Tras la agresión en la Universidad Intercultural de Chiapas
El primero de
diciembre del 2004 la Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH, era
sólo un proyecto en el papel y pretendía ser un espacio intercultural
para transformar los modos tradicionales de construir el conocimiento y
privilegiar el pluralismo. Así lo explicaba al diario La Jornada el
primer rector que tuvo la UNICH, el antropólogo Andrés Fábregas Puig.
La Universidad Intercultural empezó a funcionar en las últimas ondas
sísmicas que había provocado el terremoto del levantamiento armado del
EZLN en 1994, con reivindicaciones iniciales a nivel nacional y que se
fue reduciendo al entorno indígena chiapaneco. El reconocimiento de la
ancestral injusticia con los pueblos originarios de México y la
reivindicación de sus formas organizativas y modos de relacionarse
socialmente alcanzó primer plano mediático. El gobierno mexicano se vio
obligado a unirse al carro indigenista y así fue como nacieron el CELALI
(Centro Estatal de Artes y Literatura Indígena) y la UNICH. De esta
manera se abría una oportunidad para muchos jóvenes tzeltales,
tsotsiles, choles, tojolabales y zoques de acceder a estudios superiores
universitarios en licenciaturas como Comunicación, Periodismo, Derecho y
Leyes, Gastronomía y Turismo, Lengua y Literatura, Medio Ambiente y
Geología, Salud y Medicina. El año 2009 egresaba la primera generación
de 449 estudiantes, 55% indígenas y más de 50% mujeres.
Pero
pasaron los años y en el año 2018 ya no es necesario para el gobierno
mantener su “compromiso” con ningún proyecto que impulse el bienestar y
desarrollo de la gente en las comunidades rurales de Chiapas. El
compromiso real es con las compañías mineras y las que están invirtiendo
en las Zonas Económicas Especiales, que pretenden cambiarle el rostro
físico y las relaciones sociales a todo el estado. Por eso en el
conflicto por atender las demandas de los profesores y administrativos
de la UNICH, que iniciaron un paro de labores desde el 16 de enero,
básicamente por el respeto a su Contrato Colectivo de Trabajo, pero no
sólo, la solución que decidió el gobierno del estado de Chiapas que
preside Manuel Velasco Coello (Partido Verde Ecologista de México,
PVEM), fue despedir a los 130 trabajadores sindicalizados, más otros 30
no sindicalizados que se unieron a la huelga y proceder al desalojo
violento con la irrupción de la policía en las instalaciones
universitarias con sede en San Cristóbal de las Casas, el pasado viernes
9 de febrero. Por la gravedad que supone irrumpir en una institución de
educación superior con una fuerza armada, difundimos el video de la represión policial y el último comunicado del Comité Ejecutivo SUTUNICH.
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
San Cristóbal de las Casas, Chiapas; a 19 de febrero de 2018
A las autoridades correspondientes
A la comunidad Universitaria
A los pueblos originarios y público en general
A las organizaciones sindicales
A la Academia comprometida con los pueblos
La Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) fue creada por
exigencia de los pueblos, no fue una dádiva del gobierno. El modelo
educativo tiene como ejes transversales las lenguas originarias de
Chiapas y la vinculación con la comunidad.
Las y los profesores
de asignatura de Tiempo Completo y personal administrativo agremiados al
Sindicato Único de Trabajadores de la UNICH (SUTUNICH), fuimos
desalojados de las instalaciones de nuestra Universidad con sede en San
Cristóbal de las Casas y sufrimos la represión del Estado al enviar a
más de 100 elementos de tres corporaciones policiacas (municipal,
estatal y especializada) el día viernes 9 de febrero a las 16:30 horas.
Como sindicato manteníamos el paro laboral en las instalaciones para
hacer respetar nuestro Contrato Colectivo de Trabajo. Llegaron
fuertemente armados, con gases lacrimógenos y “Órdenes de desalojo” que
nunca fueron presentadas e incursionaron en la UNICH para golpear a
trabajadores.
La base trabajadora recibió amenazas a través de rescisiones laborales, actas administrativas y carpetas de investigación.
Más de 130 trabajadores sindicalizados han sido violentados por el
rector Ballardo Molina Hernández y la enlace de gobierno Karen Anahí
Ballinas Hernández. El punto central del problema es el incumplimiento
de minutas firmadas desde 2014 y lo más grave, el no cumplir con la
firma bilateral de la plantilla académica presentada en diciembre del
2017 y que correspondía al semestre enero-junio de 2018.
Ahora la
Universidad es un caos con nuevas contrataciones, con amenazas a
estudiantes y docentes; continúan con arbitrariedades manteniendo en
vilo la educación de jóvenes indígenas y no indígenas. No se han
regularizado las clases.
En la UNICH, mantienen policías
uniformados y de civil, aparentemente resguardando a la Universidad,
sometiendo en tensión a las y los estudiantes. Reprobamos la Ley de
Seguridad Interior, con el uso de las fuerzas policiacas como medida
para terminar con las controversias laborales y legitimar las leyes
secundarias de la Reforma Laboral.
Solicitamos al gobernador
Manuel Velasco Coello diálogo y justicia a nuestros derechos laborales y
humanos, así como una mesa de diálogo de carácter resolutiva, que ponga
fin a las arbitrariedades y violencia a la vida académica de la UNICH.
La represión nunca será la salida para solucionar los problemas laborales.
NO MÁS VIOLENCIA POLICIACA Y MILITAR EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Atentamente
Comité Ejecutivo SUTUNICH
Juntos en un solo corazón, Ta jun no’ox ko’ntontik tsobolitik, Ta junax o’tanil
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