no puede sustraerse de la sanción de la Secretaría de Economía y del litigio en curso”.
Sin embargo, pasando por alto los procesos legales en curso, a principios de año Grupo México armó una supuesta venta de sus activos para finalmente regresar a explotar la mina a través de Rogelio Montemayor, a la sazón asesor del consorcio. El asunto de fondo es explotar el yacimiento valuado en 200 millones de dólares, sin rescatar los cuerpos.
Uno de los hilos sueltos dentro del ficticio concurso es que en la primera invitación para la venta lavadora de carbón, la familia Montemayor no aparecía, sino otras empresas nacionales y trasnacionales. Sin embargo, en el desahogo del concurso, que de acuerdo con la versión de algunos de los participantes consultados por Contralínea estuvo plagado de incongruencias, resultó que el ganador era Rogelio Montemayor, quien en Coahuila posee la compañía Signum, dedicada al transporte, pero no a la explotación minera.
Cuando se hicieron públicas las primeras suspicacias, el 17 de marzo de 2009 la familia Montemayor constituyó la compañía Industrial de Carbón Signum, SAPI de CV, en la que aparecen como accionistas los hermanos Rogelio Javier y Salvador Juan Montemayor García, hijos de Montemayor Seguy.
En entrevista, Raúl Vera, obispo de Coahuila, denuncia que la relación contractual entre Minera México y Signum fue una simulación para tomar posesión de la mina. “De pronto aparece Rogelio Montemayor, que dizque compró la lavadora, pero él es un embajador del Grupo México para recuperar nuevamente el territorio”. Javier Martínez Valadés, delegado regional del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, coincide con Vera; agrega que los Montemayor no tienen registros para la explotación del sector minero. Comenta que ya se plantea iniciar manifestaciones de repudio contra la artimaña de Larrea.
Las instalaciones de Industrial de Carbón Signum revelan su improvisación. En realidad no tienen infraestructura alguna. Ubicada en el número 205 de la calle Nicolás Jiménez, en la popular colonia El Seis, en Nueva Rosita, el inmueble corresponde a la planta alta de la Secretaría de Fomento Agropecuario del gobierno del estado, justo a un lado de una de las instalaciones del Grupo México en Sabinas.
Previo a su irrupción policiaca en Pasta de Conchos, Montemayor difundió en toda la región carbonífera la versión de que con la reactivación de la planta lavadora generaría “miles de fuentes de empleo”, la carnada perfecta en la entidad que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, encabeza el índice de desempleo a nivel nacional. Los programas de radio, incluidos los musicales, hicieron eco e invitaban a los mineros a presentar sus solicitudes. De esta manera se instó a la comunidad a ver con buenos ojos la ocupación del exgobernador y dar la espalda a las viudas.
En realidad, la planta opera sólo con 26 personas (ese número trabajaba en ella antes de la explosión), pero está ubicada en un punto estratégico desde donde se controla gran parte de la operación de todo el complejo. Por ello, Raúl Vera descalifica el argumento de Montemayor y lo acusa de ser un testaferro de Larrea. “Es mentira que va a crear fuentes de empleo, pues se trata de una lavadora pequeña y todo mundo se lo ha dicho”, grita el presbítero con el rostro enrojecido por la indignación.
Las maniobras
Casualmente, los primeros intentos de Rogelio Montemayor Seguy para ocupar Pasta de Conchos (en mayo pasado) se dieron por los mismos días en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió negarle el amparo mediante el cual el priista pretendía evadir la inhabilitación que le dictó la Secretaría de la Función Pública para ejercer cargo público durante 20 años, por el desvío de recursos de Pemex a la campaña de Francisco Labastida Ochoa, escándalo conocido como Pemexgate, revelado por el periodista Miguel Badillo el 10 de septiembre de 2001 en el periódico El Universal.
Entonces, el exgobernador le garantizó a el obispo Raúl Vera y a la abogada Cristina Auerbach que de ninguna manera ejercería violencia alguna y que si las viudas no estaban de acuerdo esperaría que se resolviera el conflicto, explica Cristina. Agrega que también “reconoció que sigue como asesor de Grupo México, pero decía le asesoro algunas cosas, esto de Pasta de Conchos no”. A la par de que tomó la defensa de las familias, Auerbach se convirtió en blanco de amenazas de muerte, acoso y diversos actos intimidatorios.
Montemayor tampoco exhibió documentación que le acreditara como propietario de la planta ni tampoco autorización de la SE o alguna instancia para pasar por alto la suspensión. Sin embargo, según difundió Montemayor García, denunciaron a las viudas por supuesto ‘despojo’.
Contralínea estuvo presente en la ocupación policiaca. Un estatal de Piedras Negras comenta que de madrugada los montaron a las patrullas, sin informarles el destino. La indicación fue que cargaran todo el equipo antimotines, que subieran a los perros, que checaran los gases “porque habría chingadazos”. Explica que de camino se les sumaron los convoyes de otros municipios. “Creíamos que nos llevaban a combatir a los Zetas que son los meros chingones en todo el estado”, cuenta. Pero los trajeron a Sabinas, empobrecido municipio de gente teñida de carbón que contribuye a que Germán Larrea entrara en 2008 al selecto club de millonarios de Forbes.
“Pensábamos que íbamos a aplacar grandes mañosos, y lo que nos encontramos fue a estas señoras. A muchos nos dio pena y dejamos los escudos en las camionetas”, agrega otro policía, un muchacho delgado que no llega a los 20 años de edad. El primer policía justifica que algunos de sus compañeros golpearon de nuevo a las viudas: “Pues uno sólo recibe órdenes, y si no hacemos, nos quedamos sin trabajo”.
La ocupación del complejo se da cuatro meses después de que la Organización Internacional del Trabajo determinó la responsabilidad del Estado mexicano en la muerte de los 65 mineros, y a unos meses de que el alto comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas dio entrada al caso, expuesto directamente por las viudas en Ginebra, sede del organismo. Pero sobre todo, en un momento en que los deudos consideran crucial para el rescate de los cuerpos. La labor que emprendieron hace siete meses, aseguran, pronto daría frutos, a no ser porque el viernes 31 Montemayor les cortó la energía eléctrica y se suspendió de nuevo la búsqueda.
El obispo Raúl Vera dice que la intromisión de Montemayor Seguy enrarece aún más el conflicto en Pasta de Conchos. “Por eso hago un llamado al señor Rogelio Montemayor a que si él dice que tiene talento político, entonces que no esté creando un nuevo conflicto. Él que fue gobernador sabe cómo trabajan las minas de carbón, así que no pretenda meter más injusticia a las familias de los mineros”.
—¿Está incurriendo en un delito Rogelio Montemayor?
—¡Claro que está incurriendo! Hay un litigio también, porque la Familia Pasta de Conchos esta pidiendo que no sea nada más la suspensión, sino que se le quite al Grupo México la mina. Hay un recurso legal en curso, así que el Grupo México no puede negociar nada hasta que el tribunal no se resuelva, responde Raúl Vera.
“Esto es una prueba palpable de que la privatización es un fracaso social y significa pasar por encima de la ley. Los cosos los pone la población, en este caso los muertos los ponen las familias de la región y las ganancias enriquecen sólo a ciertas familias. Mientras esta gente sólo reclama los cuerpos de sus familiares, Larrea se convirtió en el tercer hombre más rico de México, gracias a que se le tolera tener negocios en donde no invierta en seguridad; si mata a la gente se le garantiza impunidad, si no repara el daño se le garantiza que no lo tocará la ley, y hoy es una comprobación de ello”, concluye Carlos Rodríguez, del Cereal.
Contralínea solicito a la SE, al gobierno de Coahuila y a los representantes de las empresas IMMSA y Signum su posición al respecto. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
El rescate
María Trinidad Cantú Cortés recuerda el día en que Víctor Morales, vocero de IMMSA, les dijo por última vez que “así gritaran, denunciaran o hicieran malabares”, no habría rescate, simplemente porque así lo decidió la compañía. Pensó en Raúl, el mayor de sus cuatro hijos, sepultado por ir en pos de los 700 pesos semanales con los cuales sostenía a su familia. Un escalofrío le recorrió el cuerpo al imaginar la sofocación que se sentiría en esa mina, como tantas veces se quejó Raúl.
Cansadas de clamar, las familias tomaron en sus manos el rescate. Inició el pasado 20 de noviembre, contrataron a 40 mineros, muchos de ellos, que habían trabajado en Pasta de Conchos, hoy quedan 14. La insolvencia económica de los deudos para cubrirles el salario de 1 mil 500 pesos semanales (más del doble de lo que IMMSA paga a sus obreros) los hizo desertar paulatinamente. Los que quedan dicen que cada vez tienen más dificultad para cobrar su salario, a veces en dos o hasta en tres partes, sin embargo, el agobio de la necesidad económica reconforta un poco al sentir que quizá pronto puedan sacar a sus compañeros.
Hablamos con los rescatistas en la bocamina, por estos días bajar sería mortal porque Montemayor apagó los abanicos y el gas metano, sin extractores se concentra más de la cuenta, así que aprovechamos esta pausa obligatoria para que nos expliquen los trabajos del rescate. Los rescatistas que al igual que todos los mineros de Nueva Rosita tienen la piel color hollín, teñida por los años bajomina, dicen que han avanzado hasta el crucero 14, pero que es la insuficiencia económica y no las condiciones físicas de la mina las que les impiden ir más aprisa.
Ernesto Méndez explica que la maquinaria con que cuentan es deficiente “y las señoras viudas no tienen dinero para repararlas, así que vamos poco a poco, pero cuando no se descompone la bomba se queman los cables. Se batalla porque se descompone la bomba y no hay dinero para refacciones”.
Mientras se aliña las manos, Tomás Garza, minero por 12 años, recuerda que los conoció a casi todos. “Yo anduve jalando en esta misma mina y algunos eran de mi turno, otros del pueblo (Palau). Me acuerdo de Raúl, de Martín, mis amigos, y aunque tenemos muchos problemas para cobrar, yo quiero seguir”. “¡Hay que sacarlos!”, dice para sí.
Emilio Vázquez, quien trabajó 22 años en la Minera Carbonífera Río Escondido (Micare), asegura que la obcecación de Grupo México de no rescatar los cuerpos “es porque se demostraría que fue negligencia y perderían todo”. Conocedores de las condiciones reales de Pasta de Conchos, la mayoría de los mineros de la región carbonífera maneja esta tesis.
Hace meses que la organización Familia Pasta de Conchos y el equipo Nacional de Pastoral Laboral, que cuenta entre sus integrantes al obispo Raúl Vera, acreditaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que el rescate de los cuerpos es técnicamente posible. Para convencer a los incrédulos, los deudos han bajado hasta la explanada de la Mina ocho para hacer fotografías.
En su casa, en la colonia Rovirosa, cerca de la vieja mina de zinc que hasta la década de 1950 operó la American Smelting and Refining Co, Raúl Villasana, quien le heredó a su primogénito el nombre y el oficio, nos muestra su gráfica. “A unos 400 metros calculo que está mi hijo”, dice mientras acomoda la fotografía junto a la que le tomaron a Raúl Villasana Cantú en la iglesia del Sagrado Corazón hace siete años, el día en que confirmó a Raúl Ronaldo, llamado así por el abuelo y el ídolo del balompié brasileiro. En el pequeño altar que la familia le colocó frente al comedor, para que todos pudieran mirarlo, la ofrenda principal es un carbón extraído de la misma mina en que Raúl quedó atrapado.
“Desde diciembre, mi hijo nos había contado que la mina estaba bastante insegura. Decía ‘ama’, yo quiero que mi ‘apá me aconseje porque la mina está mal. Ya no aguantamos el calor. Bajamos a pie porque las telesillas están descompuestas, y en la mina como vamos cavando van moviendo los pilotes, los recorren para ahorrar material”. Entonces, claro, ellos ya clamaban la seguridad. Él tenía necesidad de trabajar, tenía tres hijos, por ellos se aguantó”, dice doña Trini, inseparable a su nuera Claudia, una de las viudas más jóvenes de Pasta de Conchos.
A don Raúl le llega otro recuerdo: semanas antes de la explosión el mismo muchacho que quitaba y recorría los pilotes se empecinó en regresar por uno, aunque la obra se había derrumbado, porque cobraba a destajo. El armatoste lo aplastó. En silencio la cuadrilla lo veló en pasta de conchos, pese al cansancio ninguno se atrevía a abandonar el cuerpo. Un mes después, 65 de ellos alcanzaban el mismo destino.
La corrupción
A nivel internacional, el caso Pasta de Conchos es paradigma de las violaciones laborales que imperan en México. “Concentra todos los elementos que han significado el cáncer de los derechos laborales en el país”, explica Carlos Rodríguez, del Centro de Reflexión Laboral (Cereal), coadyuvante de la defensoría de los deudos.
La explosión dejó al descubierto que la mayoría de los mineros eran subcontratados, lo que contraviene el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo; los salarios que recibían no estaban por arriba del promedio salarial en Coahuila, aunque la minería, y sobre todo la del carbón, se ubica entre las actividades más riesgosas y con mayor índice de siniestralidad. Se evidenció también el solapamiento de la Secretaría del Trabajo cuyos inspectores no vigilaban, sancionaban ni suspendieron las actividades aun con el riesgo y la enorme corrupción del Sindicato Minero, el cual firmaba y aprobaba las actas de una comisión de higiene y seguridad que existía sólo en papel.
“Pero además los directivos del Grupo México han sido secretarios de Estado o viceversa. Los comisarios de la minera eran también de la Fundación Vamos México, por ello la protección que los presidentes han dado a la compañía. Y la muestra está hoy en Pasta de Conchos, donde un exgobernador y un gobernador vigilan los intereses del tercer hombre más rico del país. Por eso decimos que es un paradigma de irregularidades donde el resultado es desamparo y este tipo de muertes”, añade Rodríguez.
Los últimos 42 meses en la vida de cada una de las 65 familias se traduce en una historia de sufrimiento y dolor. La asimétrica lucha de los padres, esposas e hijos de quienes pasaron hasta 27 años bajo tierra escarbando carbón con las uñas para cosechar 650 pesos semanales y una pensión de 70 pesos al día, contra una trasnacional que reporta las suficientes ganancias para hacer de su dueño el tercero más rico del país, revictimiza a los deudos, que lo único que piden es recuperar sus restos. “Que me entreguen a mi esposo y después que hagan con su mina lo que les de la gana”, dice iracunda Elvira Martínez, viuda de Jorge Vladimir Muñoz.
El vía crucis transcurre haciendo cada día peor al anterior. Cuando avanzan en su propósito de rescate tropiezan con una nueva trampa de la minera, la más reciente, el corte de energía por Montemayor. Aquel 31 de julio, cuando de nuevo se suspendió el rescate, en tinieblas las viudas velaron toda la noche en Pasta de Conchos. A solas lloraron su impotencia y se tragaron su rabia. Los últimos 1 mil días se les revelaron en vértigo:
“Todo esto es una película de terror. Pensé que sólo el gobierno federal estaba del lado del Grupo México, pero ahora que el gobernador nos mandó la policía me di cuenta que tienen a todos comprados –gimotea Teresa Contreras–, durante estos años Moreira se lavó las manos diciendo que era cuestión federal y ahora las mete para echarnos a sus perros. Hemos caminado al mundo a pedir que nos ayuden. Lo único que queremos son los cuerpos y nadie hace nada”. No habla más la viuda de José Porfirio Cibrián, las palabras se le atragantan con el llanto. Más tarde sería medicada por una crisis nerviosa.
“El último sábado lo vi hasta la tarde, cuando salí del trabajo. Él había pasado toda la mañana echando el piso de la casita que desde hacía cinco años estábamos construyendo. Nos ilusionaba mucho habitarla pero íbamos en parte. Nunca alcanzaba. Era febrero y hacía mucho frío. En la noche se despidió de nosotros y se fue a trabajar. No hubo ningún presentimiento.
“En estos años hemos tocado muchas puertas. Hay mucho cansancio y ahora violencia. Mi familia está preocupada por la intervención de la policía, piensan que un día no voy a llegar, y entonces mis tres hijos quedarán completamente huérfanos. Pero te cala el coraje y te aguantas. Recién habité la casita, decidí empezar a vivir mi vida sin él, pero todo está lleno de recuerdos. ¡Cómo le ilusionaba verla terminada!”, dice Elvira Martínez, viuda de Jorge Vladimir Muñoz, 14 años como minero en Pasta de Conchos.
“Mi hermano era todo para mí. Bien chicos nos quedamos sin papá y él (Jesús Álvarez) vio por todos nosotros. El día de la desgracia entré a trabajar a una tienda en el centro. Fíjese que la empresa ni siquiera nos avisó. Nos enteramos porque mi cuñado era jefe de enfermeros en el seguro social. Le hablaron de la empresa que necesitaban enfermeros porque en la mina había un caído muy grande. Nunca le dijeron que fue una explosión. Cuando llegamos ya había soldados, federales y estatales. Empujaban a las familias para que no entráramos, que hasta que llegara el señor gobernador. ¡Te prohibían entrar por lo tuyo!
“Ahora mi pueblo nos da la espalda. ¡No entiendo a mi pueblo!, ellos también tienen hijos, hermanos, la mayoría de los esposos son mineros. Aunque nos han tratado mal, no quisiera que pasaran por lo mismo. Nosotros seguiremos en la raya!” (Alma Álvarez Soto, hermana de Jesús Álvarez de 49 años de edad, 27 de servirle a la empresa).
“Estos años sin mi Gilberto han sido muy duros, para mí, para su esposa. Dejó tres chiquitos, y uno está enfermo del corazón, hasta lo van a operar en el seguro. Me acuerdo que ese día hice barbacoa y me acordé de él porque cómo le gustaba, me decía ‘ay ma’, qué buena barbacoa. Luego supimos de la explosión.” (Sanjuana Salazar, madre de Gilberto Ríos).
“El día de la tragedia”, como en toda la comarca carbonífera se recuerda aquel 19 de febrero, Sanjuana Salazar Villanueva se juró que no saldría de Pasta de Conchos sin los restos de su hijo Gilberto Ríos Salazar, y lo ha cumplido a pie juntillas. Junto con su esposo se instaló primero debajo de un huisache hasta que años después les ‘prestaron’ la pequeña caseta de vigilancia, que improvisaron como cocina. Más tarde ocuparon como dormitorio uno de los tres traileres que IMMSA dejó en el patio central del complejo. No tienen luz ni agua, se los cortó la compañía.
Nos recibe en ‘el dormitorio’. En una de las paredes cuelga una fotografía de Gilberto grabada en una placa color bronce y enmarcada con aluminio del mismo tono. Tiene inscrita una oda “por su descanso eterno”. Sanjuana suspira mientras arregla las flores en el pequeño altar: “Cuando se cumplió el año, la compañía las mandó hacer y nos dijeron: ‘quieren a sus familias, pues aquí están’. Una trabajadora social me dijo ‘ya confórmese, doña, aquí ya le entregaron a su hijo’. Pero no, yo quiero el cuerpo de mi hijo. Mire, yo estoy aquí pasando hambre, frío, temperaturas altas y me voy hasta que me lo lleve. Hasta que lo entierre voy a poder descansar”.
Aquel febrero el tiempo se detuvo en Pasta de Conchos. Afuera de las oficinas, el tablero chocador se carcomió oxidado sin guardar ya ningún tarjetón de los cientos de mineros, electricistas, albañiles y administrativos que operaban las minas. En las pizarras yacen deslavadas las últimas circulares donde Roberto Reyes Morales, jefe del departamento de seguridad industrial, exhorta a los empleados a seguir las normas “para evitar accidentes”.
En las paredes de todo el complejo se leen las pintas que relucientes mantenía la compañía: “Vea, escuche, piense y viva con seguridad”. ¿Seguridad? ¡Cuál seguridad si los traían con los zapatos rotos y sin guantes! En lo único que pensaban al terminar el turno, era echarse al agua, porque ellos mismos parecían carbón ardiendo”, dirá Alma Álvarez Soto. (ALP)
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