La pérdida de la renta petrolera derivada de la reforma energética requiere que obtengan recursos de otro lado, y en consecuencia, la sociedad es la que acaba pagando los negocios petroleros de Peña Nieto con más impuestos y menos crecimiento.
lasillarota
Las
reformas estructurales de Enrique Peña Nieto y el Pacto por México no
sólo no han generado crecimiento económico ni han creado los empleos
que tanto se prometían en la propaganda del régimen sino que, han
desatado polarización social, encono e irritación, mandado a la
informalidad a miles de comerciantes y pequeños empresarios y
multiplicado la delincuencia en casi todo el territorio nacional.
De
igual manera han generado un brutal endeudamiento en el país. El
endeudamiento del Ejecutivo federal aprobado en la Ley de Ingresos 2015
es por 595 mil millones de pesos y 6 mil millones de dólares (a 13.40
pesos por dólar son 80,400 millones de pesos), es decir, entre el
financiamiento interno y externo: el endeudamiento total es de 675,400
millones de pesos, esto equivale a 1,850 millones de pesos diarios.
El
manejo económico ha sido desastroso, cada trimestre se ha tenido que
ajustar a la baja los pronósticos de crecimiento y se ha desatado la
turbulencia cambiaria en detrimento del peso. Llevan dos años
equivocándose y todo apunta a que se volverán a equivocar, porque las
causas del estancamiento permanecen intactas. Hasta el 2013 la deuda
representó el 35.5% del PIB, se espera que a finales de este año esto
se incremente a 40.28 por ciento. Las cifras expuestas evidencian que
se produjo un aumento de 5 puntos porcentuales en tan sólo 19 meses, lo
cual, de seguir la tendencia, superará el 50% a final del sexenio.[1]
¿Cómo se podrá hacer frente a una deuda tan grande, cuando la capacidad recaudatoria del país es deficiente?
¿Qué mecanismos se tienen previstos para evitar que lo preliminar comprometa la estabilidad macroeconómica de la nación?
¿De dónde provendrán los recursos para pagar los empréstitos contraídos?
Han
entregado el petróleo y los hidrocarburos a los extranjeros apostándole
a que este acto privatizador y corrupto motivará una catarata de
inversiones sin valorar el boquete fiscal y la nula integración a las
economías regionales y la nacional de estas supuestas “inversiones”,
porque no hay ningún elemento que obligue en los hechos a los piratas
petroleros extranjeros a utilizar proveedores del país.
En su voracidad recaudatoria el gobierno aumentó los impuestos cuando la economía está débil.
Peña
Nieto y su equipo siguen aplicando una política económica procíclica en
lugar de contracíclica, persisten en el error del terrorismo fiscal,
apretando a los mismos contribuyentes cautivos y manteniendo los mismos
privilegios fiscales para un puñado de grupos monopólicos y
oligopólicos nacionales y extranjeros.
La pérdida de la renta
petrolera derivada de la reforma energética requiere que obtengan
recursos de otro lado, y en consecuencia, la sociedad es la que acaba
pagando los negocios petroleros de Peña Nieto con más impuestos y menos
crecimiento.
La “nueva estrategia” es: aumentar el gasto para
activar la economía - ¡pero con deuda! - y la economía sigue sin
reaccionar. Las tiendas departamentales como Wal-Mart y Soriana han
bajado en sus ventas. En el gasto público sigue prevaleciendo la
corrupción y el derroche, como con el avión presidencial de 7,500
millones de pesos. ¡El modelo no funciona! genera debilidad estructural
al concentrar el ingreso y castigar a los consumidores.
En ese
contexto, en un México estancado y endeudado, no se ha logrado frenar
la delincuencia ni las graves violaciones a los derechos humanos, que
son cosa de todos los días, con un Ombudsman omiso y entregado al poder
presidencial. No es sólo Guerrero un estado con una aguda problemática
social y delincuencial, son contados los estados y regiones que no son
azotados por la delincuencia. El Estado de México, Michoacán, Morelos,
Tamaulipas, Zacatecas son otras de las entidades con altos niveles de
violencia. Es Iguala, pero también están Tlatlaya, Estado de México;
San Fernando, Tamaulipas; Chalchihuapan, Puebla; etc, etc.
México
es, utilizando una expresión que se ha vuelto ya una definición
popular, una fosa clandestina. Tan sólo en Durango capital en 2011, en
plena zona urbana, se encontraron más de 300 cuerpos en fosas.
Si
a este escenario de economía estancada, delincuencia desatada y
complicidades políticas se le suman los agravios de las reformas de
Peña Nieto y el Pacto por México, bien puede entenderse el enojo social
y las movilizaciones crecientes en las calles y en las redes sociales.
La reforma educativa y las medidas que la rodean han propiciado que
maestros y estudiantes tomen las calles y muestren su insatisfacción
con el régimen. Han radicalizado sus posturas a raíz de la violencia
criminal de Iguala, pero ya antes habían encabezado fuertes
movilizaciones de protesta e indignación. Antes de Ayotzinapa, estuvo
el Instituto Politécnico Nacional con movilizaciones estudiantiles
masivas.
Los hechos de Iguala por la brutalidad incalificable
que les rodea y el involucramiento de policías municipales, por el
asesinato de jóvenes normalistas, menores deportistas y civiles y la
desaparición forzada de 43 jóvenes ha merecido la condena nacional e
internacional y la solidaridad de todos los sectores sociales que
demandan la localización de los jóvenes, pero este evento criminal e
inhumano ha sido un catalizador del clima social de agravio y de
rechazo a instituciones que impera en un sector cada vez mayor de la
población.
Además de la fuerte protesta contra autoridades
locales, lo de Iguala ha motivado una insurgencia nacional que no se
puede soslayar. Resulta de una gran hipocresía y una posición muy
cómoda voltear la mirada frente a la devastación que ha motivado el
gobierno federal. No hay enmienda peñanietista que no haya agraviado a
algún sector, por eso en este mismo espacio hemos hablado de una
República de agravios, por eso en las redes sociales hay voces que no
sólo hablan de la salida del cargo de un Gobernador sino que
directamente piden la renuncia del Presidente de la República.
Con
sus reformas del Pacto por México, las violaciones recurrentes a los
derechos humanos y la fallida estrategia de combate al crimen
organizado y la delincuencia que viene desde Felipe Calderón, Peña
Nieto y sus aliados han despertado al México bronco.
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