Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Octavio Gómez
Sesión en la Cámara de Diputados. 
Foto: Octavio Gómez
Si antes de la elección presidencial no se elige al nuevo auditor superior de la Federación, el nuevo mandatario podrá operar para que sea afín a sus intereses quien revise las cuentas públicas. La advertencia la hace Enrique Arce Bravo, presidente de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, quien llama a la Cámara de Diputados a destrabar el enredo que causó el PAN cuando Ricardo Anaya dejó la presidencia nacional de su partido para lanzarse hacia Los Pinos.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Si no se elige al auditor superior de la Federación (ASF) antes de las elecciones presidenciales, se corre el riesgo de imponer a un titular a modo o que actúe bajo presión política.
Así resume el presidente de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño (AMDAD), Enrique Joaquín Arce Bravo, el peligro que, a su juicio, causa la indefinición creada por el Partido Acción Nacional (PAN) desde el 12 de diciembre último, si bien los plazos para la elección de auditor “se establecieron para que, independiente de quien gane, esté mucho menos influenciado”.
En falta desde el 31 de diciembre, la Cámara de Diputados frenó el nombramiento del próximo titular de la ASF, pese a existir una terna avalada por todos los partidos políticos desde el día 7.
La Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación disponen que el auditor debe durar ocho años en el cargo, dos más que la Presidencia de la República, para que nunca coincida el arranque de una administración federal con la designación del encargado de revisarle sus cuentas.
El contador Juan Manuel Portal Martínez concluyó su periodo el 31 de diciembre pasado y los partidos en la Cámara de Diputados se comprometieron a elegir antes a su sucesor. Sin embargo, eso no ocurrió debido a una imposición del PAN.
El 6 de diciembre, Marko Antonio Cortés Mendoza, entonces presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción del PAN, anunció que el pleno conocería la terna y se votaría el día 12.
“En caso de que todavía no tuviéramos un acuerdo, lo podemos postergar para la sesión del miércoles o jueves, pero es nuestra intención discutirlo el martes, debido a que los plazos están en el límite”, dijo.
Pero las piezas al interior de ese partido se movieron. Como parte de su estrategia para llegar a la candidatura y posteriormente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya dejó la dirigencia del partido y el día 9 Damián Zepeda Vidales se convirtió en el nuevo líder del PAN… y empezaron las contraórdenes a sus dipu­tados federales.
El 12 de diciembre último, de manera sorpresiva, el nuevo dirigente nacional panista acudió a la Cámara de Dipu­tados, convocó a una conferencia de prensa y anunció que su partido no votaría la terna; pero no se quedó ahí, demandó la reposición del procedimiento que la Comisión de Vigilancia había realizado a lo largo de un mes.
Portal Martínez dejó el cargo el 31 de diciembre y como auditor interino quedó Juan Javier Pérez Saavedra. Hasta el momento, no existe un acuerdo en San Lázaro para designar a quien revisará el uso de los recursos públicos y, en su caso, denunciará desvíos, sobornos u obras pagadas pero inconclusas que llegue a detectar.
Los riesgos
Con una trayectoria de más de 35 años en el terreno de las auditorías, autor del primer marco de actuación para los órganos internos de control en la administración pública federal, encargado de entregas-recepción en diversos estados que han renovado sus gobiernos, testigo social en contrataciones de gobierno y presidente de la AMDAD, entre otras, Arce Bravo alerta sobre posibles consecuencias políticas de mantener sin titular designado a la ASF.
El problema no es el funcionamiento actual de la ASF, aclara, pues los auditores y el demás personal con que cuenta son gente con capacidad técnica para continuar las revisiones.
“El problema son los tiempos y las formas. El tiempo cuenta mucho, porque no es lo mismo designar a un auditor que sería independiente del nuevo presidente de la República a después, cuando ya está el mandatario en funciones. El problema es qué tanta independencia va a tener el auditor al momento que sea nombrado”, cuestiona.
Gracias al trabajo de la ASF, tanto en los tiempos de Arturo González de Aragón como de Juan Manuel Portal –continúa el presidente de la AMDAD–, existen investigaciones profundas sobre casos de corrupción que involucran a funcionarios de altos niveles que antes eran intocables. Ahí están los casos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) o de los exgobernadores Javier y César Duarte.
El peligro por la falta de auditor, la falta de nombramiento en estos momentos, alerta, “es que pongan a una gente que sea políticamente conveniente para alguien, como ocurre frecuentemente en México”.
Los diputados federales deberían cumplir con la ley y elegir ya al nuevo auditor, demanda. Y amplía sus razones: “Estamos en un año electoral que trae vicisitudes de tipo político, trae consigo la entrega-recepción de la administración pública federal, de nueve gubernaturas y todo ello implica recibir recursos y rendir cuentas sobre esos fondos. Son muchos los recursos económicos que se van a mover.
“No me preocupa la operación de la ASF –insiste–, me preocupa cómo se nombre al titular de la ASF, bajo qué criterios se va a hacer, por consenso o por capacidad”. Al respecto, dice que prefiere que sea por capacidad.
–Si se elige al auditor bajo un criterio político, ¿se afectará el trabajo de la ASF? –se le pregunta.
–¡Claro, por supuesto!
–Se frenó la elección por un criterio político –se le recuerda.
–Y tal vez se eche a andar por otro criterio político. Podría, incluso, desecharse la terna ya avalada inicialmente por todos los partidos políticos –responde.
–¿Cuál sería el riesgo?
–Que llegaran a un acuerdo conveniente, para alguna fuerza política en específico.­
–¿Un “arreglo conveniente” es que el nuevo auditor no investigue desvíos o no denuncie malos desempeños?
–No. El peligro sería que ejercieran presión sobre la persona que nombraron.
–¿Presión para que se determine hacia dónde va una auditoría?
–O para que deje de investigar con profundidad algunas cosas. Ése es el peligro político siempre.
Sistema cojo
Para el presidente ejecutivo de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, el hecho de que la elección del nuevo auditor se empate con la sucesión presidencial es que se afecte el perfil de la persona que encabezará la ASF, porque realizada la elección, la designación “depende del candidato ganador y de la armonía que tuviera en las cámaras”.
–Es decir, el partido que tenga mayoría en las cámaras operará para poner a un auditor a modo.
–¡Claro!
–Si al titular de la Secretaría de la Función Pública lo elije el Ejecutivo entrante, ¿sería grave para la ASF que ése mismo partido lo impusiera?
–Depende de quién sea el jefe (el presidente), depende de la ética de la persona. Pero si yo tengo mayoría en la cámara, puedo generar un consenso. Evidentemente, puedo presionar para que quede una persona más de acuerdo con mi manera de pensar o visión de país que tenga –advierte Arce Bravo.
Por lo anterior, el presidente de la AMDAD insiste en que es necesario que el nuevo auditor sea elegido ya, como “estaba previsto en la ley”.
“Lo que deberían hacer los diputados –explica el presidente de la academia– es cumplir con la ley y elegir ya al nuevo auditor. Insiste en que el problema es que la cámara no esté cumpliendo los plazos, pues de acuerdo a la Ley de la Fiscalía y la Constitución el auditor sólo dura ocho años y ya debería estar en funciones el nuevo, justamente para que no se empate con la elección presidencial.
La importancia de este nuevo auditor es que coincide con la conclusión de una Presidencia de la República, auditaría los seis años del siguiente y todavía investigaría el trabajo de un tercer mandatario.­
Para visualizar la magnitud de lo que está en juego con la ausencia de titular en la ASF, o que éste sea nombrado después de la elección presidencial, Enrique Arce Bravo trae a cuenta un caso que expuso al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, el pasado 1 de mayo.
Se trata de la detección, por parte del Servicio de Administración Tributaria, de 6 mil 492 empresas fantasma vinculadas a 224 mil 773 operaciones de facturación, equivalentes a 1.4 billones de pesos.
La cifra anterior es comparable al 5% del Producto Interno Bruto del país, pero es peor, asegura, si se toma en cuenta “el presupuesto anual destinado a las contrataciones públicas, que oscila entre 10 y 12% del PIB. Entonces, estamos hablando de cerca de 3 billones de pesos en riesgo potencial, sin considerar otros campos, como el otorgamiento de licencias y concesiones”.­
Es un riesgo potencial porque dichas empresas las crea alguien con un fin: captar recursos. “La Secretaría de la Función Pública debería tener boletinadas a esas empresas y reportarlas a la ASF”, considera Arce.
El Sistema Nacional Anticorrupción está cojo porque no tiene fiscal ni magistrados, dice el especialista. Reclama que los partidos sean egoístas y falten a lo que establece la ley por “anteponer sus intereses políticos”.
La falta de fiscal, de magistrados, “lastiman mucho al país porque se le quitan los dientes al sistema nacional anticorrupción… y la gente está llegando a un límite de hartazgo en relación con la corrupción”, agrega.
Este reportaje se publicó el 18 de febrero de 2018 en la edición 2155 de la revista Proceso.