Según UNICEF, cerca de 60 millones de mujeres que hoy tienen entre 20 y 24 años fueron obligadas a casarse antes de cumplir la mayoría de edad
Madrid, 22 feb. 18. AmecoPress. Los
matrimonios forzados son reconocidos como una violación de los derechos
humanos en numerosos tratados internacionales y en documentos
supranacionales. Pese a ser considerados ilegales, sigue siendo una
forma de violencia de género en alza que somete a millones de mujeres.
El matrimonio forzado es la unión de dos personas, pero al menos en
uno de ellos no existe el consentimiento o la voluntad de tal alianza.
Es decir, está forzado a casarse.
En la actualidad, este fenómeno se distribuye de forma generalizada
en países de Norte de África, Próximo Oriente, África subsahariana,
Oriente Medio y América Latina.
Estados como Níger, Malí, Chad o Burkina Faso cuentan con el
porcentaje más alto de matrimonios forzados, con una media superior al
80 por ciento. Esta práctica se encuentra profundamente arraigada en los
valores de la sociedad, y existe gran dificultad para ser eliminada.
La gran aprobación cultural y las pocas barreras legales existentes
hacen que países como Mozambique, India o Zambia aparezcan en un segundo
nivel con un 60 por ciento de media.
Regiones como Brasil, Colombia o Bolivia quedan registradas en un
tercer nivel por llevar a cabo estas uniones con una media superior al
20 por ciento. Estos estados han descendido el número de este tipo de
matrimonios como consecuencia de una mayor persecución por parte de la
ley. En el resto de regiones como Sudáfrica o Egipto, están disminuyendo
aunque aún cuentan un porcentaje superior al 10 por ciento.
Dentro de los matrimonios forzados existe la modalidad de los
matrimonios prematuros, basados en la unión de dos personas donde al
menos uno de los dos no tiene la edad legal para contraer tal unión,
incluso puede ser infantil. Según UNICEF, hay cerca de 60 millones de
mujeres entre 20-24 años que fueron obligadas a casarse antes de llegar a
la mayoría de edad.
Este tipo de uniones, en la que uno de los contrayentes es menor de
edad o infantil, están en auge en todo el mundo. En lugares como India
sigue vigente la costumbre de dar en matrimonio niños y niñas pequeñas.
Desde el punto de vista de los padres y madres, se trata de la manera
probada y consagrada de organizar el pasaje de propiedades y riquezas
dentro de la familia. Una porción reducida pero significativa de niñas
implicadas en esta usanza tienen menos de 10 años de edad, y algunos de
ellos son criaturas de 2 o 3 años. Hay casos terribles de muertes de
niñas por violencia sexual en la noche de bodas.
En Níger, un estudio reciente llevado a cabo por UNICEF en 6 países
del África Occidental, revela que el 44% de las mujeres de edades
comprendidas entre los 20 y los 24 años se casaron antes de llegar a los
15.
Asimismo, en lugares como Bangladesh, las jóvenes son obligadas a
contraer matrimonio inmediatamente después de la pubertad, liberando de
esta forma a las familias de una carga económica que ellas representan.
Cuando estas jóvenes provienen de una familia muy pobre, pueden ser
obligadas a casarse con un hombre mucho más mayor, como tercera o cuarta
esposa, para cumplir con las funciones de servidora doméstica.
Un estudio realizado por la organización WomanStats Project, muestra
la ejecución de los matrimonios infantiles a nivel mundial, y el índice
de su práctica dividido en tres niveles.
Los países que aparecen en verde pertenecen a lo que se conoce por
mundo occidental. La organización indica que menos del 5 por ciento de
las niñas contraen matrimonio a los 16 años. Esto se debe a que existen
barreras estrictas para que no se produzcan este tipo de uniones.
Además, hay una significativa desaprobación cultural y rechazo.
En un segundo nivel estarían todos aquellos países aparecen en color
amarillo como Argentina, México o Indonesia. Los matrimonios infantiles
se dan entre un 5 y 10 por ciento de las niñas. Pese a que existe una
pequeña desaprobación cultural, este fenómeno sigue vigente ya que no
hay una gran persecución por parte del Estado que permita erradicarlo.
En el último lugar aparecen aquellos estados que aún tienen los
matrimonios infantiles como una práctica normalizada y que cuenta con
una gran aprobación cultural. La necesidad de seguir la tradición, de
reforzar los vínculos entre las comunidades, y de proteger a las niñas
del embarazo fuera del matrimonio, son las principales razones aducidas
en defensa de dicha usanza. La mayoría pertenecen a países de África u
Oriente como Níger, India o Tailandia. La organización indica que más
del 10 por ciento de las niñas contraen matrimonio a los 16 años o
menos.
Los MF aumentan en los campos de personas refugiadas
Desde hace décadas, en el mundo occidental se ha relacionado el
matrimonio forzado con los movimientos migratorios. Ante condiciones de
extrema pobreza, situaciones de conflicto o violencia millones de
personas se ven obligadas a huir en busca de una mejora en sus
condiciones de vida. Estos movimientos no solo llevan consigo una carga
de dolor y miedo, sino que también transportan una cultura y unos
valores de vida que no encajan con las del país de acogida. Una de ellas
es el matrimonio forzado.
Se ha producido un aumento alarmante de este tipo de uniones en los
campos de personas refugiadas de países como Jordania, Irak, Líbano y
Turquía motivadas por las precarias condiciones de vida. Si estas
prácticas ya eran frecuentes tanto en Siria como en el resto de países
de procedencia, ahora se ha triplicado su número en muchas regiones.
Antes de la guerra en Siria, el número de matrimonios forzados era
menor al 13 por ciento. En los campamentos esa proporción es ahora del
51 por ciento. En la actualidad, cerca de la mitad de las niñas han sido
obligadas a casarse con un hombre de al menos 10 años más que ellas. En
el caso de Jordania, pese a que la edad legal para casarse son los 18
años, la sharia, también conocida como la ley de la religión islámica,
puede autorizar el matrimonio con menores de hasta 15 años, aunque
debido a las dificultades económicas a las que se enfrentan muchas
familias de refugiados, se han dado ocasiones de matrimonios con niñas
menores de 14 años. En muchas ocasiones, el miedo de los padres y madres
de que la niña sea violada o atacada hacen que vean el matrimonio como
una forma de protegerlas.
Pese a todos los datos negativos, cabe destacar que el número de
mujeres sirias refugiadas en Egipto, Jordania y Líbano que se oponen a
que sus hijas se casen cada vez es mayor.
Falta de “pruebas”
La dificultad de obtener pruebas acerca de la voluntad de las mujeres
que son sometidas a contraer matrimonio supone uno de los grandes
problemas que hay dentro de este tema. En el caso de la mutilación
genital femenina, al tratarse de algo físico, se puede saber si la mujer
ha sido sometida a tales prácticas mediante exámenes clínicos. Sin
embargo, en el caso de este tipo de matrimonios es más complicado porque
se trata de reconocer la voluntad.
La voluntad declarada en el momento del acto del matrimonio no
consiste sólo en los términos que la expresan, sino que pueden
interferir las circunstancias o presiones ambientales de las que resulta
y con las que se relaciona. El temor o el miedo pueden neutralizar todo
deseo de resistencia, imposibilitando que se pueda hablar de un
consentimiento real.
Además, no siempre es posible aportar pruebas de las amenazas morales
que llevan a la persona a un estado de vulnerabilidad y no le permiten
oponerse al matrimonio. Según Alba Alfageme Casanova, psicóloga experta
en Violencia de Género, Coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Atención
a las Víctimas (USAV), “las mujeres que están sometidas a este tipo de
matrimonios no suelen decirlo de forma abierta, entonces se trata de
intentar localizarlas y ayudarlas”.
Este tipo de matrimonio puede originarse por diversas causas. En
numerosas ocasiones las mujeres lo ven como un vehículo que les permite
salir de su núcleo familiar para poder liberarse de la violencia
machista que existe en su hogar y crean la idea de que será su salvación
sin saber a lo que realmente se exponen. Como consecuencia, estas
mujeres vuelven a ser sometidas a agresiones siendo dominadas por su
cónyuge.
En otras ocasiones, las mujeres viven el festejo de la boda como una
ilusión por hacer una gran celebración. El resultado, en la mayoría de
las casos, es una mujer objeto que rompe los lazos con su antigua
familia y pasa a una situación de servidumbre bajo el mandato de su
suegra. Alba Alfageme afirma “el nivel de ingenuidad en muchas
ocasiones es elevado, y hay que trabajar el tema de la voluntad con
estas mujeres”. Esto está provocando que aparezcan las primeras mujeres
que niegan ser sometidas a una unión no deseada y terminan rechazando al
cónyuge con el cual le exigen casarse.
Cuando las mujeres oponen a dicha unión aparecen numerosos casos de
violencia por parte de la familia, ya que de una forma indirecta están
dañando el honor de la comunidad. En estos casos, las mujeres se ven
obligadas a abandonar su hogar de residencia rompiendo todos los lazos
familiares y tienen que emprender una nueva vida apartada de su
comunidad de origen. Para intentar arreglar el honor de la familia
política, los padres de las mujeres se ven en la obligación de
entregarlas, o un destino mucho más trágico: el repudio o incluso la
muerte.
Marco legal internacional
Los MF son reconocidos como una violación de los derechos humanos en
numerosos tratados internacionales y en documentos supranacionales. La
Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre la Eliminación
de la Violencia Contra la Mujer incluye los matrimonios forzados como
una de las expresiones de violencia contra las mujeres que se ejercen en
el mundo, y por consiguiente lo considera como una forma específica de
vulneración de los derechos.
En el marco de Naciones Unidas varios tratados internacionales
reconocen este derecho como la Convención para la eliminación de todas
las formas de discriminación en contra de las mujeres hecha en Nueva
York el 18 de diciembre de 1979, en su artículo 16, la Declaración
Universal de Derechos Humanos (1948) en su artículo 16.2, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 23.3, entre
otros.
En muchos países, como en Alemania, se han establecido medidas para
ayudar a las víctimas de los matrimonios forzados. Un ejemplo de ello
son los centros de asesoramiento, donde pueden acudir para contar sus
experiencias y reforzar su confianza para tomar decisiones.
También existen los centros jurídicos donde se proporciona
información legal a las víctimas y las ayudan a que se dé la nulidad
matrimonial, como en Bélgica y Francia.
Marco legal nacional
En el artículo 73 del Código Civil Español, la falta de
consentimiento o el vicio de consentimiento provocan la nulidad
matrimonial. De este modo, se podría dar por nulo un matrimonio por la
falta de voluntad a través de dos vías: declarando la ausencia de
consentimiento o declarando que el matrimonio es nulo porque se ha
contraído por coacción y miedo grave.
En España a través de la Ley 35/1995 de 11 de diciembre de 1995, los
casos de matrimonios forzados se relacionaban con la violencia de género
o delitos relacionados con la explotación sexual, y no como un delito
independiente que tuviese una ayuda, protección e información específica
para las víctimas. Por eso mismo, el Anteproyecto de reforma del Código
Penal, aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de octubre de 2012,
tipifica el matrimonio forzado como un delito específico en el artículo
172 bis en el Capítulo de las Coacciones.
En Cataluña ha habido una iniciativa muy importante que debería ser
el ejemplo de España y de otros estados miembros de la Unión Europea. En
Cataluña la Ley 5/2008 de 24 de abril de derecho a las mujeres a
erradicar la violencia machista establece en el artículo 5.4 que un
matrimonio forzado es una manifestación de la violencia machista en el
ámbito social o comunitario, junto con la mutilación genial femenina, el
acoso sexual, las agresiones sexuales, y el tráfico o explotación de
mujeres y niñas.
Alba Alfageme Casanova afirma “cuando quisimos abordar el problema de
los matrimonios forzados contamos con la ayuda de Forced Marriage, una
asociación muy interesante que surgió en Reino Unido, y que nos ayudó a
construir un protocolo específico”. A partir de ese momento, y a medida
que intentaban crear una legislación que ayudara a erradicar este tipo
de matrimonios, empezaron a surgir casos en Cataluña, en total más de 40
de mujeres que habían sido sometidas a esta práctica.
Este Programa catalán relaciona el problema de los matrimonios
forzados con la violencia de género. Además, consideran que los MF
pertenecen al ámbito social o comunitario, por lo que tiene un ámbito
más colectivo que la violencia machista que se manifiesta en la pareja,
en el trabajo o en la familia, ya que en este tipo de violencia
intervienen los contrayentes e incluso la propia comunidad, teniendo un
carácter más colectivo.
Asimismo, en el Programa se establecen una serie de fases que deben
seguir los cuerpos de seguridad de Cataluña en los casos de los
matrimonios forzados. Se puede diferenciar una primera fase de
prevención en la que se intenta informar a la sociedad del problema,
sobre todo a la población que está más en riesgo. Una segunda fase en la
que se intenta detectar los casos de matrimonios forzados y hacerlos
visibles para concienciar a la sociedad de la magnitud del problema. Una
tercera fase de atención donde entran en juego la información del caso,
la elaboración y la valoración del riesgo por la policía. Y, una cuarta
fase de seguimiento y control del caso hasta que se supere el problema.
Por lo tanto, en la ley catalana se ha dado un paso más que en la ley
estatal al establecer el matrimonio forzado como una forma de violencia
de género y al disponer el derecho humano de las mujeres de vivir sin
violencia, haciendo con los cuerpos de seguridad un trabajo de base para
erradicar con los matrimonios forzados gracias a la prevención, la
ayuda, la educación y la asistencia.
Foto archivo cedida por UNICEF
Foto archivo cedida por WomanStats Project
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