Ana Luisa Nerio Monroy*
Durante este año se ha dicho y escrito mucho del significado de la conmemoración del bicentenario de la Independencia de México y del centenario de la Revolución Mexicana. No estamos en contra de que se difunda la historia del país, su riqueza cultural y artística, lo que se critica es la óptica desde donde se plantean los festejos, pues la mayor parte de las actividades resulta de poca trascendencia si se toma en cuenta la situación tan compleja que vive el país, particularmente en lo que a los derechos humanos se refiere.
La supuesta racionalidad económica y uso óptimo de los recursos, presumidos por los gobiernos de origen empresarial (como el de Calderón Hinojosa), quedan a debate por los millonarios gastos realizados a cargo del erario en medio de un contexto de crisis económica. El gobierno federal ha reservado, hasta 2021, la información de los gastos del bicentenario. Así, viola el derecho a la información y su obligación en materia de transparencia y rendición de cuentas.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el Fideicomiso del Bicentenario ha incurrido en gastos y en contrataciones irregulares de personal y de servicios. Muchos de los beneficiados de los contratos están ligados con grandes empresas, como Televisa y TV Azteca. Las mismas que utilizan el poder de los medios de comunicación para coartar la libertad de expresión y limitar el derecho a la información de la población al manejar, de manera tendenciosa, las notas, y desinformar sobre sucesos o simplemente omitir todo aquello que conviene a sus intereses, que les incomoda o que no va de acuerdo con sus líneas editoriales. Son esas mismas empresas las que han hecho cabildeo para empujar legislaciones que limitan la existencia de radios comunitarias o que bloquean la posibilidad de que surjan otras televisoras.
Los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, ambos derechos humanos de carácter político, han estado presentes en las luchas independentistas y revolucionarias del país. Los Sentimientos de la nación de Morelos o el trabajo realizado por los hermanos Flores Magón son muestra de la importancia de las ideas libremente expresadas y difundidas. Hoy, en el bicentenario y el centenario, la libertad de expresión y la libertad de prensa están amenazadas, pues en pleno 2010, año de festejos, México es considerado un país altamente peligroso para el ejercicio periodístico: ocupa el primer lugar mundial en asesinatos de periodistas (aproximadamente, 70 entre 2000 y 2010), por arriba incluso de Irak.
Para el movimiento independentista como para el revolucionario, fue fundamental que las personas protestaran, se rebelaran ante las injusticias y salieran a las calles a manifestarse. En la actualidad, existe la tendencia a criminalizar la protesta social y reprimirla (incluyendo a defensoras y defensores de derechos humanos) como en tiempos de la dictadura porfirista o del autoritarismo priista.
La razón y el fin original de la existencia de un Estado es brindar seguridad a su población. El presidente Felipe Calderón declaró, durante la inauguración de la Expo Bicentenario en Silao, Guanajuato, que la inseguridad es la mayor amenaza para la libertad conquistada. Pero la inseguridad que se vive en el país responde a diversas causas, muchas de ellas, estructurales y arraigadas a las condiciones de pobreza y exclusión del país.
El crimen organizado ha crecido y se mantiene, en la mayoría de los casos, gracias a la corrupción que priva entre autoridades y servidores públicos, y a la impunidad que aún existe en el sistema de procuración y administración de justicia. Conmemoramos el inicio de una guerra de Independencia al hablar de otra guerra: la de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, cuyo saldo aproximado es de 28 mil muertos, entre los que existen poco más de 900 menores de 17 años.
La vida y la integridad física son derechos constantemente violentados como en tiempos de la Inquisición o de la dictadura porfirista. El Subcomité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas señaló, en su informe sobre México, hecho público este año, que las amplias facultades que tienen los ministerios públicos derivan en prácticas de tortura; que hay falsificación de certificados médicos para esconder las huellas de la tortura cometidas durante el momento de la detención y traslado a los lugares de reclusión; que el arraigo es violatorio al derecho al debido proceso y que durante éste se comenten varias violaciones a los derechos humanos, como la tortura.
Por supuesto que no sólo vemos violentados derechos civiles y políticos, pues en materia de derechos sociales nuestras tareas pendientes son muchas. La Revolución Mexicana, considerada la primera gran revolución social del siglo XX, buscaba, entre otras cosas, acabar con las condiciones de discriminación, explotación y miseria en las que vivía gran parte de la población. A 100 años de la Revolución, el campo se encuentra en total abandono; existe, nuevamente, concentración de tierras en manos de empresas agroindustriales, lo que empuja a migrar hacia Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. El ejido está en peligro y no tenemos soberanía alimentaria, pues importamos más del 70 por ciento de los alimentos que se consumen en México. Además, el maíz mexicano se ve amenazado por la siembra experimental de transgénicos. Tampoco contamos con plena soberanía económica, pues gran parte de las políticas en la materia es dictada por organismos internacionales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, y sus efectos son devastadores socialmente.
Sin duda, las condiciones de vida de la población han mejorado y son muy diferentes a las de hace 100 y 200 años. Sin embargo, miles de mexicanas y mexicanos viven en situación de pobreza extrema; de hecho se habla de 18 millones en pobreza alimentaria, lo que significa que no cuentan con los ingresos suficientes ni para comer. Hoy en día, niñas y niños mueren a causa de enfermedades de la pobreza (como diarreas), en localidades generalmente indígenas y campesinas de Guerrero, Chiapas y Oaxaca; entidades en las que existen caciques, cual viejo estilo de la época porfirista. Por supuesto que hay más hospitales y avances científicos que han mejorado la esperanza de vida de la población, pero también hay problemas graves de cobertura, de acceso y calidad de los servicios de salud, así como de abasto y acceso a los medicamentos.
La educación, otro de los derechos sociales impulsados a partir de las luchas revolucionarias, ha tenido un importante desarrollo. La cobertura es prácticamente del ciento por ciento; el analfabetismo se ha reducido considerablemente. Sin embargo, la calidad es sumamente cuestionada, pues las evaluaciones nacionales e internacionales demuestran que las niñas, niños y jóvenes mexicanos no tienen el nivel de conocimientos necesarios para ser competitivos.
El derecho al trabajo y los derechos laborales, otras de las grandes conquistas sociales de la Revolución Mexicana, son cotidianamente violados: salarios que no cubren las necesidades de las familias, precarización del empleo, contrataciones sin prestaciones sociales y límites a los derechos sindicales, por ejemplo.
Un verdadero festejo debe reflejarse en una mejor calidad de vida de la población y en el respeto a la dignidad humana. Más que gastar en celebraciones, debemos invertir en las personas; garantizar educación de calidad, vivienda, trabajo y salud para toda la población; garantizar y proteger los derechos al juicio justo y al debido proceso, la libertad de expresión y de tránsito. Garanticemos el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el respeto a la diversidad y pluralidad de la población, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y un Estado laico. Presumamos de resultados en materia de respeto, protección y garantía de los derechos humanos y no de festejos de oropel, juegos artificiales y espectáculos visuales.
*Coordinadora general e investigadora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC.
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