10/22/2014

Los periodistas pal café. . .



El PRI y el PAN tiraron ayer un cadáver político a mitad de la calle guerrerense. Concedieron, eso sí, un plazo que terminará el próximo 30 para que los restos se reconozcan como tales en un acto de presunta decisión propia, técnicamente conocida como licencia por tiempo indefinido (tecnicismos funerarios generosos). En caso de que no suceda tal recogimiento por sí mismo, una cámara mortuoria cumplirá senatorialmente con la posdatada extremaunción decidida hoy.
El envenenado tiempo extra para Aguirre Rivero fue determinado ayer en complicadas negociaciones partidistas. A partir de ahora, todo lo que suceda en el cuadro de ingobernabilidad que le ha dictaminado el PRI desde el Senado, con el apoyo del PAN, correrá por cuenta del insustancial Aguirre y del PRD que penosamente le sigue apoyando con las manos puestas en el volante para dar algún giro retórico en el momento oportuno.
Las acrobacias legislativas vistas ayer en relación con el desahuciado Aguirre tienen como referente las dificultades prácticas para desaparecer los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en una entidad en riesgo de explosión minuto a minuto. Por ello Gobernación y operadores peñistas (entre ellos algunos altos directivos del partido al que ahora pertenece Aguirre) trataron de convencer al mandatario de la conveniencia de que presentara su virtual renuncia. La oferta de que él ‘‘por su propia voluntad’’ se hiciera a un lado incluyó el chusco episodio en que el Senado preguntó a los poderes acusados de estar desaparecidos si coincidían con ese diagnóstico terminal. Los amenazados de retirarles los cargos (es decir, los burocráticos, no los penales o históricos) respondieron vivamente que gozaban de cabal salud y los férreos senadores encargados del asunto aceptaron la autodefensa estatal.
Son disímbolos los intereses que mueven a cada uno de los partidos involucrados en el chirriante sostenimiento de Aguirre. El PRI busca erosionar al máximo a los partidos de izquierda con presencia en el estado (cargando la tinta en las responsabilidades que tuvieran en los trágicos sucesos de Iguala, aunque la del propio régimen federal priísta no es menor) y se beneficia del alargamiento de la función político-partidista en cuanto multiplica el emponzoñado tiempo que el peñismo necesita para tratar de amortiguar la develación de la cruda verdad sobre los estudiantes de Ayotzinapa. El PRD está pagando los entendimientos viscosos que sus gerentes generales han tenido con el gobernador guerrerense, muy acostumbrado a aceitar con recursos sus tratos políticos. En el peor de sus momentos, sacrificando la improbable viabilidad de algunas intenciones de reformismo interno de Carlos Navarrete, el PRD ha preferido alinearse institucionalmente en defensa de uno de sus circunstanciales miembros más tóxicos. Y el PAN, por su parte, trata de colarse en un escenario donde electoralmente tiene pocas expectativas para el año entrante.
Tales escarceos en las alturas son groseramente ajenos a la sostenida indignación nacional e internacional por los hechos de Iguala. La élite política se entretiene en pleitos internos y cálculos oportunistas a pesar de que cada hora sin que se sepa la realidad de lo sucedido asienta la convicción de amplios segmentos sociales respecto a la inutilidad y complicidad de quienes ni siquiera pueden encontrar a decenas de jóvenes secuestrados o, sabiendo dónde están, manejan criminalmente los tiempos en espera de mayores turbulencias que ‘‘diluyan’’ en algo el impacto previsible.
Arturo Martínez Nateras (AMN) hizo llegar a esta columna un documento titulado ‘‘Réplica al Astillero del 17 de octubre de 2014’’. Son 732 palabras enviadas con pretensión de que se reproduzcan íntegramente en este espacio, aunque en la publicación a la que se refiere (http://bit.ly/ZFomTb) sólo se le mencionó en 19 palabras de un conjunto de 69 que se dedicaron a relatar que su esposa, María de la Luz Núñez Ramos, es (pre)candidata única al gobierno de Michoacán por parte de Morena; que el hermano de ella, César, es el dirigente estatal de Morena en Guerrero y que el hijo de Arturo y María de la Luz es el secretario de Cultura de la administración de Ángel Aguirre Rivero. Esa referencia se encuadraba en el hecho de que Lázaro Mazón, el todavía entonces titular de Salud del gobierno de Guerrero, no era el único que tenía relación con Morena.
En su escrito, Martínez Nateras añade que él es miembro del consejo consultivo del Movimiento Regeneración Nacional y explica que su esposa ‘‘nunca fue candidata única’’ de ese partido a gobernar Michoacán (estado donde no tiene carrera política, pues la ha hecho en Guerrero, todavía en 2010 como coordinadora de la precampaña perredista a gobernador de Armando Ríos Píter), pues ella ‘‘aceptó inscribirse como aspirante a una encuesta y el 28 de mayo del año en curso el propio Andrés Manuel (López Obrador) les comunicó a ella y al otro inscrito (...) los resultados que fueron dados a conocer al otro día en Morelia’’ (por aquellas fechas, este tecleador hizo en Twitter una pregunta que incendió algunos ánimos: ‘‘¿Dedazos o asambleas?’’)
AMN hace una amplia y respetable defensa de los méritos de sus familiares metidos en política, a pesar de que su carta intenta partir de la tesis de que ‘‘en mi familia cada uno de nosotros tiene vida y personalidad propia’’. Erróneamente, Arturo trata de combatir en Astillero las ‘‘ocho referencias sobre Morena’’ (http://bit.ly/1uBELAL), que no se publicaron aquí sino en Twitter y Facebook, espacios a los que en estricta correspondencia se destinará su carta entera. Al final, Martínez Nateras (también) elude el punto central que se ha planteado en esta columna y en alguna revista de presunta mala leche (Proceso, acusada por AMLO de ‘‘servir al régimen’’ por hablar de ‘‘explicable silencio’’): ‘‘Por ahora me abstengo de referirme a la eventual postulación del doctor Lázaro Mazón por Morena/Guerrero. Este es asunto de los protagonistas surianos, ellos tomarán la decisión final y Lázaro debe asumir la propia’’.
Y, mientras hoy en todo el país se realizan actos en demanda de verdad y justicia, ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero, Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx


Atrás del cortinaje de la prosperidad de la Bolsa Mexicana de Valores –alentada por el incesante vaivén de los capitales golondrinos, también conocidos como fondos buitre– hay recámaras que guardan secretos, o hechos poco conocidos. El presidente de la bolsa, Luis Téllez, renunció a su cargo para aterrizar cómodamente en el asiento de consejero del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Es una de las entelequias creadas por la reforma energética y su función será concentrar y administrar los ingresos del petróleo y sus derivados. La BMV es una empresa privada, el fondo maneja dinero de los contribuyentes. En su carta de renuncia, Téllez no menciona que la bolsa enfrenta litigios que podrían atribuírsele. Uno de ellos es con el empresario Ricardo Salinas Pliego. En un programa de radio, Téllez hizo algunos comentarios que, según la demanda, provocaron la caída de las acciones de Elektra. Recibió como respuesta una reclamación multimillonaria –son dos, en realidad– que siguen ventilándose en tribunales. Por otro lado, la bolsa enfrenta demandas de carácter laboral promovidas por funcionarios y empleados a los que separó de sus cargos, al parecer, sin justificación. Otro hoyo negro es el mercado de derivados, que merecería un detenido escrutinio de la Comision Nacional Bancaria y de Valores. A pesar de sus antecedentes, el presidente Peña Nieto lo colocó como consejero del fondo petrolero. Salta a la vista un probable conflicto de intereses, ya que también es consejero de Sempra, una empresa del sector de energía. Arranca mal el fondo. Fíjense ustedes: uno de los representantes del gobierno, Pedro Joaquín Coldwell, tiene negocios familiares de gasolina; Federico Reyes Heroles es hermano de Jesús, quien fue director de Pemex y ahora opera una empresa privada asociado con el grupo financiero Morgan Stanley. En mi columna de ayer hice un sarcasmo: “A ver si con el tiempo no repite Téllez la frase que lo hizo famoso: ‘Salinas se robó la mitad de la partida secreta…’ Sólo que en vez de Salinas serán otros nombres y en lugar de la partida secreta será el fondo”.
Expendios clandestinos
Los empresarios gasolineros del país no están en condiciones de competir con los expendios clandestinos, que están vendiendo litros de Magna entre 6 y 7 pesos, contra el precio oficial de 13.13. Y llegarán más competidores, porque en 2017 se abrirá el negocio a empresas trasnacionales como Chevron, Shell, Texaco o Petrobras, y los precios por litro serán establecidos libremente. Hace 20 años el promedio nacional de ventas era de un millón 80 mil litros por mes en cada estación, hoy en día se venden 350 mil litros por estación cada mes, de acuerdo con Pablo González, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas). El alza en los precios de las gasolinas ha provocado que los comerciantes y transportistas recurran a los expendios piratas que están en talleres mecánicos, estacionamientos, tiendas de llantas, o predios baldíos. González señala que los expendios obtienen las gasolinas de las tomas clandestinas en los ductos de Pemex, que han crecido de manera exponencial; en lo que va del año el número de tomas se acerca a 3 mil.



La ciberguerra, de la que Estados Unidos (EU) ostenta el cuasi monopolio global, tiene aterrados a Rusia y a China (http://goo.gl/73SrvV) cuando ambos exhiben su vulnerabilidad a la Internet controlada por trasnacionales israelí-anglosajonas, en sincronía con el demoledor socavamiento de la letal Agencia de Seguridad Nacional (NSA, National Security Agency: http://goo.gl/tEbyIu), cuya horadación hasta la intimidad de los ciudadanos fue revelada por Edward Snowden, hoy asilado en Rusia.
La industria global de las telecomunicaciones está controlada por NSA, y las recientes revelaciones de Snowden –sus ciberagentes en China, Alemania y Sudcorea– prueban de nuevo que EU es el máximo agresor y espía de las redes de Internet, según Zhang Junshe, del People’s Daily: portavoz del Partido Comunista Chino (http://goo.gl/Km7ceU).
China y EU se acusan mutuamente de ciberespionaje y ciberataques, pero, según Junshe, China defiende la seguridad de su ciberespacio en forma resuelta y está comprometida a combatir el cibercrimen, por lo que exhorta a la comunidad internacional establecer reglas internacionales en el Internet, con base en el respeto mutuo e igualdad. ¡Qué candidez! Junshe no entiende el depredador ciberunilateralismo de EU, que posee en la ciberguerra su ventaja competitiva por encima de sus rivales geoestratégicos Rusia y China.



Para nadie es un secreto que el salario mínimo real de México ocupa el último lugar latinoamericano. Sin embargo, más allá de la grilla electorera y el jaloneo político por inexistentes iniciativas sobre el tema (el gobierno federal y el PAN presumieron que cada cual tenía la suya, pero nadie las conoce), a la clase política le tienen sin cuidado las espeluznantes consecuencias económicas y sociales de tan miserable ingreso.
De hecho, la Cepal advierte que en el contexto latinoamericano sólo un país ha retrocedido, de forma por demás dramática y contundente, en lo que a salario mínimo real se refiere. Y (¡sorpresa!) ese privilegio corresponde a México, donde –también en exclusiva en el ámbito regional– el mini ingreso es inferior al del umbral de pobreza per cápita, de tal suerte que no permite siquiera cubrir las necesidades básicas, como lo marca la Constitución.
Oficialmente, el actual salario mínimo nominal (promedio en el país) es de 65.58 pesos, que de cualquier suerte no sirven para nada. Pero si se considera la pérdida acumulada de poder adquisitivo, esa cantidad en realidad se reduce a poco más de 13 pesos. ¿Quién sobrevive con esa miseria? Aunque parezca increíble, 67 por ciento de los mexicanos ocupados, quienes obtienen de cero a tres mini ingresos, lo que en los mejor de los casos –el más elevado– equivale, en términos reales, a 40 pesos, aproximadamente, algo así como el precio de menos de cuatro kilogramos de tortilla.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, promueve su estrategia para aumentar el salario mínimo de 67.29 a 82.86 pesos en 2015 y elevarlo gradualmente a 171 pesos al finalizar su sexenio. La idea original fue que el incremento se diera en toda la República, pero ante la falta de respuesta del gobierno federal y la cúpula empresarial, todo indica que tal acción se circunscribiría a la capital del país.
Corrijo. En realidad sí hubo un par de respuestas del gobierno y los empresarios, vergonzantes ambas, como acostumbran, pero respuestas al final de cuentas: la primera, por parte de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), organismo tripartito (léase tres tristes tigres: gobierno, empresarios y líderes obreros) que unánimemente decidió crear una comisión consultiva para la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos generales y profesionales, cuyo análisis se conocería de aquí a seis meses, lo que en castellano simple quiere decir que para 2015 el mini ingreso sólo aumentará de acuerdo con la inflación oficial, en el mejor de los casos (léase poco más de dos pesos).
Y dos: el histórico pronunciamiento de gobierno, empresarios y líderes obreros (con la brillante participación del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida), en el sentido de que no se aumentarán los salarios en tanto no se incremente sustancialmente la productividad. Y los que más empujaron para alcanzar tal consenso fueron los autodenominados y siempre combativos líderes obreros. Sólo faltó que los empresarios asumieran que no obtendrían utilidades hasta que ellos mismos elevaran sustancialmente su productividad.
En agosto pasado, al inaugurar el foro internacional salarios mínimos, empleo, desigualdad y crecimiento económico, organizado por el Gobierno del Distrito Federal, Mancera aseguró que existe la convicción necesaria para construir una política pública de salario mínimo bien pensada, estructurada y con toda responsabilidad, pues en este renglón hay un rezago de 35 años, lo cual ha llevado a una pérdida de alrededor de 77 por ciento del poder adquisitivo; es decir, ahora sólo podemos adquirir 23 por ciento de lo que se podía comprar en los años 70. Y la clase político-empresarial fingió demencia, se lavó las manos y volteó para otro lado.
Como bien ha documentado el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, si se mantiene la política salarial de los últimos 32 años (y en todo esto la dupla Banco de México- Conasami ha sido pieza fundamental), con un incremento anual tope de 4 por ciento se necesitarían 47 años para que un trabajador de salario mínimo pudiera comprar una Canasta Alimentaria Recomendable completa, suponiendo que los precios de los alimentos no aumentarían absolutamente nada en el mismo periodo. Del gobierno de Miguel de la Madrid al actual el precio de la Canasta Alimenticia Recomendable se incrementó 4 mil 600 por ciento, mientras el salario mínimo lo hizo en 940 pesos, una diferencia cercana a cinco tantos en detrimento del mini ingreso.
El jefe de Gobierno ha dicho que el aumento al salario mínimo en la proporción descrita no sólo es necesario sino perfectamente factible. El incremento, en números cerrados, de 67 a casi 83 pesos (22 por ciento de incremento) y de allí a 171 pesos al cierre de 2018 fortalecería el poder de compra de millones de trabajadores, lo que mejoraría su nivel de vida y, de pasadita, al mercado interno, con su positivo efecto sobre la economía. Y paralela a esa decisión está la de desvincular al mini ingreso como simple factor a la hora de cobrar multas, servicios y conexos. De hecho, ayer participó en un foro en el Senado de la República, y para mayores datos refirió que el país arrastra 40 años de rezago salarial.



El próximo fin de semana se cumple un mes de la agresión de sicarios y policías de Iguala, Guerrero, contra estudiantes normalistas. Ante el hecho de que hasta ayer no existían datos acerca del destino de los 43 jóvenes, el comité estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa exigió al gobierno que informe sobre el paradero de sus compañeros desaparecidos el pasado día 26. Es evidente que la falta de información concreta está incrementando la indignación en el país, además de que fortalece la credibilidad de la denuncia del sacerdote Alejandro Solalinde, de que el gobierno ya sabe que los desaparecidos fueron asesinados y su tardanza en informar obedece a que está diseñando una narrativa para minimizar los costos políticos.
El ultimátum de los normalistas puede ser el inicio de una nueva fase de su lucha para fortalecer su demanda de que aparezcan con vida sus compañeros y que renuncien el gobernador Ángel Aguirre Rivero y las autoridades municipales, sobre las que existen sospechas fundadas de que tienen vínculos con grupos del crimen organizado.


Dolores Castro es, qué duda cabe, una de las voces poéticas más queridas de nuestro país. De ahí la alegría que muchos compartimos al saber que se le entregará (en dupla con Eraclio Zepeda) el Premio Nacional en Lingüística y Literatura. La he tratado poco, tres o cuatro veces cuando mucho, pero siempre he admirado su fortaleza, su excelente sentido del humor, su sencillez (es sencilla y profunda como el silencio de montaña, ha dicho de ella Alfredo Cardona Peña en un vivo retrato en verso). Y, a pesar de que con el tiempo su capacidad auditiva ha menguado, no parece haber perdido su capacidad de escuchar, ni, mucho menos, su pertinencia para intervenir (no interrumpe: conversa) en la conversación. Eso, el habla de alguien que conversa, o platica, o comparte palabras en busca de palabras, me parece es su poesía, del todo empática. Nos tocó en suerte, hace no sé cuántos años, apadrinar el nacimiento de un café en el Hostal del Poeta, por Nezahualcóyotl, y allí, en esa u otra fecha, ya muy desperdigada la reunión, que para el lugar era multitudinaria, desbalagados unos cuantos de los que por ahí todavía rondaban, iluminó la noche con un poema delicado, herido, amoroso, certero. Se me dijo que está dedicado a la señora que desde hace no se sabe cuánto le lleva la casa, punto más a favor. “Acaso la novedad de su expresión –citemos ahora a Benjamín Barajas, presentador de Viento quebrado, la poesía reunida de Dolores Castro– radique en el abandono de los afeites retóricos a favor de la limpieza de las frases que, dirigidas por una mirada atenta, nos sorprenden al mostrarnos el poder que subyace en la cotidianidad”.


Después de tres semanas de disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y policías, la crisis política en Hong Kong parecía encaminarse a una posible vía de solución por medio del diálogo. En esta lógica representantes de los inconformes y de la autoridad local se reunieron –por primera vez desde el inicio de las protestas– en un encuentro abierto frente a las cámaras de televisión. Resulta pertinente ubicar en su contexto el movimiento democratizador y la reunión de ayer.

Postura de la Unisur sobre los normalistas de Iguala
Estudiantes y profesores de la Universidad de los Pueblos del Sur (Unisur), institución creada por los pueblos originarios de Guerrero, condenamos enérgicamente los hechos en los que murieron tres estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y otros 43 se encuentran desaparecidos: nos solidarizamos con sus familiares y exigimos su presentación inmediata.

El 3 de diciembre de 1987 se realizaron unas elecciones sin precedente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se eligieron 16 estudiantes, 12 profesores y cuatro investigadores para formar parte de la Comisión Organizadora del Congreso Universitario (COCU). Una semana después los trabajadores administrativos eligieron a sus ocho representantes.

El sínodo extraordinario de la familia 2014 fue clausurado este domingo con una misa dirigida por el papa Francisco. Mostró divisiones entre los obispos, pero por primera vez, y como había deseado el pontífice, hubo total libertad y sobre todo coincidieron en que la Iglesia tiene las puertas abiertas a todos sin distinciones, bajo un espíritu de colegialidad y discernimiento. Algunos sostuvieron que Francisco fue demasiado atrevido para abordar temas nuevos en la Iglesia. Para otros, la realidad ha cambiado tanto que el Papa se ha quedado corto. Igualmente hay otro grupo que piensa que Francisco sufrió un severa derrota, pues en el informe final, Relatio synodi, todo fue aprobado, excepto tres párrafos que no alcanzaron la mayoría de dos tercios, por tanto, no han sido aprobados. Son los párrafos 52 sobre divorciados, 53 de la comunión espiritual para divorciados y 55 sobre los homosexuales. El párrafo más polémico, la capacidad de cambiar las normas sobre la admisión de divorciados vueltos a casar a los sacramentos, no consiguió el voto de las dos terceras partes, llegando a 104 en favor y 74 en contra. La misma suerte ha corrido el párrafo acerca de los homosexuales, que marcó 118 placet y 62 non placet. Sin embargo, ganó una mayoría simple, por lo que el Papa tuvo la iniciativa de incluir en el documento estos tres párrafos, observando el resultado de la votación tan cerrada. Cabe decir que los votos en contra no vinieron de los obispos europeos ni norteamericanos, sino que las posturas tradicionalistas que se opusieron a los párrafos polémicos fueron de obispos del hemisferio sur. Resulta comprensible, pues sus contextos provienen de sociedades más tradicionales sobre los valores de la sexualidad y de la familia. En ese sentido, Marco Politi, el más agudo vaticanista, dijo: “El Papa logró que el sínodo se abriera a debatir con argumentos sobre cuestiones hasta ahora tabú… para nada ha sido una derrota”.

La actual crisis de seguridad, a consecuencia del trauma nacional por Ayotzinapa, se convirtió con rapidez inusitada en parálisis y descrédito del sistema decisorio completo. Los tres niveles de gobierno muestran grados alarmantes de incapacidad para dar respuestas, aunque sean medianamente coherentes, a los diversos sucesos, algunos terribles, que castigan a la sociedad. Discursos en apariencia tronantes se desgranan diariamente desde la cúpula federal. Los contenidos de los mismos casi de inmediato se evaporan sin consecuencia. Hasta la desesperada búsqueda de distractores, en ciertas ocasiones efectivos, fracasan en su intento por alejar la atención –interna e internacional– del grave atropello a los derechos humanos prevaleciente en esta patria doliente.

Los asesinatos y desapariciones de Iguala suscitan una demanda urgente de justicia y de autocrítica ética a la sociedad mexicana. Toda la prensa y las redes sociales están ocupadas justamente de eso, y no tengo nada que agregar a lo mucho que se ha dicho en estos días, más allá de sumar mi voz al gran coro de consternación, de crítica y de solidaridad.

Remedando al inolvidable cineasta Glau­ber Rocha, faltan pocos días para saber si el dragón de la maldad con siete cabezas (banqueros, latifundistas, empresarios, tecnócratas, poder mediático, narcos, sectas religiosas) revertirá el proceso de cambios y justicia social más profundo y prolongado que ha vivido Brasil, desde los tiempos de Getulio Vargas y Joao Goulart (1951-64).

El poder de las grandes corporaciones en los mercados de todo tipo de bienes es uno de los rasgos más importantes de la economía mundial. Cualquiera pensaría que la teoría económica le habría dedicado tiempo y recursos para analizar las fuentes de este poder estratégico de las grandes corporaciones, así como de sus consecuencias. Hay que pensar dos veces.

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