La justicia mexicana, a examen

Miguel Concha

Gabriela Knaul, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y magistrados, vino a México del primero al 15 de octubre para analizar el nivel de autonomía del Poder Judicial y la imparcialidad de magistrados, jueces, abogados y ministerios públicos, así como la accesibilidad de la población al sistema de justicia. Este no es un tema menor, pues de hecho, una constante en las violaciones a los derechos humanos en el país es la impunidad que las rodea.

Pero no sólo esto; podemos ver que, lamentablemente, el acceso a diversos derechos y, en general, el acceso a la justicia, es una cuestión que aún requiere acciones decididas del Estado, a fin de que lo que está plasmado en las leyes pueda vivirse en la realidad de millones de mexicanos. Algunos de los problemas que seguramente encontró en diversos sistemas de justicia que todavía existen en el país son que aún hay legislación insuficiente, que no brinda el marco legal adecuado para la defensa de los derechos humanos. En este punto, se puede esperar que la relatora se pronuncie firmemente sobre la urgente necesidad de aprobar una reforma constitucional en la materia.

Sin embargo, las leyes y modificaciones legislativas resultan insuficientes cuando faltan voluntad política que asuma un compromiso con la justicia y disposición para poner las garantías fundamentales como eje del sistema. Esto lo digo porque hemos sido testigos de reformas que si bien tienen un contenido positivo, van acompañadas de aspectos netamente regresivos, que dan al traste con los primeros. Un ejemplo es la reforma al sistema penal que se realizó en 2008, que si bien contenía algunos puntos positivos, como el reconocimiento expreso de la presunción de inocencia, la igualdad procesal de las partes en el juicio, la inadmisibilidad como prueba de evidencias recabadas por medios ilegales, y otros avances en el debido proceso, también incluía excepciones que son incompatibles con los estándares de cumplimiento de los derechos humanos, como el arraigo, que se elevó a rango constitucional; la inclusión de delitos que obligan a la prisión preventiva y la creación de un subsistema de excepción para las personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada, cuya tipificación resulta además genérica y ambigua.

Como podemos observar, incluso en la reforma más ambiciosa de los últimos años en materia de justicia penal, persisten y se incrementan rasgos autoritarios que relegan a segundo plano los derechos de las personas frente a una política de seguridad que ha dado pocos resultados. Ello se nota de nueva cuenta en propuestas como la planteada para la Ley de Seguridad Nacional, cuyo texto original deja en manos del Ejecutivo la suspensión de derechos con una figura llamada declaratoria de afectación a la seguridad interior. Cuestión que resulta completamente contraria a los dispuesto por los artículos 27 y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y a pesar de haber sido modificada parcialmente por el Congreso, sigue siendo regresiva y peligrosa para toda la sociedad.

Lamentablemente, las reformas del Ejecutivo no son el único punto que debe ser criticado sobre el sistema de justicia en México, pues se arrastra una serie de vicios que impiden la vigencia del derecho en el país. Entre estos problemas podemos señalar la falta de aplicación adecuada de principios como el de presunción de inocencia, que a pesar de haber sido reconocido constitucionalmente, en la práctica se enfrenta con criterios que dan preferencia a una acusación y condena. Lo mismo sucede con la detención arbitraria, que puede ser convalidada en el juicio y cuya calificación rara vez deriva en la libertad de la víctima. El principio de inmediatez procesal, que ha estado sujeto a diversas recomendaciones, sigue empleándose para otorgar valor preponderante a la primera declaración del procesado, sin importar que se haya realizado sin la presencia de autoridad judicial. Y esto, catastrófico para las víctimas cuando se haya declarado bajo tortura, sigue siendo de ordinario una mala práctica en gran cantidad de casos, muchas veces para condenar a las personas sin elementos suficientes.

Sin duda, la relatora se dará también por enterada del uso faccioso del sistema de justicia en casos paradigmáticos, como el de Atenco o el de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, en los que luchadores sociales recibieron sentencias de más de 100 años de prisión y donde más de 40 mil trabajadores, mediante maniobras legales contra el SME, orquestadas por una autoridad que faltó a la imparcialidad a la que está obligada por ley, fueron despojados de sus empleos.

El informe final de la relatora seguramente también atenderá el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconociendo algunos fallos trascendentales elaborados con base en estándares internacionales de derechos humanos, pero analizando igualmente la posición tibia en el caso de la guardería ABC, a pesar de un primer proyecto brillante; su postura, en el caso del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, y criterios que aparecen en sesiones del pleno, donde algunos ministros incluso cuestionan la validez de los tratados internacionales y la obligatoriedad de México para acatar las sentencias de tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El oportuno informe de la relatora será, sin duda, un insumo que sirva para evidenciar los defectos del sistema, e incluirá propuestas para combatirlos. Esperemos que los poderes de la Unión las atiendan.

Gutiérrez Fragoso quiere el cargo hasta ¡2018!

Gustavo Leal F. *

Puede haber algo más disonante que una dirigencia sindical –ni más ni menos que de la seguridad social– ubicada abiertamente del lado patronal, es decir, con el PAN de Calderón?

Fueron muchas las ocasiones en que el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Valdemar Gutiérrez Fragoso, amagó con abandonar la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y criticó la reforma laboral calderonista.

Casi siempre utilizó la amenaza para desmovilizar a los trabajadores del IMSS –uno de los contingentes sindicales más activos del foxismo– con un argumento pedestre: la figura de la movilización como propuesta se encuentra desgastada.

Gutiérrez Fragoso concretó su amenaza justo cuando esa reforma calderonista (Javier Lozano) naufraga penosamente en el marco del más unánime de los rechazos y un Poder Legislativo que, salvo la fracción panista, la repudia.

Después de tomar casi por asalto –octubre de 2006 en Morelia, Michoacán– la dirigencia gremial en lo que habría de pasar a la historia como el más breve congreso de la organización, declaró (en 2007): la UNT ha podido convertirse en interlocutor incómodo, pero válido que vive el vacío y el acoso de poder. Y después agregó (en 2008): con la UNT hemos participado, pero no hemos tenido los espacios políticos que se merece nuestra organización.

Sobre la reforma laboral calderonista, en 2008 sostuvo, primero, que si el gobierno federal trata de sacarla adelante de manera unilateral y sin tomar en cuenta al sector obrero, será un fracaso, para luego agregar que con Calderón se había generado una satanización y una cacería de brujas contra sindicatos democráticos que luchan por mejores condiciones salariales y defienden sus contratos colectivos. En cambio, las autoridades no tocan, no desprestigian ni molestan en lo mínimo a los miles de sindicatos blancos que venden protección laboral y son mafias de extorsión. Aunque posteriormente matizó: el protagonismo de algunos dirigentes está dañando la unidad de sector laboral mexicano. El SNTSS analizará la posibilidad de ser organización independiente.

Y de cara al primero de mayo de 2008, advirtió que hoy está en peligro la Ley Federal del Trabajo, pero el SNTSS está contra la flexibilización salvaje y para decir a los autistas del gobierno que el movimiento obrero está en el límite. También debemos replantear la continuidad en la UNT.

Pero, con todo, hubo una intervención señalada. Antes de su negociación salarial 2008, Gutiérrez Fragoso sostuvo que la llegada del PAN al poder no se ha traducido en certidumbre ni progreso para la mayoría de la sociedad. Por el contrario, ha quedado claro que este gobierno eligió profundizar un modelo económico y de poder que ajusta a la baja las condiciones de vida de las mayorías. En nombre de la modernización del mercado y de la competitividad se decidió no sólo mantener los bajos salarios, sino desmantelar las instituciones sociales del país. La alternancia en el poder y la llegada de un partido distinto al gobierno no se tradujo en una nueva y mejor ruta para las mayorías. Por el contrario, ha significado el abandono del Estado en su mandato constitucional, que lo obliga a tutelar los derechos sociales y laborales de los mexicanos. Ejemplo de ello son los trabajadores del IMSS, que han sido sometidos no sólo al descrédito, la difamación y el acoso. A la par de ello, a una política de ahorro forzosa, a la privatización silenciosa de los servicios y seguros de la institución. Igual que ocurre en otras áreas estratégicas, como los sectores petrolero, eléctrico y aéreo, entre otros, prevalece no el fantasma del neoliberalismo, sino la determinación de los grupos de poder de no dejar pasar este momento de debilidad del Estado para avanzar en el abaratamiento general del mundo del trabajo. El mercado se mide ahora no sólo por la libertad de inversión de unos cuantos, sino porque se garantizan facilidades para el sector patronal, que incluyen baja tasa de sindicalización, bajos salarios, mínimos de seguridad y, obviamente, precios subsidiados.

Y sólo siete meses después aceptó ser diputado plurinominal panista porque su oferta fue la más atractiva.

Sus amagos sobre la UNT no cesaron. En noviembre de 2008 amenazó: la abandonaremos si no se renueva; en diciembre: en los años recientes se abusó y desgastó el concepto de la huelga nacional.

Hasta que, amparado en el 64 Consejo Nacional Ordinario del SNTSS, Gutiérrez Fragoso optó por ser oportunamente independiente. Paradojas de la democracia sindical corporativa y autoritaria: sus representados nunca fueron consultados para ingresar a la UNT, tampoco para abandonarla.

Pero casi simultáneamente, comunicó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social entregó la toma de nota 2010-2012, que avala la extensión de su periodo sindical de cuatro a seis años.

El 11 de octubre de 2010, a propuesta de los delegados, el 49 Congreso Nacional Ordinario del SNTSS aprobó ampliar la dirigencia de Gutiérrez Fragoso hasta 2018.

El segundo periodo que tendré al frente del sindicato –aclaró– fue aprobado por unanimidad en un proceso democrático. La prórroga no asentará ningún precedente para el futuro de algún secretario general, ni implica un proceso de ampliación o relección para los comités seccionales.

Ante la repudiada reforma Lozano, el independiente Gutiérrez Fragoso dice no estar ni a favor ni en contra; estamos en estudio, mientras los servicios del IMSS ¡van a peor!

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

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