1. Las campañas electorales empiezan el 31 de marzo. Antes, no debe haberlas, lo cual abarca los debates radiodifundidos. Así es en casi todo el mundo. Además, a los debates que se organicen deben ser convocados los diversos candidatos, pero en este momento formalmente no los hay; habría que esperar que la autoridad los registre. Así es la ley, por lo pronto.
López Dóriga se negó a hacer entrevistas de candidatos hace tres años porque, dijo, todos los partidos eran detestables, etcétera. Ahora, en búsqueda de rating y, en consecuencia, de mayores ventas, quiere organizar debates además de las entrevistas que aplica a los políticos. No es cuestión de libertad sino de dinero.
2. En periodo de comicios, el tiempo de radio y Tv destinado a partidos y autoridades electorales no es más que aquel que corresponde durante todo el año al Estado. ¿Por qué se critica el número de anuncios en tiempos oficiales asignados a los partidos? Porque está prohibido comprar tiempo comercial. La crítica de los spots electorales, otra vez encabezada por López Dóriga, es una cuestión de negocios. Lo que debería hacerse es acumular los mensajes de diez segundos en emisiones de dos minutos para que los candidatos pudieran decir algo, pero a eso se oponen radicalmente los concesionarios.
3. El eslogan “Para que lo bueno pueda seguir contando”, utilizado por el presidente Enrique Peña Nieto para difundir los actos relevantes de su gobierno, es un fraude a la ley porque es una referencia electoral a favor de su candidato, José Antonio Meade.
Además, el gobierno federal está gastando millonadas en esos mensajes y en otros, tipo gacetilla (anuncios encubiertos), sobre el mismo tema de sus “logros”.
Las autoridades electorales, por su cuenta, hacen lo de siempre. Mejor dicho, no hacen nada.
A partir del 31 de marzo el gobierno no podrá hacer propaganda, según la ley. Luego, la gacetilla será el único medio de publicidad gubernamental, pero el INE tampoco va a hacer algo porque la mayoría de sus integrantes considera que esa práctica siempre es legal, aun en periodos electorales, no obstante que la legislación dice otra cosa.
4. Abrir las tres urnas antes de iniciar los cómputos, con el fin de localizar las boletas depositadas por error en otra urna, tenía el propósito de adelantar el llenado del acta de la elección presidencial con el fin de hacer con mayor facilidad un “conteo rápido” por parte del INE.
Transmitir en directo desde la casilla el resultado de la votación es un viejo anhelo ante el desinterés del INE por mejorar su programa de resultados preliminares (PREP). Lo que a esa autoridad le importa es anunciar un nombre a las once de la noche pero, como no tiene datos, recurre a una encuesta de resultados, llamada “conteo rápido”: se diseña una pequeña muestra (representativa) de casillas y se programa la captura de esos datos para introducirlos a la computadora. De esa manera se da la impresión de que el IFE ha cumplido con su deber.
El Tribunal le ha echado abajo al INE un apresuramiento del dato de la elección presidencial, pero se mantiene la transmisión del resultado desde las casillas donde haya señal de telefonía celular. Ahora habrá que esperar a que estén llenadas las tres actas de resultados (presidente, senadores, diputados). Sin embargo, el INE hará su encuesta mediante la captura y transmisión del cuadernillo donde han de constar los datos de la elección de presidente, dejando para otro momento el dato oficial destinado al PREP, que es el que consta en el acta de escrutinio y cómputo.
En el mundo, las autoridades electorales no suelen hacer encuestas sino que brindan resultados sólidos. El problema es que el INE nunca había querido crear un sistema de datos inmediato. Y ahora que, para hacer su encuesta más rápidamente, admitió la transmisión del resultado desde la casilla, el Tribunal lo ha contradicho, aunque de seguro no estará en riesgo la estabilidad económica de México, como han dicho algunos dramáticos consejeros electorales.
5. A todo lo anterior habría que agregar los escándalos por malos manejos de fondos privados y públicos.
Las triangulaciones se hacen para evitar que se sepa quién se quedó con el dinero. Lo mismo en operaciones de especulación inmobiliaria o financiera que en desvíos de fondos públicos. Es por demás lógico que los operadores no tengan el dinero a su nombre, por lo cual recibirlos en la PGR con copias de sus estados de cuenta es de por sí un juego muy sucio porque esos documentos no concluyen absolutamente nada.
Las preguntas son qué se hicieron los dineros. Ricardo Anaya y Rosario Robles deberían ser investigados con seriedad, mas si no lo son ahora, podrían serlo después, cuando haya condiciones políticas propicias. Por el momento, todo es un show.
Quien la tiene más difícil es José Antonio Meade porque, habiéndose perdido los fondos, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tuvieron que ir a algún lugar. Eso es lo que nos debió explicar quien recibió, de manos de Rosario Robles, la Secretaría de la Desarrollo Social: el mismo José Antonio Meade. O, acaso, él no quiso darse cuenta de nada. ¿Por qué hasta ahora dice el mismo Meade que es preciso actuar en consecuencia con los señalamientos de la Auditoría, si entonces esa era una de sus obligaciones?
Este desmadre apenas está empezando, por lo visto.