La primera pretende privatizar el manejo y comercialización del agua, y la segunda, condenar a la mayoría de los trabajadores a la precariedad. Tal como sucedió con la Ley de Seguridad Interior, al Ejecutivo lo único que le interesa es que se aprueben sus proyectos de ley, sin importar que todas las fracciones opositoras voten en contra.
La Ley General de Aguas (Proceso 2153) contempla el otorgamiento de concesiones a perpetuidad y, aunque pone un límite máximo de 30 años, permite las renovaciones ilimitadas. Además, autoriza la transmisión de las mismas, aunque el cambio de titular implique también el cambio de uso del líquido, por ejemplo, de uso para fines agrícolas a industriales.
También contempla, de acuerdo con un análisis desarrollado por la Coordinadora Nacional de Agua para Todos, que las tarifas del agua se determinen tomando en cuenta los costos, la inflación y la utilidad que debe lograr el operador.
Los expertos entrevistados en el reportaje de Jesusa Cervantes también hacen hincapié en que el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo, a través de Ignacio Pichardo Lechuga, impulsaría el uso de fracking para la producción de gas y aceite, dado que dicho proceso requiere de gran cantidad de agua; así, la propuesta de nueva legislación es el complemento ideal para la reforma energética.
Mientras tanto, en lo referente a la propuesta de legislación laboral (Proceso 2153) ésta trasgrede los principios constitucionales promulgados en la reforma de febrero del año pasado, pues en lugar de crear Centros de Conciliación en los estados, y el organismo descentralizado con plena autonomía, prácticamente revive el formato de las Juntas de Conciliación al recrear instancias tripartitas: trabajadores, empresarios y gobierno. Lo que da al traste con una de las principales intenciones de la reforma.
También revierte el voto libre y secreto como requisito previo para cualquier negociación colectiva, al reservarlo únicamente para los casos en los que se emplace a huelga, con lo cual abre la puerta para los llamados contratos de protección.
Mención aparte merece la liberalización del llamado outsourcing, que es una de las vías más socorridas para evadir responsabilidades laborales y precarizar el trabajo en México, al eliminar las restricciones de la actual legislación que limita el mismo a actividades accesorias, como limpieza y vigilancia, e impide que se otorguen a terceros la realización de las tareas centrales del negocio. Aunque el nuevo titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa, ya se manifestó contrario a esta propuesta, es un hecho que el proyecto que se discute en la Cámara de Diputados sí lo contempla.
Como bien señala Arturo Alcalde en un artículo publicado en La Jornada el sábado 3 de febrero, el proyecto de ley da al traste con los dos principales objetivos de la reforma constitucional: recuperar la vigencia del estado de derecho y dejar en manos de tribunales adscritos al Poder Judicial la impartición de justicia en materia laboral; y “recuperar el papel de la negociación colectiva como medio de concertación productiva y así suprimir los contratos colectivos de protección patronal celebrados a espaldas de los trabajadores”.
Estas dos iniciativas de ley, aunque nunca se contemplaron en el llamado Pacto por México, forman parte del paquete de reformas estructurales que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha impulsado incluso desde antes de llegar al poder, como fue el caso de la reforma laboral aprobada todavía durante el gobierno de Felipe Calderón, pero ya consensuada con el entonces presidente electo.
Todas las reformas (con la única excepción de la llamada reforma fiscal, aunque en realidad fue un aumento de impuestos indispensable para que las finanzas públicas federales no empeoraran) establecen condiciones muy favorables para que los grandes empresarios (en muchos casos de la mano de exsecretarios de Estado, ya muy bien señalados) exploten los recursos naturales y humanos del país.
Algunas de las primeras consecuencias negativas de la reforma energética ya están presentes con el encarecimiento de los combustibles y la debacle de las refinerías mexicanas; pero donde éstas son todavía más alarmantes es en el ámbito de la reforma laboral, pues entre 2013 –el inicio del sexenio y cuando apenas entraba en vigor la reforma laboral– y 2016 el número de personas empleadas que ganan más de cinco salarios mínimos se redujo en 700 mil; y, en contrapartida, el de personas que ganan entre uno y dos  salarios mínimos se incrementó en 3 millones 200 mil. Y, por si esto fuera poco, también hay cerca de 7 millones 200 mil personas que laboran menos de 35 horas por razones ajenas a su voluntad o reciben menos de un salario mínimo.
Para dar una idea de esta precariedad del empleo en México, en una encuesta levantada en Nuevo León entre septiembre y noviembre del año pasado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para el proyecto Cómo Vamos, Nuevo León, muestra que 51.1% de los encuestados manifestó percepciones menores a 9 mil 900 pesos mensuales, en ese entonces equivalente a cuatro salarios mínimos y, únicamente 1.6%, más de 24 mil 800 pesos mensuales, es decir más de 10 salarios mínimos.
En resumen, como resultado de la reforma laboral se ha incrementado el número de empleos, pero de muy mala calidad y, en contrapartida, se ha reducido el número de empleos bien pagados.
Es muy evidente que, hasta el momento, las reformas estructurales han beneficiado a muy pocos y perjudicado a la mayoría de los mexicanos; lo cual es claramente percibido por la población, pues en la última encuesta de Latinobarómetro 2017, 90% de la población consideraba que “el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio”.
Y, no conforme con esto, Peña está empeñado en concluir su compromiso (con esos grupos poderosos que lo llevaron a la Presidencia) de reformas estructurales, sin importar los resultados que produzcan para el país. Parece que, aunque lo niegue, hasta el último día de su mandato se despertará pensando “en cómo joder a México”.
Este análisis se publicó el 11 de febrero de 2018 en la edición 2154 de la revista Proceso.