MCCI
revela cómo un funcionario de la PGR en tiempos de Jesús Murillo Karam
estuvo involucrado con el consorcio que vendió el malware espía a esa
dependencia en 32 millones de dólares
Por Raúl Olmos/MCCI
Fotografías y video: Valeria Durán
Un funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) fue socio fundador de una compañía ligada al grupo empresarial que vendió en 32 millones de dólares el malware espía Pegasus a la propia PGR.
Luis Fernando Ayala Puente, quien trabajaba en la oficina encargada de custodiar los bienes decomisados a delincuentes, fue socio fundador de la empresa CITELAE del Centro SA de CV, la cual registró el nombre y el logotipo de Balam Seguridad Privada
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), revela
una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
(MCCI).
Balam nació como empresa el 15 de mayo de 2012,
mientras transcurría la pasada campaña presidencial, y el trámite de
inscripción de su nombre comercial fue realizado por intermediación de
la compañía CITELAE el 3 de julio del mismo año.
En octubre de 2014, una empresa filial de Balam, de nombre Grupo Tech Bull SA de CV, obtuvo de la PGR un contrato por 32 millones de dólares (equivalente a 450 millones de pesos de entonces) para surtir el malware de espionaje Pegasus,
el cual ha sido utilizado para infectar teléfonos inteligentes de
defensores de los derechos humanos, políticos de oposición y
periodistas.
Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño, uno de los accionistas de Balam, tiene vínculos con encumbrados personajes de la política. Un hermano de su papá es Guillermo Raúl Ruiz de Teresa,
Coordinador de Puertos y Marina Mercante, cercano al círculo político
del senador Emilio Gamboa, y su primo Guillermo Ruiz de Teresa Mariscal
trabajaba en la oficina de la Presidencia de la República cuando se
asignó el contrato de Pegasus a Tech Bull.
El accionista de Balam ha negado reiteradamente el vínculo con Tech Bull, pese a que una cadena de correos filtrados por Wikileaks acredita los nexos empresariales de ambas compañías.
Además, en esta investigación se corroboró que el hermano de uno de los presuntos prestanombres de Tech Bull trabaja para Balam.
Entra a PGR y a los 8 meses se asigna contrato
Cuando se asignó el contrato de Pegasus a Tech Bull, Luis Fernando
Ayala Puente, socio fundador de CITELAE –la empresa ligada a Balam- tenía ocho meses de haberse incorporado como funcionario de segundo nivel en la PGR.
Ayala Puente se incorporó a la Procuraduría el 1 de febrero de 2014 por invitación de Aurelio Gancedo, quien se desempeñaba como Director de Aseguramientos Ministeriales.
Gancedo y Ayala se conocieron en la ciudad de San Luis Potosí –de donde ambos son originarios- y antes de entrar a la PGR habían trabajado juntos en la Dirección de Desarrollo Social de aquel municipio, el primero como titular de la dependencia, y el segundo, como su administrador.
Gancedo, a su vez, creció a la sombra de Jesús Murillo Karam
desde el año 2009, cuando el primero era presidente del PRI en San Luis
Potosí y el segundo el secretario general del mismo partido.
Desde el inicio de su gestión como Procurador, Murillo Karam invitó a
Gancedo a incorporarse a la PGR, primero como director de área en la
Oficialía Mayor y luego como director de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales.
Cuando Murillo ascendió a Gancedo, en febrero de 2014, éste incorporó
a la PGR a Ayala Puente (el socio fundador de CITELAE) y a otros dos
amigos que habían sido sus subordinados en el Ayuntamiento de San Luis
Potosí: Víctor Hugo Salgado Delgadillo y José Israel Guerrero Cerrillo.
Luego, cuando Murillo fue removido de la PGR y enviado a la
Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Gancedo se fue
con él como director de Recursos Materiales y Servicios Generales. En el medio político de San Luis Potosí se identifica a Gancedo como el ahijado de Murillo Karam.
Vínculo con empresa ‘fantasma’
CITELAE del Centro SA de CV fue creada el 30 de noviembre de 2009 en la ciudad de San Luis Potosí, por dos empleados de Delta Servicios del Sureste,
una empresa que el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
identificó desde 2014 como presunta ‘fantasma’, por expedir comprobantes
fiscales sin tener infraestructura o por realizar operaciones
simuladas.
En la declaración patrimonial que presentó cuando ingresó a la PGR,
Luis Fernando Ayala Puente reportó que entró a trabajar en Delta
Servicios del Sureste en junio de 2009, cuando tenía 24 años de edad, y
que permaneció en esa empresa hasta febrero de 2011, donde desempeñaba el cargo de asistente administrativo.
Delta fue constituida en el pueblo chiapaneco de Ocozocuautla, y como
supuestos dueños aparece en actas una pareja que reside en Paseo del
Bosque, una colonia popular de Tuxtla Gutiérrez. Como
administradora figura una señora de 68 años que declaró habitar el
departamento 10 del edificio M45 en la unidad habitacional Lomas de
Plateros, en la ciudad de México. Sin embargo, en una visita de MCCI se
constató que esa dirección es falsa.
A los cinco meses de que declaró haberse incorporado a Delta, Luis Fernando Ayala Puente ayudó a crear CITELAE del Centro, en cuya acta constitutiva fue registrado como socio con el 33% de las acciones y una aportación de 16 mil 500 pesos al capital social.
Como sus socias en CITELAE fueron registradas María Patricia Castillo Rodríguez, quien era la encargada de la contabilidad de Delta Servicios del Sureste, con el 34% de las acciones, y Rosa Elena Herrera Rodríguez, una joven de 23 años, estudiante de contaduría, con el 33%.
En el acta quedó asentado que CITELAE se dedicaría a dar todo tipo de servicios, incluida la vigilancia industrial, comercial y bancaria; asesorías e investigaciones privadas a particulares y todo lo relacionado con la seguridad.
En asambleas realizadas en febrero de 2011 y agosto de 2013
se retiraron de la empresa las dos socias fundadoras, pero en los
documentos inscritos en el Registro Público de Comercio de San Luis
Potosí no aparece ninguna cesión o venta de acciones por parte de Luis
Fernando Ayala Puente.
En octubre de 2013 se acordó liquidar CITELAE en una asamblea extraordinaria de la que dio fe el notario Javier Manuel Gutiérrez Dávila, de Guadalajara.
Coincidentemente el mismo mes en que fue liquidada CITELAE, nació en la ciudad de México otra empresa de seguridad ligada a Balam,
de nombre Grupo Tech Bull SA de CV, también con un capital social de 50
mil pesos y con un contador público recién egresado como accionista y
administrador único.
Esa empresa fue la que en octubre de 2014 –a un año de haber sido creada- obtuvo un contrato por 32 millones de dólares de la PGR para vender el malware espía Pegasus, desarrollado por la compañía israelí NSO.
Empresas hermanas
Tech Bull se creó el 10 de octubre de 2013 en la Ciudad de México, con dos presuntos prestanombres como socios: Carlos Cayetano Miguel, un joven de 26 años de edad recién egresado de la carrera de contaduría en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y Jorge de Jesús Sánchez,
de 29 años, un técnico en informática egresado del Conalep. Ambos
residen en colonias modestas ubicadas en las cañadas de Mixcoac, en la
delegación Álvaro Obregón.
En julio de 2017, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad entrevistó a Cayetano Miguel, quien confesó que no sabía que la empresa en la que aparecía como socio había vendido el malware Pegasus.
El vínculo de Balam y Tech Bull quedó al descubierto en una cadena de correos electrónicos filtrados por la organización Wikileaks el 8 de julio de 2015.
En uno de esos correos, fechado el 28 de noviembre de 2014, el
administrador de Tech Bull, Armando Pérez Herrero, describió a Balam y a
su filial como “la número uno en la PGR y en la Marina”, además de ser proveedores del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y de la Policía Federal. “Acabamos de vender a la PGR (contrato ya firmado y ellos ya enviaron el dinero) el sistema NSO Pegasus”, confió en ese mismo mensaje.
En otro correo enviado al día siguiente, un intermediario israelí de nombre Eric Banoun les escribió a directivos de la empresa italiana Hacking Team, a nombre de Balam, para pedirles alternativas para comprar un malware de espionaje similar al de Pegasus.
“Un amigo mío, Rodrigo de Balam Seguridad, uno de
los mayores jugadores hoy en el campo de las soluciones de inteligencia
en México, se pondrá en contacto con usted a principios de la próxima
semana con una urgente solicitud de propuesta. Su compañía recibió
un contrato de PGR México por un sistema basado en infecciones para
móviles basado en 500 agentes reutilizables. Originalmente, la oferta
se adaptó a otra empresa, llamada NSO Pegasus. El tema principal es que
Rodrigo está buscando una alternativa viable a la luz del precio
exorbitante establecido por NSO”, escribió el intermediario israelí.
El correo detalla que Rodrigo Ruiz era el negociador directo con la PGR.
En la investigación de MCCI se comprobó que Carlos de Jesús Sánchez, hermano de uno de los presuntos prestanombres
de Tech Bull –Jorge de Jesús Sánchez– trabaja en Balam, y mantiene una
relación de amistad con Alon Dayan, directivo de la empresa de
seguridad.
El ex funcionario niega ser él mismo
MCCI localizó el pasado fin de semana en San Luis Potosí al exfuncionario de la PGR cuya empresa registró a Balam Seguridad Privada, y al ser cuestionado negó su propia identidad.
–¿Luis Fernando Ayala Puente? Somos de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
-No. Está equivocado –dijo el exfuncionario.
–Él no se llama así –intervino su esposa.
-¿No es usted Luis Felipe Ayala?
-No… Está usted equivocado.
-Sí es usted. Tengo su foto.
–No, no.
-Es algo muy simple: quiero hacerle una consulta.
-No, pero no. No soy la persona que dice.
-Sí, claro que sí.
-No. Pero no tengo por qué echarle mentiras. No, no, no…
-Vamos a publicar una investigación de un asunto que involucra a la empresa CITELAE.
-Pero no, no, no…
-Y me interesa tener una opinión. No quisiera publicarlo sin la versión de usted.
-Pero no, no, no…
–Pero él no se llama Luis Felipe –intervino de nuevo la esposa.
-Está equivocado, segurísimo.
-¿Seguro?
-No tengo por qué echarle mentiras –respondió Ayala Puente y dio la media vuelta.
Momentos antes, los reporteros de MCCI habían visitado el domicilio que el exfuncionario aportó al momento de crear la empresa CITELAE, y su papá primero aseguró que no estaba disponible, y luego dijo que se encontraba en el extranjero.
-Buenas noches, buscaba al señor Luis Felipe Ayala.
-No está –respondió el papá.
-¿Sabe a qué hora lo podemos localizar?
-No, ya se fue a Europa.
En realidad, el ex funcionario de la PGR estaba a media cuadra de su casa, oculto de los reporteros.
Después de negar ser él mismo, Luis Felipe Ayala dio vuelta a la cuadra para simular que vivía en otra casa. Sin embargo, MCCI constató que a los cinco minutos entró a su vivienda, donde ya lo esperaba en la puerta su papá, quien minutos antes había asegurado que estaba en Europa.
Usaron prestanombres
Rosa Elena Herrera, quien en actas aparece como socia fundadora de CITELAE con una tercera parte de las acciones, aseguró que utilizaron su identidad sin su consentimiento.
Al enseñarle los documentos en los que aparece su nombre y domicilio, se mostró sorprendida y negó haber sido socia de CITELAE o de cualquier empresa. “Es que no, no me suena”, dijo.
-¿Usted recuerda haber pertenecido a esa empresa?
-No, no tengo conocimiento –respondió.
-¿O le parece familiar el nombre de alguna de las personas que aparecen aquí (en el acta)?
-No, no sé. No me suena ni la empresa. No tengo conocimiento de eso.
Tras revisar los documentos, dijo que tal vez cuando era estudiante por alguna razón firmó algo sin estar plenamente consciente.
-¿Pero firmó como empresaria?
-No, no. Ni idea. Y de las empresas que me habla, no.
-¿No reconoce haber estado en la empresa ni haber vendido las acciones?
-No. No.
Patricia Castillo Rodríguez, otra de las socias de CITELAE, se negó a hablar. A través de una pariente dijo que estaba indispuesta por problemas de salud.
También se negó a opinar Leticia Ivonne Ramírez, quien fungía como administradora de la misma empresa.
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