4/13/2012

Activistas piden censo de posibles víctimas de trata


Desaparecen mujeres jóvenes y familias no saben de ellas


Por Patricia Mayorga, corresponsal

Ciudad Juárez, 12 abr 12 (CIMAC).- Ellas fueron a buscar trabajo fuera de sus comunidades, pero ya no regresaron a sus casas. Sus familias creen que se casaron o que por falta de dinero no pudieron volver.

Son las víctimas de trata de personas en el estado de Chihuahua que permanecen en el olvido, mientras el delito se expande y se mantiene impune ante la indolencia de las autoridades judiciales.

Por ello, organizaciones civiles de mujeres han demandado a la Fiscalía General del estado que convoque a habitantes de pueblos y ranchos, principalmente de la zona serrana, para que pregunten por el paradero de sus familiares mujeres que se hayan ido en busca de trabajo a otra ciudad y que no han sabido de ellas.

De esa manera las familias podrían saber si las mujeres –jóvenes en su mayoría– están bien o si fueron secuestradas. Se elaboraría un censo para presentar un reporte ante las autoridades y que inicien las investigaciones correspondientes.

Norma Ledezma, presidenta de Justicia para Nuestras Hijas, explica que esos casos son poco visibles y poco investigados, toda vez que apenas se reconoció que el delito de trata de personas existe en Chihuahua.

También advierte que las dependencias encargadas de indagar apenas cuentan con infraestructura y presupuesto para ello. La activista advierte que las autoridades han sido “cómplices” del crimen al ser omisas en las investigaciones.

ESTIGMATIZACIÓN

Ledezma observa que para indagar y castigar la trata de personas se opone una barrera “cultural y social” muy arraigada que “cosifica” a las mujeres, y las culpabiliza por ser víctimas de ese delito.

“La misma cultura, la sociedad, advierten a las mujeres que quienes son buenas no salen de noche, no se arriesgan a ser secuestradas o violadas a las 8 o 9 de la noche, no visten con faldas cortas o short”, explica la dirigente de Justicia para Nuestras Hijas.

Y es que –añade– la víctima de trata, además del daño psicológico y físico con el que tiene que vivir, también carga con la culpa porque se llega a creer responsable de lo que le pasó.

“Un hombre secuestrado y liberado debe superar lo vivido, pero una mujer además tiene que superar haber sido ultrajada. Eso nos habla de que ser mujer sí nos hace más vulnerables (ante este delito)”, recalca Norma Ledezma.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH), José Luis Armendáriz González, explica que
el aislamiento es la principal señal de que una mujer es víctima de trata de personas.

“La víctima siempre es trasladada a otro lugar, puede ser muy lejos o muy cerca, pero ese lugar debe estar lejos del círculo de relaciones de amistades o relaciones de la víctima”, detalla.

Agrega: “De ahí que siempre la característica de la trata es que (las mujeres) no son del lugar donde están siendo víctimas del delito. Cualquier falta a toda normatividad de tipo laboral, trabajos forzados, como los jornaleros, migrantes o trabajo doméstico, es sospechoso de trata, la víctima no es del lugar”.

El funcionario describe que el tratante de personas somete a la víctima a un proceso de “cosificación” antes de inducirla a que sea explotada con fines sexuales o laborales.

Perseguir ese delito resulta complejo porque para que la víctima denuncie primero hay que empoderarla, señala Armendáriz. “Se genera además una relación enfermiza y no es fácil salir”, apunta.

“En Chihuahua la trata va muy de la mano también con las migraciones, donde hay migraciones hay posibilidades de la existencia del delito y no podemos negar que Chihuahua es un lugar de tránsito. Hay que ser muy cuidadosos de los comportamientos delictivos, de los grupos delincuenciales. Donde hay migración se propicia la trata de personas”, abundó.

DESAPARECIDAS

El caso de Aurora –del cual Justicia para Nuestras Hijas fue coadyuvante en las investigaciones– es un botón de muestra del flagelo que significa el delito de trata en Chihuahua.

En 2011, Aurora tenía 20 años cuando tres hombres se la llevaron mientras esperaba un camión para ir a su cita médica en un hospital público de la capital del estado. En su relato recuerda que despertó desnuda en una tarima de madera y que estuvo cautiva unos días.

En el lugar donde fue levantada, unos albañiles encontraron el bolso de la joven y lo entregaron a la familia, la cual de inmediato interpuso la denuncia. Los familiares acudieron con Justicia para Nuestras Hijas para que coadyuvara en el caso.

Se inició así una campaña vía Twitter y Facebook para buscar a Aurora. A los dos días fue encontrada, luego de que una noche los tratantes la dejaron en las instalaciones del campus viejo de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Al salir del lugar, la joven vio su imagen en uno de los volantes que se habían difundido para localizarla. Apenas con fuerzas luego de haber sido ultrajada, Aurora despegó el anuncio de la pared y se lo mostró a una señora que iba pasando. De esa manera regresó a su casa.

Aurora no recuerda muchas situaciones concretas, pero pudo deducir que fue trasladada al municipio de Ojinaga (a 231 kilómetros al noreste de la ciudad de Chihuahua), toda vez que, dijo, reconoció el camino.

Aurora y su familia ahora viven fuera de Chihuahua ante el temor de que los criminales vuelvan a buscarla.

Otro caso llevado por Justicia para Nuestras Hijas es el de las hermanas Nancy y Daisy Caraveo Paredes, quienes fueron desaparecidas y asesinadas en agosto de 2011.

Las jóvenes –de 20 y 26 años de edad, respectivamente– fueron levantadas en la localidad de San Juanito, municipio de Bocoyna. Cinco días después, fue encontrado el cadáver de Gonzalo Molina Sandoval, quien había dado un “aventón” a las hermanas el día de su desaparición.

De las jóvenes no se sabía nada aún. Dos semanas después, el Ejército detuvo a cinco personas relacionadas con el crimen organizado y a quienes se les encontró las credenciales de elector de las hermanas Caraveo.

Uno de los delincuentes dijo que las jóvenes estaban muertas y que sus cuerpos habían sido abandonados cerca de un lugar conocido como La Antena, en el municipio serrano de Bocoyna.

El Ejército resguardó el lugar y la Fiscalía Zona Occidente llevó perros para rastrear el terreno. Los cuerpos tenían rastros evidentes de abuso sexual.

Las investigaciones indicaron que las hermanas fueron seguidas y secuestradas para dar servicio sexual al grupo delictivo que las desapareció. Por un error de uno de los criminales ambas fueron asesinadas.


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