Cambio de Michoacán
Hace ya varias décadas
que los analistas académicos y periodísticos, mexicanos y extranjeros,
vienen diagnosticando la situación de la democracia mexicana, de antaño
también constituida como un régimen de partido dominante o hegemónico
(Sartori), partido de Estado, de partido de régimen (Rodríguez Araujo) o
como un aparato de gobierno híbrido, con elementos democráticos y
autoritarios. Particularmente, el interés por realizar la calificación
del sistema político se acentuó desde 1988, cuando se agudizó la lucha
política electoral y la presidencia misma de la República estuvo en
disputa. En los años siguientes, como se sabe, posiciones importantes,
incluyendo los gobiernos estatales y del Distrito Federal, fueron
cayendo en manos de las oposiciones electorales, hasta que la
Presidencia misma fue conquistada en el 2000 por el Partido de Acción
Nacional.
La entonces llamada transición democrática, o el cambio
que prometió el panista Vicente Fox, no se cumplieron. El foxismo fue
un gobierno tan corrupto como el de sus antecesores priistas, y el de su
sucesor Felipe Calderón no tuvo nada que envidiarles en cuanto a
autoritarismo. A la postre, en 2012 vendría la restauración priista de
la mano del ex gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, más
como un producto de la mercadotecnia, la propaganda mediática y el
fraude que como un estadista. Ni los dispositivos para la corrupción
habían sido desmantelados ni el presidencialismo se había debilitado lo
suficiente para impedir que esa recuperación del poder político por el
Revolucionario Institucional significara un auténtico retorno a sus
genes de abuso del poder, desarrollados en siete décadas de uso
incompartido del aparato estatal.
Los dictámenes sobre nuestro
régimen no se han modificado mucho y aún hablan de una transición
incompleta o frustrada, una democracia de fachada (Meyer), dictadura perfecta (Vargas Llosa), una semidictadura o dictablanda, o denominaciones equivalentes que se refieren a nuestro déficit democrático.
La coyuntura electoral de renovación presidencial no puede menos que
actualizar el debate y plantear si hay o no nuevos elementos en la
contienda. Por eso es que la Coordinación de Humanidades dela UNAM, a
través de su proyecto “Diálogos por la Democracia”, organizó los pasados
14 y 15 de febrero la conferencia internacional “Democracia y
autoritarismo en México y el mundo de cara a las elecciones de 2018”,
realizada en la ciudad de México bajo la coordinación del prestigiado
académico y colaborador periodístico John M. Ackerman. En diez mesas,
casi cincuenta ponentes, académicos de la propia UNAM y otras
universidades mexicanas, así como de instituciones de los Estados
Unidos, Brasil, Inglaterra y otros países, realizaron un ejercicio de
actualización del régimen mexicano entre la democracia, el
autoritarismo, el liberalismo, el populismo, la corrupción, el estado de
derecho, la movilización social, el papel del imperio estadounidense,
los efectos del sistema en el medio ambiente y, desde luego, los retos
del país ante las próximas elecciones.
Las visiones fueron
diversas, como era de esperarse; pero en ellas un denominador común fue
la caracterización del régimen y el sistema político mexicanos como
insuficientemente democráticos, con fuertes tintes de autoritarismo,
pero también la de una sociedad civil activa o en proceso de
movilización y en la que subsiste de diversas maneras la inconformidad, a
veces manifiesta y activa con expresiones de resistencia, a veces
pasiva y soterrada.
Y en relación con el proceso comicial en
curso, un taller ulterior en el que participó una parte importante de
los ponentes de la conferencia, permitió detectar irregularidades ya en
curso que anuncian una posible alteración de la voluntad popular y de
las que son responsables las autoridades electorales, tanto el Instituto
Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. Un ejemplo, la derogación por este último del artículo 143
del Reglamento de Fiscalización aprobado por el Consejo General del INE
para prohibir el reparto de tarjetas de depósito o monederos
electrónicos durante el proceso electoral. Como resultado, el gobernador
del Estado de México Alfredo del Mazo Maza ya ha iniciado el reparto a
amas de casa de las famosas tarjetas de “salario rosa”, que había
empleado durante su campaña del año pasado; y es de esperarse que esta
forma poco disimulada de coacción y compra del voto se generalice
durante los próximos meses por todo el país, sobre todo en las vísperas
de la jornada electoral.
Otro caso es el de la conformación de
los consejos locales y municipales del propio INE y los organismos
públicos locales electorales (OPLEs), donde se ha colocado a personajes
con clara militancia política en diversos partidos, pero muy
particularmente en el PRI. Estas acciones han sido avaladas y
sancionadas por el órgano de justicia electoral aplicando un criterio
supuestamente garantista y pro personae para no afectar los
derechos humanos y políticos de los ciudadanos, pero que claramente
atenta contra la imparcialidad de los órganos electorales.
Subsiste también la suspicacia acerca de las frecuentes pero nunca
suficientemente esclarecidas visitas del canciller Luis Videgaray a
Washington, de las cuales no se anuncia con anticipación la agenda, en
las que no hay conferencias de prensa y de las que salen apenas escuetos
boletines que poco o nada explican. No se trata de las negociaciones
del TLCAN, ampliamente publicitadas, sino de entrevistas virtualmente
semisecretas del secretario de Elaciones Exteriores con funcionarios del
gobierno estadounidense, que hacen pensar en la búsqueda de un aval
anticipado al fraude electoral en nuestro país. No en balde nuestra
cancillería se ha colocado en la vanguardia del frente diplomático para
condenar —desechando por completo la doctrina de autodeterminación y no
intervención— al régimen de Venezuela. Y también se apresuró el aprendiz
de jefe de la diplomacia mexicana a reconocer el gobierno del
presidente Juan Orlando Hernández en Honduras, producto de una ilegal
reelección y del fraude electoral, además de sospechoso de vinculación
con la narcodelincuencia. Como México no es Venezuela, es de esperarse
la anuencia y el silencio del imperio ante un posible fraude en las
elecciones presidenciales mexicanas.
En el curso de la acción partidaria y política en general, la guerra sucia
de difamaciones y de amedrentamiento, ampliamente ensayada en nuestro
país de tiempo atrás, va a todo motor, para incidir en la opinión
pública e incluso preparando el terreno para acciones más drásticas de
torsión de la voluntad de los ciudadanos.
Frente a tales signos y
la necesidad de asumir actitudes más activas de los ciudadanos
mexicanos y la comunidad internacional, se constituirá la Red
Universitaria y Ciudadana por la Democracia, que buscará registrar
observadores electorales mexicanos e internacionales y aprovechar los
foros y medios de difusión al alcance de sus integrantes para promover
la cultura política participativa, defender la legalidad
político-electoral y, en su caso, denunciar dentro y fuera del país, las
acciones atentatorias a la incipiente democracia mexicana. Se
conformará, desde la academia, el periodismo y diversas tribunas como un
espacio más, apartidario, para el involucramiento de los ciudadanos en
la necesaria construcción de estructuras efectivamente representativas
de gobierno y en el fortalecimiento de la cultura ciudadana.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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