En estos días de recogimiento espiritual para los creyentes cristianos, la lectura de un libro como El Caso del Papa, “Obligación del Vaticano de rendir cuentas por abusos contra los derechos humanos”, nos da una idea de la verdadera pasión que vive la Iglesia católica tras la ola de denuncias que han marcado el pontificado de Benedicto XVI.
El libro, publicado en México por Católicas por el Derecho a Decidir y Demac, es la traducción de un compendio realizado por Geoffrey Robertson, consejero de la Reina de Inglaterra, fundador y director de Doughty Street Chambers, el bufete especializado en derechos humanos más grande de Gran Bretaña.
Robertson es juez y auxiliar del colegio de abogados Middle Temple y en 2008 se convirtió en miembro del Consejo de Justicia Interna por votación personal de la ONU y nominado a secretario general de esta organización. Se ha especializado en el tema de crímenes contra la humanidad.
Por esta razón considera que los casos de abusos sexuales de niñas y niños a gran escala y de manera sistemática, cometidos por sacerdotes y obispos católicos, se puede considerar como “crimen contra la humanidad”. “La ONU cometió un error al otorgar a la Iglesia católica una condición portentosa que no se confiere a ninguna otra religión ni a las ONG”, advierte Robertson en su introducción.
La idea del libro-compendio surgió de un artículo titulado “Pongan al Papa en el Estrado”, publicada en The Guardian y Daily Beast, en 2010. El alegato se volvió un escándalo. Robertson explica que su intención era “establecer que los Papas no son inmunes a las acciones legales y que a menos que el Vaticano confronte su historial de proteger a sacerdotes y pederastas y abandone el argumento de que los disciplinará conforme al Derecho Canónico, su dirigente podría ser objeto de una demanda por daños o terminar sometido a investigación por el fiscal de una corte internacional”.
En diez capítulos, el especialista expone una síntesis trepidante de los casos más graves que se han ventilado en los últimos años y la forma de “arreglarlos” de manera extrajudicial, a un alto costo económico y moral para la Iglesia católica. He aquí una breve síntesis:
-Tan sólo en Estados Unidos, los arreglos extrajudiciales superan los 1,600 millones de dólares. En Irlanda, Australia, Canadá y otras naciones europeas se presentaron decenas de demandas. Todo esto ocurrió mientras Benedicto XVI era el responsable de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
-La caja de pandora en Estados Unidos se abrió en Boston Globe, periódico que documentó en 2002 cómo desde mediados de los noventa, más de 130 personas revelaron historias de horror de su infancia, cometidas por el ex sacerdote John Jay Geoghan, quien violó sistemáticamente durante tres décadas a menores en media docena de parroquias en Boston. El cardenal Bernard Law estuvo al tanto de esos abusos y no hizo nada.
-Siguieron otras demandas y juicios colectivos de víctimas en diócesis como Spokane, Washington, Tucson y Arizona. La cuenta total por casos de abuso sexual ha ascendido vertiginosamente a los 2 mil millones de dólares y sigue en aumento. La revista Forbes pronosticó que pueden llegar a los 5 mil millones de dólares debido a lo prolongado de las denuncias por negligencia registradas en Estados Unidos.
-El patrón que se encontró en Estados Unidos fue el siguiente: se ignoraron las denuncias contra sacerdotes hasta que se amenazó con publicar el escándalo. La mayoría de los obispos y arzobispos consideraban que eran “malos entendidos” o “simples abrazos”.
-La agencia informativa AP documentó en mayo de 2010 por lo menos 30 casos que confirmaron otra tendencia. El tráfico de sacerdotes pederastas que se trasladaron desde Estados Unidos hacia Irlanda, Roma, México y Africa.
-La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos documentó a través de un grupo de criminólogos que desde 1950 hasta 2010 no menos de 10 mil 667 individuos habían presentado “acusaciones verosímiles” contra 4 mil 392 sacerdotes, es decir, el 4.3 por ciento de los sacerdotes activos en ese periodo. La Iglesia actualmente acepta que se trata de un 5 por ciento de sacerdotes pederastas.
-El informe de los criminólogos consideró que los casos de abuso sexual infantil constituyen una “bomba de tiempo”. Muchas de las víctimas se encuentran tan afectadas que les toma años e incluso décadas aceptar la experiencia hasta el punto de hablar de ellas. Sólo 13 por ciento de los alegatos se presentó el mismo año en el que ocurrió el delito y 25 por ciento hasta pasados 30 años. Es decir, “la Iglesia deberá hacer frente a denuncias de este tipo por varios muchos años más”.
-El mismo informe de criminólogos reveló que sólo 76 por ciento de las denuncias de abuso sexual contra sacerdotes nunca se reportaron a agencias de procuración de la justicia y sólo 6 por ciento de los sacerdotes fueron hallados culpables en aquellos casos denunciados.
-En Irlanda, el juez Murphy analizó en 2009 los casos de 46 sacerdotes que durante décadas abusaron sexualmente de miles de menores. Examinó los expedientes secretos de la Iglesia y llegó a una conclusión tremenda: la institución no sólo encubrió sino facilitó estos casos.
-En medio del escándalo de la Comisión Murphy de Irlanda, se confirmó que el propio Ratzinger, siendo obispo de Munich, aprobó la transferencia a otra parroquia de un conocido sacerdote pederasta, Peter Hullermann, sin denunciarlo a la policía. Peor fue el caso del cardenal Groer de Austria quien abusó de unos ¡2 mil niños! a lo largo de 20 años de su trayectoria como obispo, tiempo en el que tuvo toda la protección del papa Juan Pablo II.
-En mayo de 2010 se publicaron los primeros informes del intenso tráfico de sacerdotes pederastas que salieron de Alemania, Italia, Irlanda y los Estados Unidos con destino a Nigeria, Sudáfrica, Mozambique y el Congo.
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