La
ausencia de protocolos efectivos para el trabajo con víctimas y
victimarios de violencia sexual en Cuba preocupa a especialistas, que
aún perciben dificultades entre las instituciones encargadas de dar
respuesta a este tipo de delitos.
Panelistas de la reunión científica bimestral de la Sociedad Cubana
Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (Socumes)
reconocieron que el abuso sexual es aún un tema poco visible en el país
caribeño, donde faltan investigaciones al respecto y no existen
estrategias para dar seguimiento a las víctimas y a sus agresores.
“Es un tema silenciado, del que sólo escuchamos en consultas y espacios
limitados”, declaró Beatriz Torres, presidenta de la Socumes.
La socióloga Raiza Diago Rodríguez, del Centro de Investigaciones
Socio-operativas del Ministerio del Interior (Minint), advirtió la
necesidad de diseñar mecanismos que involucren a la familia,
profesionales de la salud e instituciones en la prevención de este tipo
de maltratos.
A su juicio, en los ámbitos familiar, comunitario e institucional
persisten prácticas que naturalizan este tipo de violencia, casi
siempre ejercida contra mujeres o menores de edad y con severas
consecuencias psicológicas y sociales.
En su criterio, a nivel social abunda el desconocimiento sobre los
victimarios, el ciclo de la violencia, sus alcances y daños. Por tanto,
es insuficiente la percepción de riesgo de ser víctima de abuso sexual,
y se tiende a negar la problemática o alejarse de ella, añadió la
experta.
Diago Rodríguez consideró que es incompleta la preparación de quienes
interactúan y acompañan a autores y víctimas en el proceso de
afrontamiento y tratamiento a la violencia sexual, entre ellos
docentes, cuerpos policiales, juristas y profesionales de la salud.
Asimismo, notó la ausencia de programas efectivos orientados a la
reincorporación del agresor a su medio, luego de haber cumplido la
sentencia penal, en un contexto en el cual los problemas de vivienda
provocan que, muchas veces, estas personas vuelvan a convivir con sus
víctimas o en entornos cercanos a ellas.
El dilema ético al que se enfrentan profesionales de la salud mental
que reciben en su consulta a personas con posibilidades de convertirse
en agresores sexuales fue un tema traído al debate por la psiquiatra
forense Teresita del Carmen García.
El Código Penal cubano establece en su artículo 162 que “el médico que
al asistir a una persona o reconocer un cadáver nota u observa signos
de lesiones por violencia o indicios de intoxicación, de envenenamiento
o de haberse cometido cualquier delito y no dé cuenta de inmediato a
las autoridades”, puede ser sancionado de tres meses a un año de
prisión.
Sin embargo, profesionales de la medicina se encuentran ante el
conflicto de proteger la intimidad de sus pacientes cuando estos les
revelan intenciones agresivas.
Por otra parte, el propósito de realizar un hecho violento no implica
que este se ejecute, y toca a sus terapeutas evaluar los riesgos antes
de acudir a la advertencia pública.
Ante este tipo de casos, la psiquiatra propuso ofrecer alternativas
terapéuticas a los posibles agresores como vía de protección a las
personas objeto de sus fantasías o deseos. “Tenemos pocas ofertas de
tratamiento para personas con comportamientos agresivos”, consideró.
La falta de terapias especializadas para personas sentenciadas por
delitos de abuso sexual, incluso en los penales, fue una de las
limitantes también señaladas por García.
“Una vez que se les concede la libertad condicional, no cuentan con un
seguimiento especializado, que debía llevarse a cabo mediante grupos de
psicoterapia cognitivo-conductual”, abundó la experta.
Complejos de abordar son los casos de menores de edad que cometen actos
de abuso sexual u otros hechos que la ley tipifica como delitos.
En Cuba, todos los menores de 16 años carecen de responsabilidad penal,
por lo que son tratados también como víctimas e integrados a procesos
de exploración y atención donde se preserve su integridad psicológica.
Datos preliminares de una investigación en curso de la psicóloga Dahimy
Suárez Manet, una de las especialistas del Centro de Protección de
niñas, niños y adolescentes del Minint, donde se atienden estos casos,
aseguran que son varones los adolescentes que con más frecuencia abusan
sexualmente de otros, producto de la división machista de la sociedad.
De los 63 jóvenes entre 12 y 15 años de edad estudiados por la experta,
solo tres eran mujeres. Ellas fueron, sin embargo, el 55 por ciento de
las víctimas de este tipo de agresiones. Pese a que son comportamientos
minoritarios, preocupa que se produzcan en edades tempranas hechos
lascivos y de sometimiento, consideró Suárez.
“Más de la mitad de los agresores presentan desajustes conductuales,
profesan irrespeto por la integridad física ajena y falta de empatía”,
refirió la investigadora.
Manuel Vázquez Seijido, jefe del departamento jurídico del Centro
Nacional de Educación Sexual, expuso las posibilidades del Código Penal
cubano para sentenciar este tipo de delitos que pueden ser juzgados
como violación, pederastia con violencia, abuso lascivo, ultraje
sexual, estupro, entre otros.
Sin embargo, muchos de estos actos se describen con insuficiencia o
ambigüedad en su redacción, lo que dificulta el trabajo de los legistas.
Para el profesional del derecho, una norma jurídica específica para
tratar la violencia en Cuba resulta imprescindible en el actual
contexto nacional.
Imagen retomada del sitio afrocubana.wordpress.com
Por: Helen Hernández Hormilla*
Cimacnoticias/SEMlac | La Habana.-
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