Sesión en el IFE.
Lourdes Morales Canales
MÉXICO, D.F., 13 de octubre (apro).- El viernes pasado cerró la convocatoria emitida por la Cámara de Diputados para el registro de candidatos que renovarán a tres de los nueve consejeros electorales del Instituto Federal Electoral.
La selección de estos consejeros resulta clave para el relevo presidencial del 2012, no solo por los retos que desde ahora se vislumbran, sino por la necesidad de despejar toda duda que cuestione la neutralidad e imparcialidad de la institución electoral que tendrá a cargo el proceso.
De todos los nombres que se barajaron en los medios de comunicación días previos a que cerrara la convocatoria, 146 candidatos quedaron registrados y sus ensayos de concurso así como sus hojas de vida pueden ser consultados en la página internet de la Cámara de Diputados.
Gracias a esto sabemos que del total, solo 30 de los registros fueron mujeres, es decir, 20.5%. Esta cifra se acerca mucho al 26.2% que tienen las mujeres actualmente en la Cámara de diputados y al 19.5% que tienen en el Senado y sin embargo, un desplegado firmado por “Mujeres en plural” adscrito por diputadas y exfuncionarias públicas, exige que exista paridad en la representación del IFE y que para ello, los tres lugares vacantes sean asignados a mujeres.
Esta demanda, que pretende aumentar la representatividad de las mujeres, cuestión indispensable en el país, presenta dos derivaciones perversas: la de la simulación y la de la real exclusión.
En el primer caso el mismo argumento de la paridad, fue el que llevó a hacer ajustes al Código Federal de Instituciones Políticas (COFIPE) para que en todas las fuerzas políticas existiera un mínimo de 40% de candidaturas femeninas en los cargos de representación popular. Esto también estuvo al origen de la modificación de estatutos partidistas que llevaron a algunas fuerzas políticas a establecer la cuota de 50% de candidaturas femeninas.
Sin embargo, en los hechos este principio se prestó a una enorme simulación tal y como lo vimos con el caso de las llamadas “Juanitas” de la actual LXI legislatura. Se trata de las trece diputadas en su mayoría del PRI y del PVEM aunque también de otros partidos, que una vez electas, pidieron licencia para otorgar su lugar a maridos, hermanos, novios y demás parentela. Así pasó con Katia Garza del PVEM que dejó en su lugar a su marido Guillermo Cuevas Sada o de María Ivette Ezeta, del mismo partido que dejó en su lugar a su hermano Carlos.
Lo mismo sucedió con Alejandro del Mazo, sobrino del priista Alfredo del Mazo, que ocupó el lugar de Carolina García. Este evento nos mostró cómo los partidos manipularon las cuotas sin generar mayor equidad ni mucho menos mejor representatividad femenina.
Ahora bien, en lo que se refiere al riesgo de la real exclusión, en el 2003, la selección de consejeros sin el consenso del PRD nos mostró las consecuencias de lo que después se llamaría “defecto de origen” del Consejo electoral. Bastó con una elección cerrada y con reglas insuficientes para garantizar la equidad y para sancionar a los actores de la contienda, para avivar los fantasmas del fraude electoral.
El actual proceso de renovación del consejo electoral permite conocer a los candidatos y sus trayectorias. Este primer avance en transparentar el proceso, responde a la exigencia de rendición de cuentas y responsabilidad de nuestros representantes frente a una ciudadanía que pide nuevas formas de relación entre partidos políticos y sociedad.
Gracias a esto sabemos que la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación de la Cámara ya eliminó a 12 candidatos, cinco de ellos mujeres, por no cumplir con los requisitos (dos de ellas ocuparon cargos partidistas en los últimos cuatro años y tres de ellas no cuentan con la preparación en materia electoral). No se trata de discriminación, ni de inequidad de género, sino de capacidad para ejercer el cargo.
También sabemos que hay candidatos que además de contar con la preparación en la materia, en los hechos han impulsado políticas que favorecen los derechos de las mujeres y que representan los intereses de un amplio sector de la sociedad, como el exombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza, David Gómez Álvarez, Ciro Murayama experto en fiscalización partidista y Jorge Javier Romero, éste último conocido por impulsar la llamada “agenda rosa” de los proyectos políticos Socialdemocracia, México Posible y Alternativa Socialdemócrata.
Este es un buen avance sin duda, aunque todavía insuficiente ya que puede complementarse con la transmisión de las entrevistas a los candidatos en vivo vía canal del Congreso, o bien, con un reporte público sobre los motivos de la calificación sobre cada uno de los candidatos, por parte de todas las fuerzas políticas involucradas. Esto despejaría dudas como las que se generaron en procesos de selección anteriores cuando por ejemplo los partidos calificaron con cero a candidatos con las mejores credenciales como Mauricio Merino.
El proceso de selección de consejeros coincide con el 20 aniversario de la creación del IFE, un momento en el cual se transitó de las elecciones cuestionadas y conflictos postelectorales sangrientos, a la consolidación de alternancias en los tres niveles de gobierno con la aceptación de resultados por parte de todos los contendientes.
En los diversos foros que se han organizado se mira con nostalgia a las primeras generaciones de consejeros ciudadanos por no contar en aquél entonces con el predominio de los intereses de solo una facción partidista. Ante esto, la actual designación merece atención y supervisión de toda la sociedad en donde se incluyan mujeres por sus capacidades y no por cuotas, para asÍ no echar por la borda dos décadas de construcción institucional.
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