Notifica CIDH a Estado Mexicano quejas de familias de mineros
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF. 15 oct. 10 (CIMAC).- En un plazo de dos meses, el Estado mexicano tendrá que explicar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las violaciones a los derechos humanos de los 63 mineros caídos en el yacimiento Pasta de Conchos, Coahuila y de sus familias.
El director del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), Carlos Rodríguez, informó que el pasado 24 de septiembre, la CIDH notificó que “ha corrido traslado al gobierno de México”, es decir que solicita las observaciones del Estado acerca de la queja que presentaron ante este tribunal, viudas y familiares de los mineros caídos.
La CIDH le dio un plazo de dos meses al Estado mexicano para que “responda a las pruebas, evidencias y documentos que hemos presentado, mismos que muestran la negligencia de las autoridades y de la empresa Minera México”, no sólo en el momento del rescate, sino en el acceso a la justicia de las víctimas, dijo a Cimacnoticias.
Además de la rendición de cuentas ante la CIDH, el Estado mexicano tendrá que presentarse, del 25 de noviembre al 10 de diciembre en la OIT, durante la reunión de Comisión de Expertos, para informar acerca de lo que ocurre en la “minería informal” en la región carbonífera del norte del país.
Carlos Rodríguez calificó estas fechas, como la oportunidad de que Felipe Calderón realice el rescate de los restos de los mineros atrapados desde el 19 de febrero de 2006, “que ponga el mismo empeño que tiene en su guerra contra el narcotráfico, en esta causa humanitaria, para que, con ello, se coloque a la estatura del presidente de Chile, Sebastián Piñeira”.
DESPRECIO POR MINEROS Y SUS FAMILIAS
El director de Cereal afirmó que la diferencia entre las empresas y autoridades chilenas y mexicanas, se sintetiza en que “allá mostraron su solidaridad para con los trabajadores y aquí su desprecio”, ejemplo de ello es que ni el mandatario Vicente Fox, ni Felipe Calderón encabezaron los trabajos del rescate.
Con el rescate de los 33 trabajadores de la mina San José, en Chile, las familias de los carboneros fallecidos en Coahuila, “tuvieron una reacción de pesar y enojo, pues se cuestionan ¿porqué en México no ocurrió lo mismo? ¿porqué no barrenaron para liberar metano y localizarlos?”, mencionó Carlos Rodríguez.
También, les indigna que la política de Minera México se basó en mentiras, “simularon un rescate, cuando en realidad no sabían dónde estaban los mineros”.
De acuerdo con el director de Cereal, para las viudas y familiares el sufrimiento no ha cesado, “primero por el accidente, después porque los dieron por muertos y decidieron no rescatarlos, y cuando ya llevaban un tercio de los trabajos para recuperar los restos, la empresa decidió parar”.
Además de los 65 mineros muertos, de los que sólo dos fueron rescatados, entre las víctimas del siniestro están más de 160 huérfanos, que en ese momento eran menores de edad, así como alrededor de 10 personas afectadas por cada uno de los carboneros caídos.
“DIFERENCIAS ABISMALES”
La disparidad entre el actuar de las autoridades chilenas y las mexicanas frente a un siniestro como el que ocurrió en agosto pasado en Sudamérica, son “abismales”, señalan en comunicado de prensa organizaciones solidarias con las víctimas de Pasta de Conchos.
En principio, Minera México, propiedad de Germán Larrea, agotó la búsqueda de los mineros en menos de dos días y los declaró muertos en menos de cinco, sin haber instalado “equipo de monitoreo sísmico que ubicara a los mineros con precisión”.
La empresa, cuyas ventas sumaron 14 mil 98 millones de dólares entre 2006 y 2007, no entregó a las cuadrillas de rescate “información confiable y temprana como planos digitales actualizados, una red de sensores de gas y señales de comunicación y rastreo de los mineros”, mencionan las organizaciones con base en el dictamen del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Y aseguran que en el país se rescató a la empresa, presidida por Javier García de Quevedo y, en Chile, a los trabajadores, ya que el gobierno no emplazó a Minera México a cumplir con su obligación constitucional de hacerse responsable del accidente de trabajo, como lo señala el artículo 123.
De igual modo, en abril de 2007, cuando la empresa unilateralmente suspendió las labores de recuperación de los restos, Javier Lozano, secretario del Trabajo, “jamás pidió a la empresa probar su dicho”.
Además de su determinación de no rescatar a los mineros, el Estado mexicano se opuso a todos los recursos jurídicos empleados por las familias en busca del esclarecimiento de los hechos y la recuperación de los restos de sus seres queridos.
Otra diferencia es que Minera México no invirtió sus utilidades netas, que entre 2006 y 2007, fueron de 3 mil 422 millones de dólares, en rescatar a los 63 trabajadores del carbón, pero sí los destinó para “intentar callar a las familias”.
Las organizaciones, entre ellas Cereal y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, refieren que el salvamento de los mineros en Chile fue “más barato y eficaz”, ya que mientras en ese país destinaron 22 millones de dólares para el rescate, Minera México designó 29.3 millones de dólares (.85 por ciento de las utilidades netas de la empresa del par de años referidos) en “reparación del daño por minero muerto” y “ayuda humanitaria”.
Por último, aclararon que es falso el dicho del secretario del Trabajo, quien asegura que por el gas en las minas de carbón es imposible realizar el rescate, pues antes y después de Pasta de Conchos, se han rescatado a todos los mineros fallecidos desde 1902, después de explosiones, inundaciones, o derrumbes en las mina de este tipo.
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