Esa degradación tiene sus fuentes en las prácticas clientelares que pervierten la aspiración democrática mediante la compra del voto y el condicionamiento de programas sociales, obras públicas y beneficios de distinta índole. Y, sin embargo, es en la Ciudad de México y el Estado de México donde el PRI y el PRD han llevado esas prácticas –moralmente inaceptables legalmente ilícitas– a niveles extraordinarios.
A lo largo de dos décadas he atestiguado numerosos procesos electorales en los que, originalmente, el PRI solía activar una maquinaria de movilización de electores. Carretadas de dinero se repartían y resultaban imposibles de rastrear. Luego siguieron los partidos de oposición que –en la mayoría de los casos– llegaban al poder por transferencia clientelar desde dentro del PRI, con ejemplos muy documentados como las elecciones de 2006, o como en numerosos casos locales donde, por resistencia al centralismo o trastocamiento de intereses locales, los grupos de poder contribuían a triunfos de su misma alineación, pero por otro partido.
Sin embargo, nunca como hasta 2015 supe de casos en que los servicios básicos se condicionaran conforme a resultados electorales. Las denuncias fueron abundantes, por ejemplo, por suspensión de abasto de agua, principalmente en la delegación Iztapalapa. El perpetrador era un furibundo PRD que veía caer sus antiguos bastiones. Lo que yo sabía o documenté en otras entidades fue un ejercicio efectivamente corrupto, perverso e insano, aunque más amable, que implicaba dinero o satisfactores, pero también trabajo de persuasión.
Hace poco, por el libro ‘Obra Negra’, de Emiliano Ruiz Parra, comprendí que esas fórmulas criminales de articular estructuras electorales tienen un largo registro en el Estado de México, donde los populosos barrios de la conurbación oriente de la Ciudad de México viven bajo un chantaje permanente por la irregularidad de sus viviendas, la consecuente irregularidad de los servicios básicos y su entrega a cuentagotas, junto con otros paliativos a la pobreza, a cambio de acudir a mítines, aplaudir a candidatos, alcaldes, gobernadores y presidentes, pero, sobre todo, votar.
Desde los primeros anuncios para la atención de los sismos del 7 y 19 de septiembre, los visos de esa corrupción y esos chantajes con fines político-electorales fueron evidentes. Primero, con el anuncio de Enrique Peña Nieto sobre el reparto de ayudas en monederos para la reconstrucción, de previsible resultado: para diciembre se revelaba que Bansefi emitió numerosas tarjetas con el nombre de un mismo beneficiario que, si acaso, recibió una. El destino de los recursos depositados sigue incierto.
En estos días, la capitalina Comisión del 19-S colapsó. Ricardo Becerra, Mauricio Merino y Katia D’Artigues renunciaron en un acto de congruencia. El intento de generar un proceso ciudadano de alto perfil técnico, transparente y eficaz, terminó convertido en un botín para los políticos perredistas Mauricio Toledo y Leonel Luna, así como para el panista Jorge Romero.
Es cierto que ninguna fórmula de corrupción es admisible, pero sostengo que hay agravantes cuando se trata del hambre, la subsistencia y el patrimonio de los pobres. Esa bajeza, degradación y perversión política no tiene disculpa.