Los asesinatos y las desapariciones de Ayotzinapa
La masacre y las desapariciones: violencia y contubernio
Las
muertes y desapariciones de los estudiantes de la Escuela Normal Rural
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se enmarcan en el contexto más amplio
y previo de dos series de actos violentos en la región que, ya en 2013,
habían cobrado la vida del síndico Justino Carbajal y tres líderes de
la Unidad Popular en Iguala, ambos asesinatos también atribuidos
directamente al alcalde de Iguala. La violencia hacia y sobre los
normalistas de Ayotzinapa se dio sobre el vasto y complejo entramado de
las diversas relaciones entre funcionarios y gobernantes de nivel
local, policías municipales (coludidos con grupos delictivos) y los
grupos del crimen organizado. El telón de fondo más amplio tiene que
ver con la violencia política que durante décadas ha sido instrumentada
por ciertos sectores (el Estado, caciques, élites económicas y
políticas, grupos del crimen) para intimidar y eliminar diversos grupos
sociales en Guerrero: maestros, campesinos, normalistas, entre otros.
Males crónicos y violencia política: grupos delictivos y un Estado impune y cómplice
Conforme a la información recaba y difundida por ciertos medios de comunicación, los hechos violentos del 26 de septiembre son crímenes de Estado
tanto por el involucramiento de los policías municipales como por ser
el alcalde de Iguala y su esposa los autores intelectuales de los
acontecimientos; en este tenor hay una línea de continuidad entre las
agresiones a los normalistas de Ayotzinapa y los asesinatos de por lo
menos cuatros personas en la región en 2013, donde también fue
designado como responsable y autor intelectual de los hechos el alcalde
de Iguala. Considerando un contexto histórico más extenso y en una
configuración distinta del nivel del Estado involucrado, los
antecedentes de las agresiones a los normalistas nos remiten a nivel
nacional a la violencia estatal del 68 y a la guerra sucia de la década
de 1970 dirigida a los grupos sociales inconformes por parte del
ejército y las fuerzas de seguridad del Estado en los distintos niveles
de gobierno (municipal, estatal y federal); particularmente en Guerrero
esto se manifestó en las acciones policías y militares para reprimir a
las organizaciones de Lucio Cabañanas y Género Vázquez, y,
posteriormente, ya a fines del siglo XX lo política represiva oficial
hacia los campesinos volvió a tener sus manifestaciones de violencia
extrema con las masacres de Aguas Blancas (1995) y el Charco (1998).
Particularmente las desapariciones
(la privación de la libertad y la vida) han sido y son una estrategia
de agresión y eliminación a la que han recurrido sistemáticamente (con
mayor o menor frecuencia) el Estado y ciertos grupos del crimen
organizado desde hace décadas. En Ayotzinapa se ha comprobado mediante
diversos testimonios y declaraciones que el secuestro y posterior
desaparición de los jóvenes normalistas fueron llevadas a cabo por
policías y miembros de grupos delictivos, en una clara muestra de la
complicidad entre las fuerzas de seguridad municipales y el crimen
organizado.
Estas desapariciones se enmarcan en dos niveles cuyo marco
histórico es mucho más vasto:
(1) Por un lado, los antecedentes remotos
son la guerra sucia y el terrorismo de estado a nivel federal y estatal
durante la década de 1970, donde el gobierno federal y el de Guerrero
recurrieron como estrategia de represión y disuasión a las
desapariciones selectivas y con un carácter de violencia política.
(2)
Por otra parte, recientemente, con la política de la guerra contra el
narcotráfico que inició Calderón a fin de legitimarse, las
desapariciones (no pocas veces masivas) resurgieron como una forma de
violencia generalizada y de represión por parte del crimen organizado y
de las policías coludidas con grupos de delincuentes; en este tenor,
cifras conservadoras difundidas por algunos medios de comunicación
mencionaban en más de 26 mil el número de personas desaparecidas entre
2006 y 2012.
Así mismo no se puede omitir ni dejar de apuntar
que en la historia política nacional y regional (a nivel del estado de
Guerrero) tampoco es nuevo el contubernio y la colaboración entre las
autoridades, las corporaciones policíacas y los grupos del crimen
organizado. Particularmente para el caso de Ayotzinapa la información y
evidencia recabada y publicada ha mostrado los nexos y alianzas entre
los poderes locales fácticos oficiales y no oficiales, los vínculos
entre el Estado (principalmente en su escala municipal aunque no sólo)
y el crimen organizado, en este caso concreto en la complicidad y las
estrechas relaciones de colaboración entre el alcalde de Iguala y los
guerreros unidos.
Negligencia e impunidad
Las
respuestas y acciones del estado de Guerrero y del gobierno federal
frente a la masacre y desapariciones han sido leídas como insuficientes
y negligentes por parte de los compañeros y familiares de los
normalistas asesinados y desaparecidos, esta percepción es ampliamente
compartida por diversos grupos y organizaciones sociales y políticas
del país, así como por una porción considerable de la sociedad civil
mexicana. A nivel estatal, el gobierno de Guerrero actuó de manera
lenta y errática, las investigaciones no han dado resultados claros ni
contundentes. Por su parte, las autoridades federales, dado que los
hechos acontecieron en Iguala y en un afán por descargar toda la
responsabilidad en el gobierno de Guerrero, se negaron en un primer
momento a intervenir de manera directa; posteriormente, debido a la
presión social y mediática nacional e internacional, se sumaron a las
indagaciones de los hechos, pero sin mostrar una voluntad política
clara para el esclarecimiento de estas agresiones.
Pese a la
captura de varios policías municipales y de algunos miembros del grupo
delictivo guerreros unidos que tomaron parte activa en los hechos
violentos, las autoridades estatales y federales todavía no han dado
información sobre el paradero de los normalistas secuestrados y
desaparecidos; tampoco se sabe del destino de los autores intelectuales
de estos acontecimientos violentos. Mediante datos obtenidos por
diversas declaraciones se encontraron varias fosas clandestinas con
restos humanos pertenecientes a casi tres decenas de personas, sin
embargo, pese a las apresuradas aseveraciones del gobierno de Guerrero
de que se trataba de algunos de los normalistas de Ayotzinapa, la PGR
desmintió esta información y afirmó que los restos no pertenecían a los
desaparecidos. Este suceso sólo es una manifestación exacerbada de la
falta de coordinación y de la ausencia de voluntad política de
cooperación entre los dos órdenes de gobierno para la resolución del
caso. Así mismo, las autoridades del estado de Guerrero y del gobierno
federal, en un ejercicio de desdén y falta de respeto, no han dado
información pertinente y veraz a los familiares y compañeros de los
normalistas asesinados y desaparecidos, tampoco les han notificado con
claridad del curso y avance de las investigaciones.
Los reclamos de justicia y las movilizaciones de apoyo a los normalistas de Ayotzinapa
Frente a la indiferencia y la indolencia oficiales, las familias y
compañeros de los normalistas se han movilizado y organizado una vasta
serie de acciones dentro y fuera de Guerreo para manifestar su legitimo
deseo de justicia y su voluntad de encontrar con vida a los
desaparecidos. A nivel nacional ha habido múltiples manifestaciones de
solidaridad y apoyo, expresión de esto fueron las protestas masivas en
25 estados del país el pasado 8 de octubre, en las cuales hubo marchas
multitudinarias en las principales ciudades del país, así como en
Chiapas y en Guerrero; a lo largo del país decenas de miles de personas
de diversas organizaciones sociales y políticas y de la sociedad civil
reclamaron ese día el esclarecimiento de los hechos, la presentación
con vida de los detenidos y el castigo a los responsables.
Así mismo ha
habido pronunciamientos y acciones de protesta por parte de diversos
sectores: organizaciones y centros de derechos humanos, religiosos (el
padre Solalinde, el obispo Raúl Vera), organizaciones y movimientos
sociales y políticos (FPDT-Atenco, Frente Francisco Villa, SME, EZLN,
ERPI, EPR, entre muchos otros), maestros y normalistas, miles de
estudiantes de varias universidades (UNAM, IPN, UAM, UACM, UPN y varias
universidades privadas). También el repudio internacional en relación a
las muertes y desapariciones de Ayotzinapa ha sido creciente y
constante. Fuera de México estos acontecimientos han sido leídos como
expresiones de la ausencia de derechos humanos, así como
manifestaciones alarmantes y crónicas de la inseguridad e impunidad que
campea en muchos estados del país.
Tampoco han faltado voces y
organizaciones en EU, Europa y otros países que, considerando las
evidencias de la autoría e involucramiento de autoridades y fuerzas de
seguridad municipales de Iguala, han catalogado lo sucedido como
“crímenes de Estado”. Por su parte, la ONU y la CIDH-OEA manifestaron
su preocupación y sorpresa al respecto, haciendo un llamado a
intensificar la búsqueda de los desaparecidos, así como a realizar una
indagación imparcial y veraz para aclarar lo acontecido. A veinte días
de las desapariciones y muertes del 26 de septiembre, todavía no se
sabe ni dónde están ni si se encuentran con vida los cuarenta y tres
normalistas de Ayotzinapa. También quedan pendientes el castigo de los
responsables intelectuales y una indagación seria e imparcial de los
hechos. Dentro y fuera de México, pero especialmente en Guerrero,
resuena el clamor de justicia y de presentación con vida de los
desaparecidos.
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