La raíz de los problemas fundamentales del país no está en la falta de leyes, sino en la inexistencia de un firme Estado de derecho. Mientras los tres poderes de la Federación no actúen con base en tal premisa, no se podrán dejar atrás situaciones lamentables como las que caracterizan a México en la actualidad. Lo que urge es crear condiciones que fortalezcan las instituciones nacionales, no un marco legal que endurezca las relaciones entre gobernantes y gobernados, como será el caso de ser aprobado el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales en la Cámara de Diputados.
El binomio PRI-PAN actúa al unísono para sacar adelante un proyecto que significaría un paso adelante en la conformación de un Estado policíaco, mediante el cual podrían imponer una dictadura “legal” que les permitiría reprimir a la población sin temor a violar ordenamientos constitucionales. Así se advierte, porque no se requeriría de orden judicial para aprehender a presuntos delincuentes, entre los que estarían todos aquellos luchadores sociales que se vieran obligados a protestar contra un régimen violatorio de las garantías individuales.
Entre los nuevos delitos se incluyen espionaje, sabotaje, tortura, tráfico de indocumentados y otros. Alguien que carezca de malicia podría decir que es bueno que se castigue con más rigor a los infractores de la ley, pero conviene decirle que a final de cuentas ese no es el propósito de la reforma, sino sentar las bases para criminalizar las protestas sociales, que saben habrán de arreciar de quedar en la Presidencia cualquiera de los dos partidos, cuyos objetivos básicos no son gobernar conforme al sentido concreto que tiene esta actividad, sino aprovecharse del poder con fines patrimonialistas como ha quedado plenamente documentado en los últimos treinta años.
La realidad es que la clase política en el poder sabe perfectamente que sin apretar las tuercas del aparato judicial no podrá seguir disfrutando de los privilegios que le otorga el ejercicio del gobierno. Han sido muchos y constantes los abusos contra la sociedad, incluida en ella quienes dejan de pertenecer al aparato gubernamental, por jubilación o retiro forzoso, como ahora se estila. Hasta militares de las diversas armas han sido afectados seriamente en sus derechos, al quedar fuera de las nóminas por razones de edad. Reciben un trato incluso peor al de cualquier pensionado, incumpliendo promesas que se les habían hecho de recibir un trato justo y equitativo, tal como lo ha denunciado la Federación de Militares Retirados, AC “General Francisco J. Múgica”.
Esto patentiza que los tecnócratas que nos desgobiernan desde hace tres décadas carecen de sensibilidad social y visión política, por eso no saben hacer otra cosa que endurecer su relación con los gobernados, sin parar mientes en que a la larga tal procedimiento se les acabaría revirtiendo, como así ha sucedido en todos los tiempos. De ahí que sea una decisión absolutamente equivocada la de aprobar un Código Federal de Procedimientos Penales que incrementaría las penas, sin que paralelamente se haga algo por corregir las causas sociales de todo acto delictivo, como es el caso en un régimen que todo lo quiere arreglar con la mano dura del Estado.
Cabe puntualizar que de nada habrá de servir tampoco la reforma que aprobó la Cámara Baja a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante la cual hasta extranjeros podrán laborar en empresas de seguridad privadas. Así, como lo advirtieron legisladores del Partido del Trabajo, se abren las puertas para que mercenarios foráneos ingresen al país con todo lo que ello implique, que desde luego no será favorable a la sociedad.
Sin embargo, de nada servirá insistir que este no es el camino para que México recupere la paz social perdida, porque a todas luces es muy claro que lo único que tiene en mente la clase política en el poder es crear condiciones “legales” que le permitan reprimir al pueblo sin tener que rendir cuentas enojosas a organismos de derechos humanos, mucho menos a gobiernos extranjeros, pues argumentarían que están actuando dentro de la ley.
Por eso es válido afirmar que nos encontramos ante la última oportunidad para evitar que México se hunda en el pantano de la dictadura de corte fascista. La vía pacífica está al alcance de la mano votando por un cambio verdadero, no por mantener un statu quo injusto e inviable, como el que pretenden salvaguardar tanto el PAN como el PRI. Es obvio que no piensan en las consecuencias de su terquedad, de ahí el imperativo de que los sectores pensantes de la oligarquía tomen cartas en el asunto y actúen conforme lo manda el sentido común, pues poco les duraría el gusto si pretendieran imponer una dictadura. Las clases mayoritarias saldrían de su letargo porque no les quedaría otra opción más que luchar por el futuro de sus hijos
No hay comentarios.:
Publicar un comentario