Lev M. Velázquez Barriga *
Los maestros han sido
botín político de las cúpulas sindicales y de sus fricciones internas en
esta coyuntura electoral. Mediante Nueva Alianza, Juan Díaz de la Torre
oferta el voto magisterial al PRI, su partido protector; Elba Esther
Gordillo Morales, por conducto de las Redes Sociales Progresistas (RSP),
de sus familiares y de su operador más notable, el ex secretario
general del SNTE Rafael Ochoa Guzmán, ofrece el voto de los maestros y
sus huestes electorales a Morena.
Los jaloneos sobre quién tiene la legalidad del sindicato, Juan Díaz o
Elba Esther, no tienen que ver con un proceso democratizador del
gremio, no son una preocupación sobre la representación legítima de los
maestros venida de sus núcleos organizacionales, sino una pugna de
facciones gansteriles funcionales al régimen. En el fondo está el
control económico de las cuotas sindicales obligatorias, de la
maquinaria electoral construida sobre las mismas estructuras charriles
del sindicato, el comando de los mercenarios del fraude electoral al
servicio del mejor postor. La pelea por la dirección legal del SNTE no
es para representar a los maestros, es para negociar en nombre de ellos.
La ambigüedad jurídica de los alcances del amparo concedido por el
gobierno priísta en el que se suspendía la toma de nota del secretario
general del SNTE, tres días antes de su congreso y uno antes del acuerdo
nacional magisterial con AMLO no es casual, fue el mensaje al grupo
gordillista para devolverle el sindicato y recuperar el pacto de
complicidad, con la condición de que rompiera la alianza con Morena. No
obstante, el coqueteo electoral con Gordillo terminó en acoso cuando su
equipo político no desistió de continuar la alianza: inicialmente se
dijo que el amparo no invalidaba a Juan Díaz de la Torre, pero después
vino la suspensión de sus efectos y luego la restricción para no
permitir a la maestra comunicación telefónica o por Internet ni visitas
que no sean de sus familiares, abogados o médicos.
Acto seguido, en fast track y derrochando millonarios
recursos destinados en cañonazos económicos directos a los delegados
para comprar su servilismo, el congreso del SNTE culminó el proceso
fraudulento de sus eventos previos en los estados, validó a los
funcionarios sindicales para que paralelamente cumplan funciones como
resultado de su participación en las urnas y ungió a Juan Díaz de la
Torre, el judas de los maestros, para estas elecciones y los próximos
seis años (por lo pronto).
En el otro escenario de la pugna entre bandos sindicales está la
firma del acuerdo nacional magisterial al que convocaron las RSP en
Zacatecas; ahí se afirmó alianza con Morena y la legitimación mediática
del grupo elbista ante un auditorio, que en realidad llegó imantado por
la figura de Andrés Manuel López Obrador. Lógicamente, AMLO habló como
abanderado de la coalición partidista Juntos Haremos Historia; por los
maestros el único que fijó posicionamiento público, suplantando la voz
de todas las fuerzas magisteriales, gordillistas o no, fue Rafael Ochoa
Guzmán, pero ¿quiénes y en qué instancias lo nombraron vocero del
magisterio nacional? Eso nadie lo sabe.
Las alianzas cupulares de Juan Díaz con el PRI y de Elba
Esther en nombre de los maestros mexicanos con Morena son igual de
ilegítimas. Ambos grupúsculos llegaron a la dirección sindical por
medios fraudulentos y en climas de imposiciones violentas hacia los
sectores de oposición democrática, se mantuvieron ahí pactando con los
poderes del Estado la entrega de la escuela pública y los derechos
laborales de los docentes, avalando los pactos, acuerdos y reformas
educativas neoliberales de las últimas dos décadas. Incluso la
contrariedad de Elba Esther a la más reciente reforma educativa fue una
invención para poner mayor precio a la entrega de la estabilidad de los
profesores.
Sin embargo, la efervescencia por la posibilidad de echar del poder
presidencial a los partidos de la derecha histórica, hierve en los
calores políticos de los maestros de a pie, los obliga a colocar el tema
entre las valoraciones cotidianas, abiertas y de los grupos en
resistencia; paralelamente a los acuerdos cupulares, partidistas y
sindicales, el consenso de los docentes excluidos ha sido el no votar
por los partidos del Pacto por México, consigna que debería ampliarse a
los candidatos que dentro de él promovieron la reforma educativa y a los
líderes sindicales corruptos, que hoy se lavan las manos en los
partidos de la izquierda electoral.
En términos de voluntades reales de cambio, el compromiso de AMLO
para modificar la Ley General del Servicio Profesional Docente es una
propuesta tan limitada como ambigua; la reforma educativa es también una
estrategia integral de muchos mecanismos para el desmantelamiento de
la escuela pública y el desarme cultural de la infancia; el riesgo de
una legislatura electa de entre los neomorenos que fueron partícipes de
su aprobación y de una ley promovida por quienes siguen siendo parte del
charrismo sindical o son ex funcionarios que introdujeron el
neoliberalismo educativo en los años 90, son ingredientes que no le dan
un buen sazón; a su propuesta le falta el sabor de la izquierda
magisterial, aunque ésta no tiene un ejército con entrenamiento
electoral a la venta, sí cuenta con un proyecto alternativo de educación
pensado para la democratización de México.
*Doctor en pedagogía
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