Pedro Matías
San Juan Copala, Oaxaca, se convirtió en el eje de la lucha fratricida que libran tres organizaciones de la etnia triqui. Las tres se disputan a tiros el control político de la región. La más reciente ofensiva, que en abril pasado causó la muerte de dos activistas de los derechos humanos, llegó a su punto más sangriento el 17 de septiembre, cuando comandos del MULT y la Ubisort (presuntamente financiados por la administración oaxaqueña) se lanzaron al saqueo y al asesinato de los habitantes de Copala, quienes se habían declarado municipio autónomo... Y sin embargo los líderes de las tres organizaciones se dicen dispuestos al diálogo.
JUXTLAHUACA, OAX., 12 de octubre (Proceso).- Con una “estrategia de contrainsurgencia y táctica paramilitar”, los grupos armados que operan en la región triqui sometieron a tiros y expulsaron a casi todos los habitantes de San Juan Copala.
Durante casi un año los integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) tuvieron bajo asedio a esa comunidad indígena que era controlada por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), que en 2006 se escindió de la primera organización y al año siguiente declaró la independencia del municipio.
Según fuentes gubernamentales, alrededor de 800 habitantes de San Juan Copala tuvieron que refugiarse en las comunidades aledañas. Uno de los desplazados comenta: “Aquí (en el municipio autónomo) ya no somos libres; no hay gobierno. Aquí gobiernan las armas. Ni el Ejército es capaz de entrar y los policías le tienen miedo a los paramilitares”.
Ahora, dicen los desplazados, los paramilitares van por las comunidades de Agua Fría, Yosoyuxi, Paraje Pérez y Santa Cruz a fin de dominar la región Triqui Baja.
Si alguien quiere entrar a San Juan Copala necesita un salvoconducto. Si no lo tiene puede morir. El pasado 27 de abril, una caravana humanitaria que llevaba alimentos a esa comunidad fue emboscada. En el ataque murieron la activista mexicana Beatriz Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola (Proceso 1748). La violencia entre triquis ha durado al menos 29 años. Los mismos que tiene el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.
Para llegar a la comunidad de Rastrojo, centro de operaciones del grupo, hay que librar varios retenes de militantes armados. Exmilitantes de esa organización, que pidieron a Proceso no revelar sus nombres, afirman que los miembros del MULT disponen de armas de uso exclusivo del Ejército y radios de comunicación, por lo que cada vez que un desconocido entra a la zona todas las comunidades se enteran de inmediato.
Exintegrantes de la organización afirman que localizar a Rufino Merino Zaragoza, lugarteniente de Heriberto Pazos Ortiz, líder del MULT, es difícil: nunca se sabe dónde se harán sus reuniones; por motivos de seguridad siempre tienen lugar en lugares diferentes. “Hay 10 o 15 hombres armados a su lado, además de un equipo de seguridad de ocho personas”,.
Aunque en Rastrojo no hay un campo formal de entrenamiento militar, la instrucción para el uso de armas se realiza ahí con las plantaciones como tiro al blanco. Ahora, se quejan algunas indígenas consultadas por este semanario, “se entrenan apuntando y tiroteando a las mujeres, a los niños, a los pollos, los marranos y los perros”.
Denuncian que a los niños se les enseña a ser asesinos. Aunque no los reclutan directamente, a menores de entre 12 y 16 años los convencen de que “son más fuertes si tienen un arma… entonces van solitos”.
También les venden la idea de que “el estudio no sirve, el estudio no te va a defender de una bala” y les dicen que les van a pagar 20 mil pesos si matan a alguien. “Su pobreza y el ansia de poder y dinero los motivan a enrolarse en el agrupo armado”, dice uno de los entrevistados.
Funcionarios del gobierno oaxaqueño, cuyos nombres se reservan, informan que los tres grupos de la Región Triqui están armados.
Agregan que para entrar a la región triqui es necesario el salvoconducto de los líderes del MULT (Heriberto Pazos Ortiz o Rufino Merino Zaragoza), de la Ubisort (Rufino Juárez Hernández y Antonio Cruz López) o del MULTI (Jorge Albino Ortiz).
Las mismas fuentes señalan, sin embargo, que el gobierno del estado financia al MULT con 200 millones de pesos anuales y a la Ubisort con 60 millones.
Estado fallido
Para el apoderado legal de la arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Francisco Wilfrido Mayrén Peláez, San Juan Copala representa el fracaso de la política. “No hay que ir más lejos para comprobar el Estado fallido”, afirma.
Agrega que si Felipe Calderón y Ulises Ruiz son incapaces de pacificar a la comunidad triqui, “menos van a poder ganar la guerra contra el crimen organizado”.
Lo más lamentable, dice, es que “el gobierno de Ulises Ruiz se ha convertido en una carroza para sacar los muertos o ambulancia para ir por los heridos de la zona de guerra en que se ha transformado San Juan Copala debido a su ineptitud para atender los grandes problemas de Oaxaca”.
El subsecretario de Gobierno estatal, Joaquín Rodríguez Palacios, reconoce que desde octubre del año pasado se reiniciaron las hostilidades entre triquis; sin embargo en marzo de este año se recrudecieron y desde entonces “tenemos un estado de excepción” en San Juan Copala.
“No tenemos garantizados los insumos para los alimentos de la comunidad, están suspendidos los servicios educativos, no se inició el ciclo escolar 2010-2011, no hay servicios de salud y no hay agua potable ni energía eléctrica”.
Todo esto, según Rodríguez Palacios, es consecuencia de la inseguridad y la incertidumbre ante la ausencia de los instrumentos de seguridad que tiene el estado y de la impunidad con la que se han conducido los agresores de uno y de otro lado.
Recordó que en abril de 1997, con Diódoro Carrasco Altamirano como gobernador, se logró suscribir un Acuerdo de Paz, Tranquilidad y Concordia en la Región Triqui, que se ratificó en junio de 2001 en el gobierno de José Murat Casab; sin embargo, en la administración de Ulises Ruiz no se llegó a ningún acuerdo con las facciones en pugna.
“El estado incurre en una grave omisión porque no está proporcionando lo que por garantía constitucional pertenece a los habitantes de San Juan Copala: la seguridad y el derecho a la vida”, dice el funcionario estatal.
“Además no hay servicios y eso es gravísimo. Están en un estado de excepción, en un estado de sitio porque no tenemos presencia de gobierno”.
La fractura
Las fuentes del gobierno oaxaqueño informan que el MULT –que lleva 29 años en la región encabezado por Heriberto Pazos Ortiz– en algún momento se consideró de izquierda, pero durante la administración de Murat Casab fue cooptada por el gobierno priista, a tal grado que en 2004 apoyaron a Ulises Ruiz por medio del Partido de Unidad Popular.
Ese hecho generó una división. En 2006 un grupo se escindió del MULT y formó el MULTI, que en enero de 2007 creó –siguiendo el ejemplo del EZLN en Chiapas– el municipio autónomo de San Juan Copala que, de acuerdo con la división territorial, política y administrativa de Oaxaca, tiene la categoría de agencia municipal de Santiago Juxtlahuaca.
La Ubisort, dicen las fuentes, creció al amparo del PRI y en años recientes ha tenido el apoyo de Jorge Franco Vargas, exsecretario general de Gobierno de Ulises Ruiz.
Ahora las tres agrupaciones se disputan el territorio triqui, particularmente San Juan Copala, donde el MULT –que había venido perdiendo fuerza– trata de recuperar poder mediante las armas.
Hay un autogobierno armado en la región triqui porque los líderes del MULT se erigen en poder supremo, designan a personas incondicionales y los improvisan como jueces o ministerios públicos para castigar a quien se rebela o no cumple sus órdenes.
La ofensiva de septiembre
Algunas familias de desplazados relatan a Proceso los días de incertidumbre y terror que vivieron antes de abandonar sus comunidades, cuentan cómo sus viviendas se cimbraban por los impactos de las balas y ellas pensaban que en cualquier momento entrarían los paramilitares a asesinarlas.
La agresión contra Copala empezó con algunos tiroteos aislados en octubre de 2009. Y fue en aumento. Vinieron los bloqueos, las emboscadas, los asesinatos, los ataques a mujeres y niños y el aislamiento; y acabó con el éxodo de familias enteras que prefirieron abandonar sus casas antes que morir de hambre, acribillados, colgados o quemados vivos.
El pasado 13 de septiembre los paramilitares del MULT y la Ubisort se apoderaron del palacio municipal de San Juan Copala y con altavoces comenzaron la intimidación: antes o después de disparar algunas ráfagas al azar los mensajes amenazaban con colgar o quemar vivos a todos los que se atrevieron a rebelarse y se declararon municipio autónomo.
Desde ese día los habitantes de Copala (del MULTI, en su mayoría) ya no pudieron salir de sus casas… tampoco cocinar, porque al menor indicio de humo sus viviendas eran ametralladas. Lo peor ocurrió la noche del 17 de septiembre: los paramilitares entraron a saquear algunas casas.
Los habitantes de Copala decidieron huir en la madrugada del 18 de septiembre.
Una de las desplazadas, María Soledad González, narra a este semanario cómo escapó entre la oscuridad y la “lluvia de balas”. Hizo un día y una noche a ratos caminando y a ratos arrastrándose.
Felipa de Jesús Suárez, de 44 años, dice: “Estuvimos como animalitos, encerrados y sin comer. Mis niños gritaban. Querían tortilla pero nadie nos apoyó”.
Miguel Ángel Velasco Álvarez recuerda que el 17 de agosto los paramilitares “dispararon como si fuera lluvia durante cuatro días. Luego vino una calma y el 8 de septiembre dispararon duro y la madrugada del 13 de septiembre tomaron la presidencia municipal y cercaron a casi todo el pueblo”.
Por los altavoces anunciaban que daban a los habitantes de Copala 20 horas para salir del pueblo.
“No pensábamos en salir. Ni madre. Pero amenazaron con que nos iban a colgar frente a la iglesia y a quemar las casas. Reuní a mi gente y tomamos la decisión de salir el domingo 19 y llegamos el 20 a Agua Fría”, narra.
Otilia Santiago Martínez piensa que los paramilitares “tienen programado sacarnos de Agua Fría, Yosoyuxi, Paraje Pérez y Santa Cruz (donde tiene presencia el MULTI). A punta del cañón quieren recuperar a los pueblos”.
Diálogo fallido
De las tres organizaciones triquis sólo el MULT se opone a la presencia del Ejército en la región. Además Rufino Merino se niega a informar dónde obtienen las armas con el argumento de que no se quiere “abrir las nuevas heridas de nuestras gentes para que no se presenten a la mesa de diálogo” que promueve el obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes.
“Mientras menos hablemos de lo que nos pasó… porque todos estamos agraviados; para no meternos ahí, mejor lo dejamos así”, afirma, luego de deslindarse de las acusaciones del MULTI que los señala de ser responsables de los asesinatos y del estado de sitio en Copala. Pero dice estar dispuesto al diálogo.
A su vez el dirigente de la Ubisort, Rufino Juárez Hernández reconoce que “todos los triquis, de todas las organizaciones, tienen armas para defenderse”, al tiempo que dijo estar dispuestos a que el Ejército o las fuerzas federales realicen un operativo de desarme para evitar la violencia en la zona triqui y con ello impedir nuevas matanzas. No obstante él ha declarado que si entra la policía, “habrá un baño de sangre”.
Por su parte el MULTI emitió un comunicado en el que advierte que el asunto de fondo podría ser el narcotráfico y por eso no se permite la entrada de ningún cuerpo policiaco ni del Ejército, pese a que el 95 Batallón de Infantería está en Juxtlahuaca, a 20 kilómetros de San Juan Copala.
El analista político e investigador de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Víctor Leonel Juan Martínez, resumió que todos estos hechos demuestran “la ausencia de estado en la región, el abandono de los tres niveles de gobierno, la falta de seguridad pública y la suspensión de las garantías constitucionales, aunado al clima de violencia e impunidad”.
Añadió: “Es una ausencia del Estado de derecho; la región triqui se ha convertido así en una ínsula. Desde que empezó el año no hay clases en Copala. La inseguridad y el temor a los grupos paramilitares han dejado sin servicios y en la indefensión a buena parte del pueblo. Es una suspensión de garantías de facto. Es la ausencia del Estado”.
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