MÉXICO,
D.F. (apro).- La caída de gobernadores en medio de escándalos o por
venganzas políticas del presidente en turno tiene su origen en el
régimen priista. Esa tradición fue suspendida durante los 12 años de
gobiernos panistas, en que los mandatarios estatales consolidaron su
inamovilidad.
Con la solicitud de licencia del guerrerense Ángel Aguirre Rivero,
realizada esta tarde, ocurre el segundo caso en los casi dos años de
gobierno de Enrique Peña Nieto. Apenas el pasado 19 de junio el
michoacano Fausto Vallejo Figueroa dimitió de manera definitiva.
En ambos casos, las salidas se han generado en medio de escándalos
de inseguridad y, señaladamente, por el involucramiento de la clase
política gobernante en dichas entidades con grupos de la delincuencia
organizada.
No obstante, Peña Nieto ha evitado pronunciarse, y el pasado viernes
17 esquivó un cuestionamiento al respecto, al señalar que la renuncia
de Aguirre era “una decisión de allá”, expresión que se interpretó como
una alusión a los ciudadanos de Guerrero.
La salida de Ángel Aguirre ocurre a casi un mes del asesinato de
seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal
Rural “Raúl Isidro Burgos”, conocida como Normal de Ayotzinapa,
víctimas de un ataque de policías y criminales en Iguala, Guerrero,
cuyo destino hasta ahora se desconoce.
Paradójicamente, Aguirre ya había sido gobernador en los años
noventa, cuando llegó al poder en sustitución de Rubén Figueroa
Alcocer, luego de que el 28 de junio de 1995, policías estatales
dispararon contra un grupo de campesinos, dando muerte a 17 en el vado
de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez.
Los señalamientos de numerosas organizaciones sociales contra el
entonces gobernador Figueroa –como ocurrió esta vez con Aguirre, por
los hechos de Iguala– motivaron su renuncia en marzo de 1996. En su
lugar fue designado Ángel Aguirre Rivero, para concluir su período.
La vieja práctica
Desde la presidencia de Plutarco Elías Calles hasta la de Ernesto
Zedillo, prácticamente todos los presidentes han recurrido a la
desaparición de poderes, las presiones para forzar dimisiones o la
negociación política ante una crisis para conseguir renuncias.
El tinglado del presidencialismo hegemónico, durante el gobierno de
Lázaro Cárdenas, consolidó el poder metaconstitucional para deponer
gobernadores.
Cárdenas se deshizo del callismo con una “limpia”, incluyendo a los
gobernadores de Colima, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Chiapas y Morelos.
Desde entonces, los casos fueron más o menos frecuentes vía renuncia
conciliatoria, desaparición de poderes o cualquier otro mecanismo.
Miguel Alemán depuso al inicio de su administración al gobernador
tamaulipeco Hugo Pedro González. La fórmula para evitar formalmente el
involucramiento presidencial fue plantear la desaparición de poderes a
petición ciudadana y de políticos locales vinculados al régimen, ante
el Senado de la República presidido entonces por el incondicional
alemanista Carlos I. Serrano.
Adolfo Ruiz Cortines removió a los gobernadores Tomás Marentes
Miranda, de Yucatán, en 1953; de Guerrero, Alejandro Gómez Maganda, en
1954; Manuel Barttlet Bautista (padre del actual senador homónimo), de
Tabasco, en 1955.
López Mateos depuso al guerrerense Raúl Caballero Aburto. Díaz Ordaz
hizo dimitir al duranguense Enrique Dupré Ceniceros, y Luis Echeverría
quitó a Eduardo Elizondo Lozano en Nuevo León, en 1971 “por motivos de
salud”. También a los gobernadores de Guerrero, Israel Noguera Otero;
de Sonora, Carlos Armando Biebrich, y de Hidalgo, Otoniel Miranda
Andrade, en 1975.
José López Portillo recurrió a la fórmula para deshacerse del
echeverrista gobernador de Coahuila, Óscar Flores Tapia, en 1981.
Ordenar la renuncia de quienes respondían a los intereses de un
grupo político precedente o por cualquier otro motivo, se dio también
durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en cuyo período se
produjeron las renuncias de los gobernadores que asumieron por la vía
electoral en San Luis Potosí, Fausto Zapata, y en Chiapas, Elmar
Setzer.
También en Chiapas, Ernesto Zedillo depuso, en apenas cuatro años, a
Elmar Setzer, Eduardo Robledo y Julio César Ruiz; en Guerrero, a Rubén
Figueroa; en Morelos, a Jorge Carrillo Olea, y en Nuevo León, a
Sócrates Rizzo, principalmente por ajustes de cuentas con el
ingrediente de escándalos por sus excesos, especialmente en los tres
últimos mencionados.
La práctica se suspendió durante los gobiernos panistas de Vicente
Fox y Felipe Calderón, quienes gobernaron con mandatarios
mayoritariamente de extracción priista y sin mucho margen de maniobra
ni base social.
Los casos mencionados corresponden a mandatarios depuestos en medio
de escándalos y no incluye a los que se incorporó a cargos federales o
de elección popular o dirigencias partidista.
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