Culpabilizada por el asesinato el pasado 11 de octubre del activista Octavio Atilano Román, la defensora de Derechos Humanos (DH) y derechos comunales en Mazatlán, Sinaloa, Alma Angélica Barraza Gómez –quien desde 2013 es hostigada por policías ministeriales– denunció que sus detractores iniciaron una campaña de desprestigio en su contra en medios de comunicación.
Cobijada por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), Barraza Gómez, abogada independiente en el estado de Sinaloa, dijo en entrevista telefónica que desde 2009 acompaña y asesora la lucha de más de 800 comuneras y comuneros del puerto de Mazatlán, a quienes empresarios que impulsan la construcción de la Presa Picachos despojaron de sus tierras sin darles indemnización, casas dignas y servicios públicos de calidad.
Actualmente, dos medios de comunicación en la entidad (El Sol de Mazatlán y una estación de radio local) publicaron notas (sin firma y sin pruebas) que acusan a la activista del asesinato de Octavio Atilano Román, quien también encabezó la defensa de las y los comuneros y fue aliado de la activista. Además, según la información de tales medios, Barraza Gómez “forma parte del crimen organizado”.
La activista recalcó que desde 2009 ha sufrido cinco atentados, por lo que ahora cuenta con medidas cautelares por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Barraza Gómez también fue aprehendida en dos ocasiones (10 de febrero y 3 de abril de 2013) por policías ministeriales, quienes (dijo la activista) le arrebataron pruebas para la defensa de las y los comuneros y le fabricaron delitos con tal de detenerla.
Las detenciones arbitrarias derivaron en que el Juez Octavo de Distrito otorgara un amparo y protección para la defensora, además de que ordenara al Ministerio Público iniciar una averiguación previa por los hechos y la devolución de los materiales asegurados; no obstante, la orden no fue acatada, por lo que el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito comprobó la “inejecución de sentencia” y ordenó se investigue a las autoridades responsables.
Si bien ninguna de las acusaciones contra Alma Angélica Barraza culminó en formal prisión, la activista aseguró que la persecución y hostigamiento judicial persisten, por lo que sus detractores (las autoridades judiciales y los medios que publicaron información sin sustento) están al acecho de cualquier detalle que pueda incriminarla en algún delito.
A la par del asesinato de su compañero de lucha, la abogada detalló que hace dos meses cinco de sus representados (comuneros afectados por la Presa Picachos) fueron asesinados en la localidad de Casas Viejas, Sinaloa, sin que hasta ahora haya alguna persona detenida o avances sobre alguno de los crímenes, lo que pone en mayor riesgo su vida.
“Quiero continuar con mi defensa de las y los comuneros afectados, pero el riesgo que advierto de criminalización y contra mi vida me está deteniendo”, criticó Alma Barraza.
Por esto, organizaciones y activistas que conforman la RNDDHM urgieron al gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, que se implementen medidas que garanticen la seguridad de la defensora, que su criminalización no quede impune, y que las autoridades judiciales no obstaculicen las investigaciones.
Además, que el gobierno estatal esclarezca los hechos y dé con el paradero de los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de Atilano Román y de los cinco comuneros.
De acuerdo con un boletín de la RNDDHM, esta situación es preocupante porque incrimina a la activista. A decir de la Red, la criminalización es una forma de ataque muy frecuente en contra de las defensoras de DH y del medio ambiente, para frenar su oposición a los gobiernos y a los proyectos empresariales que pretenden ocupar y explotar las tierras comunitarias.
Según datos de la misma organización, en cinco años se han presentado más de 400 agresiones y 31 asesinatos de defensoras y periodistas en México.
Barraza adelantó que esta semana vendrá a la Ciudad de México para denunciar ante la Procuraduría General de la República (PGR) la campaña de desprestigio en los medios locales en su contra, ya que las autoridades de Sinaloa han ignorado sus anteriores demandas de justicia.
Especial
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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