Alainet
La
estrategia del caos, estructurada por el Estado mexicano para distraer
la atención de la llamada opinión pública, léase sociedad, en lo
referente a la entrega, al capital extranjero, de las riquezas
naturales (petróleo, gas, electricidad y minería) que en conjunto
representan más de 50% del producto interno bruto (PIB), hasta hoy día
ha sido eficaz, aunque persiste la posibilidad de que se le salga de
control. Pero, esto, es una variable que asumió el Gobierno con base en
las experiencias vividas en la larga historia de represión y despojo
registrada en el país.
En estos días en los que los mexicanos
debiéramos estar más que ocupados y preocupados por las negociaciones y
víspera de la licitación (febrero de 2015) de tal vez las últimas
riquezas naturales que le quedan al territorio nacional, el Estado
abrió tantos frentes para secuestrar la atención de la sociedad, como
lo consideró necesario, y con ello evitar la oposición razonada a dicha
situación. Esto último es lo que menos quieren los gobernantes.
Sería infantil suponer que cuando empujaron la aprobación de la Reforma
Energética y sus leyes secundarias, a principios de 2014, los
estrategas del Gobierno no vieron venir el desplome de los precios
internacionales del petróleo (alrededor del 20%); ya que el valor del
hidrocarburo es la verdadera divisa para atraer el interés de las
grandes empresas trasnacionales para invertir en el sector energético
de México.
Esta situación de la baja de los precios del crudo,
aunque prevista, implica ajustes en las negociaciones del Gobierno
mexicano con los inversionistas extranjeros, que vienen por todo y aún
cuando en el sector energético el margen de utilidad es enorme –los
costos de producción de un barril de petróleo en México, por ejemplo,
es de siete dólares y se vende, en estos días, entre 77 y 80 dólares-
la actual cotización del combustible fósil implica una reducción de la
ganancia de entre 20 y 30 dólares por barril, comparando los precios
registrados en los días de la aprobación de la Reforma Energética, con
los actuales.
Para los dueños del capital esa diferencia de
precios representan grandes pérdidas, y la única posibilidad de
revertir el proceso es que los países exportadores de petróleo reduzcan
su producción, así como que se eleve la demanda de crudo en el
invierno, misma que no tendrá mayor problema para cubrirse con los
excedentes registrados en el mercado, por lo que es poco probable que
se recuperen de manera significativa los precios. En lo primero los
integrantes de la OPEP ya declararon que no lo harán, en lo segundo, es
una coyuntura determinada por los ciclos de la naturaleza que termina
en marzo, justo un mes después de que en México se lleve a cabo la
programada licitación de los energéticos.
Mientras tanto, el
Gobierno mexicano se vio obligado a recomponer el presupuesto para 2015
con ajustes a la baja (en la Ley de Ingresos) en las proyecciones de
los precios del petróleo (un dólar por barril) y el recorte del gasto
en diferentes sectores, entre ellos la cultura y la producción
agropecuaria.
Los especialistas calculan que cada dólar que cae
el precio del petróleo, a México, que tiene una producción de 2.5
millones de barriles diarios, le cuesta 30 millones de dólares.
En cuanto a la producción de alimentos, el Programa Especial
Concurrente (PEC) para 2015 resiente una reducción de seis mil 500
millones de pesos. Asimismo, la secretaría de Estado (Sedatu) encargada
de garantizar la seguridad en la tenencia de la tierra, factor
fundamental para darle estabilidad al campo e impulsar la producción de
alimentos, plantea que 81% de los proyectos que recibe no pueden
ejecutarse por falta de presupuesto. Y con esto se aleja cada vez más
la autosuficiencia y seguridad alimentaria: problema histórico que ha
sumergido en la miseria a 75% de los habitantes del medio rural en
México.
Además,
este ajuste del presupuesto para 2015, conlleva otra problemática de la
que muy poco se ha hablado. Dicho por el propio procurador agrario,
Cruz López Aguilar, “la intervención de la procuraduría en materia
energética en el nuevo marco reglamentario (motivado por la Reforma
Energética) enfrenta el reto de transitar del diagnóstico e información
sobre propiedad social susceptible de ser afectada por la explotación y
uso de suelo, con lo que se han identificado cerca de 4 mil núcleos
agrarios (alrededor de 20% del total) que pueden demandar servicios de
asesoría y representación legal.
“Así, también, coadyuvar en la
negociación justa de contraprestaciones relativas a los pagos en
materia de propiedad social, presidir asambleas generales de ejidos y
comunidades, conciliación y arbitraje en conflictos agrarios y
capacitación, para lo cual se requiere mayor presupuesto para 2015,
cuya propuesta prevé 992.8 millones de pesos, pero se requieren mil 417
millones de pesos para atender esas nuevas funciones”.
Y esto
trae a colación un dato que revela la realidad de los campesinos
afectados por las concesiones, en este caso mineras, a los que las
compañías les pagan una renta de 124 pesos por hectárea al año; así lo
establece la Ley.
Lo que sucede en la minería es un claro
ejemplo del futuro que le espera al país, y en particular al campo. Con
cifras a 2010 (Camimex), este sector invirtió 3,316 millones de dólares
y obtuvo un valor de la producción por 13,900 millones de dólares, es
decir, sus ganancias significaron tres veces la inversión.
Pero estos temas se ven opacados en los medios por la coyuntura
noticiosa del extremo de la inseguridad y la barbarie, personificados
en los casos de la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, Estado de
México, y 43 estudiantes desaparecidos y seis asesinados, de la Normal
Rural de Ayotzinapa, Guerrero, hace 25 días; información a la que el
propio Gobierno le imprime relevancia, poco creíble por cierto, en su
discurso, pero no solución, y que mantiene ocupadas a la prensa y la
opinión pública en ella como el punto fundamental para acreditar la
democracia y la justicia del régimen mexicano.
El caso de los
normalistas toma dimensiones de protesta nacional, en la que los
jóvenes estudiantes son los protagonistas, como sucediera en 1968, pero
ya se dejan ver ciertas inconformidades de algunos sectores de la
sociedad por las manifestaciones que interrumpen el tráfico de la
capital del país, en la exigencia de la presentación con vida de los
normalistas desaparecidos, así como el esclarecimiento y castigo a los
responsables de dicha agresión.
Ese es un componente básico de
la estrategia del estado, prolongar la solución del problema, que
generalmente nunca llega, para desgastar los mecanismos de protesta y
exigencia de justicia de los afectados, como son las manifestaciones
masivas, de tal manera que por su forma de expresión y la falta de
conciencia del grueso de la sociedad, ante este tipo de situaciones, se
aíslen y pierdan la solidaridad y apoyo de la población, con lo que,
también, acotan su fuerza.
En 1968 la estrategia culminó con la
masacre de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre, con lo que el
Estado disolvió la protesta y el Gobierno logró su objetivo de tener
“unas Olimpiadas en santa paz”.
En los días corrientes la
estrategia está por llegar a su etapa más álgida con las
manifestaciones en apoyo a Ayotzinapa, que este miércoles (22) da una
muestra de fuerza extraordinaria con una megamarcha que culmina en el
Zócalo de la Ciudad de México, sin que ello garantice la respuesta
favorable por parte del Gobierno a dicho caso. Y, mientras, el despojo,
y entrega al capital extranjero, de las riquezas naturales en materia
energética y las consecuencias de esto para el país, en cuanto a costo
social y económico, es un hecho irreversible.
Fuente: http://alainet.org/active/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario