Los maestros de Michoacán, de nueva cuenta,
se movilizan. El gobernador Silvano Aureoles Conejo, de plano, no les
deja otra opción. El político de extracción perredista ha resultado
incapaz ya no digamos de gobernar sino de acatar las leyes. Bueno, no ha
sido capaz siquiera de cumplir acuerdos que aceptó y firmó de su puño y
letra. Quienes lo encumbraron hoy ven con angustia y enojo su
ineptitud.
Hay que decirlo. Muchos de sus hoy decepcionados padrinos políticos y
empresariales al principio lo azuzaron con entusiasmo para que
reprimiera y utilizara todo el aparato de gobierno contra quienes
protestaran. Los heridos y encarcelados en apenas 2 años y 5 meses desde
que asumió el cargo se cuentan por cientos. Su divisa ha sido la de
utilizar la policía y cancelar el diálogo. Peor aún, fingir que dialoga
pero no escuchar y sí engañar, mentir. Y no entiende que así no se
gobierna. Sus victorias pírricas, que se saldan con golpeados y
encarcelados, en realidad sólo posponen y complican los problemas.
Este viernes 23, los maestros democráticos de la Sección XVIII del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Lucha
anunciaron que a partir de este día salen de nueva cuenta a las calles.
Y, como en las anteriores jornadas, demandan que el gobernador actúe
como tal (no como virrey) y se siente a dialogar con un sector
(numeroso) del pueblo. Su principal demanda es justa y clara: el pago de
adeudos salariales al magisterio michoacano.
En rueda de prensa, integrantes del Movimiento del Magisterio
Democrático Nacional, encabezados por el profesor Antonio Castro López,
secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE,
informaron que el gobierno estatal ha incumplido en el pago de salarios a
los trabajadores. Tal incumplimiento persiste a pesar de que se trata
de uno de los 29 puntos que integran los acuerdos firmados desde el 11
de septiembre del año pasado. Ya, a inicios de 2018, este incumplimiento
obligó a los maestros a movilizarse. Los saldos de las protestas fueron
de 87 maestros detenidos y decenas de golpeados.
En estas renovadas jornadas de lucha los profesores exigen el pago a
36 mil trabajadores de los adeudos correspondientes al salario
integrado; el pago a 1 mil 300 que en 2 años no se les ha abonado
absolutamente nada; la remuneración a 217 que padecen adeudos desde hace
3 años; el pago a 40 mil a quienes se les aplicaron “descuentos”
indebidos; la reinstalación de 21 profesores removidos irregularmente
(algunos de ellos precisamente por defender sus derechos), y explicar el
desfalco en las Pensiones Civiles del Estado así como reintegrar los
recursos.
Son las demandas principales. Las mismas que no aparecen en los
medios amigos del gobernador. El discurso progubernamental busca hacer
creer a los ciudadanos que los maestros se movilizan sin razón alguna o
para “defender privilegios”. Pero, seriamente, ¿quién puede cuestionar
que una persona demande el pago por un trabajo devengado? Más aún, el
propio gobierno del estado sabe que la razón está con los profesores.
Por ello firmó los acuerdos de septiembre. ¿Por qué tal desprecio? ¿Por
qué se empeña en generar ingobernabilidad? Incluso, ¿por qué socava aún
más su investidura y su ya precaria credibilidad?
Los 87 maestros detenidos se quejan de la violación de sus derechos
humanos pues, además de padecer la suspensión de pagos y cambios
unilaterales de adscripción o lugar de trabajo, enfrentan una campaña de
estigmatización y criminalización.
El gobierno del estado les ha dicho a los maestros que sólo está
dispuesto a cumplir nueve de los 29 puntos. Pero esos nueve se refieren a
problemáticas de carácter administrativo y no tienen relación con el
salario.
Los profesores están organizados y decididos. Ahora emplazado al
gobierno a dar cumplimiento a los 29 puntos mencionados en los acuerdos
o, de lo contrario, podrían pronunciarse por iniciar un paro indefinido
de labores. Saben los maestros a los que se enfrentan: una ira
patológica que Silvano Aureoles ya ha demostrado con vastedad en otras
ocasiones. Sus policías no tienen reparo alguno en violar los más
elementales protocolos del uso de la fuerza. En casi 30 meses han
allanado impunemente instituciones públicas y han cercado pueblos.
No son los profesores los únicos que han padecido la furia impune de
quien detenta el poder. Comunidades indígenas que se oponen al saqueo de
su madera, agua o recursos minerales han tenido que sufrir operativos
policiacos descomunales, como los casos de Arantepacua y Caltzontzin.
Los normalistas, por su parte, padecen una permanente campaña de
estigmatización y difamación para hacer parecer a los jóvenes
estudiantes como los peores delincuentes con los cuales no hay que tener
consideración alguna. Y como respuesta a sus demandas, sólo se les
ofrece golpes, cárcel y balas.
Aureoles no sabe gobernar. Se aferra a su primitiva idea de que puede
someter a los actores sociales con la fuerza y el apoyo de la
propaganda política. Pero no puede criminalizar a todos, estudiantes,
comuneros, maestras y maestros, trabajadores, médicos. Contra sus
pronósticos, un paro magisterial hará confluir a los sectores populares
en demandas más allá de las legítimas de los profesores. El gobernador
se está arrinconando solo. En medio de sus berrinches, ¿se dará cuenta?
Zósimo Camacho
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ZONA CERO]
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