¿Es
una utopía exigir la presentación con vida de los 43 desaparecidos de
la Normal de Ayotzinapa? ¿Acaso un despropósito o una simulación para
ocultar una verdad? ¿Están vivos o muertos? Muchas preguntas sin
respuestas concluyentes. La incertidumbre está en las mentes y
corazones. La duda mata, tanto como la certeza de lo irremediable.
Dolor que no permite dilucidar lo que hay de razón y sinrazón. Agobio.
Desesperación. Desesperanza. Todos estos sentimientos de angustia se
van acumulando en el ánimo colectivo y van dando paso a la frustración
y a la angustia. 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa que
no sabemos de su paradero. ¿Y cómo estar seguros de lo que ha ocurrido
con ellos cuando únicamente tenemos la certeza de que los
desaparecieron en un terrible día en que se conjugaron las fuerzas
represivas del municipio de Iguala con la estrategia diseñada por el
gobierno estatal y federal de criminalizar la lucha social, de
acorralar a las Normales Rurales, de impedir el libre ejercicio de la
libertad de expresión y de organización, de negar el legítimo derecho a
la protesta, con la añeja pretensión de ir cerrando paulatinamente un
proyecto educativo que reclama compromiso social y pensamiento critico,
justamente cuando las contra reformas neoliberales pretenden eliminar
cualquier oposición a la privatización de la educación? No. No hay
certeza. Pero tampoco resignación. Ni aceptación de lo inaceptable.
La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, cometida por un
terrorismo de Estado, que está claramente tipificada como un delito que
causa un grave daño al individuo que lo padece y al conjunto de la
humanidad, por todas las consecuencias que tiene en causar un dolor
mayor al que puede ocasionar un delito común, ya que involucra a varios
a la vez, como es desde el inicio de la detención arbitraria, el uso
desproporcionado de la fuerza, la tortura, la privación ilegal de la
libertad, la desaparición de persona que no es conducida ante autoridad
competente, la generación de incertidumbre y un dolor permanente en
familiares y personas que desconocen el paradero de quien lo sufre
directamente, la posibilidad de mantener en cautiverio durante días,
meses o años en el peor de los casos conocidos sin ninguna causa legal
o acusación ni derecho a defenderse ante un poder sin rostro que está
representado en cualquiera de las fuerzas del estado o de particulares
que cuentan con la complicidad, la aquiescencia o la omisión de la
autoridad. Por eso, se pierde tiempo en una estrategia de investigación
equivocada que para estos casos es de vida.
Investigar e intensificar
la búsqueda de personas vivas obliga al gobierno a revisar los
protocolos de búsqueda de los desaparecidos en cárceles clandestinas y
campos militares, no solo en las tumbas que se encuentran cada vez más
y van mostrando la gravedad de los crímenes impunes y desapariciones en
todo el país que se calcula en más de 27 mil. Amnistía internacional
señala en su acción urgente (http://www.alzatuvoz.org/
En Guerrero se ha
documentado históricamente el primer caso de un desaparecido por
razones políticas en nuestro país: Efraín Rojas Muñoz, en 1969, de
acuerdo a las listas de 600 desaparecidos con que cuenta el Comité
Eureka de familiares de desaparecidos y presos políticos. Los
familiares, y los instrumentos internacionales del derecho humanitario,
como la Convención de la ONU y la Ley sobre Desaparición Forzada o
Involuntaria, les dan la razón, no pueden aceptar la muerte de sus
desaparecidos hasta contar con pruebas contundentes de que así sea. Es
verdad que hay toda una técnica política desarrollada por los
estrategas de la represión para que la desaparición forzada cause el
mayor daño posible y genere una parálisis social que inhiba la
participación política. Los vuelos de la muerte, recientemente
exhibidos por la Comisión de la Verdad de Guerrero, donde dan cuenta de
1600 casos de desaparecidos. Esta misma técnica fue aplicada en
Argentina, Chile, Uruguay y Brasil durante las dictaduras militares de
los años 60 y 70 del siglo XX. También, debido a la lucha de las Madres
y Abuelas de Plaza de Mayo, se siguen recuperando desaparecidos con
vida, después de 30 años de ocurridos los hechos.
En México,
desaparecidos que permanecieron en el Campo Militar Número Uno, durante
meses o años, obtuvieron su libertad y el Comité Eureka da cuenta de
más de 150 casos. Oscar Vega Rosales, desaparecido en Puebla a los 4
años de edad, fue recuperado 10 años después. Alejandra Cárdenas y
Antonio Hernández, muertos según la Dirección Federal de Seguridad (la
policía política de los gobiernos durante esa época) , siguen vivos
después de sobrevivir la cárcel clandestina y la tortura. El "Guaymas"
está vivo y libre aún cuando en la tortura perdió una pierna que le fue
amputada. Y las madres de Ciudad Juárez que reclamaban a sus hijas
desaparecidas, rechazaron los cuerpos que les entregaron las
autoridades de la PGR porque eran restos de diferentes cuerpos. Por
ello, decenas de miles de manifestantes en el país y en diversas
ciudades del mundo el 8 de octubre y en la próxima jornada
internacional del 22 de octubre, seguimos demandando que ¡si vivos se
los llevaron, vivos los queremos!
Juliana G. Quintanilla y José Martínez
Cruz son integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos
de Morelos, en México desde hace 25 años.
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